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La imagen de buen mozo que tiene Canadá en el imaginario global se ve en la selva amazónica como si Darth Vader, del lado oscuro de la fuerza de la saga Star Wars, tuviera el título de superhéroe. En este momento, indígenas de diferentes pueblos del Xingú, un afluente del río Amazonas que a veces parece un mar, llevan más de un mes acampados en la oficina de la agencia indigenista brasileña del municipio amazónico de Altamira. Luchan para impedir que la empresa canadiense Belo Sun siga adelante con su proyecto de abrir lo que anuncia como la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. Si la minera logra vencer la resistencia, construirá (y después abandonará) una presa de 35 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos como el cianuro, tres veces el volumen de la presa de la minera Vale, que al romperse en 2019 provocó la muerte de 272 personas.

El oro arrancado de las entrañas de la selva reportará grandes beneficios privados, pero dejará tras de sí impactos irreversibles en el bioma, que crea lluvias, regula el clima y del que depende el planeta para frenar el calentamiento global. Un bioma al que, año tras año, la destrucción acerca cada vez más al punto de no retorno. Para los accionistas, un beneficio estimado de más de 15.000 millones de dólares; para la humanidad, un salto más hacia la extinción.

La Vuelta Grande del Xingú, llamada así porque el río describe allí un meandro de 130 kilómetros, es reconocida como una de las zonas con mayor biodiversidad de la Amazonia. Pero desde 2016, la región se parece cada vez más a un laboratorio del capitalismo en tiempos de colapso. Ese año la hidroeléctrica de Belo Monte —una catástrofe ecológica reconocida internacionalmente— empezó a funcionar y la Vuelta Grande se convirtió en la zona más impactada. No porque haya quedado sumergida, como la mayor parte del territorio afectado, sino porque se secuestra un 80% del agua del Xingú para las turbinas de la central. Eso significa que, para toda la reproducción de la vida, de repente solo quedó un 20% de agua, lo que está provocando el ecocidio del hogar de al menos tres pueblos indígenas, comunidades ribereñas tradicionales y cientos de especies animales y vegetales. Eso es lo que hace el capitalismo, ese lenguaje que separa a los humanos de la naturaleza: convierte uno de los ríos más poderosos de la Amazonia en un grifo ordinario para obtener beneficios privados.

Belo Sun llegó a la Vuelta Grande del Xingú hace más de una década. Todo proyecto predador en la Amazonia empieza con el reclutamiento y la división de las poblaciones locales. En este caso, la presión recayó sobre comunidades que ya venían de sufrir el proceso de precarización y desorganización que provocó Norte Energia, la empresa concesionaria de Belo Monte, y se encontraron debilitadas ante esta nueva fuerza impulsada por grandes cantidades de dinero. Lo que se les repite, día tras día, es que la instalación de la empresa minera es irreversible, que su fuerza es muy superior a la ya mermada capacidad de resistencia de la población local y que, por lo tanto, sería mejor negociar y sacar algún provecho que verse arrollado por un proyecto ya consumado.

Mientras se ejerce presión en el lugar, con indicios claros de truculencia, las batallas en los tribunales siguen su curso, con sentencias que a menudo resultan inexplicables a la luz de la ley. La adhesión explícita de los gobiernos y de parte del poder judicial ha sido decisiva para diseminar la creencia de que no se puede ganar una lucha tan desigual. En el caso de Belo Sun, la decisión está en manos del gobernador de Pará, Helder Barbalho. Anfitrión de la COP30, Barbalho ha intentado mostrarse ante el mundo como un político “verde”, pero sus acciones sobre el terreno revelan otra realidad. La decisión solo se aplica a nivel estatal porque el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prefirió lavarse las manos: el Ibama, la agencia medioambiental brasileña, acudió a los tribunales para evitar que la responsabilidad recayera en la esfera federal.

Por el momento no existen estudios consistentes sobre lo que podría ocurrir cuando la canadiense Belo Sun comience a dinamitar las grandes rocas del Xingú, a solo unos kilómetros de la presa de Belo Monte. Dos empresas con la palabra “bello” en el nombre, lo que lleva la violencia al extremo también en el lenguaje.

La destrucción que algunas multinacionales generan en la Amazonia nunca ha estado en el centro de las preocupaciones de los responsables políticos ni del llamado ciudadano común, y mucho menos ahora que Donald Trump tiene al mundo rehén de sus guerras y de las violentas intervenciones dentro y fuera de Estados Unidos. Quienes han vivido en el horror de un gobierno de extrema derecha, como ocurrió en el Brasil de Jair Bolsonaro (2019-2022), saben que la mejor manera de minar la resistencia es mantener a la población en constante sobresalto. La estrategia es antigua, pero sigue siendo eficaz. ¿Por qué preocuparse por una empresa minera canadiense que avanza para devastar una parte de la Amazonia cuando Trump arrasa Oriente Próximo? Porque es necesario.

