La muerte de un inmigrante colombiano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocó una ola de protestas este lunes en la ciudad de Biddeford, donde decenas de residentes salieron a las calles para exigir una investigación transparente y cuestionar el incremento de las acciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
El colombiano, de 26 años, falleció luego de que un agente de ICE abriera fuego durante un operativo de detención relacionado con una orden final de deportación. De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades federales y la Fiscalía General de Maine, el conductor habría intentado avanzar con su vehículo hacia los agentes, quienes consideraron que existía una amenaza suficiente para responder con fuerza letal.
El senador independiente por Maine, Angus King, informó que sostuvo una conversación con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien le explicó que el agente disparó después de que el hombre presuntamente utilizara su automóvil como un arma. Sin embargo, King subrayó que será la investigación la que determine si el uso de la fuerza estuvo plenamente justificado.
Como parte del protocolo habitual en este tipo de casos, el agente involucrado fue suspendido de sus funciones mientras avanzan las pesquisas encabezadas por la Fiscalía de Maine, el FBI y otras agencias federales.
This is a video of ICE agents pulling a man out of a car and handcuffing him after shooting him in broad daylight in Maine ? just days after killing Lorenzo Salgado Araujo in Texas.
The blatant disregard for human life is absolutely disgusting. According to reports, there is? pic.twitter.com/sNO723mb0w
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes identificaron al fallecido como un ciudadano colombiano con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y con número de Seguro Social. Según activistas, residía en Biddeford junto con su esposa y su hija pequeña.
Vecinos que presenciaron el incidente relataron escenas de desesperación tras los disparos. Una residente aseguró haber visto a la esposa del hombre arrodillarse junto al cuerpo, mientras la hija de la pareja lloraba cerca del lugar.
Las cámaras de seguridad de un negocio cercano también captaron los momentos posteriores al tiroteo. De acuerdo con el propietario del establecimiento, el vehículo continuó avanzando sin control tras recibir los impactos de bala y terminó girando en una intersección antes de detenerse.
El senador King confirmó además que los agentes participantes en el operativo no portaban cámaras corporales, una situación que podría dificultar la reconstrucción precisa de los hechos y que ha generado nuevas críticas sobre los procedimientos de ICE.
Angus King has announced the Biddeford man fatally shot by ICE was not the target of an ICE warrant. DHS confirmed this with King’s office today. https://t.co/gQDrjF1PHy
Crece la presión sobre ICE en medio del aumento de operativos
Horas después del tiroteo, cientos de manifestantes se congregaron cerca del lugar de los hechos con pancartas que exigían la salida de ICE de Maine y denunciaban el incremento de los operativos migratorios en el estado. La protesta también llegó hasta la oficina de la senadora republicana Susan Collins, donde los asistentes reclamaron una mayor supervisión del trabajo de la agencia federal. Collins pidió posteriormente una investigación “exhaustiva e imparcial” para esclarecer lo ocurrido.
La embajada de Colombia informó que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para confirmar oficialmente la identidad y nacionalidad de la víctima, además de brindar asistencia consular a la familia.
El caso representa el segundo incidente con uso de fuerza letal por parte de agentes de ICE en menos de una semana y se suma a una serie de episodios ocurridos durante el reforzamiento de las políticas de deportación de la administración Trump.
Según datos analizados por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, ICE ha incrementado significativamente las detenciones en Maine desde el inicio del segundo mandato presidencial, un contexto que continúa alimentando el debate nacional sobre el alcance de las operaciones migratorias y el uso de la fuerza por parte de las autoridades federales.
Un operativo migratorio en una panadería guatemalteca de Lake Worth Beach, Florida, terminó con el arresto de su propietario y abrió una fuerte disputa entre la versión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el relato de sus familiares, trabajadores y organizaciones comunitarias.
Jacobo Zapeta Castro, dueño de El Quetzal Panadería y Cafetería, quedó bajo custodia federal después de varias horas de tensión alrededor del comercio. Empleados sostienen que decidió salir y entregarse para evitar que los agentes ingresaran al local y detuvieran a otras personas. ICE, en cambio, aseguró que se trató de una operación dirigida específicamente contra él y lo vinculó con antecedentes migratorios y penales.
