Category: Inmigracion

Con el objetivo de fortalecer el plan del presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en toda la historia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compró dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California, en una transacción que rondó $1,500 millones de dólares.

A través de un comunicado, la compañía carcelaria CoreCivic dio a conocer que se había desprendido del Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera de California y México; y del Centro de Detención de California City, construido en el condado de Kern.

“Estamos satisfechos con la venta de estas dos instalaciones de misión crítica para el socio gubernamental de la compañía, lo que demuestra el valor de la cartera inmobiliaria subyacente de la empresa, al tiempo que refleja nuestro papel como proveedor de soluciones flexibles y a largo plazo para el gobierno”, indicó Patrick Swindle, presidente y director ejecutivo de CoreCivic.

De acuerdo con un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, la operación de compra-venta ocurrió el 2 de julio.

El Centro de Detención de Otay Mesa tiene una capacidad para montar 1,994 camas destinadas para los inmigrantes detenidos y al DHS le significó un desembolso de $739.2 millones de dólares.

Con respecto al Centro de Detención de California City, cuenta con una capacidad para montar 2,560 camas y para adquirirlo se pagaron $ 732.6 millones de dólares.

Al margen del cambio de propietario que sufrieron los señalados centros de detención de extranjeros carentes de estatus legal, CoreCivic contempla la posibilidad de continuar gestionando las operaciones diarias en ambas instalaciones, pues hacia los estipulan contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Mientras que el contrato con CoreCivic en California City vence en agosto de 2027; el relacionado con Otay Mesa culmina en diciembre de 2029, en ambos casos con opción de renovación por cinco años.

Recientemente, el Congreso aprobó $170,000 millones de dólares para fortalecer y garantizar las operaciones del ICE, la Patrulla Fronteriza y a otras agencias federales migratorias en los dos años que le restan a la administración de Donald Trump.

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A través de una cuenta habilitada en GoFundMe, plataforma de financiación colectiva, se han logrado recaudar más de $455,000 dólares para familia de Lorenzo Salgado Araujo, inmigrante asesinado por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas.

El incidente se produjo el miércoles cerca de las 7 am durante un intento de arresto en un control de tráfico.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano de 52 años presuntamente se negó a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio.

“Embistió un vehículo policial del ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, señala parte de la misiva.

No obstante, el asesinato de Salgado Araujo ha provocado indignación entre la comunidad, pues la versión de las autoridades parece no tener sentido si se toma en cuenta que el inmigrante mexicano se encontraba en proceso de obtener estatus legal en Estados Unidos.

Por ello, grupos defensores de los extranjeros carentes de estatus legal y organizaciones de derechos humanos están solicitando que se investigue a fondo el violento incidente para esclarecer lo que sucedió en East End de Houston, cerca de Magnolia Park.

Mientras tanto, se pidió la colaboración de personas que deseen solidarizarse con la familia de inmigrante muerto para cubrir con los gastos de su funeral, así como para establecer un fondo que les permita entablar una demanda legal en contra de ICE.

La meta consiste en reunir medio millón de dólares a través de la campaña denominada “En memoria de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años”, la cual impulsa de manera conjunta en GoFundMe la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la familia Salgado Araujo.

A menos de 24 horas de haberse activado una cuenta, ya se lograron reunir más de 10 mil donaciones con una aportación superior a $455,000 dólares.

Cabe señalar que Lorenzo Salgado Araujo era propietario de una empresa de construcción y los fondos que se recaben le serán entregados directamente a su viuda y a sus tres hijos.

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La muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, volvió a poner bajo escrutinio a la agencia luego de que se confirmara que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió $20 millones para adquirir ese equipo.

De acuerdo con The New York Times, la ausencia de cámaras ha intensificado las dudas sobre lo ocurrido durante el operativo, ya que hasta el momento no existe evidencia en video que respalde la versión oficial de ICE, la cual sostiene que Lorenzo Salgado intentó embestir con su camioneta a un agente antes de que este abriera fuego.