La destrucción, al igual que la resistencia, es siempre una articulación colectiva. En el caso de la destrucción, el motor son los beneficios personales; en el caso de la resistencia, la calidad de la vida común. Que la primera se imponga sobre la segunda revela la deformación de lo que se ha dado en llamar “civilización”.

Parte de los pueblos indígenas, que siempre han estado al margen de esa supuesta civilización, recuperan la política del bien común en sus luchas contra las grandes corporaciones. En 1989, poco después del fin de la dictadura militar en Brasil, una guerrera del pueblo kayapó llamada Tuire posó su machete en la cara de uno de los directores de la empresa estatal de energía. Esa imagen dio la vuelta al mundo y retrasó al menos 20 años la construcción de Belo Monte. Ahora son las mujeres del pueblo xikrin las que levantan sus machetes contra la canadiense Belo Sun, acompañadas por indígenas de diversas etnias. ¿Hasta cuándo seguirán luchando solas contra Darth Vader? Las luchas por la vida no se dan en el cine, sino sobre el terreno. Y solo tienen alguna posibilidad con un compromiso global.

España pondrá fin en junio a la vía que desde 2018 ha permitido a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación casi automáticamente. El Gobierno dejará de conceder de forma sistemática permisos de residencia por razones humanitarias a este colectivo, cerrando así uno de los mecanismos más singulares —y menos discutidos— del asilo español. Tras años de debate interno sobre qué hacer con los venezolanos, que han llegado a copar el sistema, el Ejecutivo ha optado por devolverlos al canal ordinario que debe seguir cualquier inmigrante. La decisión se ha cristalizado en plena tramitación de la regulación extraordinaria de inmigrantes que está preparando el Gobierno tras un acuerdo alcanzado con Podemos, por la cual podrán acogerse a ella quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

Fuentes gubernamentales defienden que se trata de un cambio de forma, pero no de fondo. “Las razones humanitarias de venezolanos o de cualquier otra nacionalidad se tramitarían por un nuevo cauce”, explican estas mismas fuentes. En la práctica, esta decisión no es una noticia positiva para los venezolanos que pensaban emigrar a España. Para todos ellos, los trámites se complicarán, ya que en la práctica las autorizaciones por razones humanitarias son residuales y suelen estar vinculadas a circunstancias muy concretas, como las médicas, por lo tanto, desaparece una vía privilegiada de la que gozaban dentro del sistema.

Desde que se abrió esta puerta específica en 2018, España ha concedido en torno a 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos. En algunos años, supusieron más del 95% —y en otros prácticamente el 100%— de todos los permisos por razones humanitarias que se concedieron. Las cifras han ido variando, pero durante años se movieron en torno a las 40.000 concesiones anuales. En 2025, el número creció hasta llegar a alcanzar las 50.000.

El funcionamiento del proceso era relativamente sencillo. Los venezolanos solicitaban asilo y entraban en el circuito de protección internacional. En lugar de recibir el estatuto de refugiado, obtenían una autorización de residencia por razones humanitarias. No era asilo en sentido estricto, pero operaba dentro de ese mismo sistema. Ese permiso tenía una duración de 12 meses, renovable por otros 12, y permitía trabajar y residir legalmente en España. En la práctica, era una salida administrativa para miles de expedientes que no encajaban en la definición clásica de refugiado, pero que tampoco podían resolverse con una devolución. Esos dos años de residencia legal abrían además la puerta a una regularización más estable y, con el tiempo, a la nacionalidad.

El principal problema es que lo que comenzó como una excepción para miles de personas —justificada por el Gobierno en el deterioro de la situación que se estaba produciendo en Venezuela— terminó convirtiéndose en un canal estructural. Y acabó colapsando.

A la acumulación de decenas de miles de solicitudes anuales se sumó la falta de recursos para gestionarlas. El sistema se tensionó en todos sus niveles: desde la obtención de citas para iniciar los trámites hasta la resolución de expedientes. Con el tiempo, el caso venezolano dejó de ser un episodio más dentro del complejo y lento proceso para lograr el asilo para convertirse en uno de sus principales embudos.

