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EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Las víctimas sabían que se enfrentaban a un gigante cuando interpusieron sus denuncias en los tribunales bolivianos de Cochabamba. La Compañía de Jesús es una de las instituciones más poderosas del país latinoamericano y con los suficientes recursos como para pagar los mejores abogados. La verdad, pensó Edwin Alvarado cuando pisó por primera vez los juzgados en mayo de 2023, estaba de su lado. Pocas semanas antes, EL PAÍS había publicado un reportaje de investigación que revelaba que el ya fallecido misionero español Alfonso Pedrajas había dejado un diario donde admitía haber abusado de al menos 85 niños en Cochabamba y cómo sus superiores lo habían protegido. Pedrajas, conocido como Padre Pica, era el pederasta que agredió a Alvarado en 1984, cuando estudiaba en el internado Juan XXIII. Su denuncia se sumó a más de una decena de otros afectados y a varios legajos de pruebas que aportaron, entre ellas la investigación de este periódico. El procedimiento se alargó dos años, con altibajos por las dificultades de las víctimas para pagar un abogado, pero con un resultado feliz: la justicia condenó a un año de cárcel a dos de los altos cargos que protegieron a Pedrajas, los octogenarios Marcos Recolons y Ramón Alaix. El entusiasmo duró poco, pues la Compañía recurrió y los afectados temieron que una dilatación del procedimiento sería imposible de costear. Afortunadamente para ellos, el estudio del recurso ha durado siete meses y los jueces han ratificado la condena con contundencia: “Estos delitos son de lesa humanidad”.

El escrito, firmado este jueves por el presidente y los vocales de la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, señala que “los acusados encubrieron hechos de violación y abuso sexual, concluyendo que el Colegio Juan XXIII y la Compañía de Jesús de Bolivia no actuaron en el marco de su posición garante y las obligaciones de proteger los derechos de los niños. Al contrario, vulneraron los mismos al no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir la violencia, para investigarla, repararla y sancionar a las víctimas”.

A la pena de cárcel, este mismo tribunal ratifica que la Compañía deberá pagar la “reparación de daños civiles a favor de las víctimas”. Del mismo modo, avala que se se remita a la Fiscalía boliviana una docena de otros casos de pederastia clerical que han emergido durante el proceso, en el que también hay indicios de encubrimiento, para que los investigue y “si corresponde o no abrir causa contra los mismos”. La resolución es histórica, pues es la primera vez que un tribunal condena a dos altos cargos eclesiásticos por encubrir un caso en el que el pederasta ha muerto antes de ser juzgado y cuando los delitos de abusos están prescritos.

Lee el reportaje sobre la historia de Alfonso Pedrajas, el jesuita español que admitió en sus memorias cómo agredió sexualmente de 85 menores y cómo sus superiores le protegieron

Los dos condenados (Recolons, de 81 años, y Alaix, de 83) ocuparon el puesto de provincial en Bolivia (máximo cargo de la Compañía de Jesús dentro de un país y cuyo mandato suele alargarse varios años) durante los periodos en los que más denuncias contra Pedrajas llegaron a la orden. Recolons de 1993 a 1999, y Alaix entre 1999 y 2007. El primero, además, llegó a ser el número dos de la orden en Roma, en la curia general, entre 2004 y 2012.

La voz de Alvarado se escucha feliz por el auricular del teléfono. En los últimos meses, masticaba la posible derrota y el desamparo al que estarían encaminadas las víctimas de Pedrajas. Pues, a pesar de que la orden siempre ha admitido públicamente los abusos, esta se ha negado a repararles tal y como ordena la norma canónica. Ahora, con la ratificación, ven más cerca que los jesuitas paguen una indemnización de la que aún no se ha establecido una cuantía. “Se terminó el miedo al poder de la Iglesia. Ahora prima un nuevo periodo de dignidad de la justicia, que va a permitir sentencias justas. Ojalá así sea de aquí en adelante”, dice Alvarado, portavoz de la Comunidad Boliviana de Supervivientes, la asociación nacional en la que se agrupan un gran número de víctimas de abusos en entornos clericales.

La organización de afectados cree que la rápida resolución es una consecuencia de la publicación de varios informes que piden, entre otras cuestiones, que el Parlament de Cataluña investigue a la Compañía catalana (donde procedían la mayoría de los pederastas) por encubrimiento. La ratificación del Tribunal Departamental, no obstante, puede recurrirse por las partes en un plazo de cinco días.

El caso de Alfonso Pedrajas salió a la luz gracias a una investigación de EL PAÍS, un hecho que los magistrados de la sala han recalcado a lo largo del documento. Este caso tuvo sus primeros avances en mayo de 2023, semanas después de que este periódico publicara las informaciones iniciales. El procurador general del Estado, la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y el propio presidente del Gobierno de entonces, Luis Arce, anunciaron una gran investigación. La policía registró las sedes de los jesuitas y requisaron numerosos documentos que demostraban no solo el encubrimiento del caso de Pedrajas, sino el de otros pederastas.