Los testigos que viajaban con la víctima han rechazado esa versión y aseguran que el conductor nunca utilizó el vehículo como arma.

El DHS prometió cámaras para todos los agentes de ICE

Tras dos tiroteos ocurridos en Minneapolis a principios de año, la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció que la dependencia desplegaría cámaras corporales para los agentes en todo el país.

Sin embargo, casi seis meses después, el caso de Lorenzo Salgado evidenció que la implementación sigue incompleta.

La congresista demócrata Sylvia García, representante de Houston, criticó duramente la situación.

“Incluso después de que le dimos al ICE específicamente $20 millones para cámaras corporales y de que Kristi Noem prometió que iba a comprarlas, aquí estábamos en Houston y los agentes no las tenían”, declaró durante una conferencia de prensa.

El DHS informó que las cámaras ya fueron distribuidas en más de la mitad de las oficinas de campo de ICE y aseguró que el resto de los agentes las recibirá en los próximos 60 días.

El caso de Lorenzo Salgado aumenta la presión sobre ICE

La muerte de Lorenzo Salgado, quien vivió más de 35 años en Estados Unidos, ha generado exigencias de una investigación independiente y reavivado el debate sobre la transparencia en los operativos migratorios.

Según The New York Times, el director interino de ICE, David Venturella, reconoció a la congresista Sylvia García que menos de un tercio de los agentes cuentan actualmente con cámaras corporales, aunque se comprometió a completar la entrega antes de finalizar julio.

Mientras tanto, organizaciones civiles sostienen que los operativos de ICE deberían suspenderse hasta que todos los agentes cuenten con este equipo.

“Si van a andar por ahí con armas y deteniendo a la gente, más les vale tener algunas cámaras corporales”, afirmó Michelle Gross, presidenta de Communities United Against Police Brutality.

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La muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue generando controversia. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el hombre abatido por un agente federal no era el objetivo de la investigación que dio origen al operativo en Houston, Texas.

Una portavoz del DHS explicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) buscaban a dos ciudadanos de Guatemala, uno de los cuales creían que viajaba en una camioneta blanca similar a la que conducía Lorenzo Salgado la mañana del martes.

Sin embargo, los presuntos objetivos no se encontraban en el vehículo.

Salgado no era la persona buscada por ICE

Según el departamento, antes de realizar la detención, los agentes verificaron que el propietario de la camioneta era Lorenzo Salgado Araujo, quien no contaba con un estatus migratorio regular en Estados Unidos.

Pese a ello, el operativo continuó y terminó con un agente disparando contra el conductor.

El DHS sostiene que Salgado utilizó su vehículo como un arma e intentó atropellar a un agente federal, versión que hasta ahora no ha sido respaldada con videos u otras pruebas públicas.

Además, la dependencia confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, por lo que no existe un registro oficial del momento en que ocurrió el tiroteo.

La familia exige una investigación independiente

La revelación de que Lorenzo Salgado no era el objetivo de la operación provocó nuevas críticas de su familia y de organizaciones defensoras de los inmigrantes.

“Me parece indignante y ridículo oír que nadie en esa furgoneta era objeto de ningún tipo de investigación”, declaró Ronaldo Salgado, hijo mayor de la víctima, al conocer que su padre no era la persona buscada por los agentes.

El hombre, originario del Estado de México, llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos y trabajaba en la construcción para mantener a su familia. Sus hijos informaron que se encontraba en proceso para obtener un permiso de trabajo.

Mientras tanto, Víctor Hugo Salgado Araujo, hermano de la víctima y testigo directo de los hechos, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias en un centro de detención en Conroe, Texas.

La investigación continúa a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que el FBI en Houston realiza una pesquisa paralela.

El caso se produce en medio del endurecimiento de los operativos de ICE durante la administración de Donald Trump y ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza, la falta de cámaras corporales y la rendición de cuentas en las acciones de las autoridades migratorias.

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Los tres hombres que viajaban con el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo el día que murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desmintieron la versión oficial de la administración Trump y aseguraron que la víctima nunca intentó atropellar a un agente federal.

