Morena llegó a la sesión del Congreso General con la seguridad matemática de tener una mayoría suficiente para sacar adelante la reforma judicial y el paquete electoral aupado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que se ausentaran figuras como Enrique Inzuza señalado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, junto al gobernador de Sinaloa.
La ausencia del senador morenista -que acudió a declarar a la fiscalía- protagonizó el ambiente de la sesión desde el primer minuto. Lo mismo con Rubén Rocha Moya. Pero el oficialismo intentó enterrar el tema y llevar la discusión al terreno técnico de la reforma constitucional. Al final, Morena, PT y PVEM lograron este martes por la noche que la enmienda diera el primer paso en el Legislativo. Con 341 votos a favor y 124 en contra, aprobaron en lo general las modificaciones a un puñado de artículos constitucionales para aplazar de 2027 a 2028 el segundo ensayo de la elección judicial y empatarla con la consulta de revocación de mandato presidencial.
La iniciativa representa el primer gran intento de Sheinbaum por corregir —sin echar atrás por completo— la herencia judicial de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador: una reforma que abrió las urnas a jueces, magistrados y ministros, pero que dejó al descubierto vacíos operativos, falta de perfiles probados, riesgos de captura política y dudas sobre la viabilidad logística del nuevo modelo.
La discusión avanzó entre pancartas, abucheos y un consignas constantes. Los diputados del PRI desplegaron carteles con frases como “corte patito”, “no más ministros chicharrón” y “voto en contra de los acordeones”. Desde la tribuna, el coordinador priista Rubén Moreira levantó uno de esos acordeones —las guías impresas con nombres de candidatos judiciales que circularon en la elección pasada para dirigir el voto ciudadano— para resumir, dijo, el destino de la justicia mexicana.
“En esto se va a resumir la justicia en este país, en un acordeón”, lanzó mientras agitaba el papel frente a la mayoría morenista. El diputado acusó al oficialismo de intentar meter “por la puerta de atrás” el empalme entre la elección judicial y la revocación de mandato presidencial. Un cambio que sus aliados del PT y Verde no avalaron en abril en el intento fallido de reforma electoral de Sheinbaum que entre otras cosas, buscaba emparejar la consulta de revocación de mandato con las elecciones federales y locales de 2027. Aquella propuesta no contó con los votos de sus aliados y terminó por desecharse.
La escena sintetizó el tono de la jornada: una oposición sin votos suficientes, pero empeñada en erosionar, en el debate, el relato de legitimidad de Morena. La iniciativa presidencial busca introducir controles técnicos a un modelo que implícitamente el Gobierno ha reconocido como defectuoso. Crea una comisión coordinadora de los comités de evaluación de aspirantes judiciales, encargada de homologar criterios, verificar requisitos y aplicar exámenes de conocimiento. También reduce el número de candidaturas mediante filtros previos: solo las cuatro personas mejor evaluadas por cargo pasarán a la fase final y, después, una tómbola dejará únicamente dos nombres por plaza.
El rediseño supone un viraje relevante respecto de la reforma impulsada por López Obrador. Sheinbaum ha evitado confrontar directamente el legado de su antecesor, pero en los hechos ha comenzado a desmontar algunas de sus reformas más polémicas. El aplazamiento de la elección judicial y la creación de filtros técnicos son parte de esa operación silenciosa.
El pleno de la Cámara de Diputados aún deberá discutir la reforma en lo particular este miércoles, antes de pasar al Senado, donde Morena y sus aliados prevén aprobarla sin sobresaltos el jueves. La mayoría legislativa está garantizada. Lo que permanece abierto es el mensaje político de intentar recomponer la reforma más ambiciosa del sexenio pasado mientras el partido gobernante enfrenta cuestionamientos crecientes sobre la integridad de algunos de sus cuadros.
En el mismo paquete se discutirán tres iniciativas en materia electoral, incluidas de último momento en la aprobación del extraordinario, una de ellas también de autoría presidencial, que busca cerrarle la puerta a la infiltración de la delincuencia organizada en las elecciones a través de una comisión de verificación de candidaturas a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), encargada de coordinar evaluaciones de riesgo elaboradas con información reservada de autoridades de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia. Una especie de filtro, confidencial y voluntario, para que los partidos puedan saber con anticipación si un posible candidato tiene nexos con actividades delincuenciales.
Con todo, la más polémica de las enmiendas apunta directamente al corazón del sistema electoral. Morena busca introducir en la Constitución una nueva causal de nulidad de elecciones por “intervención extranjera”. La iniciativa propone modificar el artículo 41 constitucional para permitir que el Tribunal Electoral invalide elecciones cuando existan indicios de injerencia de gobiernos, organizaciones o agentes extranjeros en una contienda. La propuesta ya ha encontrado resistencia dentro del propio oficialismo. Legisladores de Morena, entre ellos Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, han votado en abstención durante la aprobación de la propuesta en comisiones. Adicionalmente, un puñado de diputados oficialistas se alista para llevar sus inconformidades al pleno este miércoles. En privado, admiten su preocupación por la ambigüedad del concepto y el margen de interpretación que podría abrir al árbitro electoral. La discusión en el Congreso está a punto de ebullición.
