El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó una nueva moción judicial en la que rechaza la anulación de las condenas por corrupción dictadas contra cinco exdirigentes del fútbol latinoamericano, reveló en su cuenta de X el periodista Kim Bersinger.
La medida judicial atañe a Juan Ángel Napout
(expresidente de la Conmebol), los familiares del difunto José María Marin
(expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol), Eduardo Li
(expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol), Alfredo Hawit (expresidente
de la Concacaf y de la Federación Hondureña) y Reynaldo Vásquez
(expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol).
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Juan Ángel Napout, expresidente de la Conmebol. Foto:Efe
Mantenimiento de condenas y la discreción del Departamento de Justicia
La postura de la fiscalía marca una clara diferenciación
respecto al trato procesal otorgado al exejecutivo de Fox, Hernán López, y a la
firma de mercadeo deportivo Full Play.
En mayo anterior, el DOJ solicitó
desestimar las condenas impuestas por un jurado a López y a Full Play,
argumentando que proseguir con esos casos no se alineaba con las prioridades
operativas de la administración actual, las cuales están orientadas al combate
contra el terrorismo, la seguridad nacional, el narcotráfico, la trata de personas
y las pandillas violentas.
Sin embargo, en esta nueva presentación, el Ministerio
Público sostuvo que el mantenimiento de los fallos contra los cinco dirigentes
responde a una decisión “discrecional” de la administración. Los
fiscales no expusieron un marco diferenciado formal que explique por qué este
grupo de acusados es evaluado bajo un criterio distinto al aplicable para López
y la empresa de mercadeo.
Reclamaciones financieras y peticiones especiales
El principal móvil de los condenados para instar la
anulación de sus sentencias radica en el aspecto económico. En caso de una
revocación formal, el Gobierno de los Estados Unidos se vería obligado a
restituir los fondos pagados en concepto de multas y reparaciones. Los montos
desembolsados por los involucrados ascienden a:
- Juan
Ángel Napout: $6,8 millones de dólares. - José María Marin: $6,8 millones de dólares.
- Eduardo Li: $2,5 millones de dólares.
- Alfredo Hawit: $950.000 dólares.
- Reynaldo Vásquez: $360.000 dólares.
José María Marín Foto:EFE
Tras el fallecimiento de Marin el año pasado en Brasil, sus
familiares formalizaron un recurso procesal bajo la figura de coram nobis
para actuar en su representación. Dado que los antecedentes penales no se
heredan, la fundamentación principal de la solicitud se orienta a la
recuperación de las sumas monetarias abonadas previamente por el exdirigente
brasileño.
Proceso procesal a la espera de una decisión judicial
La jueza federal Pamela K. Chen otorgó a las partes un plazo
de dos semanas para responder a la postura argumentada por el Departamento de
Justicia.
Cabe destacar que en 2023, la jueza Chen ya había anulado
los veredictos emitidos por el jurado contra López y Full Play, basándose en la
reinterpretación dictada por la Corte Suprema de EE. UU. respecto al estatuto
de fraude electrónico sobre servicios honestos.
Dicha resolución fue
posteriormente revertida por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito,
fallo que a su vez fue revocado por la Corte Suprema como parte de la solicitud
del DOJ para retirar las acusaciones sobre los ejecutivos del sector de medios.
El tribunal deberá resolver en los próximos días si mantiene
las sentencias contra los cinco exdirigentes o si acoge los alegatos de la
defensa para su revocación.
En la lista no está incluido Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien renunció al cargo en noviembre de 2015 para presentarse ante la justicia estadounidense, tras ser acusado de “esquemas de sobornos, fraude electrónico y asociación ilícita relacionados con la comercialización de torneos internacionales”.
Luis Bedoya Foto:EFE
Ese mismo año, Bedoya se declaró culpable ante un tribunal federal en Nueva York y aceptó cooperar con la justicia estadounidense.
DEPORTES
Este contenido fue reescrito con la asistencia de una
inteligencia artificial, basado en información del periodista Kim Bersinger y de la documentación judicial del
Departamento de Justicia de los EE. UU.
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