Esta nacionalidad ha concentrado una parte significativa —en algunos momentos, más del 60%— de las solicitudes presentadas en España. Y en algunos años, hasta el 80% o el 90% de las resoluciones favorables no fueron concesiones de refugio, sino permisos por razones humanitarias otorgados casi exclusivamente a venezolanos. Buena parte de la tasa de reconocimiento que España proyectaba en protección internacional descansaba sobre este mecanismo. Sin los venezolanos, ese porcentaje caía a niveles bajos, en torno al 5%-12%, lo que dejaba los datos por debajo del entorno europeo.

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez se da en un contexto marcado por varios factores. Por un lado, la evolución de la situación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que ha alterado el escenario que justificó en su momento este tratamiento excepcional. Entonces se inició un proceso de transición tutelado por Estados Unidos, aunque la antigua vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, sigue en el poder y el camino hacia el desenlace de la profunda crisis social y política aún no está despejado. Esto se suma a la adaptación al nuevo marco europeo, más restrictivo en materia de asilo, cuya aplicación arranca en junio de 2026.

Y, sobre todo, la presión acumulada sobre el sistema con la cantidad de solicitudes recibidas. En el Ministerio del Interior están convencidos de que una parte importante de las solicitudes de la mayoría de las nacionalidades no respondía a persecución real, sino a una vía de entrada para la regularización. Y, bajo esa premisa, el departamento de Fernando Grande-Marlaska llevaba tiempo buscando cómo hacer menos atractiva la vía del asilo para descongestionarla. Primero fue el cambio del reglamento de extranjería el pasado mayo, endureciendo las condiciones para regularizarse tras solicitar asilo. Ahora llega el cierre del paraguas para los venezolanos.

La política de acogida ha convertido a España en uno de los principales destinos de la diáspora venezolana fuera de América. La comunidad se ha disparado en pocos años. Según el INE, en 2018 vivían en España algo más de 255.000 personas nacidas en Venezuela. Ahora son cerca de 700.000, de las cuales más de 250.000 tienen nacionalidad española. Solo en 2024, 35.403 venezolanos adquirieron la ciudadanía. En pocos años, la presencia venezolana se ha multiplicado en todo el territorio.

España se ha volcado con los venezolanos en lo humanitario, mientras ha mantenido una política exterior más contenida frente al régimen chavista. Mientras el PP reclamaba mayor contundencia tras las elecciones de 2024 en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador, el Gobierno ha optado por mantener el diálogo con Caracas.

Esa postura ha sido criticada por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha acusado recientemente a España de falta de implicación y ha advertido que “la historia juzgará” su papel. Sin embargo, el papel de España también ha sido el de convertirse en uno de los principales destinos del exilio político venezolano y uno de los países europeos que más ha absorbido esta migración.

Edmundo González, que según las actas ganó las elecciones presidenciales de ese año, se instaló en Madrid tras la represión que desató tras aquellos comicios. Otro ejemplo es el de Leopoldo López, que permaneció durante meses en la residencia del embajador español en Caracas antes de que el diplomático lo ayudase a salir del país en 2020. Ayer el Consejo de Ministros le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza en un procedimiento reservado para unos pocos.

El cierre de esta vía plantea, en definitiva, un cambio para la inmensa mayoría de los venezolanos. Durante años, la respuesta dentro del sistema de asilo era previsible: aunque no hubiera refugio, había permiso. A partir de junio, el tratamiento será el de cualquier otro extranjero.

La familia de María Camila Díaz le perdió el rastro hace más de un año. La joven de 25 años, que decidió irse a México a trabajar temporalmente como mesera, se comunicó con su familia por última vez el 26 de febrero de 2025, según ha contado su hermana a varios medios. Luego, dejaron de entrar los mensajes a su celular y desde entonces no supieron más de ella. La esperanza de encontrarla resucitó este lunes, tras la captura de Edgar Johan Taborda Ortiz en Antioquia. Según las autoridades de este país, el hombre de 31 años forma parte de la red de trata de personas con fines de explotación sexual que habría sido responsable de la desaparición de la mujer.

Durante una rueda de prensa de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía de Colombia, Óscar Mauricio Rico, general y director de Protección y Servicios Especiales de esa institución, aseguró que una investigación de más de un año permitió identificar a Taborda como el principal responsable de la desaparición de Díaz. El capturado tiene antecedentes por trata transnacional, estafa agravada y desaparición forzada. Además, las autoridades colombianas lo señalan de ser el principal reclutador y articulador de una red de engaño a mujeres colombianas, en la que se les prometían trabajos falsos en México para, una vez allí, explotarlas sexualmente.

