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Que la llegada de Citlalli Hernández —que es, en rigor, regreso— y el ascenso de Ariadna Montiel a la cúspide del partido sean reacción, castigo o ruptura, no termina de convencerme. La lógica de intrigas a menudo ensombrece lo que pretende explicar.

Sostengo, más bien, que el movimiento es la confirmación de que hemos entrado en un tiempo distinto: la elección de 2027 acaba de comenzar.

Si bien el proceso ya había escuchado el disparo de salida desde que el Consejo Nacional de Morena acordó el calendario y las reglas para sus aspirantes, los movimientos verdaderos comienzan ahora, cuando los caballos arrancan el trote.

Luisa María Alcalde saldrá de la dirigencia del partido. Y quienes intenten leerlo como retaliación por una mala relación con los aliados, o como consecuencia de las fricciones en la aprobación de las reformas electorales de la presidenta, se encontrarán con la dificultad de negar a los millones de personas que Alcalde afilió. A eso iba.

Cuando Morena habla de encargos y no de cargos, enmarca la forma en que percibe el ejercicio del poder. Para el partido guinda, los encargos son responsabilidades temporales con misiones precisas y no sillas de garantizada permanencia. En la agrupación, el encargo de Alcalde había terminado. Función mata designación.

Esa ya no era su misión. Su perfil —más administrativo, de coordinación y gestión— es contrario a lo que el partido exige en tiempos electorales: estrategia, negociación, movilización.

Esas virtudes recaen en las mujeres que marcharán al frente del partido. El dúo electoral: Ariadna Montiel y Citlalli Hernández. Perfiles diversos de idoneidad compartida.

¿A quién más podría confiarse el control interno de una elección en que la coalición se juega 17 gubernaturas, el control en San Lázaro, la composición de congresos locales y su presencia municipal, si no a ellas? La pregunta resulta retórica ante una respuesta que titila por su obviedad.

La llegada de Montiel y Hernández a encargarse de las elecciones de Morena es de una obviedad empalagosa.

Por un lado, el previsible cambio de banda de Ariadna Montiel de Morena —Gobierno— a Morena —partido— responde a la urgencia de control territorial y disciplinar de una estructura que daba señales de desbordarse. Quien ha administrado decenas de millones de beneficiarios de programas sociales acaso pueda lidiar con 11 millones de militantes. El paso de Montiel por la Secretaría del Bienestar la convierte, para efectos de organización y movilización, en pieza perfecta.

La maniobra, además, encierra un movimiento político importante: las riendas del partido son compensación justa para un perfil leal a la presidenta que aspiraba a gobernar el Estado de Chihuahua.

Citlalli Hernández, por su lado, asume la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas con dos misiones. En primer lugar, la exsecretaria de las Mujeres —quien afirma que la política es diálogo— estará a cargo de la alianza con el Verde y el PT, a quienes no reconoce como afines a Morena en el orden de las ideas, sino como aliados parlamentarios y electorales. Una alianza práctica, no cabal.

En segundo sitio, además de la relación con los socios, deberá hacerse cargo de la insaculación para los plurinominales y de las encuestas para los cargos uninominales del partido del que es fundadora. Negociar con los distintos grupos al interior de Morena, entregar la candidatura a los mejor posicionados, administrar rencores y dolores.

¿Quién más podría encargarse de ello? En el proceso electoral anterior—el simplificado bajo la expresión “tsunami guinda”—, Citlalli Hernández fue la coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas en Morena. Desde ahí condujo con precisión cuántica la arquitectura electoral que permitió a la coalición alcanzar la mayoría calificada. Buena parte del Plan C lleva su nombre y apellido. Las alianzas son lo suyo.

Citlalli Hernández en el partido es Citlalli Hernández en su encargo natural.

La llegada de ambas es un movimiento táctico bien cuidado. No permite hablar de una toma del partido desde la presidencia por encima del jubilado de Tabasco: ambos cuadros pertenecen, sin atisbo de duda, a los dos primeros niveles de la Cuarta Transformación.

Que en el movimiento salga sobrando el hijo de Andrés Manuel López Obrador no habrá de imputarse a la presidenta, sino a los errores de aquel.

Cierro reiterando que la llegada de Hernández y Montiel a la cúpula del partido no me interpela como castigo, ruptura ni reacción. Lo concibo, más bien, como la confirmación de una historia que siempre apuntó hacia este sitio.

Que el 27 no rime con el 21 —año maldito categorizado como irrepetible— correrá por cuenta de ambas.

A mediados de marzo, en la madrugada, un incendio mató a cinco personas en la refinería Olmeca en Dos Bocas en el Estado de Tabasco, cuando una chispa desató el fuego en “un desborde de aguas aceitosas” al lado de una de las bardas perimetrales. Menos de un mes después, hubo otro incendio, en el área de almacenamiento de coque, sin víctimas mortales. En esas fechas, en Deer Park, la refinería que Petróleos Mexicanos tiene en Estados Unidos, tuvo un derrame en uno de sus muelles. Y, para terminar, en Tula, una enorme columna de humo salió de un incendio en el complejo petroquímico que Petróleos Mexicanos describió como “incidente menor con presencia de humo”. Un mes horribilis, con una secuencia de eventos que ha sembrado dudas sobre el estado del Sistema Nacional de Refinación de México, su operación y mantenimiento. Expertos consultados por EL PAÍS explican que es un problema de la mezcla de crudo que usan dentro de las refinerías y la capacidad del personal de Petróleos Mexicanos para operarlas. Se preguntó a la empresa, pero a cierre de edición no habían contestado.

