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¿Trampa?. El tiktoker High Failure comenzó a recibir más notificaciones de lo usual. Eran ataques de usuarios que lo condenaban por supuestamente haber incitado a hacer trampa en internet para el primer examen de admisión virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre mayo y junio de 2026, la universidad realizó por primera vez su prueba de admisión en modalidad virtual para aspirantes de México y del extranjero. 

“Aspirante, si es tu primer intento, tercero o mil (…) si necesitas hacer trampa, haz trampa”, decía en la grabación, que calificaba el examen de admisión como un “mero trámite” y un método “arcaico” que no mide las capacidades reales de los aspirantes. En otro video, el creador explicó de forma genérica una manera de burlar la verificación de identidad frente a la cámara durante la prueba, un método que, según él, no desarrolló, sino que escuchó de otro creador de contenido del sector universitario.

Consultado por France 24, High Failure sostiene que sus declaraciones fueron sacadas de contexto: asegura que un medio de televisión tomó un fragmento de 25 segundos de un video de 10 minutos, y que su mensaje real apuntaba a que solo cada aspirante conoce su propia situación familiar y económica.

Más allá de la polémica, plantea una crítica más amplia: acusa a la UNAM de “hipocresía” en su relación con la inteligencia artificial y sostiene que aplicar el mismo examen a una población con formas de aprendizaje distintas no selecciona a los mejores candidatos, sino a quienes “memorizan mejor”. 

“Hay situaciones donde no hay el privilegio para intentar más de una vez el examen, pagar una carrera universitaria en el sector privado o simplemente combatir la segregación de manera ‘justa’ que acompaña al examen de admisión desde su creación. Mi mensaje sigue siendo el mismo ‘si necesitas hacer trampa, haz trama’”, afirma. 

La UNAM anunció este viernes que aplicará un examen adicional presencial a los aspirantes seleccionados para ingresar a licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027.

Habrá nuevo examen presencial

La crisis, de la que solo había rumores en redes sociales, escaló el 24 de julio, cuando la UNAM frenó la apertura de inscripciones programada para el 27 de julio con el fin de auditar la selección a fondo. La universidad comunicó que había dejado fuera a unos 3.000 aspirantes, el 2% de los 158.712 exámenes aplicados, por vulnerar las reglas del proceso. 

“El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria”, argumentó la universidad en un comunicado. 

Tres días más tarde, el rector Leonardo Lomelí instaló una Comisión Técnica de 16 académicos con el mandato de revisar todo el proceso, y dejó abierta la puerta a la opción más drástica: “todas las opciones están sobre la mesa”, dijo, sin descartar tirar el examen entero y repetirlo. Agregó que el incidente no sólo afectaba a la universidad, sino al conjunto de la sociedad.

La decisión: un examen adicional presencial a los aspirantes seleccionados. “No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes”, sostuvo el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí.

Bajo consignas como “no a la IA, sí a la solución” y “examen presencial ya”, un grupo de aspirantes excluidos de la UNAM marchó en los alrededores de la Universidad. Los manifestantes exigieron la reposición física del examen de licenciatura ante lo que consideran un “fraude masivo” en la prueba remota.

La indignación surgió tras videos en redes sociales donde se incitaba a burlar el exámen e incluso algunos estudiantes admitían haber usado modelos de inteligencia artificial generativa como Chat GPT para el examen. 

“Hay un comportamiento atípico”: admite subsecretario de Educación Superior

Un aspirante a licenciatura que portaba pancartas declaró que la reputación de la institución está en juego si no se repite el proceso: “Si no lo hacen, la credibilidad de la UNAM se verá muy afectada y el respeto que le tenemos… que bueno, ahorita ya le tenemos poco respeto, la verdad”.

“No nos priven el derecho de estudiar, respetamos el proceso de selección que cumplimos en forma honesta”, defendió César Ruiz, padre de una aspirante admitida, quienes formaron otro plantón para defender sus resultados y pedir a la universidad que continúen con el proceso. 

