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Rusia ha comenzado hoy a votar en sus primeras elecciones legislativas desde que empezara la invasión de Ucrania. Lo hace en un ambiente que poco tiene que ver con el de hace cuatro años: gasolineras sin combustible, cortes de internet móvil y decenas de drones ucranianos sobrevolando ciudades que antes solo veían la guerra por televisión. Los rusos podrán ejercer su derecho al voto hasta este próximo domingo, aunque nadie duda de que el partido de Putin, Rusia Unida, continuará controlando la Duma.

El partido oficialista del presidente llega con una estimación de voto que le otorgaría 315 diputados, escaños suficientes para modificar la Constitución sin necesitar alianzas, aunque los sondeos oficiales no se ponen de acuerdo: mientras el FOM habla de un 47-49% de los votos, el VTsIOM lo sube al 51-53%. Una diferencia en las encuestas de la que dependería que el partido conserve su mayoría constitucional con holgura o la alcance por los pelos.

Las cinco formaciones con representación actual en el parlamento ruso respaldan la guerra sin discusión, y el único partido que defiende un claro mensaje antibélico, Yábloko, ha visto anulada su candidatura. Después empezaron a caer, uno a uno, sus candidatos, dieciséis de 135 a solo diez días de las elecciones. Sin ese debate de fondo, la campaña ha quedado reducida a baches, subsidios y problemas menores a resolver. En algunos debates regionales, como lel de Riazán, no se ha presentado nadie, y la cobertura electoral en la televisión estatal ha caído muy por debajo de la de 2021.

Boris Nadezhdin, el opositor al que impidieron competir tanto por la presidencia como por un escaño, lo resume afirmando que para Putin el resultado formal importa mucho, aunque todos sepan que el proceso esté amañado, porque en Rusia las elecciones funcionan, en el fondo, como un plebiscito sobre la confianza en él. Y es ahí donde aparecen las grietas. La aprobación personal de Putin sigue siendo alta, un 67% según VTsIOM, pero el apoyo declarado a Rusia Unida ronda apenas el 37%, muy por debajo de lo que el propio instituto proyectaba.

La maquinaria del putinismo tiene que movilizar a los convencidos y, al mismo tiempo, dejar sin ninguna opción política a los descontentos. Porque el descontento existe, y ya no hace falta buscar información prohibida para notarlo: está en el surtidor cerrado, en el mapa que no carga, en el pago con tarjeta que falla. Los ataques ucranianos contra refinerías han provocado una escasez real de combustible. Una encuesta llevada a cabo por el centro Levada el mes pasado revela que el 68% de los rusos ha sufrido problemas de internet móvil, el 65% la falta de gasolina y el 63% fallos en las aplicaciones de mensajería. Entre los menores de 25 años, el 85% notó cortes de conexión. Según Nadezhdin, sin embargo, lo que más pesa entre la gente no es la guerra en sí, sino la subida de precios, que golpea especialmente a los pensionistas y a la clase media. El Banco Central ruso mantiene los tipos de interés en el 14% y reconoce una inflación anual del 6,3%, muy por encima del objetivo marcad inicialmente del 4%.

Sin movimiento en el frente

A ese malestar económico se suma un problema militar que el Kremlin no puede ocultar del todo: el frente apenas se mueve. Según el Institute for the Study of War, Rusia ha avanzado unos 90 km² en agosto, frente a más de 500 en el mismo mes de 2025, mientras Ucrania recuperaba 129. Al ritmo actual, ocupar el territorio que falta obligaría al Kremlin a luchar hasta el año 2032. Aun así, el estancamiento ruso no significa que Ucrania esté ganando: sus ciudades siguen bajo bombardeos y su infraestructura energética se prepara para afrontar otro duro invierno.

Muchos rusos todavía no conectan sus problemas cotidianos con las decisiones del Kremlin, aunque esa desconexión podría romperse si la situación empeora. Y en la mente de los rusos sigue la amenaza de una posible movilización que el mismo Putin ha tenido que negar. Pero nada asegura que se repita el impopular reclutamiento de 300.000 reservistas en 2022. La propaganda sigue sosteniendo la idea de una grandeza imperial que podría resquebrajarse por el agotamiento de recursos, aunque no de forma inmediata. Y es que, a diferencia de la URSS, que prometía un futuro utópico, el putinismo actual no ofrece ninguna visión de lo que vendrá después de la guerra, solo promete conservar lo ya construido.