Ese habría sido el caso de María Camila. “Las hipótesis de las autoridades de la Ciudad de México y Colombia hablan de una posible desaparición forzada, presuntamente ordenada por esta estructura criminal que atentó contra su vida y que fue amenazada anteriormente”, declaró Rico, que aseguró que Taborda la contactó y gestionó su traslado a la capital mexicana. De acuerdo con Andrés Montes, el abogado de la familia Díaz, sus seres queridos confían en que María Camila sigue con vida, pese a que no han recibido ningún tipo de información sobre su paradero por parte de las autoridades de ningún país.

La lucha contra las redes de trata con fines de explotación sexual entre Colombia y México suma ya varios años. En general, el patrón suele ser el mismo: delincuentes contactan a mujeres jóvenes a través de redes sociales, y les prometen que pueden conseguirles trabajo como meseras o modelos en lugares turísticos como Cancún o Ciudad de México. Los supuestos empleadores les garantizan los tiquetes aéreos y la vivienda. Pero, luego de trasladarlas, las incomunican, las amenazan y las prostituyen.

Ese fenómeno se ha ido haciendo público a partir de casos masivos y notorios. Uno de los más mediáticos se registró en enero de 2024, cuando ocho colombianas denunciaron en redes sociales que estaban siendo retenidas contra su voluntad en el estado de Tabasco, en el sur de México. Gracias a su alerta, las autoridades locales pudieron rescatarlas y repatriarlas. Otro caso similar se presentó el año siguiente, esta vez en el estado caribeño de Quintana Roo, cuando 14 mujeres colombianas fueron liberadas de una red que las obligaba a prostituirse en zonas como Cancún y Playa del Carmen.

El sueño se ha terminado para Jamaica. La República Democrática del Congo ha obtenido la victoria y ha conseguido uno de los últimos boletos para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Ante 45.000 aficionados en el Estadio Akron, en Guadalajara, los Leopardos se han impuesto los Reggae Boyz 1-0 en el repechaje. El conjunto africano formará parte del Grupo K, donde lo esperan los combinados de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

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Goles 1-0 min. 100: Tuanzebe.

Árbitro Facundo Tello

Tarjetas amarillas Ronaldo Webster (min. 35) y Bailey Cadamarteri (min. 62)

La selección africana esperó en la final del repechaje a los Reggae Boyz, que eliminaron previamente el pasado jueves a la selección de Nueva Caledonia (1-0). Es la segunda ocasión en que los Leopardos clasifican a un Mundial. La primera vez como República Democrática del Congo. Anteriormente lograron competir en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire.

Los congoleños tuvieron que enfrentar un tortuoso camino en las eliminatorias africanas al estar emparejados en el mismo grupo que Senegal, que consiguió la clasificación al Mundial. Obtuvo un segundo lugar tras sumar 22 puntos de 30 posibles. Sin embargo, su auténtico desafío llegó en el repechaje de su continente, donde eliminó a Camerún (0-1), mientras que desde los 12 pasos dejó fuera de la carrera a Nigeria.

Ninguna de las dos selecciones logró marcar la diferencia durante los 90 minutos regulares. Aunque los Leopardos fueron mucho más ofensivos, los tres palos y el portero jamaiquino Andre Blake evitaron al menos unos tres goles de los atacantes africanos.

El primer tanto tardó 100 minutos en llegar para abrir el marcador. Fue en el primer tiempo adicional que Axel Tuanzebe, defensor de Congo y del Burnley inglés, rompió el candado en la zaga jamaiquina. Con un remate desde muy cerca al centro del arco, tras un saque de esquina, se llevaron la ventaja los Leopardos en los primeros 15 minutos del alargue.

La afición jalisciense, casi en su mayoría, se volcó con el seleccionado africano. Cánticos como “Vamos Congo” o “Sí se puede” se escucharon a lo largo del encuentro en cada situación de peligro en la que incursionaron los Leopardos. A pesar de estar con la desventaja, los Reggae Boyz no dejaron de intentarlo durante el segundo tiempo del alargue. La presión jamaiquina continuó hasta que, para agregarle más tensión y ansiedad a los últimos ocho minutos del partido, el árbitro argentino Facundo Tello sufrió un calambre y tuvo que ser reemplazado por el cuarto colegiado.

Jamaica, sin cambios tras agotar todos sus movimientos en los 90 minutos, tuvo que aguantar con sus jugadores en cancha durante todo el alargue. El Congo pudo sellar la clasificación, pero Cédric Bakambu erró el remate con la zurda muy cerca del palo izquierdo, pero se marchó ligeramente desviado. Con suspenso y sufrimiento, pero los más de 20.000 congoleños finalmente estallaron en felicidad tras conseguir la clasificación al Mundial.