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El 18 de abril del 2025, cuando el atardecer despedía un Viernes Santo en la playa Icacos de Acapulco, un sujeto se acercó a Marco Antonio Suástegui, le disparó siete veces y huyó. Tras una delicada cirugía y ocho días en cuidados intensivos, el líder social guerrerense falleció en el hospital. Antes de que perdiera la conciencia en la arena de la playa, donde trabajaba como prestador de servicios turísticos, logró decirle a su esposa el nombre del atacante, una persona que conocía: le había amenazado de muerte antes. Meses más tarde, el sicario sería detenido, pero por un delito distinto, venta de drogas al menudeo. Apenas pasó unos días en prisión: luego las autoridades lo liberaron.

La muerte de Suástegui, uno de los principales activistas de la castigada costa de Guerrero, en el Pacífico mexicano, ilustraba una realidad conocida, anclada en la violencia y la impunidad. A un año del ataque, la investigación, en manos de la Fiscalía estatal, languidece sin avance alguno, trufada de incógnitas sobre el motivo, víctima de la incapacidad de las autoridades para mantener en prisión al presunto asesino. El activismo de Suástegui, integrante de una familia golpeada como pocas por el crimen, elevaba la importancia del caso. Desde hace años, Mexico y América Latina en general han atendido impotentes a la sangría de defensores y activistas de todo tipo, líderes sociales que tratan de resisitirse a la tiranía de las mafias.

El asesinato de Marco Suástegui se inscribe precisamente ahí, en la brutal violencia del crimen contra cualquier resistencia a su apisonadora delictiva. Las luchas de Suástegui eran múltiples. Reconocido por encabezar durante más de dos décadas la pelea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), un proyecto hidroeléctrico en la zona, el defensor ambiental lideraba otra lucha menos conocida, como líder gremial de los trabajadores turísticos en la playa Icacos. En esta parte de Acapulco, el activista, hijo de pequeños ganaderos, arquitecto de profesión, se había rebelado contra el entramado delincuencial que gobierna de facto la zona turística del puerto, plaza estratégica para el trasiego de droga y muchos otros negocios ilícitos.

“Suástegui había denunciado que le estaban obligando a pagar piso”, afirma Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que representa a la familia del líder social y que exige “una investigación exhaustiva así como castigo a los responsables”. De momento, dice Barrera, veterano de las luchas sociales en el Estado, las pesquisas “se han llevado a cabo de forma turbia”. La línea que apunta a la extorsión, plaga que afecta al puerto, al Estado y al país en general, debe agotarse, defiende, igual que el camino que se abre sobre su pasado cercano, marcado irremediablemente por las actividades de CECOP y la desaparición de su hermano, Vicente, en 2021, a pocos kilómetros de donde lo mataron.

En medio de todo este entramado, destaca siempre un nombre, unas siglas, las de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), “organización de autodefensa y policía comunitaria que, a partir de un momento, se corrompió y se alió con el grupo criminal Los Rusos, importantes en la región”, detalla Barrera. “Marco denunciaba a la gente de la UPOEG como responsables de la desaparición de Vicente”, afirma Samantha Valeria Colón, esposa de este último. O al menos a una parte de la organización, nacida años atrás como escisión del grupo de autodefensas originario de la Costa Chica de Guerrero, la CRAC, muy importante en la primera década y media del siglo, cuando aún la controlaba Bruno Plácido, asesinado en 2023.

El caso de Vicente resulta tan injurioso como el de su hermano Marco. El 5 de agosto del 2021, tres hombres se lo llevaron de la colonia Ciudad Renacimiento, cuando manejaba el taxi con el que se ganaba la vida. Hasta la fecha, hay cuatro imputados y dos sentenciados, a 25 años de prisión. Su cuerpo nunca ha aparecido. Pese a los procesos, todavía no ha sido detenido el implicado más importante para la familia y abogados: Pedro Santos Cruz, conocido como el comandante Pino, líder de la UPOEG en la salida sur de Acapulco y la entrada a la Costa Chica. “Con el apoyo de políticos y grandes empresarios, ellos dominan la Costa Chica y Marco era una piedrita para ellos. Por eso se amafiaron y lograron su objetivo: acabar con él”, sentencia Colón.