Por eso estas elecciones, pese a tener un resultado cantado, no son sencillas para el Kremlin. Aunque no pondrán en riesgo el poder de Putin, sí van a servir de termómetro. Se podrá saber cuánto aparato, censura y exclusión de candidatos hace falta para seguir vistiendo de unanimidad a una sociedad que empieza a mostrar signos de cansancio.

Este fin de semana, los rusos depositarán sus votos en otras elecciones parlamentarias «falsas», en las que el único partido partidario de la paz, Yabloko, así como la mayoría de sus candidatos individuales, han sido prohibidos por los tribunales después de que la Comisión Electoral Central les permitiera audazmente presentarse. La votación no traerá sorpresas; todos los partidos que son competidores están controlados por el Kremlin, los observadores independientes son expulsados y, si algo sale mal, el «voto electrónico a distancia», introducido en 33 de las 89 regiones y completamente opaco, ofrecerá los resultados necesarios. Pero, no obstante, este procedimiento de rutina atrae una atención considerable, ya que se cree ampliamente que, una vez que se reúna la nueva Duma, el presidente Putin podría dar un vuelco drástico a sus políticas de tiempos de guerra.

Muchos expertos y activistas esperan una nueva movilización similar a la de 2022, con el envío de hasta 300.000 o incluso 600.000 nuevos soldados a la línea del frente. Hay buenas razones para tales pronósticos, ya que la campaña para atraer «voluntarios» se enfrenta a graves dificultades, con no más de 1.000 personas firmando contratos diariamente, mientras que alrededor de 40.000 mueren o resultan gravemente heridas en Ucrania cada mes.

Hace poco tiempo, las fuerzas rusas sufrieron su primera derrota significativa en años cerca de Lyman, y puedo imaginar cuán fuerte podría ser la presión del mando militar a favor de una nueva movilización. Los analistas occidentales se centran en la retórica implacable de Rusia sobre la «ausencia de perspectivas de paz» y el «nulo interés en una reunión de alto nivel», en un momento en el que el número de ataques encubiertos en Europa (como en Alemania y Bulgaria) y los ataques abiertos en las zonas adyacentes a sus fronteras (como en la frontera ucraniano-polaca) producen la sensación de un peligro grave e inmediato.

Sin embargo, yo seguiría mostrándome escéptico ante las posibilidades de una escalada drástica y de que la guerra entre Rusia y Ucrania se transforme en un conflicto paneuropeo. A mi modo de ver, los tiempos están cambiando, pero la estrategia rusa todavía no. El Kremlin actúa ahora cerca de los límites de su poder y de sus recursos. Todavía tiene suficiente dinero y capacidad industrial para continuar la guerra durante uno o dos años más, pero sin cambiar su trayectoria. Moscú puede aumentar su potencia de fuego y hacer que sus ataques con drones y misiles sean mucho más regulares y mortíferos (lo que, por cierto, podemos ver casi a diario), pero no puede duplicar las filas de su ejército ni la proporción del PIB de Rusia dedicada al sector militar.

Muchos miembros destacados de las élites elegidas a dedo por Putin –desde el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, hasta el director ejecutivo de Sberbank, German Gref– advierten contra la «militarización total de la economía». La gente común teme las perspectivas de una movilización e intenta escapar del país incluso antes de que esta pueda ser anunciada. El descontento social también está creciendo, ya que la mayor parte de la zona europea del país es ahora vulnerable a los ataques ucranianos, y la crisis de la gasolina, causada por la destrucción masiva de refinerías de petróleo, no cede por cuarto mes consecutivo.

Los pronósticos más sombríos sobre la economía rusa no se han cumplido: la inflación sigue bajo control; el PIB se mantiene estable pero no cae; el déficit presupuestario crece, pero en menor medida de lo esperado; sin embargo, todo esto –reitero– puede servir para sostener los esfuerzos militares, pero no para expandirlos. Si el Kremlin optara por la movilización y una «guerra total», se enfrentaría a dos retos críticos. Por un lado, sus soldados ganan ahora una cantidad de dinero significativa: alrededor de 2.500 euros al mes en salarios, 20.000 euros como pago único por alistarse y 150.000 euros como indemnización por fallecimiento pagada a las familias si un militar muere. Si Putin moviliza a otros 500.000 hombres, el coste global de mantenimiento del ejército aumentará al menos en 3 billones de rublos, es decir, el 20% del presupuesto militar, con pocas posibilidades de lograr un avance, ya que la guerra se ha convertido en una guerra de drones.

