Las obras avanzan con mayor lentitud, los costos de construcción continúan al alza y encontrar personal se ha convertido en un reto para numerosas empresas del Valle del Río Grande. Ese fue el mensaje que constructores, empresarios y autoridades locales llevaron a la denominada “Concentración en el Valle”, donde pidieron al Congreso impulsar permisos de trabajo para inmigrantes con años de residencia y antecedentes laborales comprobados.
El encuentro, organizado por la Asociación de Constructores del Sur de Texas y la American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action), puso sobre la mesa el impacto que, aseguran, están teniendo las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre la economía regional.
Menos trabajadores, más retrasos y viviendas más caras
Los participantes afirmaron que el temor generado por los operativos migratorios ha reducido las cuadrillas en obras de vivienda e infraestructura, provocando retrasos y un incremento en los costos para empresas y compradores.
El congresista Henry Cuellar sostuvo que la aplicación de las leyes migratorias debería enfocarse en personas con antecedentes criminales y no en trabajadores que han contribuido durante años al desarrollo económico del estado.
“Cuando no tenemos suficientes trabajadores, ¿saben qué pasa? Los precios suben y la vivienda también. ICE debe centrarse en los delincuentes, no en las familias”, declaró Cuellar.
Por su parte, el representante Vicente González recordó que los inmigrantes representan una parte fundamental de la fuerza laboral del sector.
“En Texas, cerca del 40% de los trabajadores de la construcción son inmigrantes. Son quienes están construyendo nuestras comunidades”, afirmó.
Piden una solución migratoria con impacto económico
Durante el evento, Emiliano Valencia, subdirector de ABIC Action en Texas y beneficiario de DACA, pidió avanzar hacia un mecanismo que permita a trabajadores con arraigo permanecer legalmente en el país.
Mientras tanto, la representante estatal Christina Morales destacó la aportación económica de la población inmigrante, al señalar que genera alrededor de $19 mil millones en impuestos estatales y locales cada año.
Los organizadores también citaron datos de la Associated General Contractors of America, según los cuales el 92% de las empresas constructoras enfrenta dificultades para cubrir vacantes. En un país que ya registra un déficit cercano a 1.5 millones de viviendas, advirtieron que la reducción de mano de obra podría agravar el problema y encarecer aún más el acceso a la vivienda.
Además del impacto económico, los asistentes coincidieron en que la discusión migratoria tendrá un peso importante en las próximas elecciones, al considerar que el voto hispano será determinante en varias contiendas legislativas. Para los organizadores, fortalecer la seguridad fronteriza y, al mismo tiempo, crear vías legales para que los inmigrantes puedan trabajar no son objetivos incompatibles, sino parte de una estrategia necesaria para mantener el crecimiento económico del sur de Texas.
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