Playas turísticas al merced del crímen organizado

Marco Antonio Suastegui nunca se cansó de denunciar los abusos de grandes hoteleros y políticos para privatizar la playa. “Organizó a los trabajadores turísticos de a pie para que hicieran valer sus derechos”, explica Javier Verdín, periodista cercano al líder social. Antes de que el líder social fundara Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi), los demás “sólo éramos vendedores ambulantes. Él luchó mucho porque fuéramos reglamentados”, asegura Juan Pablo, integrante del la asociación, que se volvió mano derecha de Suástegui. “Marco logró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no nos corriera de la playa a los que llevamos trabajando toda la vida”, cuenta.

Vendedor de mariscos en el puerto desde los 12 años, apodado El Erizo, Juan Pablo, que prefiere no dar su apellido, denuncia el hostigamiento del crímen organizado hacia Marco. “Lo venían siempre persiguiendo, le quemaban sus motos acuáticas y le destruían los inmuebles”, detalla. Marco Suástegui no se amedrentaba. El activista interpuso varias denuncias: que se vendía droga a la vista de todos, que llegaban personas de la delincuencia y usaban sus motos para hacer sus propios negocios con agentes de la policía presentes… Pero, a la vista de lo que ocurrió después, no sirvieron de nada.

De acuerdo con un diagnóstico interno de Fonatur, filtrado por medios locales en marzo, en las principales playas de Acapulco predominan dinámicas de control territorial ligadas a la extorsión y el cobro de piso, particularmente en áreas con alta concentración de turistas, como en Icacos. Marco nunca se plegó. Simpre defendio su derecho y el de los suyos a vender y ofrecer servicios libremente en la arena, la misma arena donde fue baleado, a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, “lo único que tenía era un botón de pánico y un teléfono satelital que ni servía”, revelan desde Tlachinollan.

Tres meses antes de que lo asesinaran, el defensor se había reunido con las autoridades para renovar sus medidas de seguridad. “Solicitó muchas veces la protección de la Guardia Nacional. Pero ignoraron la petición. Determinaron que no había un riesgo inminente para su seguridad”, explica Barrera, para quien la respuesta del Gobierno evidencia “la inoperancia de los cuerpos de seguridad para proteger a una población que es rehén del crimen organizado, así como la falta de interés estatal por los defensores de derechos humanos”. Un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) acaba de revelar que, con 10 activistas y defensores asesinados, 2025 fue el año más violento en número total de ataques desde que existe el registro, hace 12 años.

La defensa del territorio guerrerense que trascendió fronteras

Fundador y vocero del CECOP desde 2003, Suástegui lideró la oposición a la construcción de la presa La Parota, una lucha que trascendió fronteras. Durante más de dos décadas, Suástegui fue intimidado, perseguido políticamente, encarcelado y torturado. La presa hidroeléctrica que pretendía construir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implicaba un despojo del territorio de su comunidad, Cacahuatepec, y la privación del derecho de la población al agua del río Papagayo, que irriga los Bienes Comunales del poblado. Bautizada por el propio Suastegui como “el proyecto de la muerte”, la construcción de la obra habría obligado a más de 20.000 personas a abandonar sus tierras, según datos del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

Como parte de la persecución política que sufrió por la defensa de esas tierras y los derechos de los campesinos, el líder fue enviado a prisión en 2005 por primera vez, acusado de privar de la libertad a unos ingenieros de CFE y robar maquinaria. Nueve años después, en pleno apogeo de la construcción de la megaobra hidráulica, el entonces gobernador estatal, Ángel Aguirre, del desaparecido PRD, de nefasto recuerdo para el país por el caso Ayotzinapa, orquestó su trasladó al penal federal de máxima seguridad de Nayarit, bajo la acusación de delitos de robo y daños en propiedad ajena. Una medida calificada por organismos de derechos humanos como inconstitucional. “Se trató de una maniobra estratégica de venganza política para aislarlo y doblegarlo”, opina Barrera.

En aquel penal también estuvieron presos activistas como Ángel Amílcal, Isaac Cárdenas Chaquín o la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, quien fue después senadora. “Meter a líderes sociales que no tenían delitos federales en cárceles de alta seguridad lejos de Guerrero era una práctica común entonces”, explica Rogelio Ortega, quien asumió el cargo como gobernador interino de Guerrero el 27 de octubre de 2014, tras la renuncia de Ángel Aguirre Rivero tras el escándalo de Ayotzinapa. Ortega, al que le tocó gobernar un “Estado en llamas”, llegó a conocer bien a Suastegui. “Lo visité en prisión para darle certeza de que mi Gobierno iba a ayudar en el proceso jurídico para lograr su libertad”, expone. Ortega gestionó finalmente su salida de la cárcel de Nayarit, y lo reconoció, junto a otros activistas, como prisionero político.

