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Nacida en Egipto, residente durante décadas en Dubái y hoy asilada en Estados Unidos, ha pasado por detenciones, vigilancia, arresto domiciliario y una campaña transnacional de persecución. Es la mujer que compartió con Khashoggi su exilio, su defensa de los derechos humanos en su Arabia Saudí natal y su enfrentamiento silencioso con los aparatos de seguridad de su país. Y es también quien, en estos días, ha pedido la publicación íntegra de una llamada que Trump mantuvo con Bin Salman justo tras el asesinato, una conversación que un diputado que la ha leído califica de «perturbadora».

Hanan Elatr relata a ABC qué le duele del discurso oficial de Trump, qué espera de Estados Unidos y por qué insiste en que revelar el contenido de esa llamada es indispensable para que, al fin, haya una mínima forma de justicia.

-¿Hay procesos abiertos o cualquier iniciativa relacionada con el asesinato de su marido, tanto en Estados Unidos como en el extranjero?

-No existe ninguna investigación activa. No hay ningún proceso en marcha que muestre al mundo que se está haciendo justicia por Jamal Khashoggi o por mí. Estoy intentando mover mi propio caso, con ayuda de mi familia, en varios países. En Estados Unidos tengo muchos registros y elementos documentales, y confío en la Justicia americana, pero por coincidencias legales no ha funcionado en mi caso. Por eso estoy centrada ahora en Europa y Canadá. Estuve 22 años como tripulante de cabina en Emirates y Etihad, y durante ese tiempo aterricé en muchos países en los que ya estaba siendo vigilada. Eso me da derecho a presentar casos en esas jurisdicciones, que es exactamente lo que estoy haciendo. Ahora mismo estoy preparando acciones legales en Francia y el Reino Unido, y buscando abogados en Turquía y Canadá, donde también quiero presentar denuncias. Turquía bloqueó mi vía legal en su momento. Intimidaron a cualquier abogado que quisiera representar a Jamal. Yo sigo intentándolo.

-Si estos países confirman que usted fue espiada ilegalmente, ¿qué podrían aportar sus sistemas judiciales?

-Tenemos pruebas concluyentes. Citizen Lab confirmó que estaba bajo vigilancia desde 2017, mucho antes del asesinato de Jamal, porque yo era la persona más cercana a él. En cuanto a los países, sus leyes son distintas a las estadounidenses: algunos permiten investigar y juzgar hechos ocurridos hace más de diez años. En Turquía, al tratarse del lugar del asesinato, debería haber margen legal, pero depende de encontrar un abogado que se atreva a asumir el caso. Estoy estudiando también Canadá y Noruega.

-Para dejarlo claro: ¿ya ha iniciado procesos en Francia y el Reino Unido?

-Sí. En Francia y el Reino Unido ya estoy en marcha. En Turquía, Canadá y Noruega sigo buscando abogados dispuestos a llevar el caso.

-Citizen Lab confirmó que usted fue vigilada…

-Absolutamente. Es definitivo. Dijeron que yo estaba siendo espiada desde 2017, y que esa vigilancia se utilizó para seguir a Jamal. Yo era la vía de acceso a él.

-¿Cómo vivió personalmente la visita de Mohamed bin Salman a Donald Trump la semana pasada?

-Primero, me dolió no tener a Jamal aquí. Él no tenía nada contra el Príncipe heredero ni contra el Reino. Pero decidieron arrebatarle la vida. Me decepcionó cómo describieron a mi marido en el Despacho Oval. Lo calificaron de «controvertido» o «no querido». Eso no refleja quién era Jamal, y tampoco justifica secuestrarlo, torturarlo, matarlo y descuartizarlo. Es un acto terrorista. También sentí alivio al ver que su nombre volvía a aparecer en todo el mundo. Han intentado enterrar su caso, pero no lo han conseguido. Su legado sigue vivo, y yo estoy aquí para mantenerlo. Me emocionó ver a periodistas como usted, como Mary Bruce [de la cadena de televisión estadounidense ABC News] y otros, intentando que su nombre no desaparezca. Les estoy agradecida.

-A pesar de la confusión de ese día, ¿tiene la sensación de que el foco mundial volvió a situarse sobre Jamal?

-Sí. Completamente. Aunque lo ocurrido en la Casa Blanca fue doloroso, lo que quedó al final fue su nombre. Lo vi en todo el mundo. Intentaron silenciarle, pero salió al revés. La gente recordó quién era y se indignó por cómo lo describieron. Fue un error grave del presidente. Ningún periodista independiente ha dicho jamás que Jamal fuera «controvertido» o «no querido».

-¿Cree que los medios siguen haciendo su trabajo en este caso?

-Sí. En la última semana he visto un respaldo enorme a Jamal, y me ha hecho sentir orgullosa. Es lo que yo temía perder: que se olvidara su sacrificio. Para mí ha sido muy importante ver que periodistas de muchos países siguen hablando de él.

-¿Cree que aún quedan cosas por conocer? ¿Hay elementos que la prensa debería seguir investigando?

-Sí. Y pido apoyo para el diputado Eugene Vindman. Él conoce el contenido de la llamada entre el presidente Trump y el Príncipe heredero en 2019. Necesitamos que se haga pública. La transcripción es esencial, también para mis casos en el extranjero. Como ocurrió con los documentos del caso Epstein, la presión periodística puede obligar a una desclasificación. Esa conversación debe conocerse.

-¿Vindman ha podido compartir algún detalle con usted?

-No. Es información clasificada. No podía hacerlo. En la rueda de prensa tampoco reveló el contenido. Por eso pedimos que la Casa Blanca desclasifique y publique la transcripción. No vemos qué puede haber en ella que requiera secreto por razones de seguridad nacional.