De acuerdo con The New York Times, los testigos permanecen detenidos en un centro de detención migratoria y ofrecieron su versión de los hechos a través de su abogado, Hugo Balderas-Ibarra, quien afirmó que los tres coinciden plenamente en que ningún agente se encontraba frente al vehículo cuando ocurrieron los disparos.

Los testigos niegan que Salgado embistiera a un agente

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el operativo ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando agentes de ICE intentaban detener a otra persona. Según la versión oficial, Salgado aceleró la camioneta e intentó atropellar a un agente, quien respondió disparando supuestamente en defensa propia.

Sin embargo, el abogado de los tres ocupantes rechazó esa narrativa.

“Tras hablar con estos tres hombres que iban en el vehículo con Lorenzo, no me cabe duda de que lo que dicen es cierto. Los tres reiteraron que en ningún momento un agente se encontraba delante del vehículo ni estuvo expuesto al peligro”, declaró Hugo Balderas-Ibarra durante una conferencia de prensa.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido imágenes del instante en que ocurrió el tiroteo.

Videos e investigación mantienen abierto el caso

Según el medio citado, videos de vigilancia muestran a dos vehículos de ICE siguiendo la camioneta antes de interceptarla, aunque las imágenes conocidas hasta ahora no captan el momento en que se realizaron los disparos.

La congresista Sylvia García reveló además que el director interino de ICE, David Venturella, le confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales ni los vehículos contaban con cámaras de tablero que registraran el operativo.

La investigación quedó en manos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que el FBI también participa en las indagatorias.

La familia de Lorenzo Salgado, de 52 años, originario del Estado de México, ha solicitado una investigación independiente. El médico forense del condado de Harris clasificó la muerte como homicidio.

Durante una conferencia de prensa, su hijo Ronaldo Salgado pidió que su padre sea recordado por la vida que construyó durante más de 35 años en Estados Unidos, donde formó una familia y dirigía una empresa de construcción.

“Él no deseaba nada más en la vida que mantener a su esposa y ver a sus hijos convertirse en personas de bien”, expresó.

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Los Ángeles. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) suspenderá el uso de las cámaras de lectura automática de matrículas operadas por Flock Safety, una empresa de tecnología de vigilancia, debido a un desacuerdo sobre quién debe controlar y resguardar la información recopilada por estos dispositivos. La decisión ocurre en medio de un intenso debate sobre la protección de la privacidad, el uso de la tecnología en labores policiales y las preocupaciones por un posible acceso a los datos por parte de agencias federales.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, el director de informática del LAPD, Dean Gialamas, explicó que la prioridad del departamento es garantizar que los datos obtenidos por las cámaras permanezcan bajo reglas claras y respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Privacidad y derechos civiles frenan el contrato

El conflicto gira en torno a la propiedad de la información que generan los lectores automáticos de matrículas. Aunque Flock Safety sostiene que no comparte datos con agencias federales sin autorización de sus clientes, la empresa ha sido señalada por organizaciones civiles que cuestionan la posibilidad de que esa información termine siendo utilizada por ICE en operativos contra inmigrantes.

“Nuestra prioridad es proteger los derechos constitucionales y las libertades civiles de aquellos a quienes servimos. Estamos tratando de aclarar los términos para que la propiedad y la seguridad de los datos queden bien definidas”, declaró Dean Gialamas.

La controversia también ha llegado a los tribunales. La organización Stop LAPD Spying demandó al departamento y al Ayuntamiento de Los Ángeles por negarse a entregar documentos relacionados con el funcionamiento de esta red de vigilancia basada en inteligencia artificial.

Una herramienta clave contra el crimen, pero bajo revisión

Los lectores automáticos de matrículas forman parte de una de las principales herramientas de investigación del LAPD. Estos dispositivos capturan la placa de los vehículos, registran la ubicación, fecha y hora, y comparan automáticamente la información con bases de datos de automóviles robados, órdenes de arresto y alertas AMBER.