Los abogados de Tlachinollan lograron que el activista fuera liberado en agosto de 2015, después de que un juez federal revocara el auto de prisión por falta de elementos para procesarlo. “Demostramos que era inocente de todo lo que le acusaban, que le habían fabricado delitos con el fin de construir la presa”, explican. Desaparecido el líder, el movimiento se desinflaría, esa era la jugada. Según Tachinollan, la CFE y demás autoridades usaron otras estrategias. Empezaron a construir los pozos y demás obras básicas sin consultar a la comunidad. Además, la CFE recurrió a la compra de votos y orquestó asambleas comunales y ejidales fraudulentas que violaban la Ley Agraria.

Despues de años, y de muchas peleas en los tribunales, que desgastó mucho a la comunidad, el CECOP ganó todos los juicios agrarios celebrados y consiguió que se probara la inocencia de su líder. Como resultado de estas victorias legales, el Gobierno mexicano postergó la construcción de la obra hidráulica y Suastegui siguió su lucha contra otras tantas injusticias. Pero las consecuencias fueron graves. En 2018, en un momento todavía muy tenso, integrantes de CECOP y de la CRAC, grupos hermanados, se enfrentaron en la zona con policías estatales. 11 comunitarios murieron. Meses después, Suástegui acusó en una entrevista al Gobierno, entonces en manos del PRI, de orquestar la masacre. Año y medio después, criminales desaparecieron a su hermano. Él siempre pensó que todo aquello estaba relacionado.

Dos conflictos sociales, una sola lucha

A pesar de que en el momento del asesinato la playa estaba abarrotada por Semana Santa y de que el Gobierno había desplegado un operativo con más de 4.000 elementos del Ejército y la Armada, ninguna autoridad acudió al socorro del líder social. “Ni siquiera llegó una ambulancia. Fueron sus familiares quienes lo trasladaron al hospital en la batea de una camioneta”, lamenta el abogado Barrera, quien es comisionado de la búsqueda de justicia para los hermanos Suástegui. “Ambos tocaron grandes intereses de la delincuencia organizada en complicidad con liderazgos políticos corruptos en Acapulco y en todo Guerrero”, asegura Rogelio Ortega, para quien resulta “una vergüenza que a estas alturas no se pueda llegar hasta los autores intelectuales que le privaron de la vida”.

Como circunstancia nada excepcional en el sistema judicial del país, la investigación de su homicidio está envuelta en irregularidades desde el inicio. “El Ministerio Público no fue al lugar para recabar indicios de lo sucedido sino hasta días posteriores, cuando la escena del crimen ya estaba contaminada”, señala Barrera. Tampoco solicitaron las cámaras de grabación de los condominios y de los hoteles cercanos, ni material audiovisual que pudiera revelar detalles clave del atentado. “Omisiones que forman parte de una conducta institucional de negligencia e indiferencia hacia los defensores ambientales y del territorio”, manifiestan los abogados de Tlachinollan, quienes han solicitado a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. No obstante, las autoridades estatales argumentan que no existen elementos que lo justifiquen.

Hace ya un año que mataron a Marco Suástegui. Su familia sabe quién es el agresor, igual que sus abogados. Conocen su nombre, sus apellidos, saben con quién se juntaba, de quién dependía. De hecho, todo el mundo cercano al líder social lo sabe. “Le había mandado mensajes de texto y cuando se lo encontraba en la calle lo amenazaba”, cuentan personas conocedoras de los últimos meses de vida de la víctima. De momento, toda esta información no ha redundado en justicia. Y en la playa Icacos, la impunidad brilla como el sol del último atardecer que vio Suástegui.

La cineasta Valentina Maurel (San José, Costa Rica, 38 años) aún no termina de acostumbrarse a tener un agente de ventas o encargado de prensa para manejar su agenda. “Soy muy espontánea y poco estratégica al comunicarme”, cuenta desde París, donde trabaja en los últimos detalles de la edición de Soy tu animal materno, su segundo largometraje, que se estrenará en mayo en la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes. La película de Maurel es la única propuesta centroamericana y, junto a El deshielo, de la chilena Manuela Martelli, una de las dos películas latinoamericanas en esta edición del certamen francés.