El Sistema Nacional de Refinación de México consta de siete refinerías. Seis de ellas fueron construidas hace más de 50 años, con un crudo más ligero que el actual en mente, y solo una, la reciente Olmeca en Dos Bocas, se creó para el petróleo maya, más pesado. Además está Deer Park, una planta que Petróleos Mexicanos tenía en copropiedad con la británica Shell y que adquirió en su totalidad en enero de 2022 por 596 millones de dólares. Si se le suma los al menos 20.000 millones de dólares que costó levantar el proyecto en Dos Bocas y los 3.700 millones que se pusieron para rehabilitar las otras seis, México ha invertido casi 25.000 millones de dólares en aumentar su producción de gasolina y demás refinados. Todo con la idea de cumplir uno de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador, que prometió que para 2021 México produciría toda la gasolina que consume. De acuerdo a los últimos datos disponibles, en el cuarto trimestre de 2025 la producción de petrolíferos promedió de 1.177 millones de barriles diarios, de los que 771 millones fueron de gasolinas, diésel y turbosina. De la capacidad instalada total, el Sistema Nacional de Refinación opera a casi el 60%. Pese a esto, el país sigue importando gasolinas.

“Dos Bocas [como es conocida popularmente la refinería Olmeca] es una instalación de punta, con el mismo concepto que se hizo para la fallida refinería de Tula, y se eligió, con excepción de un proceso, lo mejor de lo mejor”, alaba Julio Cesar Rentería Sandoval, director general de la consultora Catec, experto en operación y optimización de refinerías y asesor de Petróleos Mexicanos. Aclara que la refinería Olmeca y Deer Park son las más complejas de operar y que, “aunque hay una brecha dentro de las habilidades operativas en el personal de la empresa estatal”, muchos de los problemas que arrastran tienen que ver con “lo que estamos metiendo a las refinerías”.

El experto explica que el motivo por el que crecen los índices de paros no programados, las detenciones inesperadas de maquinaria que reducen drásticamente la productividad y aumentan costos, es el tipo de mezcla de crudo con el que se trabaja. “El crudo Maya tiene 3.2% de peso de azufre y una densidad de 21°, pero ahora Petróleos Mexicanos está sacando crudos que son el Maloob, Zaap y Ayatsil, que tienen menos densidad y mayor contenido en azufre”, explica. “Mandan este tipo de crudo al Sistema Nacional de Refinación, lo mezclan con crudo ligero, pero como no es estable ni la más adecuada para las refinerías, esto lleva a mayores pausas no programadas y problemas”, añade.

La frecuencia de accidentes en instalaciones de Petróleos Mexicanos siempre supera la media internacional, que oscila entre el 0.22 y el 0.24 por millón de horas-persona trabajadas que registra la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas. Este indicador es una tasa que sirve para poder comparar año con año más allá de los simples números y es una medida estándar en seguridad industrial que representa el número total de accidentes laborales con baja que ocurren por cada millón de horas de trabajo realizadas por una plantilla expuesta al riesgo. De acuerdo a los informes anuales de la empresa, en 2010 era de 0.57, y fue logrando bajarse hasta que el 2018 llegó al mínimo histórico de 0.23. Luego volvió a subir hasta 0.58 en 2022 y en 2025 se quedó en 0.28. Para saber el número total de accidentes, EL PAÍS realizó una estadística con todos los eventos que Petróleos Mexicanos considera lo suficientemente importantes como para enlistarlos en sus informes en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Desde 2010 y pese a la millonaria inversión en mantenimiento, la cifra se mantiene estable.

“En términos generales, tenemos un Sistema Nacional de Refinación modesto, con algunas instalaciones operativamente óptimas, y otras que son viejas y casi están para el desguace”, argumenta Santiago Arroyo, director en la empresa consultara del sector Ursus Energy. Entre las primeras están las refinerías de Tula en Hidalgo, Salina Cruz en Oaxaca, la Olmeca y Deer Park, mientras que el resto—Ciudad Madero en Tamaulipas, Cadereyta Jiménez en Nuevo León, Salamanca en Guanajuato y Minatitlán en Veracruz— las mete en el segundo saco.

“Las joyas de la corona son Dos Bocas y Deer Park, y las dos han tenido el mismo problema: las están operando personal que no está debidamente capacitado y eso hace que la operación sea deficiente y riesgosa”, afirma categórico. “Dos Bocas es como un Ferrari último modelo, pero quien lo está operando está acostumbrado a conducir un Volkswagen escarabajo”, ejemplifica. Arroyo señala a Deer Park como otro ejemplo de esta situación. Desde la década de 1990, Petróleos Mexicanos y la británica Shell compartían la propiedad de este complejo en Houston, Texas. En enero de 2022, la mexicana compró la mitad de la británica. “Ahora, cuando se va el resto del personal de Shell después del periodo de transición, y se queda a cargo todo de Petróleos Mexicanos, ahí empezamos a tener los incidentes mayores”, dice.