El operativo ocurrió el miércoles 8 de julio en la avenida Lucerne, en Lake Worth Beach. Testigos dijeron que numerosos agentes federales y efectivos de la Patrulla de Carreteras de Florida rodearon la panadería, mientras empleados, familiares y vecinos permanecían dentro y fuera del establecimiento.
Gilmer Zapeta, trabajador del negocio, contó a la cadena local WFLX que el propietario decidió entregarse cuando creyó que sus empleados también podían ser arrestados.
La familia afirmó que la entrega fue negociada para evitar una confrontación potencialmente peligrosa para empleados, clientes y otras personas que estaban dentro del establecimiento. Mariana Blanco, representante del Guatemalan-Maya Center, habría intervenido como mediadora entre el comerciante y los agentes.
ICE presentó una reconstrucción distinta. La agencia sostuvo que sus agentes localizaron un vehículo relacionado con Zapeta Castro alrededor de las 10:30 de la mañana y trataron de detenerlo.
Según el organismo, el comerciante habría intentado embestir un vehículo oficial, abandonó el automóvil y corrió hacia la panadería, donde se atrincheró. ICE indicó que pidió apoyo de otras fuerzas para asegurar el lugar y que el hombre se entregó posteriormente.
La agencia describió al detenido como un ciudadano de Guatemala que había sido expulsado de Estados Unidos en cuatro ocasiones. También afirmó que tenía antecedentes por reingreso ilegal después de una deportación, arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, choque y fuga y resistencia a la autoridad.
La familia niega que tuviera una orden de deportación vigente
Los hijos de Zapeta Castro rechazaron la caracterización oficial. Dijeron que su padre tenía permiso de trabajo y licencia de conducir válidos, cumplía con sus obligaciones migratorias y no estaba sujeto a una orden activa de deportación.
La familia también aseguró que es propietario de un negocio, paga impuestos y mantiene a varias familias mediante los empleos de la panadería. Hasta ahora, no se han difundido públicamente documentos judiciales o migratorios que permitan resolver por completo las diferencias entre ambas versiones.
La comunidad cuestionó el despliegue
El arresto movilizó a residentes y organizaciones de apoyo a inmigrantes de Palm Beach County. Algunos testigos consideraron excesiva la cantidad de agentes desplegados alrededor de un pequeño comercio familiar.
La familia denunció, además, que dos hijos adolescentes del propietario, ambos ciudadanos estadounidenses, quedaron expuestos al operativo, mientras los agentes intentaban lograr que su padre saliera del edificio.
En tanto, la detención está confirmada, al igual que la participación de ICE y de fuerzas estatales. También está comprobado que Zapeta Castro salió del establecimiento y fue arrestado sin que se reportaran heridos.
Lo que permanece en disputa es por qué ingresó a la panadería, si intentó embestir un vehículo oficial, cuál era su situación migratoria exacta y si su entrega respondió a un acuerdo para proteger a los trabajadores. La información es, todavía, parcial, y quedan muchas preguntas por responder.
“Es inaceptable”, afirmó Sean Teare, el fiscal que encabeza la investigación, durante una rueda de prensa celebrada la tarde del lunes. El condado de Harris abrió la semana pasada una pesquisa paralela a la del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), después de que activistas, legisladores y familiares de Salgado reclamaran una investigación independiente.
“Va a ser casi una semana (desde la muerte de Salgad) y nadie a nivel estatal sabe quiénes eran los agentes, ni dónde están”, denunció el fiscal.
El funcionario señaló que su oficina está siguiendo “todas las vías posible” de investigación para identificar a los agentes del ICE que estuvieron involucrados en la muerte de Salgado, lo que incluye cámaras de vigilancia y testigos.
“Somos muy buenos en identificar a individuos que no quieren ser identificados. Creo que es increíble que en el año 2027 estemos hablando de agentes federales que no quieren ser identificados, pero es lo que hay”, subrayó Teare.
El condado de Harris está en el proceso de aprobar los fondos para financiar la investigación de la Fiscalía, según informó el comisionado Rodney Ellis.
Salgado, radicado en EEUU hace más de 30 años, murió el pasado martes en Magnolia Park, un barrio históricamente latino de Houston.