Actualmente, el departamento opera cerca de 1,500 lectores instalados en patrullas y otras 160 cámaras fijas distribuidas principalmente en el oeste de Los Ángeles y el Valle de San Fernando.

Tan solo en 2024, el sistema realizó 1,132,441,520 lecturas de matrículas y generó 301,655 coincidencias, cifras que reflejan el alcance de esta tecnología en las investigaciones policiales.

Pese a esos resultados, la alcaldesa Karen Bass ha reiterado que respalda el uso de estas cámaras para combatir el crimen, pero rechaza que la información recopilada sea compartida con el Gobierno federal.

“Creo que esas cámaras son importantes, pero me parece completamente inaceptable que envíen esa información a funcionarios federales. No queremos que eso suceda”, afirmó la alcaldesa.

Mientras continúan las negociaciones con Flock Safety, el LAPD dejará de utilizar las cámaras de esta compañía, aunque mantendrá en funcionamiento los equipos de otros proveedores. La decisión marca un nuevo episodio en el debate nacional sobre el equilibrio entre la seguridad, la privacidad, la tecnología, la vigilancia, los datos personales y los derechos civiles.

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El abogado de la familia del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado, que falleció tras recibir un disparo en el torso por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, acusó este viernes a la agencia de intentar encubrir lo que calificó como un “crimen“.

Abogado acusa contradicciones en la versión de ICE

Domingo García, también miembro de la organización LULAC, aseguró en una entrevista con EFE que ICE mintió al afirmar que los agentes no llevaban cámaras corporales y al sostener que Salgado intentó arrollar a uno de ellos.

“Están tratando de encubrir, en mi opinión, un crimen, que fue la muerte de Lorenzo Salgado“, afirmó García.

El abogado dijo haber visto videos grabados después del tiroteo en los que, según su versión, se observan cámaras sujetas a los chalecos de algunos agentes.

Los otros tres hombres que viajaban con Salgado en la camioneta cuando fue interceptada por ICE y que después fueron detenidos por la agencia han negado que chocara el vehículo contra los carros de los agentes o que intentara arrollar a uno de ellos, según reveló el abogado de ellos, Hugo Balderas, en una rueda de prensa hoy en Houston.

“Lo trataron como un perro”

Ante este panorama, la familia de Salgado no confía en que el Gobierno federal realice una pesquisa “imparcial e independiente”, indicó García.

“Las autoridades deben admitir que cometieron un error y la persona que lo cometió debe ser castigada. La familia de Lorenzo necesita justicia”, declaró.

El letrado denunció también el trato que, según la información recopilada por la familia, recibió Salgado tras resultar herido: los agentes le quitaron la cartera, lo esposaron mientras permanecía tendido en el suelo y lo trasladaron al hospital aún esposado.

“No puedo entender por qué, en vez de ayudar a un hombre que estaba tirado en el piso muriéndose, lo trataron como a un perro”, afirmó García.

Salgado, de 52 años y originario del Estado de México, llevaba unos 35 años viviendo en Estados Unidos. Era propietario de una pequeña empresa de construcción con ocho empleados y trabajaba como carpintero de armazones.

Con “el sudor de su trabajo” sacó adelante a su familia y pagó los estudios universitarios de sus hijos, contó el abogado. Uno de ellos trabaja como profesor de secundaria, otro es ingeniero y el tercero todavía estudia.

“Fue un hombre que vino a vivir el sueño americano” y estaba cerca de obtener un permiso de trabajo y la residencia permanente, agregó García.

“Cazando inmigrantes”

Salgado se dirigía al trabajo el martes junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban en Magnolia Park, un barrio históricamente latino de Houston.

Según la versión del Gobierno, los agentes intentaban detener a otro inmigrante contra el que pesaba una orden administrativa y creyeron que viajaba en la camioneta. Las autoridades sostienen que Salgado “ignoró las instrucciones”, chocó contra uno de los vehículos de ICE e intentó arrollar a un agente, quien disparó “en defensa propia”.

