Blog

El presidente Gustavo Petro, experto en hacer política a partir de la provocación, llevó este lunes su choque con la rama judicial colombiana a un nuevo nivel. Tras conocerse la decisión del consejero de Estado Juan Enrique Bedoya de suspender la totalidad del decreto con el que el mandatario buscaba trasladar desde los fondos privados a la estatal Colpensiones ahorros pensionales por 25 billones de pesos, Petro publicó un trino que cruzó una línea que ningún presidente colombiano había cruzado antes: “Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”.

No fue una declaración en una rueda de prensa ni un discurso en una plaza pública. Fue una instrucción directa a sus seguidores para que activaran la maquinaria penal del Estado contra un juez del tribunal encargado de revisar la legalidad de sus decretos.

El choque de Petro con las altas cortes no es nuevo ni espontáneo. La relación ha sido difícil y el presidente, que se ha quejado de la dificultad de sacar adelante sus reformas y de las limitaciones que tiene el jefe de Estado —“No hemos conquistado el poder, hemos conquistado un gobierno administrador acorralado por otros poderes”, dijo en entrevista a este diario—, siente que entre las togas hay enemigos agazapados de su proyecto político, el que ha llamado el “Gobierno del cambio”.

A lo largo del cuatrienio que se acerca a su fin, varias decisiones judiciales han exacerbado sus ánimos: la declaratoria de inexequibilidad de la ley que creó el Ministerio de Igualdad, la caída de los decretos con los que declaró estados de excepción, incluida una emergencia económica en diciembre pasado. En cada episodio, Petro ha recurrido al mismo argumento: las decisiones no son jurídicas, sino políticas, y quienes las toman actúan movidos por intereses ajenos al derecho.

En una ocasión, en febrero de 2024, llamó a sus simpatizantes a movilizarse frente a la Corte Suprema, cuando esta tardaba en elegir a una nueva fiscal general de la terna que había enviado para definir el reemplazo de un fiscal convertido en su opositor político. Cientos de personas se concentraron frente al Palacio de Justicia de Bogotá. Faltaban cinco días para que saliera el fiscal anterior, y la Corte sumaba dos meses de debate, algo que Petro había llamado “incumplimiento del deber judicial”. Ese día, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, dijo ante los micrófonos que “la democracia quedaba en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia”.

El presidente no solo ha cuestionado algunas decisiones, como han hecho todos los mandatarios, sino que ha señalado a los magistrados de formar parte de un “golpe blando” en su contra, de hacerle juego al lawfare o de formar parte de un “bloqueo institucional” que solo se puede superar mediante una Asamblea Constituyente. “Se generaron unas cortes ultraconservadoras, mancilladas por el cartel de la toga y el clientelismo judicial y que no congenian con el Estado Social de Derecho”, escribió en septiembre pasado, pese a decisiones de avanzada de esa misma justicia en asuntos que van del aborto a la no reelección.

Este lunes, Petro fue más lejos. Ya no pedía presión colectiva sobre una institución: pedía una acción penal contra un individuo, quien además es del corazón de la Rama. Bedoya, un abogado de la Universidad Católica, ha hecho carrera desde escribiente hasta secretario general del Consejo de Estado durante 13 años.

La decisión de este lunes es parte de una seguidilla de fallos que han bloqueado decretos con los que el ejecutivo buscaba recursos frescos ante un déficit fiscal que el propio gobierno cifra en 16 billones de pesos, unos 4.500 millones de dólares. Aunque esa falta de dinero no ha provocado hasta ahora una crisis fiscal aguda, se ha convertido en munición de campaña. La senadora Paloma Valencia, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y otros aspirantes que compiten por el segundo puesto hacen hincapié en la disciplina presupuestal como bandera opositora.

El episodio ocurre a menos de tres semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, y en un momento en que Petro sigue siendo la espada más afilada de la campaña de izquierda. El senador Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, mantiene un perfil deliberadamente bajo: da pocas entrevistas, no asiste a debates y se concentra en movilizar las bases con la vista puesta en ganar en primera vuelta. Es Petro quien ocupa el centro del tablero.

Hay una lógica política en esta escalada que va más allá del impulso. El argumento de las decisiones judiciales ilegales o políticamente motivadas le ha servido a Petro como pararrayos frente a uno de los cuestionamientos más persistentes de sus propias bases: el incumplimiento de promesas a los jóvenes de la primera línea que fueron judicializados tras el estallido social de 2021, o a los pobladores de la Costa Caribe que siguen pagando tarifas desorbitadas de energía eléctrica. En casos como esos, Petro ha señalado al poder judicial como el obstáculo.

La acusación de prevaricato contra Bedoya encaja en ese patrón. Si el decreto cayó, no es por ser inconstitucional o ilegal: es porque los jueces están capturados. Aunque la narrativa es conocida, Petro da un paso nuevo, pues pasa de denunciar a las instituciones a pedir que sus seguidores persigan penalmente a las personas que las integran.