El hombre, de 52 años, se dirigía al trabajo junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban.
Según la versión presentada por DHS tras el incidente, los agentes intentaron interceptar el vehículo que conducía Salgado como parte de un operativo dirigido a detener a un migrante en situación irregular.
El Gobierno sostiene que Salgado “ignoró las instrucciones” de los agentes de ICE, chocó su camioneta contra el vehículo de los oficiales e intentó arrollar a uno de ellos, lo que llevó al agente a disparar “en defensa propia”.
Sin embargo, testigos y autoridades locales han revelado información que pone en duda el relato oficial. Ni Salgado ni su hermano eran los objetivos del operativo, según explicó la congresista Sylvia García tras conversar con el director interino de ICE.
Por su parte, los otros tres hombres que viajaban en la camioneta, actualmente recluidos en un centro de detención migratoria y hasta ahora los únicos testigos directos del incidente, afirmaron que Salgado no intentó arrollar a ningún agente y que los disparos contra el vehículo “entraron por los lados”, según relató su abogado, Hugo Balderas, durante una rueda de prensa.
Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero.
Los fiscales del estado de Minnesota informaron este lunes que obtuvieron nuevas pruebas consideradas fundamentales para avanzar en las investigaciones sobre los tiroteos que causaron la muerte de Renee Good y Alex Pretti durante las protestas contra los operativos federales de control migratorio realizadas a comienzos de este año.
La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció que, tras la cooperación de las autoridades federales, los investigadores estatales recibieron los discos duros que contienen declaraciones, grabaciones de cámaras corporales de los agentes y otras evidencias que, hasta ahora, permanecían retenidas. También recuperaron parte de las pruebas físicas, entre ellas el vehículo en el que se encontraba Good cuando fue asesinada, reseñó The Associated Press.
“Lo maravilloso ahora es que tenemos todas las pruebas”, afirmó Moriarty, quien explicó que los investigadores revisan actualmente el material recopilado, incluidas horas de grabaciones y el automóvil de la víctima.
La fiscal insistió en la necesidad de que exista mayor transparencia y cooperación entre las autoridades federales y estatales para esclarecer los hechos.
Renee Good, madre de tres hijos y de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos mientras salía en su vehículo de una manifestación en Minneapolis contra el endurecimiento de las políticas migratorias, en momentos en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desplegaban operativos en la zona.
Semanas después, el 24 de enero, Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos también de 37 años, falleció por disparos de agentes federales durante otra protesta. Ambos casos generaron una fuerte reacción pública y reavivaron el debate sobre las operaciones de control migratorio impulsadas por el gobierno federal.
A finales de junio el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y la propia Moriarty solicitaron a un juez federal ampliar los plazos de una demanda presentada contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al señalar que mantenían conversaciones con el FBI para obtener acceso a la información relacionada con las investigaciones. Los abogados del gobierno federal respaldaron esa solicitud.
Ellison aseguró que sigue preocupado porque, a su juicio, el gobierno federal demoró durante más de seis meses la entrega de las pruebas a las autoridades estatales. Expresó además su expectativa de que la reciente cooperación marque un cambio en la relación entre ambas instancias, de acuerdo con AP.
De acuerdo con la fiscalía, disparó a través de la puerta de una vivienda e hirió a Sosa en un muslo.
Otro agente del ICE, Gregory Donnell Morgan Jr., fue acusado en abril de apuntar con su arma a un conductor y a un pasajero en una autopista de Minneapolis, en lo que los fiscales describieron entonces como el primer proceso penal contra un funcionario federal vinculado a los operativos migratorios en Minnesota.
De acuerdo con AP, desde el inicio de la campaña de control migratorio de la administración del presidente Donald Trump se han registrado al menos ocho muertes relacionadas con estos operativos, aunque hasta ahora no se han presentado cargos penales por la mayoría de esos casos.
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el agente actuó en defensa propia después de que el vehículo de Salgado impactara una unidad del ICE.
El legislador estatal y candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, comenzó un recorrido por las localidades de la frontera sur en el que abordó la necesidad de una reforma migratoria mediante una propuesta que coordina el resguardo fronterizo con la regularización de las personas indocumentadas.