La espontaneidad con la que se describe Maurel es también característica de su cine; una obra en la que confluyen personajes aislados emocionalmente e incómodos en sus propios cuerpos y la dimensión más cruda de las relaciones familiares. “Es una película muy coherente con lo que he hecho antes: habla de una familia y la dificultad para acompañar a una de las niñas en su diferencia o singularidad”, explica la cineasta por videollamada.

Soy tu animal materno narra la relación entre una madre artista y sus dos hijas, en un contexto donde “surge una tensión entre llevar adelante una obra y llevar adelante una vida familiar”. La película, además, cuenta con la participación de la actriz mexicana Marina de Tavira (nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por Roma, de Alfonso Cuarón) en el papel de la madre.

Aunque Maurel no quiere que Soy tu animal materno se asemeje a una “tesis de psicología” o una autobiografía, afirma que le interesaba hablar sobre cómo es crecer en el “contexto de San José y en una familia de artistas”. La realizadora es hija de un escritor y actor franco-costarricense, César Maurel, y de una poeta y actriz, Ana Istarú, ambos reconocidos localmente. “Yo crecí en ese entorno sin entender que una familia de artistas en un país tan pequeño como Costa Rica era un poco absurdo”, relata.

Maurel partió de Costa Rica de joven y, tras estudiar cine en Francia y Bélgica, debutó en el Festival de Cannes en 2017 con el cortometraje Paul está aquí, una producción belga, y se alzó con el primer premio de la sección Cinéfondation. Esto le garantizó que sus obras posteriores encontraran un espacio en el certamen francés.

Tras ese primer éxito, Maurel tenía el camino allanado para hacer su carrera en Europa, pero decidió volver a Costa Rica, en parte por la motivación que le generaba formar parte de una nueva generación de directoras de cine que surgieron en un país que hasta hace pocos años tenía una escasa o nula producción cinematográfica.

Además de Maurel, en esa ola de cineastas han destacado internacionalmente figuras jóvenes como Antonella Sudassasi, la primera centroamericana nominada a los premios Goya de España, o Sofía Quirós, la primera costarricense en estrenar un largometraje en Cannes.

“Ha sido una experiencia maravillosa poder estar con una generación de cineastas mujeres. Siento que nos acuerpamos las unas a las otras y, aunque hacemos cine muy diferente, el éxito de una motiva a las demás”, afirma Maurel.

De regreso en su país, la directora rodó el corto Lucía en el limbo (2019), también estrenado en Cannes, y el largometraje Tengo sueños eléctricos (2022), galardonado en los festivales de Locarno y San Sebastián. Tanto estas obras como su nueva película se desarrollan en un San José hostil y sucio, pero que la directora confiesa que encuentra atractivo: “A mí me gusta ese caos porque me resulta más familiar que la soledad y el vacío de las grandes ciudades europeas”.

Cine centroamericano, mirada europea

Los espacios que ha conseguido Valentina Maurel en el Festival de Cannes no son representativos de la dinámica de ese histórico certamen, que año tras año recibe críticas por su representación eurocéntrica del séptimo arte. El cine latinoamericano, y el centroamericano en particular, siguen siendo relegados.

“Todavía hay camino por recorrer para Centroamérica. Yo siento que el público europeo espera un tipo de cine muy específico, con narrativas sobre el tráfico de drogas y guerras civiles”, comenta la directora. Maurel afirma que, si bien la región tiene “urgencias políticas” que denunciar, en el “panorama cinematográfico esperan que se hable solo de eso”.

Para la cineasta, esta es una limitante representativa de una realidad social más amplia. “Cuando hablo con periodistas de Francia o Bélgica y se dan cuenta de que hablo bien francés, se decepcionan un poquito. Me da la impresión de que sienten que soy menos centroamericana de lo que debería”, relata. Maurel considera que, en muchos casos, las audiencias europeas buscan películas que “les expliquen una región del mundo que les es desconocida, con personajes ejemplares que estén luchando o que sean víctimas de algo”.

“Yo sé que parece imposible hablar de una historia íntima cuando el mundo se está incendiando, pero me parece que la región debe liberarse de su necesidad de justificarse”

Con Soy tu animal materno, la directora optó por seguir rechazando la imposición de tener que “representar algo” con su cine e “ignorar esas expectativas”: “Yo sé que parece imposible hablar de una historia íntima cuando el mundo se está incendiando, pero me parece que la región debe liberarse de su necesidad de justificarse”.

