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El retiro de dos presentadores de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, por un acoso sexual a jóvenes periodistas del mismo medio, ha desatado una ola de denuncias e indignación que podría marcar un punto de quiebre en la cultura patriarcal colombiana. Se estaba demorando, digo yo. Colombia es uno de los países más machistas de este lado del mundo, a pesar de tener, paradójicamente, uno de los marcos constitucionales más garantistas de la región en materia de género.

Esa contradicción entre lo jurídico y la realidad no es accidental. Se inscribe en esa vieja fractura colombiana entre el país legal y el país real, que pocas veces coinciden. La Constitución de 1991 consagró la igualdad formal entre hombres y mujeres; abrió sin restricción legal las puertas del mercado laboral, la educación, la vida pública. La cuestión es que el patriarcado colombiano no opera por decreto, como en el pasado o en otros países; opera desde la dimensión cultural y la complicidad institucional. Sus mecanismos son silenciosos, difusos y, precisamente por eso, altamente eficaces. Se ha reproducido durante años, no necesita de leyes para sobrevivir, le basta con la costumbre, el miedo y la impunidad. Ahora las cosas están cambiando, aunque con mayor lentitud de la que deberían. Ojalá este episodio acelere ese proceso y quiebre esa subcultura en la que el hombre es sujeto y la mujer es objeto.

Un problema cultural, el patriarcado

El acoso sexual en las salas de redacción no es la enfermedad: es apenas el síntoma de una arraigada patología social. Es la punta visible de un iceberg que se extiende por todos los ámbitos y sectores de la sociedad colombiana. Este caso llegó a la superficie porque las víctimas pertenecen a los medios de comunicación, y eso les da una voz y visibilidad que no tienen las miles de mujeres que sufren en silencio —con resignación aprendida— el asedio machista de baja, media o alta intensidad. No es, pues, un hecho aislado.

En los pasillos universitarios, por ejemplo, muchas estudiantes lidian a diario con profesores que aprovechan el poder de calificar para proponer el infame intercambio de sexo por notas. De esto se habla en voz baja y pocas estudiantes se atreven a denunciar, atrapadas entre el miedo a las represalias y la actitud cómplice de las directivas. En varias universidades prefieren el tapen, tapen, por temor al daño reputacional de la institución, sobre la dignidad de la víctima, en lugar de coger el toro por los cachos y sentar precedentes, como lo acaba de hacer Noticias Caracol. Me sorprende que no exista todavía una ola de estudiantes —hombres y mujeres— acorralando a quienes así proceden. Incluyo a los hombres deliberadamente. Esta causa no puede ser solo de mujeres. Como principales responsables del problema, los hombres tenemos la obligación de ser parte activa de la solución.

En mis tiempos de ejerciente del Derecho, se hablaba de magistrados, jueces y fiscales que abusaban de su investidura para darle rienda suelta a sus impulsos de macho alfa. No hay parcela de la vida social que se salve de este patrón conductual. En el sector rural, la mujer vive formas de opresión aún más brutales, reforzadas a veces por la propia familia y entornos altamente vulnerables sin protección institucional. Hubo un tiempo en que el asedio de los señores a las empleadas domésticas era considerado algo ‘normal’, casi parte del paisaje. La precariedad de las normas laborales de entonces no solo permitía esa patología: la estimulaba y normalizaba. Y seamos honestos: no eran la excepción. Eran casi la regla. Entre las parejas se naturaliza el acoso y el abuso, como si la relación concediese al macho el poder de disponer del cuerpo femenino a cualquier hora y según los caprichos del momento. Todo esto hace parte de nuestras realidades culturales.

Poner fin al patriarcado

Para combatir el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género de manera sostenida, el campo principal no son el Congreso ni los juzgados: es la cultura. Los cambios que perduran son los que ocurren en el ámbito del comportamiento colectivo, en los imaginarios que una sociedad tiene sobre el poder, el cuerpo y el género. El endurecimiento de las penas puede contribuir, pero su efecto es limitado cuando la norma social sigue siendo la impunidad. Mientras el patriarcado no sea desmantelado desde sus cimientos culturales, seguiremos viendo acoso, violencia de género y violencia intrafamiliar con la misma regularidad escandalosa de siempre. La semana pasada, según datos de la Policía, en Bogotá se registraron 8.999 casos de violencia intrafamiliar entre enero y febrero, el 70% con mujeres como víctimas. Ciento cincuenta y dos casos al día. Más de seis cada hora. Cifras que no deberían poder leerse sin que alguien responda por ellas. Esto no puede quedarse en un informe frío y en una nota de prensa. Haría bien el Sr. Alcalde en abrir y liderar el debate.

El patriarcado es un sistema de organización social, política y cultural —no una actitud, ni un mal hábito— en el que los hombres detentan el poder de manera estructural y las mujeres quedan sistemáticamente subordinadas. Atraviesa las instituciones, las normas jurídicas, las prácticas económicas y los imaginarios simbólicos. Se expresa en la cultura machista cotidiana, en el control territorial de los cuerpos femeninos y en la carga desproporcionada del trabajo doméstico y del cuidado que recae sobre las mujeres como si fuera su destino natural. Hace que las mujeres vivan formas de subordinación que el derecho formal, con toda su buena voluntad igualitaria, no alcanza a corregir.