-¿Ha notado usted una ofensiva mediática para frenar o silenciar el caso de Jamal?

-Por supuesto. Le pondré un ejemplo: en las negociaciones del Acuerdo de Abraham impulsado por Kushner, una de las primeras exigencias saudíes fue que Estados Unidos dejara de hablar de Jamal Khashoggi. Que su caso no se mencionara. Arabia Saudí ha intentado enterrarlo usando herramientas muy poderosas: dinero, medios afines, patrocinio cultural, deportes, figuras públicas. Pero no han tomado ninguna medida real para rectificar el crimen. El Príncipe heredero dijo en televisión que asumía la responsabilidad, pero no ha hecho nada. No me ha pedido perdón. No me ha compensado por la destrucción de mi vida. No ha liberado a los presos de conciencia, salvo un caso reciente porque tenía pasaporte estadounidense. Mi propio abogado en Arabia Saudí está desaparecido desde hace tres años por representarme. Nada de esto es una rectificación.

-¿Qué sería suficiente para usted?

-Una disculpa oficial. Una compensación justa. La liberación de presos de opinión. Y algo más: tolerancia. Escuchar otras voces. Y dejar de perseguir a quienes intentan ayudarme. Eso demostraría un cambio real. Nada de eso ha ocurrido.

-Muchos siguen preguntándose por qué hicieron esto a su marido. ¿Por qué cree usted que lo eligieron a él?

-No lo sé. Me lo pregunto cada día. Jamal estaba dispuesto a volver al país si le garantizaban seguridad. Lo habló muchas veces conmigo. Creo que el entorno del Príncipe heredero -no necesariamente él- le transmitió información falsa. Intereses, celos, intolerancia. Estoy convencida de que el Príncipe nunca leyó realmente los artículos de Jamal. En una entrevista hace dos años dijo que no había leído nunca una columna suya. Y le creo. Si hubiera leído lo que escribía, si hubiera entendido su visión, le habría invitado a hablar. Jamal quería un futuro mejor para su país. Fue eliminado por personas que no toleraban una opinión distinta.

Las elecciones presidenciales se celebran este domingo, con más de seis millones de votantes convocados a elegir presidente, Congreso y alcaldías. El promedio de encuestas sitúa al opositor Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en primer lugar con 37% de intención de voto; seguido por Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, con 29%; y Rixi Moncada del oficialista Libre, con el 27%.

Y Trump ha salido abiertamente en redes sociales a defender a Asfura. Desde su residencia en Mar-a-Lago subrayó que será «muy solidario» con Honduras si gana el candidato que él respalda, y que, si no gana, Washington no volverá a invertir recursos «para apoyar a un mal líder». Vinculó a la candidata de izquierdas Rixi Moncada, que fue ministra de Finanzas y Defensa, al chavismo y el castrismo.

Además, anunció que concederá un indulto total al expresidente de este país, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por cargos de tráfico de cocaína y armas. Se trata de la intervención de la mayor potencia continental en favor de un candidato y en defensa de un exmandatario declarado culpable por la justicia estadounidense.

Hernández, el ahora indultado, del mismo Partido Nacional, gobernó Honduras entre 2014 y 2022, y fue detenido en febrero de 2022 por la policía hondureña a petición de Washington. Menos de dos meses después fue extraditado en un operativo que incluyó a agentes de la DEA. Se le acusó de haber construido durante años un sistema de protección a grandes capos del narcotráfico, de haber recibido sobornos por millones de dólares —incluido, según los fiscales, un millón entregado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán— y de haber facilitado el envío de al menos 400 toneladas de cocaína hacia EE.UU.

Un jurado federal lo declaró culpable en marzo de 2024 y un juez le impuso una pena de 45 años, que ahora cumple. La investigación que lo derribó se desarrolló en gran medida durante el primer mandato de Trump, aunque su extradición y juicio ocurrieron bajo la Administración de Biden.

Trump justificó el indulto en términos personales y políticos. «Juan Orlando Hernández ha sido tratado de manera muy dura e injusta», afirmó en un mensaje en su red social. «Le otorgaré un perdón total y completo». En otro mensaje añadió: «¡Felicidades por tu próximo perdón!». Y añadió una versión modificada de su lema: «¡Make Honduras Great Again!», «¡Haced Honduras grande de nuevo!».

Las elecciones en Honduras suelen desarrollarse en un clima convulso. En 2009 el país sufrió un golpe de Estado que marcó toda la década siguiente. En 2017, la reelección de Juan Orlando Hernández estuvo rodeada de denuncias de manipulación del escrutinio y derivó en protestas masivas y en una crisis de legitimidad que dejó decenas de muertos. En 2021, Xiomara Castro ganó la presidencia con una amplia movilización social, pero también en medio de un sistema electoral cuestionado y de tensiones entre instituciones.

Fraude e irregularidades

Las primarias de marzo de este año, concebidas como una especie de primera vuelta, profundizaron las dudas. Estuvieron plagadas de denuncias de fraude e irregularidades después de que el ejército, encargado de la distribución del material electoral, fallara en la entrega de urnas y actas en numerosos centros de votación. Ese episodio deterioró aún más la confianza en el proceso y dejó abierta la posibilidad de nuevas disputas el día de las elecciones.

En periodo electoral, el Ejército queda bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y asume la logística de la votación. Pero sectores opositores temen que la cúpula militar termine alineándose con el Gobierno, dado que la presidenta Xiomara Castro ejerce también como ministra de Defensa. En un mensaje difundido en vísperas de la votación, Castro afirmó: «Mi responsabilidad es garantizar tranquilidad, transparencia y respeto absoluto a la voluntad popular, para que continúe la refundación y el desarrollo de nuestra nación».

