WASHINGTON.- Una demanda busca detener al gobierno del presidente Donald Trump de realizar una política secreta que recopila, almacena y utiliza información personal de personas que se manifiestan o documentan la aplicación de las leyes de inmigración, incluidas las operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Creo que la rendición de cuentas del gobierno comienza con la transparencia”, declaró Nicole Clealand, una de las demandantes. “Las personas deberían tener la libertad de observar y documentar pacíficamente las acciones de su gobierno en público sin temor a ser rastreadas o sufrir represalias. Este caso trata de proteger ese derecho para todos”.
Los demandantes acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de crear una especie de “lista negra” sobre personas que se manifiestan o documentan acciones migratorias y deberían estar protegidas por la Primera Enmienda.
“El DHS ha desplegado tecnología de reconocimiento facial, cámaras corporales, información de matrículas, dispositivos móviles y otras herramientas de vigilancia para identificar y rastrear a personas que observan legalmente las medidas de control migratorio en público”, acusa la demanda.
Los demandantes advierten que el DHS ha mantenido y accedido a esos registros, incluido el Sistema Automatizado de Selección de Objetivos (ATS), lo cual permitiría que sean compartidos a otras agencias gubernamentales de aplicación de la ley.
Incluso se alega que el DHS utilizó esa información para revocar a los demandantes sus privilegios de Global Entry –una identificación que permite facilitar el tránsito en aeropuertos– en represalia por ejercer sus derechos constitucionales.
Los demandantes son el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC), Cleland, Jacquelyn Ivey y Anna Walker, observadoras legales que han sido objeto de vigilancia y represalias por parte del DHS, indicó la organización Democracy Forward, la cual representa a los demandantes en conjunto con y Hagens Berman Sobol Shapiro LLP.
Los agentes saben todo
En el documento judicial ante la Corte de Distrito Sur en California, se indica que los agentes del DHS no han ocultado su intención de recopilar información ni el objetivo, con casos documentados en Maine, cuando incluso se informó a varios observadores que serían incluidos en una base de datos de “terroristas nacionales”.
En Chicago, los agentes utilizaban el reconocimiento facial en ciudadanos, mientras en Minneapolis, los observadores fueron llevados a sus casas por agentes, en una práctica ya conocida coloquialmente como “ser llevado a casa por el ICE”.
Destaca que, en todo el país, los agentes del DHS se han acercado a los observadores y se han dirigido a ellos “por su nombre completo”, aunque esas personas nunca se identificaron ni mostraron ningún tipo de identificación, lo que desata más preocupaciones.
“No se trata de perder un privilegio; se trata de defender nuestros principios”, dijo Ivey. “El gobierno intenta intimidar a la gente para que mire hacia otro lado en lugar de exigirle responsabilidades. Pero los momentos en que quienes están en el poder se esfuerzan más por silenciarnos suelen ser los momentos en que más necesitamos alzar la voz”.
La demanda acusa que el DHS viola la Ley de Privacidad, la cual prohíbe al gobierno federal mantener registros que describan cómo las personas ejercen sus derechos de la Primera Enmienda –salvo en circunstancias limitadas– y exige que las agencias divulguen y justifiquen por qué recopilan información personal.
“Ahora más que nunca, quienes tenemos el privilegio de expresarnos tenemos la responsabilidad de defender los derechos de todos en nuestras comunidades”, expuso Walker. “Cuando se castiga a las personas por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda, comenzamos a perder los principios democráticos que nos protegen a todos”.
Parte de la impugnación se argumenta bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, mientras los demandantes alegan que el DHS tomó represalias ilegales contra ellos.
“Cuando nuestro gobierno recopila expedientes secretos sobre personas comunes por ejercer sus derechos constitucionales, envía un mensaje escalofriante: si alzas la voz, ten cuidado”, advirtió John Davisson, subdirector y director de cumplimiento de EPIC. “Si cada protesta, cada grabación, cada acto de disidencia nos expone a la vigilancia y la represalia, la privacidad y la libertad de expresión corren el riesgo de colapsar”.
La demanda busca anular la política de recopilación secreta de datos y se defienda la Primera Enmienda.
“El gobierno federal no puede crear expedientes secretos sobre las personas porque ejercen su derecho, amparado por la Primera Enmienda, a observar, documentar o criticar pacíficamente sus acciones”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Ese es precisamente el tipo de vigilancia gubernamental que el Congreso intentó evitar al promulgar la Ley de Privacidad tras algunos de los capítulos más oscuros de la historia de nuestra nación”.
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