Por otro lado, la intensificación de la guerra disminuiría la actividad empresarial y la recaudación de impuestos, llevaría a miles de empresas a la quiebra y haría caer el nivel de vida de la población, algo que Putin aparentemente no desea que ocurra, ya que incluso ahora los rusos están muy cansados de sus aventuras bélicas.

Por lo tanto, yo sostendría que no habrá un cambio drástico en la estrategia de Rusia en los próximos meses. A mi juicio, el Kremlin apostará por dos obstáculos.

Primero, los rusos intensificarán sus ataques contra las ciudades e infraestructuras de Ucrania, lo que ahora parece bastante fácil dado que Kiev carece de sistemas de defensa aérea y de municiones. Segundo, intentará utilizar sus conexiones con el liderazgo de Estados Unidos para presionar a las autoridades ucranianas para que hagan concesiones (y ya hemos visto al presidente Donald Trump culpar a Volodimir Zelenski de «interrumpir el suministro mundial de diésel»). Pero, utilizando ambas palancas, el Kremlin esperará a que la coalición occidental se desmorone; ya lo esperaba en los tiempos en que Trump fue reelegido, y ahora la «próxima parada» son las elecciones presidenciales de 2027 en Francia, que podrían cambiar el juego de forma bastante seria. t

Putin sigue creyendo que el tiempo está de su lado y, por lo tanto, parece mucho más probable que continúe su guerra de la forma actual en lugar de cambiar su estrategia por completo…

*Vladislav L. Inozemtsev es cofundador y miembro del Consejo Asesor del Centro de Análisis y Estrategias en Europa en Nicosia (Chipre)

Llegó al poder en 2022 después de romper un tabú de la política sueca: gobernar con el apoyo decisivo de los ultraderechistas Demócratas Suecos (SD). Cuatro años después, Ulf Kristersson deja el Gobierno tras perder las elecciones frente a una oposición de centro izquierda que se impuso por un margen estrechísimo (apenas 50.000 votos). Su dimisión pone fin a una etapa que transformó de manera profunda el equilibrio de la derecha sueca.

Kristersson pertenece a una generación de conservadores suecos que aprendió a hacer política en un sistema donde SD era una fuerza marginal. Cuando asumió el liderazgo de los Moderados en 2017, el partido llevaba años intentando encontrar una respuesta a la creciente presión electoral de Jimmie Åkesson. Cinco años después, Kristersson decidió hacer algo que había sido políticamente impensable durante mucho tiempo: convertir a los Demócratas Suecos en socios parlamentarios imprescindibles.

El resultado fue el Gobierno que tomó posesión el 18 de octubre de 2022. Kristersson formó una coalición con Moderados, Demócrata Cristianos y Liberales, sostenida parlamentariamente por los Demócratas Suecos mediante el Acuerdo de Tidö. El pacto convirtió a Åkesson en el principal aliado externo del Ejecutivo y modificó de manera profunda el equilibrio de la derecha sueca.

La decisión definió el mandato de Kristersson. El primer ministro consiguió llevar a la derecha tradicional al poder, pero al precio de aceptar que los Demócratas Suecos tuvieran una influencia mucho mayor sobre la política nacional. Inmigración, integración, delincuencia y endurecimiento penal pasaron a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno.

Kristersson, sin embargo, intentó presentar su gestión como algo más amplio. Su campaña de 2026 se articuló alrededor de una idea sencilla: Suecia estaba avanzando en la dirección correcta y necesitaba mantener el rumbo. Los Moderados defendieron los resultados económicos del Gobierno y subrayaron la reducción de determinados indicadores de violencia relacionada con las bandas. Su discurso combinó economía y seguridad: trabajar debía resultar rentable, el delito debía tener consecuencias y el Estado debía recuperar autoridad.

Era un mensaje coherente con la evolución de la política sueca durante los últimos años, pero también con la propia trayectoria de Kristersson.