La defensa de los jesuitas encubridores, entre los que se encuentra el actual ministro de Defensa boliviano, Marcelo Salinas (que en el momento del juicio no ocupaba ese cargo), ha arremetido contra el trabajo periodístico, alegando que no puede formar parte de las pruebas que demuestran que tanto Alaix como Recolons protegieron a Pedrajas. Pero los magistrados no solo defienden su consistencia en el documento, sino que señalan que respalda “el testimonio de las víctimas”.

Además de restar valor a las informaciones publicadas por los medios, la Compañía se ha escudado en la prescripción del delito de encubrimiento para que el caso se archivase. Los magistrados argumentan su decisión con la ley boliviana del niño y con jurisprudencia constitucional, “que reconoce la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores”. Algunas de las sentencias que enumeran dan como hecho probado que “el silencio institucional frente a delitos sexuales constituye una forma de encubrimiento sistemático” y que el ejercido “por parte de autoridades religiosas vulnera el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas”.

Una parte del texto, de 76 páginas, es un viaje al infierno. Está el relato de algunas de las víctimas de Pedrajas, que narran cómo el jesuita acudía a sus camas por las noches, después de apagar las luces de los dormitorios comunes, para abusar de ellos. En su diario narra que agredió al menos a 85. “Hice daño a demasiados”, escribió un año antes de morir, en 2009. Pero los afectados creen que puede superar ampliamente el centenar. Pedrajas llegó a Bolivia en los sesenta (en 1964 anota su primera agresión, que luego confesaría años más tarde) y en 1971 reabrió el internado Juan XXIII en Cochabamba, donde estuvo ―incluso ocupando el cargo de director― hasta finales de los 80. Fue trasladado en varias ocasiones por otros centros, siempre en contacto con menores y novicios, aunque siempre regresaba al Juan XXIII de visita y siguió agrediendo de menores.

A comienzos de los 2000, anota en su diario como Alaix tapó las primeras denuncias. Describía el miedo que sentía a que “se descubriese el pastel” y la culpa que sentía por su “mayor fracaso personal: la pederastia”. El contenido de su diario, que los magistrados han avalado como prueba, coincide con los documentos intervenidos a la orden, como investigaciones que confirman que desde los setenta tenían denuncias contra Pedrajas. Las últimas que le llegaron estaban fechadas en 2022, cuando hacía 11 años que el jesuita había fallecido. Pero nunca hicieron nada.

Estos documentos han sido publicados por EL PAÍS junto con otros que apuntaban a más jesuitas acusados de pederastia, algunos eran españoles y habían sus crímenes ya habían sido destapados por este periódico. Un ejemplo es Luis Tó, condenado en 1992 en Barcelona por abusar de una menor. Este periódico reveló en 2019 que fue traslado después a Bolivia, pero la orden siempre mantuvo entonces que nunca estuvo en contacto con menores. Pero mintieron. Recolons (uno de los condenados) lo trasladó por varios colegios. “Hay niños hasta en la sopa”, escribió como responsable en una carta a Tó de aquella época. Todo esto bajo el visto bueno del superior general de la orden en Roma, Peter Hans Kovenback.

Una estructura de encubrimiento

Los nombres de pederastas en Bolivia destapados por este diario son una docena, como Chesco Peris, el arzobispo español en Bolivia Alejandro Mestre o Lucho Roma. Este último, al igual que Pedrajas, escribió un diario (conocidos como Los Manuscritos de Charagua) donde relataba como agredió sexualmente y fotografió a más de 70 niñas guaraníes en el poblado de Charagua a finales de los 90. En este caso, los jesuitas investigaron el caso ―el jesuita, aún vivo, lo confesó todo― pero acabaron guardando el informe en un cajón para tapar el escándalo.

Los magistrados han insistido de ello en la sentencia: “Marcos Recolons y Ramón Alaix Busquets, al ser parte de la Compañía de Jesús, no solo encubrieron hechos del pederasta, sino otros hechos de abuso sexual, que solo ponían en conocimiento de su máxima autoridad, que era el padre general de Roma, Peter Hans Kovenbach. Demostrándose así una estructura de encubrimiento que, efectivamente, Alfonso Pedrajas relata en su diario”.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes tiene juicios contra otros tres provinciales (entre los que se encuentra el actual, Bernardo Mercado), ya imputados por encubrir otros casos de pederastia. Además, dos nuevas víctimas han denunciado recientemente a Lucho Roma y la asociación espera que otras más lo hagan próximamente y contra Chesco Peris. Estos diferentes hilos se entrecruzan entre sí y forman ese gigante de mimbre al que se siguen enfrentando las víctimas de pederastia clerical del país latinoamericano.