Trump abre ahora una situación inédita. Apoyo expreso a uno de los opositores y un condicionamiento abierto de cualquier ayuda a su victoria, aunque las encuestas no lo den como ganador. Es Honduras, un país de 10,6 millones de personas, una de las principales fuentes de emigración hacia EE.UU., en gran parte irregular. En los años de Biden, unos 200.000 hondureños al año trataban de ingresar en el país. Decenas de miles han sido deportados con Trump con la cooperación de Castro.

El miércoles Trump presentó a Asfura, de orígenes palestinos, como la única opción para impedir lo que llama «narcoterrorismo», en referencia a la izquierda hondureña y en especial al círculo de la presidenta Castro y del expresidente Manuel Zelaya,aliado de los Castro y de Hugo Chávez. «Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y llevar ayuda a Honduras», escribió.

Asfura, que ha buscado activamente apoyo en Washington, celebró el gesto de Trump. La candidata oficialista, Moncada, denunció a quienes «desde el exterior buscan revivir criminales» y acusó a «élites financieras» de «mover hilos en Washington». La presidenta Castro simplemente animó a votar como gesto de «resistencia».

El Departamento de Bomberos explicó este miércoles que «el viento dispersó escombros y piezas de andamios en llamas hacia los edificios vecinos, extendiendo el fuego a siete de los ocho bloques del complejo». Pese al uso generalizado de andamios metálicos en otros lugares, incluida China continental, Hong Kong sigue utilizando los de bambú.

El complejo, de 42 años y en proceso de renovación desde julio del año pasado, había recibido quejas por trabajadores que fumaban en la zona de obras. La Policía de Hong Kong señaló que no descarta un «caso criminal» y que investigaría «posibles indicios de delito».

Además, la magnitud de la tragedia se vio amplificada por la estructura de alta densidad del complejo, inaugurado en 1983. Según el censo de 2021, el complejo albergaba 4.643 residentes en total, de los cuales el 36,6% tenía más de 65 años, un factor que habría dificultado la evacuación.

El bambú, en el centro del debate

Gracias a su fortaleza y elasticidad, el bambú es usado ampliamente en todo tipo de obras en Hong Kong. En unos pocos minutos, los operarios levantan andamios anudando los extremos de los troncos en forma de una red de escaleras, que va ascendiendo en el cielo hasta alturas de vértigo.

Aunque pueda parecer extremadamente frágil, este material es capaz de soportar el peso de los trabajadores y aguantar grandes cantidades de materiales de construcción colocados sobre los tablones que se asientan sobre esta tupida estructura de madera.

En marzo, el gobierno de Hong Kong anunció su retirada progresiva y la obligación de usar andamios metálicos en el 50% de las obras públicas de construcción. Aun así, este año se han registrado al menos tres incendios relacionados con el material tradicional.

La Policía de Hong Kong ha detenido a dos directores y un consultor externo de la empresa que realizaba las renovaciones por presunto homicidio involuntario. También está inspeccionando si «lonas, plásticos y redes de protección» instalados cumplían la normativa, y si la espuma de poliuretano empleada en la fachada había actuado como acelerante de la propagación del incendio.

Raffaella Endrizzi, arquitecta y profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad China de Hong Kong, ha señalado que el bambú, como material, es naturalmente resistente a la ignición debido a su alto contenido de humedad, lo que ralentiza la combustión: «Cuando se cumplen las condiciones adecuadas, el bambú no se comporta como los materiales sintéticos u otros elementos no conformes que parecen haber acelerado el incendio».

«El bambú siempre contiene mucha humedad y, por eso, evita el fuego y es más difícil de quemar. Tendría que estar extremadamente seco para prenderse», explica Endrizzi, quien tampoco descarta esa posibilidad: «El andamio ha estado instalado desde julio del año pasado, así que no sé hasta qué punto pudo haberse secado. Pero creo que la causa principal fue la red de protección, no el bambú».

Un símbolo cultural bajo cuestionamiento

La tragedia también ha reabierto un debate cultural profundo. Para muchos hongkoneses, los andamios de bambú son un símbolo identitario y un oficio transmitido durante generaciones.

El artista chino Song Dong, teme que el trauma provocado por el incendio marque un punto de inflexión y lleve a replantear una «tradición» que durante décadas se consideró práctica, sostenible y emblemática de Hong Kong: «Siempre hemos admirado cómo Hong Kong ha mantenido su cultura de usar andamios de bambú. Pero nuestra visión del mundo cambia con el tiempo, y este puede ser uno de esos momentos en que empecemos a pensar de manera diferente sobre estos andamios. No se trata solo de su seguridad, sino también del trauma con el que ahora se asocia».

La imponente silueta carbonizada de los bloques se confunde en la noche, no así los focos todavía activos, aunque controlados, en las plantas más altas, de los que se desprende un humo que envuelve la calle en un intenso olor a quemado. La calle está tomada por efectivos policiales y decenas de camiones de bomberos, que bombean agua sin descanso gracias a mangueras elevadas.

La urbanización consta de ocho edificios de 31 plantas y 90 metros de altura, hogar de unas 4.500 personas según el censo gubernamental. Una construcción colosal, como lo es también la desgracia: las últimas cifras oficiales hablan de 83 fallecidos y 76 heridos, las cuales seguirán aumentando a medida que avancen las labores de rescate.