La estrategia del aspirante progresista reintroduce en la agenda pública la opción de otorgar estatus legal a la población sin papeles, un planteamiento rezagado tras los recientes operativos de deportación a gran escala ejecutados por el Gobierno federal, informó la estación televisiva local, KTSM.
“Lucho por una reforma migratoria integral. No solo para garantizar la seguridad de nuestra frontera, sino también para permitir que quienes llevan aquí años o décadas salgan de las sombras y contribuyan a nuestras comunidades“, declaró Talarico tras hablar con votantes en El Paso.
Acotó además que la mayoría de los texanos anhela un sistema migratorio que “refleje nuestros valores, tanto como nación de leyes como nación de inmigrantes”, añadió el aspirante al Senado.
El candidato, que compite por la vacante que dejará el senador John Cornyn, fue superado en las elecciones primarias del Partido Republicano por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien fue respaldado por el presidente Donald Trump.
Repercusiones por muerte de migrante en Houston
Las actividades de campaña coinciden con las manifestaciones públicas generadas a raíz del fallecimiento del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado, quien murió tras recibir disparos por parte de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston.
Salgado, residente de la zona por tres décadas, fue interceptado en vehículos sin identificación oficial en el sector Magnolia Park cuando se dirigía a sus labores junto a familiares y compañeros.
El aspirante al Senado expuso datos sobre el perfil del fallecido, señalando que cumplía con sus obligaciones tributarias, costeó los estudios superiores de sus descendientes y carecía de antecedentes penales. Talarico se refirió a Salgado, describiéndolo como la “encarnación del sueño americano”.
Las dos organizaciones señalaron que el joven había llegado a Maine para vivir y trabajar y expresaron su rechazo por lo ocurrido.
“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable”, indicaron en un comunicado conjunto.
MIRC y Presente! señalaron que su familia “llora ahora su muerte tras un incidente relacionado con ICE”.
Las organizaciones también denunciaron haber recibido reportes de residentes que aseguraban que agentes migratorios continuaban realizando operativos en la zona después del tiroteo, una situación que calificaron como “profundamente inquietante”.
“Esto es devastador, indignante e inaceptable. Sus seres queridos merecen respuestas, y el público merece una explicación completa y transparente de lo sucedido”, afirmaron.
Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente!, aseguró que la comunidad inmigrante ha tomado medidas “inmediatas” para apoyar a la familia del colombiano.
“Decir que tenemos el corazón roto no basta para expresar la magnitud del agotamiento, el terror o el dolor que sentimos. No permitiremos que esta muerte se reduzca a una simple nota al pie en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración”, sostuvo.
MIRC pidió una investigación “rápida, independiente y transparente”, que incluya la preservación de las grabaciones de cámaras corporales y de vigilancia, así como de las comunicaciones y demás pruebas relacionadas con el caso.
Además, la organización sostuvo que no debe permitirse que ICE investigue por sí mismo un incidente en el que participaron sus agentes ni controle la información pública sobre lo ocurrido.
ICE implicado
El incidente ocurrió la mañana del lunes en Biddeford. El líder de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, informó que la Policía estatal y el Departamento de Seguridad Pública investigan lo sucedido y que se prevé la participación del FBI.
“Una persona ha fallecido. El ICE está implicado”, escribió Fecteau.
La muerte del colombiano se produjo una semana después del fallecimiento del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Texas.
Según la información disponible, al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good durante un operativo en Minnesota.
El hombre que perdió la vida este lunes durante un operativo donde se registró un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue identificado como un ciudadano colombiano de 26 años que contaba con un permiso de trabajo vigente, informaron la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente!.
Tras confirmar la identidad de la víctima, ambas organizaciones manifestaron su indignación por lo ocurrido y exigieron una investigación independiente que esclarezca las circunstancias del caso.
Organizaciones lamentan la muerte del joven colombiano
En un comunicado conjunto, MIRC y Presente! señalaron que el joven había llegado a Maine con el objetivo de vivir y trabajar, y describieron su muerte como una pérdida irreparable para la comunidad inmigrante.