Los tres testigos directos, que permanecen recluidos en un centro de detención migratoria, aseguran, en cambio, que ningún agente se colocó frente a la camioneta y que los disparos entraron por los costados del vehículo.

La congresista Sylvia García reveló además, tras hablar con el director interino de ICE, David Venturella, que ni Salgado ni su hermano Víctor eran los objetivos del operativo. ICE no ha identificado públicamente a la persona que buscaban ni al agente que disparó.

Para el abogado, lo que sucedió con Salgado fue producto de un “perfil racial” y acusó a las autoridades de “andar cazando inmigrantes” en las comunidades latinas.

El letrado adelantó que la familia demandará a ICE y está en contacto con el Gobierno de México, que también busca avanzar acciones legales sobre esta muerte.

García dijo además que la familia de Víctor Salgado, hermano de Lorenzo y testigo directo del tiroteo, permanece oculta por temor a que las autoridades migratorias la detengan debido a su situación legal y la deporten para impedir que sus integrantes testifiquen o participen en una demanda.

“Tienen miedo de que la migra (agentes) llegue a sus casas, los arreste y los deporte para que no sean testigos ni presenten una demanda aquí en Estados Unidos“, afirmó.

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Nuevamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocupa los titulares noticiosos por sus abusos y exceso de violencia que a menudo causa muertes innecesarias. El pasado 8 de julio, un agente de esa institución abatió a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, un indocumentado mexicano que intentó escapar de un operativo en Houston, Texas. La propia agencia reconoció que se trató de un error craso, porque el fallecido, que estaba a punto de conseguir su permiso de trabajo en Estados Unidos, no era la persona a la que buscaban.  

La muerte de Salgado ha generado múltiples llamados de funcionarios demócratas y grupos defensores de derechos de los inmigrantes para que se realice una investigación independiente sobre lo ocurrido. 

Ante esta tragedia, la respuesta del gobierno mexicano ha tomado un giro drástico. La presidenta Claudia Sheinbaum rompió con la tradicional pasividad burocrática y anunció que su administración irá “más allá de las reclamaciones diplomáticas” ordinarias. Desde el Palacio Nacional, la mandataria instruyó el inicio de medidas jurídicas contundentes y denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de EE. UU. por lo que abiertamente calificó como “homicidios”.  

Además, se contemplan acciones civiles contra las empresas privadas que lucran con los centros de detención. La postura de Sheinbaum es firme:  

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos… Estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes. Lo que no podemos es ser omisos”.  

Si bien las enérgicas acciones legales anunciadas por la presidenta y su cancillería son necesarias y representan un cambio de marcha indispensable, es imposible ignorar la pregunta más amarga de esta crisis: ¿por qué se esperó tanto?

Hoy se sabe que la cifra de mexicanos que han perdido la vida bajo custodia o en operativos de ICE en este ciclo de endurecimiento migratorio asciende ya a 17 personas. Diecisiete familias destrozadas que, hasta ahora, solo habían recibido el consuelo estéril de 11 notas de protesta diplomática. 

El gobierno mexicano debió haber golpeado la mesa de los tribunales internacionales y estadounidenses desde el primer deceso. Tratar las muertes sistémicas de connacionales como “incidentes aislados” merecedores de quejas de papel fue una omisión histórica. Dejar pasar 16 tragedias antes de instrumentar una ofensiva legal vigorosa es la dolorosa prueba de que la diplomacia de la “cabeza fría” a veces peca de congelar la urgencia humanitaria.

Un error que cuesta una vida humana no es un error administrativo; es una negligencia criminal amparada por un sistema de persecución punitivo. Los migrantes mexicanos sostienen industrias enteras y enriquecen la economía del país del norte; su único “delito” es la falta de un documento. Es hora de que el peso del Estado mexicano defienda de verdad esa dignidad en los tribunales estadounidenses. Las demandas que hoy se anuncian son correctas y urgentes, pero llegan arrastrando el eco de 17 muertes que exigían justicia desde hace mucho tiempo.