En octubre de 2024, en Deer Park, una fuga de 12 toneladas de gas ácido causó la muerte de dos personas y dejó hospitalizadas a otras 13. En Estados Unidos, cuando un incidente es lo suficientemente grave, amerita una investigación de la Junta de Investigación de Seguridad Química y Riesgos, una agencia federal independiente que investiga accidentes químicos industriales para prevenir futuras tragedias y que, aunque no tiene capacidad reguladora ni impone multas, emite recomendaciones de seguridad basadas en causas fundamentales.

Justo el pasado febrero salió el informe final sobre ese accidente, que apunta a que la causa principal del accidente fue la falta de identificación adecuada de las tuberías. La fuga mortal comenzó debido a que dos trabajadores de la contratista Repcon Inc abrieron la brida equivocada en una tubería mal etiquetada. Si bien la refinería proporcionó planos y listas de las bridas, estos no fueron suficientes para ayudar a los trabajadores a distinguir entre “segmentos casi idénticos”. De acuerdo a una parte del informe, “antes de que Petróleos Mexicanos fuera la única dueña y operadora de la refinería, el departamento de Ingeniería de Factores Humanos de Shell tenía un documento donde especificaba que estas tuberías debían estar debidamente marcadas”, pero “Petróleos Mexicanos no continuó con está práctica” y, “en consecuencia, no había etiquetas que diferenciaran los sistemas”, siendo el cumplimiento de Petróleos Mexicanos de las guías de seguridad “inefectivo o no existente”.

Más de 100 días después del ataque de Estados Unidos a Venezuela, que propició la captura de Nicolás Maduro y su sustitución por Delcy Rodríguez, el país ofrece una imagen que durante años pareció inalcanzable: cierta apertura económica, señales de reactivación, instituciones que empiezan a moverse, menos miedo inmediato. Todo eso debe reconocerse, pero conlleva una advertencia: el trayecto hacia la normalidad no puede confundirse con el destino de una democracia. Sin un calendario rápido para unas elecciones libres, el peligro es que el régimen se eternice bajo otros nombres y ropajes.

Venezuela ha entrado en una fase que, en apariencia, corrige distorsiones profundas. La economía vuelve a conectarse con el exterior, el aparato estatal se reacomoda, algunas decisiones alivian tensiones acumuladas. Son avances para una sociedad que ha vivido años de emergencia prolongada. Sería un error minimizarlos, pero más aún sobredimensionarlos. La normalidad, tal como se plantea, es un proceso sin garantías. Se pueden estabilizar precios, abrir mercados, reducir el conflicto visible, pero nada de eso asegura derechos cívicos, ni distribuye poder ni establece reglas para la alternancia.

Venezuela requiere una transición democrática real y no un trayecto indefinido hacia un semblante de normalidad. La primera fijaría un horizonte compartido; el segundo proporciona una zona de confort para quienes gestionan el poder. Cualquier mejora será reversible sin una apertura completa del sistema y una amnistía general e incondicional de los presos políticos, y sin el retorno con garantías para exiliados como María Corina Machado o Edmundo González, reconocido por varios países como presidente electo. Venezuela necesita transformaciones de fondo, incluso constitucionales, para romper el cerrojo de un poder que lleva demasiado tiempo en las mismas manos.

La estabilización no ha surgido de un acuerdo interno, sino de una intervención extranjera, y este punto de partida condiciona lo que viene después. Con una normalización inducida desde fuera, la tentación de administrarla sin democratizarla es mayor. Quien impulsó la intervención, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha demostrado que su prioridad no es la democracia. Y una construcción democrática no se delega, y requiere acuerdos incómodos, renuncias mutuas y un compromiso inequívoco con reglas que limiten el poder.

La oposición y sus liderazgos más visibles afrontan una prueba decisiva. El respaldo ciudadano no es solo un capital político: es una responsabilidad. Defender la democracia implica aceptar la pluralidad y evitar la tentación de la exclusión. No hay transición posible si se construye sobre vetos absolutos o sobre la negación del otro como interlocutor. Machado, cuyo apoyo mayoritario fuera y dentro de su país es indiscutible, no estuvo atinada al rechazar reunirse con el presidente Pedro Sánchez o su ministro de Exteriores durante su reciente visita a Madrid. Al mismo tiempo, el diálogo con todos los sectores de la oposición resulta imprescindible si España quiere contribuir a la democratización.

La normalidad puede ser un camino necesario en Venezuela, pero no el objetivo final, que sigue siendo una democracia con reglas claras, contrapoderes y ciudadanos que no dependan de equilibrios precarios para ejercer sus derechos. El resto, por más que alivie, es transitorio. Y, si se prolonga, esta provisionalidad condenará a los venezolanos a vivir bajo un protectorado de Estados Unidos, sin dirigentes legítimos ni libertades.