“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino y un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente”, expresaron ambas organizaciones al enviar sus condolencias a la familia y a las personas cercanas a la víctima.
También informaron que los familiares del colombiano enfrentan ahora el duelo tras un incidente relacionado con agentes del ICE.
Denuncian operativo y piden transparencia
Además de lamentar el fallecimiento, las organizaciones revelaron que, después del tiroteo registrado en Biddeford, recibieron reportes de residentes que aseguraban haber visto a agentes migratorios realizando operaciones en la zona.
Para MIRC y Presente!, esta situación resulta “profundamente inquietante”, por lo que insistieron en que las autoridades deben ofrecer una explicación clara sobre lo ocurrido.
“Esto es devastador, indignante e inaceptable. Sus seres queridos merecen respuestas y el público merece una explicación completa y transparente”, señalaron.
Piden que el ICE no investigue el caso
Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes solicitaron que la investigación sea realizada por una instancia independiente y no por el propio ICE.
Entre sus demandas se encuentra la preservación de todas las pruebas disponibles, incluidas grabaciones de cámaras corporales, videos de vigilancia, comunicaciones entre agentes y cualquier otro elemento que permita reconstruir lo ocurrido.
Wow. Maine residents are marching on the streets after ICE apparently killed a man in cold blood in Biddeford.
America is sick and tired of the murderous, tyrannical U.S. government under Trump. pic.twitter.com/0eCwCuvsYs
Asimismo, pidieron que las conclusiones de la investigación sean difundidas públicamente y advirtieron que no debe permitirse que la agencia migratoria controle la información relacionada con un caso en el que participaron sus propios elementos.
Autoridades mantienen abiertas las investigaciones
El tiroteo ocurrió la mañana de este lunes en Biddeford, una ciudad ubicada al sur del estado de Maine.
El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Ryan Fecteau, confirmó que una persona falleció durante el incidente y precisó que agentes del ICE estuvieron involucrados.
Tras los hechos, la Policía Estatal de Maine y el Departamento de Seguridad Pública iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras se prevé la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para esclarecer lo sucedido.
Comunidad inmigrante brinda apoyo a la familia
Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente!, aseguró que integrantes de la comunidad inmigrante ya trabajan para brindar acompañamiento a la familia del joven colombiano.
La activista afirmó que el impacto del caso ha generado miedo e indignación entre los migrantes que viven en Maine y sostuvo que la muerte del joven no puede convertirse en una cifra más dentro de las estadísticas relacionadas con operativos migratorios.
El caso se suma a otros incidentes registrados este año
La muerte del ciudadano colombiano ocurre apenas unos días después de que Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano, falleciera durante un operativo del ICE en Texas.
Con este nuevo caso, al menos seis personas han muerto por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos durante el presente año. Entre ellas también se encuentran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, quienes perdieron la vida durante un operativo realizado en Minnesota el pasado mes de enero.
Mientras continúan las investigaciones, organizaciones civiles mantienen el llamado a que las autoridades federales esclarezcan lo ocurrido y garanticen un proceso transparente que permita determinar las responsabilidades en este nuevo caso que involucra al ICE.
Las autoridades de Maine iniciaron una investigación para esclarecer la muerte de un joven ocurrida este lunes en la ciudad de Biddeford, luego de un operativo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y podría ser atraído por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
De acuerdo con información difundida por el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, el Departamento de Seguridad Pública estatal y la Policía de Maine ya realizan las primeras diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos. Además, adelantó que el FBI también participaría en las investigaciones para esclarecer el uso de la fuerza durante el operativo.
Aunque las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han explicado oficialmente las circunstancias que derivaron en el tiroteo, Fecteau confirmó que una persona perdió la vida y que agentes del ICE estuvieron involucrados en el incidente.
Organización de migrantes exige justicia tras el fallecimiento
Horas después del suceso, la organización Project Relief Maine, dedicada al acompañamiento y defensa de comunidades inmigrantes, informó que el joven fallecido formaba parte de su organización.
El colectivo lamentó la pérdida y aseguró que la muerte representa un duro golpe para la comunidad migrante del estado.
