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—”Nunca jamás en este gobierno, ni sería la intención, coartar tu libertad para que opines, digas lo que pienses, para que expreses tu sentir. Jamás lo hemos hecho, y jamás lo haríamos”, explicaba en vivo este viernes Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de México.

—”Yo no soy un periodista opositor, soy un periodista crítico”, reclamó el comunicador Joaquín López-Dóriga.

—”Yo no dije eso, yo no dije aquí está la lista de periodistas opositores. Bienvenida la pluralidad de opiniones”, defendió la funcionaria.

El acalorado intercambio mediático entre la consejera presidencial y el veterano periodista respondió a una controversia mayor. Días antes de esa confrontación al aire, el jueves 13 de agosto, Alcalde Luján presentó desde la conferencia matutina de Palacio Nacional lo que denominó como un “ecosistema” digital coordinado para golpear la gestión de la autoproclamada Cuarta Transformación, la política que lideran el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum. 

Pese a que el Gobierno insiste en que se trata de un análisis técnico y no de una “lista negra”, comunicadores y organizaciones de libertad de prensa afirman que el daño ya está hecho en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el continente. 

El esquema presentado por la consejera jurídica argumenta la existencia de una red de cuatro capas: medios y comentaristas en el primer nivel, personajes políticos en el segundo, cuentas de ataque en el tercero y narrativas de presión externa en el cuarto. Entre los nombres expuestos figuran periodistas de amplia trayectoria como Carmen Aristegui, Paola Rojas, Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón y Luis Cárdenas. La lista incluía medios como ‘Latinus’, ‘El Universal’, ‘ADN 40′ y ‘Aristegui Noticias’, entre otros. 

La exhibición pública de nombres desató una ola de indignación y reclamos inmediatos por parte de los señalados, quienes advierten sobre las secuelas de vincular el trabajo periodístico con redes de manipulación digital. “Cuando un gobierno decide enlistar con nombre y apellido, ponerlo en la exposición pública de esta manera, pues tiene un propósito y la historia nos ha dicho que esto ha resultado en tragedias, esto ha resultado en cosas verdaderamente graves para la humanidad”, reclamó la reconocida periodista Carmen Aristegui.

“Para mí es un honor estar en esas listas de críticos y hubiera sido una vergüenza personal y profesional que a estas alturas de mi vida, este régimen no me viera como tal”, ironizó por su parte Joaquín López Doriga.  

“Se pasaron años denunciando el autoritarismo y terminaron haciendo listas de sus críticos. Qué rápido se convirtieron en todo lo que juraron combatir. Pueden tener el poder y el aparato del Estado, pero nuestro silencio jamás”, expresó Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc. 

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“¿A quién se le censura, a quién? A nadie”: Sheinbaum

Frente al escalamiento de las críticas, la postura del Ejecutivo federal se mantuvo enmarcada en la defensa del debate público y la transparencia institucional. Tras la presentación, Luisa María Alcalde difundió un mensaje en sus redes sociales rechazando la etiqueta de “lista negra” y aclarando que se trató de un “análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”. 

Paola Rojas, presentadora de ‘Imagen Televisión’ incluida en la mención de Alcalde, replicó: “No muestra esa evidencia evidente y lo que sí es que nos pone a un montón de comunicadores en una lista que desde luego propicia que inmediatamente empiecen a ocurrir ataques digitales, amenazas también, amenazas, en un país en donde, pues sí, secuestran, asesinan y silencian a periodistas todo el tiempo. Ahí me puso en esa lista”. 

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el ejercicio realizado desde la Consejería Jurídica y rechazó la existencia de señalamientos punitivos: “Les invito a que vean nuevamente la conferencia de prensa de Derecho de Réplica de Luisa María y lo que ayer dice Luisa María. Luisa lo que dice es: ‘Viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la presidenta’. ¿A quién se le censura, a quién? A nadie”.