En un país de abogados, y en un momento en que la judicialización de la política se ha convertido en una tendencia de todo Occidente, el trino de Petro del lunes no es solo un exabrupto. Es también un recordatorio de lo que, en el fondo, está en juego en esta campaña: no tanto si gana Cepeda, Valencia o Espriella, sino si Colombia continúa o no con el experimento que representa su primer Gobierno de izquierda en décadas.

La seguridad pública es uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía en Brasil. Lógico, porque cuatro de cada diez brasileños, casi 70 millones de personas, ven en su barrio cómo opera el crimen organizado, según una encuesta divulgada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública este lunes. No necesitan que la prensa o los políticos les cuenten cómo trafica con drogas, exhibe sus armas, extorsiona o dicta normas a los vecinos. En ese contexto y con las elecciones de octubre en el horizonte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presentado este martes en Brasilia un plan para asfixiar económicamente a los grupos criminales, retomar el control de prisiones, combatir el tráfico de armas y mejorar la investigación de los homicidios. Un paquete de unos 2.250 millones de dólares para afrontar uno de los flancos en el que el electorado ve más débil a este Gobierno.

“Esto no es solo el lanzamiento de un programa, es la señal al crimen organizado de que, en poco tiempo, ya no dominarán territorios [en Brasil], serán devueltos al pueblo brasileño”, ha prometido el mandatario en tono triunfante, acompañado de ministros y del jefe de la Policía. Para los gobiernos del Partido de los Trabajadores siempre ha sido arduo diseñar una receta propia en materia de seguridad frente al discurso de mano dura, incluidas las recurrentes matanzas policiales, que la derecha defiende y una mayoría de la población aplaude.

Una de las prioridades de Lula es atacar a las bandas por el flanco de las finanzas y para eso busca la colaboración entre los 27 Estados brasileños y con Estados Unidos. Es uno de los temas que abordó la semana pasada en su visita al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El brasileño ha recordado que alguno de los criminales brasileños más buscados vive refugiado en Miami, que las mafias de su país blanquean dinero en Delaware y ha enfatizado, en línea con el Gobierno de México, que buena parte de las armas ilegales en circulación proceden de Estados Unidos. “Y esto conviene decirlo porque si no cunde la idea de que todo el mal está acá y allá no hay nada”.

En el punto de mira de las autoridades brasileñas, principalmente el PCC (el Primeiro Comando da Capital) y el Comando Vermelho (CV). Pero también las bandas integradas por antiguos policías que se han pasado al lado de los criminales (las llamadas milicias, muy asentadas en Río de Janeiro) y grupos menores con implantación regional.

El PCC es una mafia que nació en una prisión para exigir los derechos humanos más básicos; hoy tiene unos 40.000 miembros, opera en todo Brasil, en una treintena de países extranjeros y se estima que factura cada año 2.000 millones de dólares, algo menos de la inversión anunciada por el presidente. El CV, su rival histórico, suma 30.000 delincuentes. Unos y otros conforman un extenso poder paralelo al del Estado que en las últimas décadas, alimentado por el dinero del narco, ha expandido su dominio en cientos de barriadas, en la red carcelaria e infiltrado en cada vez más sectores de la economía formal.

Frente a la imagen que asocia delincuencia y favelas, Lula ha enfatizado que los tentáculos del crimen organizado “están también en empresas, en el fútbol o en el Congreso Nacional”.

El plan gubernamental contempla, asimismo, inversiones para retomar el control de cárceles, buena parte de las cuales están gestionadas por las propias bandas. Las autoridades quieren reforzar (con drones, escáneres, detectores de metales…) la seguridad de 138 presidios para impedir que los jefes criminales encarcelados sigan manejando sus negocios ilícitos desde la celda.

También está previsto mejorar los medios de los forenses que investigan los asesinatos. U optimizar el rastreamiento de las miles de armas ilegales.

El principal adversario electoral de Lula, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado, apuesta por reducir la edad penal y por que Estados Unidos catalogue al PCC y al CV como organizaciones terroristas. El fin de semana pasado, en un mitin en Florianópolis, anunció a los criminales que si gana las elecciones más les vale abandonar el país porque “irán presos o serán neutralizados”, según prometió en uno de los Estados más seguros de Brasil. También es uno de los menos desiguales.

Más allá de los discursos, Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo tras Estados Unidos y China. Y también destaca, incluso dentro de América Latina, por la violencia de sus agentes de policía. Matar a sospechosos (o transeúntes alcanzados por balas perdidas) es cotidiano. El 14% de las 44.000 muertes violentas contabilizadas en 2024 fueron obra de uniformados.

Brasil, acostumbrado a matanzas en favelas y cárceles, registró en octubre pasado la más letal de su historia, con 121 muertos en Río de Janeiro, incluidos cuatro agentes, cuando las fuerzas de seguridad asaltaron uno de los bastiones del Comando Vermelho.