“Se trata de una persona joven cuya vida se ha visto truncada. Nuestra comunidad debe unirse para apoyar a sus seres queridos y garantizar que no enfrenten este momento en soledad. Deben obtener justicia”, expresó la organización mediante un comunicado difundido en redes sociales.
Más tarde, Project Relief Maine precisó que la víctima era un hombre y explicó que su familia atraviesa momentos de profunda consternación. Por ello, pidió respeto a su privacidad mientras enfrenta el proceso de duelo.
El caso se suma a otros incidentes recientes relacionados con el ICE
La muerte registrada en Maine ocurre en medio del creciente escrutinio sobre los operativos del ICE en distintas regiones de Estados Unidos.
Hace apenas unos días, un agente de esa corporación disparó y mató en Texas al ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una acción de detención. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó posteriormente que el migrante permanecía en territorio estadounidense de manera irregular.
Con el caso ocurrido en Biddeford, suman al menos seis personas fallecidas este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, de acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora.
Entre esas víctimas también se encuentran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, quienes murieron durante un amplio operativo migratorio realizado en Minnesota el pasado mes de enero.
Continúan las investigaciones
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento ni sobre la actuación de los agentes involucrados. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existió un uso justificado de la fuerza durante el operativo.
Conforme avancen las pesquisas, se espera que las autoridades federales y estatales proporcionen más información sobre este caso, que ha despertado inquietud entre organizaciones civiles y defensores de los derechos de las personas migrantes.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llevará este lunes el caso de 17 mexicanos muertos, casos relacionados con Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante instancias judiciales, en un nuevo paso para exigir investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes.
La presidenta de México, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará las denuncias ante el Departamento de Justicia como ante fiscalías estatales, con el objetivo de que se esclarezcan las muertes de sus connacionales registrados en distintos hechos relacionados con la política migratoria.
Más allá de las gestiones diplomáticas
La decisión, explicó, forma parte de una estrategia que busca ir más allá de las gestiones diplomáticas y utilizar los mecanismos legales disponibles para exigir responsabilidades cuando existan posibles abusos contra ciudadanos mexicanos.
Uno de los expedientes incluidos corresponde al fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo migratorio realizado recientemente en Houston, Texas. De acuerdo con Sheinbaum, ese caso ya es investigado por autoridades locales y federales de Estados Unidos.
Las denuncias también contemplan hechos ocurridos en centros de detención migratoria y la muerte de tres connacionales durante operativos del ICE, situaciones que, según el Gobierno mexicano, podrían constituir violaciones a los derechos humanos.
Además de informar sobre las acciones legales, la presidenta convocó a los distintos actores políticos del país a respaldar la defensa de los mexicanos que viven en el extranjero.
El llamado de Sheinbaum al Congreso y partidos políticos
“No es solamente un asunto del Gobierno de México; es un asunto de todas y de todos los mexicanos“, afirmó durante su conferencia matutina.
En ese contexto, solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitir un pronunciamiento sobre los hechos y llamó a todos los partidos políticos, sin distinción, a exigir información a las autoridades estadounidenses y expresar su rechazo ante cualquier presunta vulneración de los derechos de los connacionales.
Sheinbaum sostuvo que proteger la vida y los derechos humanos de los mexicanos fuera del país debe asumirse como una causa nacional, especialmente en Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad de migrantes mexicanos.
El anuncio representa una nueva etapa en la postura del Gobierno mexicano frente a los casos de mexicao muertos en territorio estadounidense. La semana pasada, la presidenta adelantó que su administración recurriría a acciones jurídicas tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston.
De acuerdo con información del Gobierno de México, desde el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump se han registrado diversos fallecimientos de mexicanos tanto en centros de detención como en operativos de las autoridades migratorias estadounidenses.
En el mapa no hay respuesta. El buscador de Google Maps indica como lugar de destino las oficinas comerciales de la firma inmobiliaria Terrenos Houston, la cual comercializa predios en la comunidad de Colony Ridge, ubicada en el condado de Liberty, a unos 35 kilómetros al norte de Houston y su población oscila entre 75,000 y 100,000 habitantes según funcionarios de este condado. Pero ese no es el destino.