El cuerpo de bomberos no ha cuantificado los desaparecidos, que en horas previas se contaban por cientos. En su última actualización se ha limitado a apuntar que 296 de las 346 llamadas de auxilio han sido solucionadas, lo que deja 50 en el limbo.

Entretanto, los nombres sin cuerpo y los cuerpos sin nombres se buscan unos a otros a la vuelta de la esquina, en el Pabellón Comunitario de Kwong Fuk. Allí aguardan identificación las fotografías de los cuerpos encontrados, y aquellos que buscan a sus seres queridos acuden, aferrándose a la suerte entre tanta desgracia. «La mayoría de los familiares vinieron a mediodía», comenta circunspecta una persona involucrada en las operaciones del lugar, al que no tienen acceso los medios de comunicación. «Hay muchas imágenes de niños».

Corrupción fatal

El incendio comenzó poco antes de las tres de la tarde (hora local) de este miércoles, y en menos de tres horas se había propagado a siete de los ocho bloques, inmersos en un proceso de renovación desde julio del año pasado. Las autoridades destacaron desde el primer momento que las llamas se propagaron a una velocidad «inusualmente» rápida, lo que alimentó las sospechas.

Estas han iniciado una investigación criminal que ya ha detenido a tres personas: dos directores de la empresa responsable de las reformas, Prestige Construction and Engineering, y un consultor relacionado con el proyecto, quienes están acusados de homicidio imprudente.

Las pesquisas iniciales apuntan que la empresa habría empleado espuma de poliestireno, altamente inflamable y no homologada, en el sellado de las ventanas y el revestimiento de los ascensores, lo que habría facilitado la expansión del fuego por los pasillos hasta las viviendas. La malla exterior tampoco cumplía con los estándares, por lo que el andamiaje de bambú ardió con facilidad. Las alarmas antiincendios, además, estaban apagadas.

«Lo sucedido es fruto de una cadena de negligencias», explica a ABC un experto local del sector, que prefiere mantener el anonimato por prudencia. «Al ver las imágenes es evidente que la malla no tenía efectos retardantes, un fallo crítico. Las alarmas pueden desactivarse durante las obras, pero solo de manera temporal, en zonas específicas y con permiso de los bomberos».

Todo ello apunta a una mala praxis por parte de la empresa. «A veces se usan materiales que no cumplen con los estándares para recortar gastos», añade. Esto, pese a que el proyecto de renovación estaba presupuestado en 300 millones de dólares hongkoneses (33 millones de euros), una cantidad que motivó protestas por parte de los vecinos.

«Solo unas pocas empresas en Hong Kong hacen este tipo de trabajos y siempre con la mediación de las mismas consultoras. Todo el mundo sabe que hay acuerdos por debajo de la mesa», incide. La firma Prestige Construction and Engineering ya había sido sancionada hasta en dos ocasiones por vulnerar los requisitos de seguridad en otras obras, según ha revelado el diario local ‘South China Morning Post’.

Sin embargo, el origen específico del fuego todavía no se ha dilucidado. Varios vecinos han asegurado haber visto a algunos operarios fumando y arrojando las colillas. «Un cigarrillo mal apagado podría bastar, no había supervisión suficiente», concluye el especialista.

Solidaridad ciudadana

Pero si el complejo residencial de Wang Fuk es escenario del horror, el exterior ofrece su reverso: la solidaridad de una ciudad volcada con las víctimas. La plaza adyacente se ha convertido en un despliegue comercial sin transacción alguna. Los vecinos han ido depositando todo tipo de objetos para los afectados: maletas, jaulas para mascotas y una montaña de ropa que los voluntarios ordenan por tallas. Dos veinteañeras sujetan sendos carteles de cartón escritos a mano: «90-160 centímetros», «prendas para niños».

Entre montón y montón se mueven a toda velocidad jóvenes voluntarios cargados con cajas de víveres y objetos de primera necesidad. Es el caso de Jade, Nick y Macy, tres estudiantes universitarios que vieron la convocatoria a través de la red social Telegram y que esta tarde se han dedicado a traer comida desde un McDonald’s cercano. «Es lo mínimo que podemos hacer para ayudar», señalan.

El auxilio abarca desde lo burocrático, un punto de atención para los damnificados que han perdido sus documentos de identidad, hasta lo espiritual. Una mujer reparte bendiciones mientras sostiene un folio impreso que reza: «Jesús entiende tu dolor».

Las fuerzas de seguridad han ordenado desalojar el edificio contiguo ante el riesgo de que las torres se derrumben. El experto consultado por este medio considera que es una posibilidad poco probable, dada la densa capa de hormigón que blinda la estructura, pero todos los vecinos han abandonado ya sus hogares. Entre ellos se cuenta la madre de Fred, quien no ha tenido que desplazarse a un refugio pues ha podido encontrar acomodo en casa de este.

Las viviendas de la familia se han convertido en concurrido albergue, pues acogen también al pastor de su iglesia, quien residía en uno de los bloques incendiados junto a su mujer y su hijo. «El incendio fue por la tarde, cuando la mayoría de los vecinos estaban fuera, de haber sido de noche hubiera sido un desastre aún mayor», comenta Fred, quien regresa apresurado a casa para atender a sus invitados.

«Tuvieron mucha suerte, el chico estaba en el colegio, él trabajando y ella haciendo recados», apunta antes de despedirse. «Lo han perdido todo, pero se consideran afortunados. A diferencia de muchos de sus vecinos, están todos sanos y salvos».

Dirigiéndose a la Vigésimo sexta brigada de infantería de marina en Varces (Isère), en la región de Auvergne-Rhône-Alpes, el presidente de la República hizo un análisis global de la seguridad y defensa francesa, en el «teatro» europeo, subrayando la gravedad de las amenazas crecientes y la necesidad de respuestas nacionales.