El “frágil ecosistema” del cine en Costa Rica

La producción cinematográfica de Costa Rica se sostiene principalmente gracias a fondos estatales que el Ministerio de Cultura pone a concurso cada año. El proceso burocrático para acceder a estos recursos, dice Maurel, es algo que dificulta sacar adelante películas en su país. “El financiamiento de esta película me hizo dudar un poquito de la posibilidad de hacer cine en Costa Rica”, señala.

A diferencia de su primer largometraje, con Soy tu animal materno la realizadora no obtuvo estos fondos, por lo que incluso uno de sus productores (el filme es una coproducción con Francia, Bélgica y México) sopesó que rodaran fuera de Costa Rica.

La cineasta considera que hay un “desfase” entre la aparición de nuevos talentos y una institucionalidad “poco flexible”. Esto, argumenta, engendra “un ecosistema cinematográfico muy frágil”. Maurel matiza que desde el Centro de Cine se “está haciendo lo que se puede”, pero que “lo importante es lograr financiar mejor y financiar más cosas”, como cortometrajes, animación y series. “Para eso necesitamos un financiamiento más estable; por ejemplo, un impuesto al cable y plataformas”, agrega. Es una práctica estándar internacional de la que el país debería inspirarse.

“Yo tengo la posibilidad de encontrar financiamiento para mi trabajo fuera del país, como ya tengo una trayectoria un poco consolidada, pero en Costa Rica hay una conversación pendiente si queremos crear una industria local”, añade.

La cineasta tiene la expectativa de que la administración entrante de Laura Fernández “se alegre de la visibilidad que está teniendo el cine tico y no le dé la espalda”: “Todavía estamos ante esa incertidumbre y nadie sabe qué va a pasar. Después de lo que sucedió con esta última película, mi temor es no poder filmar la próxima en Costa Rica, porque ya mis productores en Europa podrían estar un poco desalentados”, explica.

Las medidas del Gobierno mexicano para combatir la piratería durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 no solo apuntan a la mercancía apócrifa que abunda en calles y mercados de Ciudad de México. Las transmisiones ilegales en línea de los partidos también están bajo la mira del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que ha anunciado que durante el torneo se encargará de monitorear y bloquear este tipo de sitios.

Las plataformas de streaming pirata ofrecen una vía gratuita para evadir barreras de pago y suscripciones y se han consolidado como una alternativa ampliamente utilizada en torneos locales e internacionales, por lo que se espera que el Mundial no sea la excepción. Recientemente, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que México mantiene altos niveles de piratería de contenido audiovisual y enfrenta problemas de coordinación institucional y sanciones poco efectivas.

Ante este escenario, el titular del IMPI, Santiago Nieto, ha anticipado que —a partir de un recurso que será discutido próximamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— el organismo podrá instruir la suspensión de sitios web infractores de derechos de autor. “Es una facultad del IMPI que ya ha sido declarada constitucional para poder bloquear los sitios de internet en donde se esté promoviendo piratería y donde se estén haciendo transmisiones de streaming de los partidos o de cualquier elemento que esté violando los derechos de propiedad intelectual”, señaló Nieto.

Algunas críticas a esta medida apuntan a la posibilidad de que se vulneren derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la neutralidad de la red. A esto se suma el problema de accesibilidad. No todo el contenido del torneo estará disponible de forma abierta, lo que limita el acceso para ciertos sectores de la población. De acuerdo con un informe de Nielsen elaborado en el marco del Mundial de Qatar 2022, la televisión abierta fue la opción más utilizada para seguir los partidos, con un 81% de preferencia entre la audiencia. Le siguieron las redes sociales, con un 72%, mientras que el 62% recurrió a servicios de televisión de paga.

Aunque en 2026 algunos encuentros se transmitirán en televisión abierta a través de Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Canal 7), los derechos completos del torneo corresponden a ViX, de TelevisaUnivision. Además de requerir una suscripción vigente, la plataforma ha lanzado el paquete Pase Mundial 2026, que incluirá los 104 partidos, resúmenes extendidos, multicámaras y contenido exclusivo por un costo de 499 pesos mexicanos.