Para entender el lugar hay que entrar a sus calles. En diagonal a la agencia, un foodtruck rompe la lógica del buscador. “Sí, hay tacos”, anuncia el letrero. Entre el olor a maíz y aceite, una mujer da indicaciones.
El puesto está casi vacío. El calor cae con fuerza: 33 grados centígrados a media tarde. Bajo una carpa alargada, una mesa de plástico y bancas largas funcionan como un comedor sobre tierra. Llega un cliente. Pide rápido, sin quedarse. Antes de irse, menciona las redadas migratorias y las críticas a la empresa que vendió estos terrenos, señalada por residentes por comercializar lotes en zonas inundables e incluso afectadas por aguas residuales. La comunidad hispana ha sido la más perjudicada, con denuncias de falta de información sobre los riesgos. El cliente no da más detalles. Está apurado. Se va.
Colony Ridge ha sido señalada por legisladores republicanos de Texas, como refugio de migrantes indocumentados e incluso como un centro de delincuencia vinculado a cárteles. Sin embargo, la presencia estatal es limitada: hay alrededor de 10 policías para una comunidad que supera las 80,000 personas. Aunque sus residentes sostienen que el nivel de criminalidad es bajo en comparación con otras ciudades, la escasa vigilancia se traduce en problemas cotidianos de seguridad.
A inicios de 2025, la tensión aumentó. La zona se convirtió en blanco de redadas migratorias.
Crédito: houstonlanding.org | Cortesía
Siguiendo las indicaciones de la vendedora del foodtruck, los carteles en español comienzan a aparecer en el camino. Así se anuncia la llegada a Colony, una zona que colinda con el condado de Montgomery.
En una de sus calles, en la comunidad de Colony funciona el local comercial Veronica’s Café. El lugar está vacío. Puede ser por el horario, jueves 14:00 del mes de junio. La dueña, estadounidense está casada con un centroamericano; con actitud gentil está pendiente de la clientela que entra o sale.
Verónica (derecha), propietaria de Verónica’s Café, conversa con la reportera Lía Salvador Mendoza en el establecimiento ubicado en Colony Ridge, un vecindario al norte de Houston, azotado por las redadas masivas de inmigrantes indocumentados. Crédito: Border Center for Journalists | Cortesía
“La verdad, mientras conduzco por mi comunidad, he visto a los state troopers detener a personas y buscarlas. Yo simplemente cierro los ojos y hago una oración por ellos; creo que Dios tiene el control de todo”, señala Verónica. Además, indica que tuvo que adaptarse a la situación.
Durante los primeros meses de 2025, su rutina cambió. La gente dejó de salir. Ella optó por hacer entregas a domicilio para aquellas personas que temían la presencia de los agentes de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) o DPS (Departamento de Seguridad Pública).
Entre el Sueño Americano y la excepción
Cynthia Silva, periodista y residente de esta comunidad, comenta que en estudios de seguridad pública suele sugerirse un policía por cada mil habitantes. En Estados Unidos, hay en promedio 2.3 agentes por cada mil habitantes, según datos del FBI (Buró Federal de Investigaciones). En Colony Ridge, esa proporción no se cumple.
Cynthia Silva (derecha), reportera de El Amanecer Texas, explica que hay poco control policial en Colony Liberty. El fentanilo en las escuelas de ahí tiene un alto índice de consumo desde los 7 años, asegura.Crédito: Border Center for Journalists | Cortesía
Para Silva, la falta de agentes policiales se evidencia en la escasa presencia policial.
“Aquí hay delitos, sí, pero no al nivel de otros lugares. Las cifras del condado lo confirman: esta zona registra menos crimen que el norte. La policía es local y cercana, no interviene en temas migratorios; el problema es otro: casi no hay presencia. “No tenemos casi patrullas, casi no tenemos policías aquí”, expresó. “A veces tenemos una para toda la comunidad y hay como 80.000 personas aquí o más. Y está creciendo mucho”.
Con el inicio de las redadas, la dinámica del lugar cambió. Según Verónica muchos vecinos vendieron sus tráilers, sus casas, sus terrenos, sus muebles, y se regresaron a su país de origen para esperar que las redadas de ICE pasen. Otros viven con temor, asegura. DPS entró a colaborar con las autoridades migratorias.