Aludiendo a Ucrania y la guerra neocolonial de la Rusia de Vladímir Putin, Macron insistió en la gravedad del proceso histórico en curso: «Asistimos a la aceleración y endurecimiento de las amenazas contra nosotros». Jefe de Estado de la primera potencia nuclear europea, Macron parece estimar que la «evolución» de las amenazas requiere un nuevo modelo militar del Estado.

Ese nuevo modelo, en curso de gestación, contará con nuevos recursos financieros. La nueva ley de programación militar para el año que viene confirmará un incremento de 2.000 millones de euros de los presupuestos de seguridad/defensa para el periodo 2026-2030. Recursos que podrán continuar creciendo al ritmo de la eventual evolución de la amenaza. Los déficits del Estado y la deuda pública atraviesan una crisis sin precedentes. Pero Macron considera urgente e imprescindible consagrar más recursos económicos a la defensa.

El nuevo modelo nacional de seguridad y defensa se verá reforzado, al mismo tiempo, con la instauración del servicio militar voluntario, de hombres y mujeres de 18 y 19 años, a partir del verano de 2026, con tres objetivos:

El primero, «reforzar el pacto nacional entre la Nación y sus ejércitos». Principio de carácter moral y eminentemente práctico. Tras la supresión del servicio militar en 1997 como consecuencia del declive de la antigua amenaza de la URSS, Macron estima que es necesario restaurar la relación íntima entre la sociedad y las nuevas amenazas, comenzando por la Rusia de Putin.

En segundo término, «reforzar la capacidad de resistencia de nuestra Nación». Los activos de los tres ejércitos, Tierra, Mar y Aire, suman un total de 264.000 soldados y 62.500 reservistas. Macron estima que es imprescindible incrementar de manera significativa esos activos para afrontar nuevas amenazas bien próximas en Europa.

Por último, «consolidar la formación de nuestros jóvenes». A juicio de Macron, se trata de un capítulo esencial para el futuro de la seguridad nacional: introducir a los jóvenes, a través del voluntariado, de entrada, a los grandes problemas donde está en juego la seguridad de la Nación.

A partir del verano de 2026, las autoridades militares comenzarán por elegir a 3.000 primeros voluntarios, hombres y mujeres, que comenzarán recibiendo un salario de 900 a 1.000 euros mensuales. Durante los cuatro años siguientes, serán elegidos otros 10.000 voluntarios. Hacia 2035, 50.000 jóvenes voluntarios estarán integrados en el nuevo sistema de seguridad nacional. Se trata de cifras «aproximativas», que podrán evolucionar en función de las amenazas potenciales.

Sólo en territorio nacional

Los nuevos voluntarios estarán consagrados, esencialmente, a tareas de seguridad y defensa en territorio nacional. Macron hizo una precisión importante: los nuevos soldados voluntarios no serán enviados fuera de las fronteras nacionales, no serán enviados a Ucrania. Se trata de un detalle ultrasensible. El proyecto macroniano de creación de un nuevo modelo de seguridad y defensa nacional culmina, en la cúspide del Estado, una reflexión nacional que tiene muchos otros defensores, civiles y militares.

Economistas de referencia, Hélène Rey, Moritz Schularick y Philipp Hildebrand han publicado un ensayo alarmante que culmina con esta reflexión: «Ante la guerra en su frontera oriental, el debilitamiento de las relaciones trasatlánticas y el crecimiento de los regímenes autoritarios, la Unión Europea vive una encrucijada estratégica. Si desea preservar su independencia, la Unión debe reforzar sus capacidades de defensa. Si no toma decisiones, Europa será vulnerable a las presiones y amenazas exteriores. Y, en definitiva, el proyecto europeo y sus valores fundamentales, la libertad y la democracia, estarán amenazados».

«Europa se juega su destino»

El general Pierre Schill, jefe de Estado mayor del Ejército de Tierra, insiste, por su parte, en la «evolución inquietante» de las amenazas que se ciernen sobre Francia y Europa: «Europa es nuestra primera ambición y nuestra primera inquietud. Hemos entrado en un mundo en el que el recurso a la fuerza militar parece normal para algunas grandes potencias. Asistimos al retorno de los imperios. Ante un imperio con ambiciones, como la Rusia de Putin, el resto de los estados son vasallos o enemigos. Europa se juega su destino ante esa evidencia. Europa debe asumir y defender su destino, con sus aliados, prestos a defender colectivamente su seguridad».

El general Fabien Mandon, jefe de Estado mayor de los ejércitos, ha resumido la inquietud colectiva nacional con muchas complicidades europeas, con esta sentencia alarmante: «Debemos estar dispuestos a afrontar un choque militar directo con Rusia en un plazo de dos, tres o cuatro años».

En las primeras horas las declaraciones iniciales apuntaban que las llamas se habían expandido a una velocidad «inusualmente» rápida. Las primeras hipótesis apuntaban al andamiaje de bambú que rodeaba los edificios, pues estos estaban inmersos en un proceso de renovación desde julio del año pasado, pero pronto se hizo notar la presencia de poliestireno expandido en el revestimiento.

La empresa en cuestión, Prestige Construction and Engineering Company, todavía no ha emitido comunicado oficial alguno y su sede estaba hoy cerrada, según han comprobado medios locales.

La Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong ha creado un grupo de trabajo para investigar la posible corrupción relacionada con el incendio. «En vista del enorme interés público que suscita el caso, la ICAC ha creado hoy un grupo de trabajo para iniciar una investigación exhaustiva sobre la posible corrupción en el gran proyecto de renovación de Wang Fuk Court en Tai Po», afirma un portavoz de la agencia anticorrupción.