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Es innegable que el expresidente Álvaro Uribe está haciendo una campaña electoral inteligente. No sé quién sea su estratega —quizás sea él mismo—. Lo cierto es que viene ejecutando un ejercicio electoral con sagacidad y pragmatismo, guiado por un objetivo estratégico claramente definido: Iván Cepeda no puede ganar, y él no puede perder. Quien crea que Uribe está de salida corre el riesgo de equivocarse. No en vano ha sido el principal actor político de lo que va de este siglo.

Antes de entrar en el análisis, pongo de presente un hecho: de las últimas seis elecciones presidenciales, Uribe ha ganado cuatro —dos con su propio nombre, una con Juan Manuel Santos y otra con Iván Duque—; solo ha perdido con la reelección de Santos y la elección del presidente Gustavo Petro. Y, como si fuera poco, obtuvo una victoria trascendental que desconcertó al mundo: la del plebiscito por la paz en 2016. Es verdad que por un estrecho margen del 0,43 % y con una abstención del 62,59 %, y apelando a armas innobles como la mentira y la manipulación, pero ganó, cuando ni él mismo lo esperaba.

La campaña actual

Comenzó con una explosión de precandidatos que en algún momento superó el centenar. Esto produjo un efecto colateral negativo: impedir que emergieran opciones políticas serias y realmente nuevas. Este vacío fue aprovechado por Abelardo de la Espriella, quien desde el principio se situó en la frontera del país político y el país nacional, con habilidad para mantener canales subterráneos con el establishment. No hay que olvidar que comenzó proponiendo al propio Uribe como vicepresidente, en una figura similar a la ejecutada por Dmitri Medvédev en 2008, cuando fue elegido presidente de Rusia mientras Vladimir Putin —su jefe y mentor— asumía el cargo de primer ministro.

Guiado por el mantra de que Cepeda no puede ganar, Uribe propuso una amplia convergencia que fuese desde Abelardo hasta Fajardo. La iniciativa no prosperó por la negativa del propio Fajardo y por la descalificación a De la Espriella. Al expresidente, sin embargo, se le apareció la Virgen, encarnada en la llamada ‘Gran Coalición por Colombia’, que ni era grande, ni era coalición, ni era por Colombia. Aun así funcionó, gracias a haber logrado vender la idea de que era un experimento democrático. Se juntaron, así, el hambre con las ganas de comer. O para decirlo con las palabras del cantautor Joaquín Sabina: “Yo quería dormir contigo, y tú no querías dormir sola”.

Uribe supo leer el asunto con agudeza y se tomó la coalición, con el ingreso de Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa, más la ayuda de Íngrid Betancourt y su partidito de bolsillo, que expidió avales a los dos últimos. De esta manera, la idea original de Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán —de integrar un frente contra Sergio Fajardo para obligarlo a negociar— se convirtió en una marca ‘nueva’, con la presencia de Juan Daniel Oviedo, quien propuso un ‘diálogo entre diferentes’. Las diferencias son, en realidad, solo cosméticas: todos pertenecen al establishment, son neoliberales, inmovilistas y antipetristas. Pese a ello, la ‘coalición’ resultó un éxito mediático indiscutible.

A esto contribuyeron tres actores: De la Espriella, Fajardo y el propio Petro, junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), que impidió con argucias leguleyas la participación de Cepeda. También fue determinante el papel de los medios de comunicación: potenciaron la exposición de la coalición mientras matoneaban a Fajardo, quien solo aparecía para dar explicaciones por su ausencia. Los periodistas convencionales le increpaban un día sí y otro también, lo que nunca hicieron con De la Espriella, quien aportó, no dividiendo el electorado uribista. Así, el triunfo de Paloma era inatajable: en la práctica no tenía rival. Petro, Cepeda y el Pacto Histórico dieron la orden de votar solo para Senado y Cámara y abstenerse en las consultas, la Gran Consulta acaparó toda la atención. Las de Roy Barreras y Daniel Quintero, y la de Claudia López, perdieron toda capacidad de despertar atención. El resultado es conocido: Paloma, candidata presidencial; Oviedo, candidato a la vicepresidencia. Una dupla con gran tirón mediático: una mujer joven con liderazgo, y un gay inteligente capaz de articular un discurso novedoso.

