Donald Trump volvió a encontrarse esta semana con un límite procedente de una institución que él mismo contribuyó decisivamente a transformar. El presidente de EE UU arremetió el martes contra el Supremo después de que los magistrados rechazaran su intento de introducir nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre. Tres de los nueve miembros del tribunal fueron nombrados por Trump en su primer mandato.
«Estas no son las personas que entrevisté para servir en el Tribunal Supremo», escribió Trump en Truth Social, en un mensaje dirigido contra algunos de los magistrados que rechazaron la petición de su Administración. El presidente acusó además a «ciertos jueces» de dejarse presionar por la izquierda y reservó sus elogios para Samuel Alito y Clarence Thomas, los dos miembros del tribunal que hicieron pública su discrepancia con la decisión.
La disputa tiene su origen en el intento de la Administración de modificar los procedimientos utilizados para gestionar millones de votos enviados por correo. El plan exigía, entre otras medidas, que los Estados utilizaran determinados estándares para los sobres electorales y remitieran información sobre los votantes a un portal federal. El Servicio Postal podría negarse a procesar las papeletas procedentes de Estados que no cumplieran los requisitos.
El Gobierno defendió las modificaciones como medidas destinadas a reforzar la seguridad electoral. Los Estados que acudieron a los tribunales argumentaron, por el contrario, que introducirlas a pocas semanas de las elecciones podría alterar sistemas que llevan años funcionando y dificultar que algunos ciudadanos recibieran o enviaran sus papeletas a tiempo.
La cuestión adquirió especial urgencia porque la votación ya ha comenzado en algunos lugares. Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin se encontraban entre los Estados que habían empezado a enviar papeletas mientras continuaba la batalla judicial. Cerca de un tercio de los votos emitidos en EE UU se depositan por correo.
El Supremo decidió el lunes mantener bloqueadas las nuevas reglas durante las legislativas. Brett Kavanaugh, uno de los tres magistrados nombrados por Trump, coincidió con ese resultado y señaló que aplicar las modificaciones para las elecciones de 2026 planteaba problemas debido al escaso tiempo disponible para que las autoridades estatales y locales adaptaran sus procedimientos. Su posición, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de examinar de nuevo en el futuro la autoridad del Servicio Postal para establecer algunas de esas condiciones.
Alito presentó una interpretación diferente. En su discrepancia, a la que se sumó Thomas, sostuvo que el Servicio Postal posee amplias facultades para regular el correo y que probablemente cuenta con autoridad suficiente para imponer las restricciones defendidas por la Administración.
La decisión añade un nuevo episodio a una relación entre Trump y el Supremo marcada tanto por importantes coincidencias jurídicas como por enfrentamientos públicos. El presidente nombró a Neil Gorsuch en 2017, Brett Kavanaugh en 2018 y Amy Coney Barrett en 2020, consolidando una mayoría conservadora de seis magistrados que ha modificado durante los últimos años la jurisprudencia estadounidense en cuestiones de gran alcance.
Los tres respaldaron, por ejemplo, la decisión unánime que impidió a Colorado excluir a Trump de las elecciones presidenciales de 2024. También formaron parte de la mayoría conservadora que estableció que los expresidentes cuentan con cierto grado de inmunidad penal por actos oficiales. El tribunal ha adoptado decisiones sobre aborto, regulación federal e inmigración coincidentes con posiciones defendidas por Trump.
Pero esa mayoría no ha funcionado como un bloque automático en los litigios que afectan a la Casa Blanca. Durante el segundo mandato de Trump, algunos de los magistrados que él mismo nombró han votado contra posiciones de su Administración en casos de especial relevancia, una dinámica que ha provocado críticas cada vez más directas del presidente. Ap señala que el tribunal ha permitido avanzar varias iniciativas de Trump mediante decisiones de emergencia, pero también ha impuesto límites tras examinar otros asuntos con mayor profundidad.
El voto por correo ocupa desde hace años un lugar central en las denuncias de Trump sobre el sistema electoral estadounidense.