Nacido en Lund en 1963 y criado en Torshälla, cerca de Eskilstuna, estudió Economía en Uppsala y se incorporó muy joven a la política. Presidió las juventudes moderadas entre 1988 y 1992, fue diputado, trabajó en el sector privado y ocupó responsabilidades municipales antes de regresar al Gobierno como ministro de Seguridad Social en 2010. Desde 2017 dirigía los Moderados y desde octubre de 2022 era primer ministro.

Su perfil personal contrastó siempre con el de Åkesson. Kristersson representa la derecha tradicional, europeísta y liberal-conservadora, pero tuvo que adaptar ese espacio político a una nueva realidad electoral. El ascenso de los Demócratas Suecos hizo imposible mantener indefinidamente la vieja estrategia de aislamiento. La operación de Kristersson consistió en integrar a esa fuerza en una mayoría de derechas y tratar de convertir su crecimiento en una herramienta de Gobierno.

La pregunta que quedaba abierta antes de las elecciones era si ese experimento había funcionado. El resultado del 13 de septiembre ofreció una respuesta electoral negativa. El escrutinio definitivo otorgó 176 escaños a los cuatro partidos de la oposición —Socialdemócratas, Izquierda, Centro y Verdes— frente a los 173 de los cuatro partidos que integraban o sostenían al Gobierno: Moderados, Demócratas Suecos, Demócrata Cristianos y Liberales.

Los Moderados no desaparecieron del mapa político. Con el 19,8% de los votos, siguieron siendo una de las principales fuerzas del Parlamento, mientras que los Demócratas Suecos obtuvieron el 17,5% y 62 escaños, once menos que en la legislatura anterior. Los Socialdemócratas, con el 28% y 99 escaños, fueron de nuevo el partido más votado, aunque también perdieron representación respecto a 2022 y obtuvieron su peor resultado desde 1908.

La derrota de Kristersson fue, por tanto, estrecha en términos parlamentarios, pero suficiente para poner fin a su etapa como primer ministro. Una vez confirmado el resultado final, el jefe del Gobierno anunció el jueves que solicitaría su relevo y dejó en manos del presidente del Parlamento, Andreas Norlén, el inicio del proceso para formar un nuevo Ejecutivo.

La dimisión no significa, sin embargo, que el modelo político construido durante los últimos cuatro años desaparezca automáticamente. Los Demócratas Suecos continúan siendo una fuerza importante en el Parlamento y la política migratoria y de seguridad que dominó buena parte de la legislatura seguirá formando parte del debate nacional. Lo que sí ha cambiado es la correlación de fuerzas y, con ella, la posibilidad de que la derecha tradicional vuelva a gobernar bajo las mismas condiciones.

Kristersson ha defendido durante la campaña que la experiencia de los últimos cuatro años demostraba que el rumbo elegido funcionaba. Pero las urnas han impedido que ese argumento se traduzca en un segundo mandato. La oposición obtuvo la mayoría parlamentaria, aunque por un margen tan reducido que la formación del próximo Gobierno se presenta también como una negociación compleja.

El resultado deja así una paradoja para Kristersson. Su principal legado no será únicamente haber llegado al poder en 2022. Será haber cambiado las condiciones en las que la derecha sueca podía gobernar.

Antes de Kristersson, la pregunta era si los Moderados podían gobernar sin Åkesson. Después de Kristersson, la política sueca tendrá que responder a otra cuestión: qué relación mantendrá la derecha tradicional con los Demócratas Suecos después de haberlos convertido en una pieza central de su mayoría.

Niklas Bolin, profesor de Ciencias Políticas en la Mid Sweden University, asegura a LA RAZÓN que cree que “es probable que la estrecha cooperación entre los partidos pierda importancia”. “En la oposición, los partidos deberán volver a proyectar una imagen más independiente y recuperarse de la derrota electoral”, añade Bolin.

Kristersson consiguió unir a la derecha sueca y devolverla al Gobierno. Cuatro años después, pierde el poder por un margen mínimo y presenta su dimisión. Su experimento no ha desaparecido con su derrota electoral, pero tampoco ha conseguido prolongarse en el Gobierno.

Su legado queda precisamente ahí: en haber convertido una relación que durante años parecía imposible en una realidad política. La derecha sueca ya no es la misma que cuando Kristersson asumió el liderazgo de los Moderados. Y aunque él abandone ahora el Gobierno, la transformación que impulsó seguirá condicionando la política sueca durante los próximos años.