Dos candidatos, una sola partitura

Uribe juega ahora con dos candidatos: uno para sus ‘barras bravas’ y otra dulcificada para que entre gente no uribista. De la Espriella buscará aglutinar los sectores ultraconservadores y antipolíticos; será la mano firme. Paloma, abrirá espacio a los neo-uribistas, tratará de encarnar el ‘corazón grande’. Es una división creativa para ampliar la masa electoral. Los relinchos destemplados del jefe de Salvación Nacional contra Uribe son para distraer a la galería; después de primera vuelta, los dos candidatos estarán unidos, pues comparten el mismo cordón umbilical. Piensan y dicen lo mismo, si bien con lenguajes y acentos distintos. Propugnan por un Estado pequeño, mano dura frente a la inseguridad, más cárceles, más soldados, más policías y alineamiento con Washington.

Lo que viene

Lo que sigue es más simple. La campaña se ha reducido a tres figuras: Cepeda, De la Espriella y Paloma. El ‘voto útil’ se consolida en primera vuelta, impulsado por las encuestas y los principales aparatos mediáticos. Hasta la fecha, Cepeda sigue punteando, sí. No obstante, me temo que en mayo vendrá una ofensiva para satanizarlo al extremo, conforme a las directrices de Uribe. Y no me sorprendería que para esa fecha las encuestas mostraran un crecimiento de El ‘Tigre’, quien rugirá más fuerte, y de Paloma, que volará más alto. Los partidarios de uno y otra se emplearán a fondo. Estratégicamente, Uribe podría optar por el silencio.

No sé qué tanta conciencia de la situación haya en el Pacto Histórico y las fuerzas progresistas. Le atribuyen a Bernard Shaw una frase que viene a la ocasión. Que un optimista es un pesimista mal informado. Creer que Cepeda puede ganar en primera vuelta es una ilusión. Tengo la percepción de que hay exceso de confianza en la capacidad de Petro para mover el electorado y poner la agenda. De hecho, podría suceder que, entre más asoma él la cabeza, más eclipsa a su candidato; al mote de ‘guerrillero comunista’, los adversarios sumarán el de impreparado que lee hasta la más elemental declaración y rehúye el debate. No soy quien para darle consejos a nadie; aun así, me atrevo a decir que Cepeda ha “chupado más rueda” de la que debería, y que debería demostrar que está preparado para asumir la presidencia de la República.

La promesa de continuar el proyecto de Petro no es suficiente para movilizar a las mayorías nacionales. El presidente pareciera haber decidido cerrar su mandato con una discusión ideológica de alto nivel y con el relato de que no lo dejaron hacer el cambio. Decisiones como retirar al ministro de Hacienda de la Junta Directiva del Banco de la República, o sacar a Colombia de los tribunales de arbitramento internacional, son medidas importantes y audaces, aunque de compleja digestión para el común de los ciudadanos.

En suma: la posibilidad de que Uribe regrese al poder es grande, avivar ese temor puede no ser suficiente para ganar la presidencia. Es preciso un relato que ilusione y movilice a las mayorías nacionales no ideologizadas, al país nacional. Si las cosas siguen como van, la campaña electoral será el duelo de un miedo contra otro miedo, sin espacio para la esperanza. El país seguirá igual.

Era una reunión bilateral, pero un tercer país estaba muy atento a lo que allí se anunciaba. El encuentro de este viernes en Caracas entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, se selló con un anuncio importante: los dos países elaborarán planes militares conjuntos y abrirán mecanismos para compartir información de inteligencia de forma “inmediata”. Se trata de un hito en materia de seguridad, porque, a pesar de ser vecinos, Bogotá y Caracas llevaban décadas sin compartir información, aseguran fuentes militares. Está por ver cómo se lleva al terreno esta declaración de intenciones, pero el anuncio manda un mensaje en dos direcciones: por un lado, a los grupos criminales y, por otro, a Donald Trump, que necesita una Venezuela estable y segura para continuar con sus planes.

La cooperación bilateral tiene dos enemigos claros: la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las extintas FARC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de más de 60 años. Ambas bandas armadas tienen origen colombiano, pero se mueven y delinquen indistintamente en ambos países. Su guerra ha sembrado el terror en la frontera y sus tentáculos han copado no solo el narcotráfico transnacional, sino el negocio de la minería ilegal, un sector que ahora es especialmente estratégico para Trump. “¿Qué inversionista extranjero va a llegar a estas zonas dominadas por estos señores?”, se pregunta una fuente diplomática. “Ninguno”.