El incendio, uno de los peores en la historia del territorio, deja de momento al menos 83 muertos y hasta 279 desaparecidos. Además, 16 de los 68 heridos están en estado crítico y hay 900 vecinos desplazados. Muchos de ellos han tenido que pasar la noche al raso dado el desbordamiento de los refugios cercanos.

El fuego comenzó en la tarde este miércoles en un complejo residencial de ocho edificios en el distrito septentrional de Tai Po, cerca de la frontera con China continental. A primera hora de esta mañana (hora local) los focos en cuatro de los bloques estaban por fin bajo control al cabo de diez horas de esfuerzos, mientras que uno ha permanecido a salvo.

Desastre creciente

El servicio de bomberos ha movilizado 767 efectivos, 128 camiones y 57 ambulancias. El diseño característico de los edificios en Hong Kong, altas y espigadas torres, ha condicionado las labores de rescate y habría imposibilitado que algunos vecinos abandonaran sus residencias a tiempo. La mayoría de los residentes son ancianos y personas de mediana edad, según datos del censo hongkonés.

El jefe del Ejecutivo local, John Lee, ha descrito lo sucedido como una «catástrofe masiva» y ha anunciado el retraso de las elecciones al Consejo Legislativo, previstas para el próximo 7 de diciembre, así como la suspensión de las actividades de campaña.

El líder chino Xi Jinping, por su parte, ha expresado sus condolencias por medio de un comunicado oficial y ha instado a realizar «un esfuerzo total» para minimizar las víctimas y los daños materiales. Magnates como Li Ka-shing o Jack Ma, han realizado cuantiosas donaciones para colaborar en las tareas de rescate.

Rusia se pronuncia así después de que las filtraciones sobre una conversación entre Witkoff y el asesor jefe de Vladímir Putin, Yuri Ushakov, expusiera la sintonía del enviado norteamericano con su contraparte rusa. Para el Kremlin, la noticia dada a conocer por Bloomberg responde a un intento inaceptable de hacer descarrilar los esfuerzos de paz y lo consideró un episodio de guerra híbrida, según apunta Reuters.

Entre tanto, el presidente ruso recibió este miércoles en Biskek, la capital de Kirguistán, una oferta de mediación de su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko. Este propuso que Minsk fuera la sede de nuevas negociaciones de paz, como ya sucedió en 2014 para firmar la paz entre las milicias prorrusas del Dombás y Ucrania. «Si usted tiene el deseo de volver a Minsk (para negociar) de nuevo, siempre estamos listos», apuntó el líder bielorruso.

«Mantenemos diálogos tanto con los occidentales como con los estadounidenses», declaró Lukashenko. «Espero que todo salga bien (…). Si los estadounidenses se comportan (ya lo diré públicamente lo que les dije) con cautela, entendiendo que es un asunto difícil y que requiere decisiones difíciles», añadió. Putin respondió que, a su parecer, «existe tal comprensión». Para Moscú, el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump responde a buena parte de las inquietudes rusas, pero hay puntos que no convencen al Kremlin.

Minsk es actualmente el aliado más cercano de Moscú, tanto que incluso se rumorea que en el futuro ambos países se unan en uno solo. Actualmente ya están en el Estado de la Union, una suerte de unión confederal que facilita el tránsito de personas y mercancías.

Aliado clave en la guerra de Ucrania

Tan cercana es su relación que Bielorrusia ha sido una pieza clave para la guerra contra Ucrania (las tropas que buscaban llegar a Kiev en 2022 salieron de este país) e incluso se ha teorizado que podría entrar en el conflicto como aliado de Rusia. Lukashenko ha hecho todo lo posible para evitarlo, pero seguirá apoyando a su «hermano mayor» Putin, tal como se ha referido a él alguna vez.

Ambos líderes se reunieron en Kirguistán, una república exsoviética cercana a Rusia políticamente. La principal misión de Putin en este país era fortalecer el vínculo con Biskek y por ello firmó una declaración conjunta del fortalecimiento de la cooperación.

Todo ocurrió en segundos

Los soldados intentaron cubrirse mientras agentes federales y policías vestidos de negro se abalanzaban sobre el tirador. Fue reducido en plena calle, inmovilizado sobre el asfalto y trasladado desnudo en una camilla a un hospital cercano. Varias manzanas quedaron acordonadas y los equipos de emergencia ocuparon, en minutos, una de las zonas más transitadas de la capital: un corredor de oficinas federales, hoteles y accesos al perímetro presidencial por el que pasan a diario miles de funcionarios y periodistas.

La alcaldesa, Muriel Bowser, calificó la agresión como «un tiroteo dirigido». Un responsable policial apuntó que, por ahora, todo indica que se trata de la acción de «un único atacante», un lobo solitario capaz de sembrar el caos en uno de los lugares más vigilados —y teóricamente más seguros— del país.

El tiroteo ha puesto a prueba un dispositivo que Donald Trump desplegó en agosto, cuando declaró una emergencia por crimen y ordenó sacar a más de 2.300 guardias nacionales a patrullar avenidas, estaciones y cruces estratégicos. Durante semanas, el presidente sostuvo que esa presencia militar había reducido drásticamente los índices de delincuencia. Defendía que homicidios y robos retrocedían gracias a la visibilidad constante de los uniformados.