Ricardo Villanueva Lomelí, el subsecretario de Educación Superior, detalló que la UNAM reportó “una atipicidad en los resultados” de la prueba para ingresar a la institución. “Hay un comportamiento atípico que debe ser observado. Efectivamente, hay un componente tecnológico que es el que se debe revisar. Hubo un cambio en la forma de hacer el examen, que es ahora de manera virtual. Eso por sí solo no dice nada porque en otras instituciones se ha hecho virtual y ha funcionado perfectamente”, aseguró. 

La crisis tomó fuerza en la escena pública cuando la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a que la Fiscalía General de la República entre al caso si la UNAM se lo pide, con la mirada puesta en Territorium Life, la empresa detrás de la plataforma del examen de admisión.

“Si ellos (la UNAM) consideran que hay un fraude mayor y que incluso es un caso penal, ahí están las instituciones (FGR) para que lo lleven. Lo importante hoy es darle la certidumbre a los jóvenes que aplicaron o que hicieron el examen para entrar a la UNAM”, comentó la mandataria. 

Una competencia feroz por los cupos

Sheinbaum, consultada al respecto durante su conferencia matutina, insistió en que su gobierno respeta la autonomía universitaria, pero ya extendió una salida a los aspirantes atrapados en el limbo: cupos disponibles en la red de Universidades Rosario Castellanos mientras se resuelve el litigio.

La magnitud del embudo ayuda a entender por qué cualquier sospecha de manipulación pesa el doble: la UNAM ofreció 50.113 lugares este año, pero más de la mitad, 28.151 espacios, ya estaban asignados en automático a los egresados de sus propios bachilleratos. Esto dejó un margen muy estrecho para el resto del país: 158.712 aspirantes compitieron por apenas 21.962 lugares, una competencia tan feroz que cualquier señalamiento de irregularidad generaría un debate social. 

“Un falso sentido de seguridad”: lo que dicen expertas de la virtualidad

Para Cimenna Chao, directora general de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana, el caso expone tensiones que ya existían antes de este examen y que simplemente se hicieron visibles. Ningún sistema de supervisión a distancia, advierte, garantiza por sí mismo la identidad del sustentante ni la integridad de su entorno físico: confiarle la seguridad completa del proceso a la tecnología genera, en sus palabras, “un falso sentido de seguridad”.

“Hay una suerte de carrera entre seguridad, vigilancia, hackeo o evasión. Es decir, cada nuevo mecanismo, cada nuevo sistema de control, pues genera estrategias cada vez más sofisticadas también para eludirlo. Este es un punto importante cuando se utilizan estas tecnologías en el ámbito educativo, me parece también que estos sistemas dan lugar no solamente a este tipo de vulnerabilidades, sino también a falsos positivos”, aseguró. 

Por su parte, la especialista en tecnologías de la información Nancy Salazar coincide desde otro ángulo: el error de fondo no es incorporar inteligencia artificial, sino delegar el diseño del proceso. Salazar describe un patrón que ve con frecuencia en organizaciones públicas y privadas, que empiezan la conversación preguntando qué plataforma comprar en lugar de qué problema quieren resolver y qué riesgos trae asociados esa herramienta.

“La tecnología es un habilitador, puede automatizar tareas, escalar operaciones, hacer más eficiente el trabajo del día a día, pero jamás reemplazar las decisiones que tienen que ver con diseño, supervisión, etc. No estamos hablando de aplicar un examen y ya, es garantizar a las personas que quieran acceder a esta clase de estudio, que exista confianza, equidad y transparencia para los participantes”, asegura Salazar. 

La desigualdad en el acceso es el punto donde ambas convergen. Chao advierte que quienes cuentan con mejores dispositivos, conectividad y alfabetización digital siempre tendrán ventaja, para bien o para mal, tanto para aprovechar la tecnología como para vulnerarla.

Salazar sostiene que no todos los aspirantes tienen acceso a internet, a una computadora o siquiera a un espacio iluminado y sin distracciones para presentar un examen en línea. “La tecnología debe adaptarse a las personas y no asumir que todas viven bajo las mismas circunstancias”, resume Salazar. 

La especialista plantea lo mismo desde la naturaleza del conocimiento que se mide: con la llegada de la inteligencia artificial generativa, sostiene, memorizar información dejó de tener valor frente a analizarla, interpretarla y resolver problemas y los modelos de evaluación todavía no se han puesto al día con ese cambio.