Entre los intereses declarados de la Casa Blanca tras intervenir militarmente en Venezuela el pasado 3 de enero y llevarse a Nicolás Maduro, está la explotación del petróleo. Pero también las tierras raras y la extracción de oro, negocios en manos del crimen organizado. “Así es de caprichosa y paradójica la política”, afirma esta fuente diplomática. “Trump tiene, por supuesto, unos intereses que en este caso coinciden: necesita el oro y estabilidad para los inversionistas. Pero el oro, a diferencia del petróleo, no está bajo dominio estatal, sino en unas zonas donde reina el ELN”, añade. El plan, asegura, le sirve a los tres países.

Trump necesita estabilidad para atraer inversionistas y Venezuela entiende que, mientras existan grupos catalogados como narcoterroristas por el Departamento de Estado en su territorio, EE UU tiene la puerta abierta para quedarse. Por su parte, para Colombia, tras el fracaso de las negociaciones con el ELN que lanzó por todo lo alto el Gobierno Petro en 2022, cualquier solución para las décadas de esa guerra pasa por el país vecino. “Mientras el gobierno venezolano siga respaldando al grupo insurgente colombiano, este no podrá ser derrotado por completo ni es probable que firme un acuerdo de paz”, explicaba en diciembre el medio especializado Insight Crime. El cambio de gobernante en Venezuela justamente abre una oportunidad para cambiarlo.

La cumbre bilateral de este viernes juntó a Petro y Rodríguez, dos viejos amigos que habían estado separados demasiado tiempo. Ella agradeció al mandatario colombiano por haber sido una de las primeras personas que llamó para “solidarizarse” con los venezolanos aquel traumático 3 de enero. Pero la reunión contó con especial protagonismo del ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, quien tendrá que implementar la hoja de ruta. Llamó la atención, sin embargo, que al otro lado no estuviese su homólogo, el recién nombrado Gustavo González. Mientras se celebraba la reunión, una publicación oficial en redes sociales —ya borrada— mostraba a González en un acto conmemorativo del 216º aniversario del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En su lugar, estaba el todopoderoso Diosdado Cabello, ministro del Interior y tercera figura más relevante del chavismo después de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Tras despedirse de Petro, una publicación de la embajada norteamericana mostraba el momento en el que Delcy Rodríguez se reunía por primera vez de forma oficial con el nuevo representante de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. El encargado comercial es el actor sobre el terreno que deberá acompañar la implementación del plan de Trump de estabilización, recuperación y transición.

“Esto tiene un impacto muy fuerte sobre los criminales en frontera. Ningún gobierno los tolera”, aseguró a EL PAÍS una alta fuente militar colombiana, sobre los grupos criminales. “En términos de inteligencia y operacionales, se abrió una oportunidad para intercambiar información y desarrollar operaciones espejo [simultáneas], cada uno en su territorio pero articulados”, explica. Pero una vez lanzado el mensaje, el desafío será implementarlo. “No va a ser sencillo, pero lo importante es comenzar”, asegura esta fuente.

Hace años que el ELN cruzó la frontera para quedarse. La guerrilla colombiana se extendió en Venezuela gracias a lo que parecería un acuerdo tácito con el gobierno de Nicolás Maduro. Ellos podrían operar libremente a cambio de protegerle ante una hipotética incursión de Colombia, histórico aliado militar de Estados Unidos. Así los guerrilleros se instalaron como garrapatas en los estados de Vichada, Amazonas, Apure y Arauca, y al narcotráfico sumaron la minería ilegal del oro con la que destruyen selva y contaminan los ríos con mercurio. Dos circunstancias le allanaron el camino: la ruptura de relaciones entre Bogotá y Caracas en 2019 —que dejó la frontera huérfana de cooperación militar y acabó con la llamada “persecución en caliente”— y la debilidad de un Estado venezolano concentrado en controlar las ciudades y contener a una oposición mayoritariamente urbana.

El ELN, que en su momento se inspiró en la Revolución cubana, era además una pieza clave en los planes de contingencia de Maduro ante la posible invasión de Estados Unidos, según varias fuentes consultadas por EL PAÍS en Caracas. Mientras Trump desplegaba aviones y buques de combate en el mar Caribe, el chavismo creyó que la ofensiva estadounidense, si llegaba, llegaría por tierra, usando a Colombia como plataforma de lanzamiento. Consideraron que el ELN podía servir de muro de contención o de generador de caos ante la invasión. Pero nadie escuchó un tiro de la guerrilla en defensa de la revolución.