Pero el ataque, ocurrido en plena festividad de Acción de Gracias mientras Trump descansaba en su mansión de Florida, devolvió a la ciudad a la realidad: esos jóvenes soldados, ya convertidos en parte del paisaje urbano de Washington, también pueden ser objetivo. La imagen de dos guardias nacionales abatidos, sangrando en plena calle y a escasos metros de la Casa Blanca, ha sacudido a la capital y a un país que, pese al despliegue excepcional, no logra blindar ni siquiera a quienes patrullan su corazón institucional.

La reacción fue inmediata

El secretario de la Guerra, Pete Hegseth, ordenó el envío de otros 500 efectivos a la ciudad, pese a que una jueza federal dictaminó la semana pasada que el presidente no puede emplear a la Guardia Nacional para tareas de control del crimen sin el consentimiento del Distrito de Columbia. Su resolución quedó temporalmente suspendida durante tres semanas, y debía entrar en vigor el 11 de diciembre.

Ha habido resistencia política al despliegue, especialmente entre los demócratas, pero su margen de maniobra es escaso: en la capital federal el presidente puede movilizar tropas y agentes federales sin autorización local, y Trump lo ha hecho. La alcaldesa Bowser, sin herramientas legales para impedirlo, ha acatado las órdenes. Este miércoles se presentó en la escena del ataque junto al director del FBI.

El director de ese Buró Federal de Investigación, Kash Patel, aseguró en la lugar de los hechos que los dos miembros de la Guardia Nacional no han muerto, aunque permanecen en estado crítico. Añadió que el sospechoso será acusado de agresión contra un oficial federal.

La confusión sobre el estado de las víctimas marcó la tarde

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, afirmó en un primer comunicado que ambos militares habían fallecido, dado que pertenecen a la Guardia Nacional de ese estado y estaban desplegados en Washington desde septiembre. Horas después rectificó: «Estamos recibiendo informes contradictorios sobre su estado. Ofreceremos más información cuando contemos con datos completos. Nuestras oraciones están con estos valientes, con sus familias y con toda la comunidad de la Guardia».

Tras el tiroteo, la Casa Blanca activó la alerta roja, el nivel reservado para amenazas directas contra la vida. Más tarde la rebajó a naranja, un estatus de «riesgo alto» que mantiene al Servicio Secreto preparado para evacuar a quien sea necesario. Como Trump, sus principales asesores no estaban en el complejo presidencial por el descanso de Acción de Gracias.

La investigación continúa abierta. Washington permanece bajo una tensión que no vivía desde hace años, marcada por un despliegue inédito, un pulso político por el control de la seguridad y la constatación de que, incluso con miles de uniformados en las calles, la capital sigue expuesta a este tipo de agresiones.

El Gobierno conservador sostiene que es fundamental recordar este aniversario porque, según afirma el ministro de Defensa, Nuno Melo, permitió «consolidar la democracia y evitar que el país cayera en la guerra civil». El Ejecutivo organizó varios actos conmemorativos y una exposición en el Museo de la Marinha con documentos inéditos de aquel año y medio de convulsión política y militar. «Muchas personas que nacieron después no tienen memoria vivida de lo que ocurrió», señaló Melo a ABC al inaugurar la muestra.

En cambio, el Partido Comunista Portugués ha decidido no participar en ninguna ceremonia oficial. Rechazan frontalmente que el 25 de noviembre pueda colocarse al mismo nivel que el 25 de abril, la fecha histórica que puso fin a casi medio siglo de dictadura salazarista, abrió el camino a la descolonización en África y devolvió la libertad a Portugal. Para el PCP, la comparación supone «diluir la importancia fundacional» de la Revolución de los Claveles.

La división política se refleja también en el discurso del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha manifestado dudas sobre el formato militar previsto para celebrar la efeméride en la Plaza del Comercio, calificándolo de «regreso al pasado». El propio concepto de conmemoración está en entredicho: mientras la derecha defiende recordarlo como una fecha clave de estabilidad, la izquierda insiste en que no debe festejarse un día que, según ellos, «divide más de lo que une».

Pese a las discrepancias actuales, los historiadores coinciden en que el periodo comprendido entre abril de 1974 y noviembre de 1975 fue uno de los más turbulentos del país. Fue una época marcada por tensiones ideológicas, nacionalizaciones masivas, reforma agraria y una sucesión de golpes y contragolpes militares. En el llamado ‘Verano Caliente’ de 1975 se multiplicaron los ataques; «incluso la Embajada de España en Lisboa fue objeto de un atentado», recuerda Nuno Melo.

El 25 de noviembre quedó fijado en la memoria colectiva como el día en que los militares moderados frenaron lo que consideraban un posible golpe de extrema izquierda. Esa tesis sigue siendo rechazada por la denominada «izquierda militar», que resultó derrotada y sostiene que la amenaza nunca existió.

El fotoperiodista João Marques Valentim recuerda que no durmió en la noche del 24 al 25 de noviembre. Estaba con los agricultores, retenido en Rio Maior, en la carretera entre Oporto y Lisboa, que permanecía cortada. Cuando alrededor de las cinco de la madrugada se reabrieron las comunicaciones, se dirigió a la capital y fue fotografiando los acontecimientos para el periódico de la época ‘A Luta’. «Vi la columna de militares liderada por el capitán Salgueiro Maia en la carretera de Santarém. Después, los vehículos militares en la plaza del Rossio. Por último me dirigí al Palacio de Belém, donde presencié el ataque al cuartel de la Policía Militar, en el que hubo heridos y algún muerto», recuerda el fotógrafo.

Los hechos se desencadenaron cuando las unidades de paracaidistas se sublevaron en protesta por la amenaza de disolución de su regimiento. Ocuparon varias bases aéreas, lo que sirvió de justificación para activar el dispositivo militar que los moderados llevaban meses preparando. El operativo, dirigido por el entonces teniente coronel Ramalho Eanes, sofocó la insurrección. Aquella tarde se decretó el Estado de sitio en Lisboa, algo inédito en la historia portuguesa contemporánea.