Pero la presentación de Alcalde abrió una discusión que va más allá de si existe o no una red de amplificación digital. El punto de tensión, afirman analistas, está en que desde el propio Gobierno federal se exhibieron nombres de periodistas, medios y actores políticos vinculados, según su interpretación, con la circulación de narrativas críticas contra la Administración de Claudia Sheinbaum. 

Representantes de organismos multilaterales ven en estas acciones una práctica gubernamental que vulnera la estabilidad de la prensa. “Me parece que podría representar un riesgo para las y los periodistas y los medios que son mencionados, sobre todo en un país tan peligroso como México para ejercer el periodismo”, afirmó Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RFS). 

Flores Martínez cuestionó además el monitoreo de perfiles de la prensa crítica y sostuvo que esta dinámica de exposición desde el micrófono gubernamental no constituye un estándar habitual en las gestiones democráticas. “Desde nuestra perspectiva no es normal que un gobierno investigue e identifique a periodistas… Nos parece una muy mala práctica por parte del gobierno, que debería estar más preocupado ahora por detener los asesinatos de periodistas en México que por estar investigando y haciendo este tipo de exposiciones públicas”, añadió. 

Para Flores, la presentación de Alcalde no surgió del vacío. “Esto lo empezamos a detectar desde el gobierno anterior”, señala, recordando cómo el expresidente Andrés Manuel López Obrador también exhibía en su mañanera a periodistas y corresponsales que resultaban incómodos para la narrativa oficial, incluyendo a la entonces corresponsal de ‘The New York Times’ en México. 

En febrero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia matutina el número de teléfono personal de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de ‘The New York Times’ en México. Lo hizo tras recibir un cuestionario de la periodista sobre una investigación de EE. UU. acerca de supuestos dineros del narcotráfico en su campaña de 2018. 

Pero lo que ocurrió esta semana representa, a su juicio, la primera exposición pública bajo la actual Administración. “En algunas de sus conferencias ha hecho comentarios, pero creo que hoy es la primera vez que veo en esta Administración que hacen este tipo de exposiciones públicas tan abiertas, pues ha causado mucho revuelo. Pues obviamente significa que hay una incomodidad, que hay una inquietud, que no le gusta lo que se está diciendo”, afirmó. 

Desde la perspectiva de las organizaciones civiles, los seudónimos técnicos o explicaciones metodológicas ofrecidas por la Administración no atenúan el alcance de los señalamientos. “La principal consecuencia es abonar al acoso y a la situación de riesgo que implica ejercer el periodismo en México”, afirmó Leonardo Núñez González, director de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Esta lista es el último episodio de una larga serie de momentos en los que se han hecho diferentes acciones de acoso gubernamental a diferentes medios, periodistas y organizaciones”, señaló Núñez González.

Respecto a las intenciones expuestas por el Ejecutivo federal de acotar esta presentación al marco del derecho de réplica, Núñez descarta que el matiz conceptual reduzca el riesgo para los implicados. “El eufemismo con el que lo quieran llamar es irrelevante, considerando que el hecho es la presentación pública de un listado de personas acusadas de actuar con dolo hacia el gobierno. El mero hecho de la mención en ese espacio es una señal ominosa que baja como una cadena de mando, especialmente viniendo de quien dirige la acción jurídica de la Presidencia”, puntualizó. 

Núñez señala que el análisis oficial omite una dinámica paralela de intervención en redes sociales impulsada desde el propio Gobierno, a través de pequeños medios que, según él, reciben contratos públicos y que tienen presencia recurrente en las conferencias matutinas. “Muchos de estos medios se encuentran dentro de las conferencias matutinas, son los que hacen preguntas ‘a modo’ y que detonan lo que el gobierno trata de impulsar como una conversación”, afirma. A su juicio, esa interacción también debería formar parte de cualquier análisis serio sobre cómo se construye la conversación pública en redes. 