Cambiar la ortodoxia judicial

Existe, además, un obstáculo dentro del propio sistema de justicia. La visión ortodoxa del derecho penal —garantista con el victimario en un grado mayor que con la víctima— contribuye a silenciar las denuncias. No son pocos los casos en que quienes denuncian terminan denunciadas, atrapadas en la imposibilidad de probar más allá de toda duda razonable que sí hubo acoso o vejamen. La mayoría de esas conductas ocurren en espacios privados, donde la intimidad garantiza la impunidad: es la palabra de la víctima contra la del victimario, sin testigos, sin rastros documentales. El estándar de la plena prueba —diseñado para delitos con evidencia material— resulta inadecuado para estas situaciones. No se trata de invertir la carga de la prueba de manera irreflexiva; se busca reconocer que cuando estas conductas se dan en espacios privados, el proceso penal convencional puede producir impunidad, y es otra forma de revictimización que induce al silencio.

El actual episodio podría abrir una grieta en el casco de la sociedad patriarcal por donde drene, por fin, ese acumulado histórico de silencios y permisividad. No es una tarea de meses: se requieren años, quizás décadas, para que el cambio sea irreversible. Lo importante es que ya empezó. Gracias a que las mujeres ya no lloran en silencio y en soledad. Ahora denuncian. Y eso lo cambia todo.

Pocos asuntos en la vida pública son tan penosos y, por tanto, susceptibles de instrumentalización, como la crisis de desaparecidos.

Nadie en cabal veredicto lo negará. Los testimonios se reiteran y nos dan cuenta: ante la tragedia, la respuesta siempre es la insuficiencia estatal.

Quien aspire a comprender la magnitud del problema deberá empezar por un hecho: no estamos frente a una sola crisis. Lo que llamamos “desaparecidos” contiene realidades distintas. Solo al separarlas empieza a verse algo con claridad.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas —creado en 2018, aunque nutrido con datos que se remontan a 1952— creció durante el sexenio pasado hasta volverse imposible. Dosis iguales de buena voluntad y de falta de método construyeron una base de datos sin orden, incapaz de servir como fuente de información o herramienta para la búsqueda.

Como dice el refranero, el camino al infierno se pavimentó con buenas intenciones. Quien intentaba alumbrarlo todo terminó oscureciéndolo. El resultado fue una base desbordada, confusa, incapaz de distinguir lo esencial.

Con los años, los detalles han comenzado a delatar el desorden heredado.

Es en el intento por corregirlo donde empieza a delinearse una imagen más precisa: la que el viernes presentó la Presidenta en su conferencia mañanera.

El total de personas que permanecen en el registro es de 132,534.

Ese universo se divide en tres partes casi equivalentes.

Un primer tercio —46,742 casos— corresponde a registros definidos por la insuficiencia o el absurdo de sus datos. Ahí están los “Menor NN”, las “Niña”, los “Wicho”, los “Juanito”.

¿Cómo buscar a alguien así? ¿Por dónde empezar? ¿En qué lugar fue vista por última vez “Muebles Gaby”? No hay que ir muy lejos para entender el problema: en la base llegó a figurar la propia Claudia Sheinbaum. ¿Es posible tomarse en serio un registro donde aparece su nombre y apellido? Así no se busca a nadie.

Un segundo tercio —40,308 personas— agrupa a quienes, pese a figurar como ausentes, han dejado rastros de vida. El hombre que se casó años después de su desaparición. El contribuyente que se dio de alta ante el SAT. El ciudadano que cambió su domicilio ante el INE. El burócrata que lleva diez años catalogado como “desaparecido”, pero que cobra cada quince días su salario.

¿Cómo es posible que una persona desaparecida reciba la vacuna contra la covid? ¿Cómo puede ser que alguien ausente haya seguido viviendo en los registros del Estado? La respuesta está en la fragmentación estatal: cada base de datos cuenta una historia distinta.

Hay un último tercio compuesto por 43,128 personas. Tenemos datos para su búsqueda, pero permanecen sin rastro alguno. No hay pistas ni huellas administrativas que permitan seguirlas.

Ahí está el núcleo del problema. En ese vacío. Las personas que, pudiendo buscarlas, no hemos intentado encontrar.

De ese tercio depende el sentido de la política de búsqueda. Sin embargo, incluso ahí aparece otra señal vergonzante: solo una fracción mínima —poco menos de tres mil— cuenta con carpeta de investigación. Es decir, ni siquiera estos —cuyos datos conocemos— están siendo activamente buscados. De ese tamaño la irresponsabilidad estatal.

Es precisamente la magnitud del desastre —y también la alerta que encendieron episodios recientes como el del Rancho Izaguirre— la que hizo necesario un ejercicio riguroso de orden y categorización.

¿El objetivo? No fue disminuir la gravedad de la tragedia, sino poder nombrarla con precisión.

Hoy sabemos algo que antes no era evidente: el fenómeno de las desapariciones no es exactamente el que creíamos. No es menos grave. Pero es distinto.

Exige lo más difícil de toda política pública: tomárselo en serio.

Tomarse en serio los datos, aunque perturben. Tomarse en serio las diferencias, aunque desordenen las narrativas oficiales y las opositoras. Tomarse en serio las críticas, aunque duelan a funcionarios del gobierno anterior. Tomarse en serio la búsqueda, aunque obligue a empezar de nuevo.

Por todo eso conviene matizar la reacción de una parte de la opinión pública que, en medio de la indignación, ha señalado al Estado por “rasurar”, “borrar” o “desaparecer” personas para ajustar cifras. Una imputación de ese calibre exige sustento y claridad técnica.

Las interpretaciones que circulan —muchas veces apresuradas o francamente de mala fe— merecen ser explicadas con mayor precisión. Con seriedad. Quien formula una acusación de este tipo debería poder sostenerla con evidencia.

Tomarse en serio el fenómeno de la desaparición implica eso: cuidar lo que se dice frente a una tragedia de esta magnitud.

Tomárselo en serio —esta vez— es el punto de partida.