“Durante muchísimos años se ha tenido presente en el medio educativo cómo impedir que alguien copiara durante un examen. La llegada de IA generativa nos obliga a preguntarnos si seguimos evaluando las habilidades correctas. El valor ya no se encuentra en el aspecto educativo en memorizar información, ese tipo de modelo ya no funciona, ahora lo que funciona es analizar la información, interpretarla, resolver problema, sacar tus conclusiones, tener pensamiento crítico”, precisó. 

Chao se cuestiona si desde el sector educativo “debiéramos de seguir sosteniendo este tipo de pruebas, este tipo de sistemas, si estas son todavía válidas, si son equitativas para justamente el propósito que en un pasado pues servía”. “Hay un desplazamiento injusto del talento real. Es decir, hay estudiantes que probablemente tuvieron un desempeño de excelencia, que lo hicieron de manera honesta, que se prepararon durante años, a veces durante todo el bachillerato y que hoy, al ser sancionado el proceso, podrían quedar fuera de este proceso de selección y de acceso a la educación superior”, lamenta. 

Sobre el trabajo de la Comisión Técnica, Salazar es específica: recomendó a partir de evidencia técnica, bitácoras de actividad, configuración de la infraestructura, registros de cómo se gestionaron los incidentes, antes de atribuir responsabilidades, y evitar que el análisis se apoye en hipótesis. Introduce además un concepto debatido en tecnología llamado ‘human in the loop’, o la práctica de definir en qué momentos una persona debe intervenir para supervisar, validar o corregir las decisiones de un sistema automatizado. “Cuando el impacto es el futuro académico de muchísimas personas, la gestión de riesgo deja de ser un tema técnico y se convierte en un compromiso con la confianza pública”, advierte.

Aunque la UNAM admitió la existencia de anomalías en el proceso, la institución no ha ratificado que el recurso a la inteligencia artificial haya sido una práctica extendida. Las indagaciones en curso intentan esclarecer si hubo postulantes que apelaron a sistemas de IA, suplantación de persona u otras estrategias para aventajar de forma irregular al resto de los competidores.

“La universidad debe estar del lado de quienes, con dedicación y esfuerzo, se prepararon para acceder a la educación superior”, decía un comunicado firmado por el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM.

La empresa que vigilaba a 150 aspirantes con un solo supervisor

Las penalizaciones del contrato millonario firmado entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la empresa Territorium Life podrían costarle a la proveedora una multa superior a los 10 millones de pesos mexicanos (unos 580.000 dólares) tras los señalamientos de supuesto fraude en el proceso de admisión en línea.

Una investigación del diario mexicano ‘El Universal’ reveló los detalles del convenio pactado con la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM, cuyo presupuesto oscilaba entre los 40,7 y los 101,7 millones de pesos (2,3 y 6,1 millones de dólares). A pesar del monto, las cláusulas permitían que un solo supervisor tuviera a su cargo el monitoreo de hasta 150 aspirantes en simultáneo. 

El compromiso contractual obligaba a la firma a garantizar una fiscalización “en tiempo real” mediante herramientas de inteligencia artificial capaces de auditar el desarrollo de la prueba. El sistema debía alertar y guardar registro de faltas como la presencia de acompañantes, el uso de celulares, calculadoras o pantallas adicionales, e incluso la ausencia del candidato frente al dispositivo. 

El expediente consultado por el periódico detalla que el personal humano contaba con paneles de control, grabaciones y métricas para notificar cualquier irregularidad. No obstante, la presión pública llevó a la universidad a pausar las inscripciones, dejando a la proveedora en el centro de un reclamo que ahora podría costar la ejecución de las cláusulas de sanción del acuerdo.

El episodio expone un dilema de fondo: la discusión sobre la educación pública está ligada a las herramientas con las que se mide el conocimiento. Salazar coincide al proyectar los próximos pasos de la UNAM, recordando que la fe pública no se puede delegar en un sistema automatizado y que el rescate de la credibilidad exige una absoluta claridad sobre los fallos del sistema. 

“Recordemos que la tecnología va a seguir revolucionando la industria, les guste o no. Aquí el reto que se llevan las instituciones educativas es que los modelos de evaluación deben evolucionar al mismo ritmo de la tecnología”, sintetiza.

Con EFE, AP y medios locales