50º aniversario

Con ocasión del 50º aniversario de la fecha, el Ministerio de Defensa ha preparado un documental con archivos históricos proporcionados por la televisión lusa RTP, en el que se incluye una entrevista con Ramalho Eanes, uno de los protagonistas del episodio y que más tarde sería elegido presidente de Portugal. En su testimonio, Eanes afirma que «existían dos grupos –uno radical y revolucionario, y otro moderado– y, aunque hubo varias conversaciones, quedó claro que no había conciliación posible». Según él, el clima de inseguridad era tal que «la mayoría de los ciudadanos portugueses solo querían que se restableciera el orden», convencidos de que un triunfo radical podía «poner en riesgo la libertad y la democracia prometidas por abril».

Las conmemoraciones oficiales culminan este martes con una sesión solemne en el Parlamento portugués, donde la derecha ha insistido en que la decoración floral sea equivalente a la del 25 de abril, pero sustituyendo los tradicionales claveles rojos por rosas blancas. Para los partidos conservadores, esta fecha merece un reconocimiento similar porque, en palabras de Melo, «salvó a Portugal de una posible guerra civil». La izquierda, sin embargo, mantiene que la comparación es «inaceptable» y que el 25 de noviembre no puede ocupar el mismo lugar simbólico que la Revolución de los Claveles.

Por ahora, el 25 de noviembre no es festivo nacional –a diferencia del 25 de abril–, pero la discusión sobre si debe convertirse en una fecha oficial o incluso en un nuevo día nacional de celebración sigue abierta medio siglo después.

Tanto el Gobierno de Kiev como la Casa Blanca tratan de proyectar optimismo sobre el acuerdo, pese a que, en los puntos más complicados, las posiciones entre Ucrania y Rusia aparentan estar tan distanciadas como siempre.

Por el lado ucraniano, el secretario de seguridad nacional y mano derecha de Zelenski, Rustem Umerov, defendió que las delegaciones de su país y de EE.UU. «han llegado a un entendimiento común en lo que tiene que ver con los términos del acuerdo discutido en Ginebra». Lo decía en referencia a las conversaciones durante el pasado fin de semana en la ciudad suiza, donde se encontraron con los negociadores jefe de EE.UU.: el secretario de Estado, Marco Rubio, y Steve Witkoff.

A la vez, el Gobierno de Kiev filtraba declaraciones esperanzadoras a la prensa, asegurando que Ucrania había aceptado el plan de EE.UU. y que «en esencia» los dos países están de acuerdo.

«Durante la última semana, EE.UU. ha conseguido grandes progresos hacia un acuerdo de paz, trayendo a la mesa de negociación tanto a Ucrania como a Rusia», aseguró por su lado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. «Quedan unos pocos detalles delicados, pero no insuperables, que deben ser solucionados y que requieren de más conversaciones entre Ucrania, Rusia y EE.UU.».

Las declaraciones desde Kiev y Washington parecían buscar calentar la posibilidad de un acuerdo elusivo, por el que Trump batalla desde que regresó a la Casa Blanca en enero y que solo le ha provocado frustración.

El plan queda reducido a 19 puntos

Porque las piezas del tablero no parecen haberse movido de forma decisiva en las últimas horas. El plan de 28 puntos que Trump presentó a los ucranianos la semana pasada –y bajo el que impuso el plazo de Acción de Gracias– era muy favorable a Rusia, había sido diseñado de la mano de Moscú y para muchos ucranianos era sinónimo de capitulación. Incluía cesiones territoriales importantes y el adiós definitivo a la OTAN, entre otros.

Ese plan de 28 puntos quedó reducido a un plan de 19 puntos tras las conversaciones «productivas» en Ginebra entre EE.UU. y Ucrania. Pero ese plan, en esencia, omitía los asuntos más complicados y que hasta ahora han impedido la paz. De nuevo, la cuestión territorial o el eventual ingreso en la OTAN. Es decir, era una patada de despeje en los puntos que más separan a las partes.

Rusia, por el momento, no parece haber cambiado su posición para nada. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que «no hay nada nuevo de lo que informar» sobre las negociaciones. El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, insistió en que cualquier enmienda al plan de 28 puntos tiene que reflejar el «espíritu y la letra» de las conversaciones que Vladimir Putin y Trump tuvieron en agosto en Alaska, donde el presidente de EE.UU. pareció asumir las posiciones de su homólogo ruso para el fin de la guerra.

Las conversaciones siguen en marcha en diferentes planos. En Abu Dabi, el secretario del Ejército de Tierra de EE.UU., Daniel Driscoll, se reunía este martes con una delegación rusa. Por el lado europeo, la llamada Coalición de Voluntarios, cada vez más descolocada en el proceso, mantenía una videoconferencia para analizar la marcha de las negociaciones.

Al final, el proceso solo se acelerará con la negociación directa con quien más presión puede poner para la consecución del acuerdo. El jefe de Gabinete de Zelenski, Andrei Yermak, aseguró este martes que Zelenski quiere un encuentro con Trump esta misma semana, durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Necesita convencer al presidente de EE.UU. de que el obstáculo para la paz es Putin, no él, y que la presión debe ser ejercida sobre Rusia, no sobre Ucrania. La Casa Blanca, por el momento, no confirma que haya una visita planeada. Trump tenía previsto viajar este martes por la noche a Florida para disfrutar allí de la gran fiesta anual en EE.UU.