Para defensores de la libertad de prensa, la controversia se traslada al terreno de la seguridad física y las garantías democráticas. “Desde la perspectiva de la libertad de expresión, estigmatiza a la prensa y puede intimidar a quienes investigan y publican información de interés público. Con base en los más de 40 años de investigación y documentación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), estigmatizar y atacar a periodistas críticos e independientes desde el Poder Ejecutivo suele ser uno de los primeros pasos que adoptan los regímenes autoritarios para debilitar la prensa independiente”, señaló José Zamora, director Regional para las Américas de CPJ.

Al ser cuestionada por López-Dóriga sobre la decisión de utilizar la tribuna presidencial para difundir el listado, Alcalde argumentó: “Conferencias de prensa abiertas a los medios, al pueblo de México. ¿Por qué? Porque es una obligación de las autoridades poder transparentar por qué se decide lo que se decide, cómo están utilizando el recurso público. Es más, poner la cara para que cualquier periodista te pueda cuestionar sobre cualquier tema”.

“Los gobiernos pueden analizar fenómenos de desinformación o campañas coordinadas, pero cualquier investigación debe realizarse con criterios claros, evidencia verificable y pleno respeto a la libertad de expresión. Lo que resulta preocupante es utilizar esos análisis para señalar públicamente a periodistas o medios por el contenido de su cobertura o por mantener una postura crítica”, expresó Zamora. 

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“México, el país más peligroso para periodistas fuera de una zona de guerra”

“El efecto inmediato pues es la inhibición de la libertad de expresión… aunque la presidenta ha dicho ‘no estamos censurando, no estamos amenazando’, el efecto inmediato es esto que ahora estamos observando”, concluyó Flores Martínez, tras señalar que instancias como los mecanismos de protección a periodistas y organismos de derechos humanos deben emitir posicionamientos claros que garanticen la integridad física de las personas exhibidas.

Entre enero y julio de 2026, organizaciones como ‘Articulo 19’ y Reporteros Sin Fronteras han documentado al menos siete periodistas y comunicadores asesinados en México en posible relación con su labor informativa. “En México, el país más peligroso para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental y el más peligroso fuera de una zona de guerra, no hay duda de que este tipo de acciones incrementa los riesgos para quienes ejercen la profesión”, agregó Zamora. 

La organización Artículo 19 ha documentado un contexto de hostigamiento sostenido contra la prensa en México. La organización registró 451 agresiones contra periodistas, de las cuales 199 (44,12%) correspondieron a un “ambiente hostil”, 151  (33,48%) estuvieron relacionadas con abuso del poder público y 53 (11,75%) fueron casos de violencia física y ataques directos. El organismo advierte que no se trata de episodios aislados, sino de “patrones sostenidos que demuestran un ambiente hostil contra el gremio”.

“Este episodio refleja una relación de creciente confrontación con sectores de la prensa crítica. En lugar de privilegiar el debate abierto, el señalamiento público de periodistas y medios puede interpretarse como un intento de desacreditar o deslegitimar su trabajo, particularmente cuando entre los mencionados figuran algunos de los periodistas más reconocidos y prestigiosos de México y del ámbito internacional”, recordó Zamora. 

El choque de posturas sobre las garantías para la labor informativa volvió a materializarse al cierre de la conversación entre la consejera jurídica y López-Dóriga durante el programa radial. 

—”Bienvenida la pluralidad de opiniones, nutre nuestra democracia. Nadie tiene temor a eso, pero claro que siempre va a fortalecer que hablemos de estos fenómenos y no hay por qué tenerles miedo, sino al contrario debatir sobre ellos, cómo operan, dónde operan”, expresó Alcalde

—”Imagínate, Luisa María, yo que he sido reportero durante 11 presidentes, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta hoy, Claudia Sheinbaum, que tengo 58 años en esto, que tengo 79 de vida, ¿si a estas alturas de mi vida personal y profesional le voy a tener miedo a algo, no?”, replicó López-Doriga. 

—”Qué bueno que no lo tienes y no deberías tenerlo y menos en un gobierno como este que protege las libertades”, concluyó la funcionaria. 

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