En 2023, Colony Ridge tuvo atracción nacional tras cobertura de medios conservadores y políticos republicanos que acusaron el barrio de ser un imán para atraer a indocumentados.Crédito: David J. Phillip – Archivo | AP
El 24 de febrero de 2025 varios medios como Univisión reportaban las redadas en este sector y en colaboración agentes de ICE y DPS. Según declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, el objetivo era detener a criminales o migrantes en situación irregular.
“Nuestra comunidad es muy bonita. Aquí vive mucha gente buena. Cuando una familia tiene una tragedia, la comunidad se une y ayuda. Yo lo he visto muchas veces. Nunca he tenido problemas con nadie”, dice Verónica, quien ha vivido durante años en Colony.
Verónica se refiere a una redada ocurrida a inicios de 2025. Cree que las autoridades tenían órdenes de deportación, pero asegura que el operativo generó temor entre los residentes. Con el paso de los meses, agrega, la situación se ha calmado.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) señaló que 2025 ha sido un año “sin precedentes en resultados”, al registrar la deportación de 605,000 personas y la salida voluntaria de 1.9 millones de migrantes indocumentados desde el 20 de enero.
Para Verónica, quienes dan calificativos negativos sobre Colony son ciudadanos que no viven aquí, que no conocen lo que ocurre desde adentro.
“Yo soy americana, puedo decir que estoy viviendo el Sueño Americano (en Colony)”, explica.
En una postura más crítica está Cynthia Silva, periodista y residente de la comunidad. De padres latinos, su vida, la de su familia y su trabajo están en Colony, donde hace reportería para el medio local, El Amanecer Texas. Entre la mezcla de acentos en español e inglés ella relata qué falta en este lugar.
En este condado hay tres escuelas primarias. Ninguna secundaria. Solo funciona una high school de tipo charter, es decir, fuera del distrito escolar local y financiada directamente por fondos públicos. Este sistema educativo, identificado como IL Texas (International Leadership of Texas es una red de escuelas públicas autónomas y gratuitas), ofrece enseñanza en inglés, español y mandarín, y es valorado positivamente: muchos de sus estudiantes acceden a becas o incluso ingresan al Ejército tras graduarse.
Las escuelas de la comunidad, según Silva, enfrentan problemas estructurales como sobrepoblación, falta de espacio y condiciones de inseguridad. La saturación ha obligado incluso a la contratación de docentes extranjeros ante la falta de personal. A esto se suma un contexto complejo: presencia de drogas, particularmente fentanilo, pandillas y episodios violentos.
El crecimiento de Colony ha implicado desafíos en el ámbito escolar. El distrito educativo de Cleveland-Texas, enfrenta dificultades para retener docentes, escasez de autobuses escolares y falta de infraestructura, además de problemas relacionados con el consumo de sustancias sujetas a fiscalización.
Según datos del propio distrito, el año 2023 gastó $175 millones de dólares, pero solo generó $165 millones en ingresos, lo que dejó un déficit de $10 millones.
Para el 2013 la matrícula en todo el distrito de Cleveland alcanzó un máximo de 3,300 estudiantes. En mayo de 2024, el distrito tenía 12,242 alumnos inscritos. Estos datos fueron documentados por el medio Houston Landing en un reportaje publicado el 29 de agosto de 2024, que analiza el crecimiento acelerado de Colony Ridge y los desafíos que implica para sus servicios básicos.
La inseguridad en algunas de estas escuelas ha llevado a ciertas familias a optar por la educación en casa (homeschooling), tanto por la falta de cupos como por preocupaciones sobre el entorno y la calidad educativa. Es el caso de Silva, quien durante la entrevista intercalaba la conversación con la orientación de las clases de sus hijos.
Según Cynthia, también se reporta la presencia de drogas como el fentanilo entre menores, incluso desde los siete años.
El gobernador Greg Abbott (izquierda) ha empujado una dura agenda migratoria en Texas. en la imagen con el zar de la frontera, Tom Homan.Crédito: Eric Gay – Archivo | AP
El punto de quiebre
Para Silva las redadas migratorias marcaron un punto de quiebre en la comunidad. Estas comenzaron a inicios de año (2025) y se caracterizaron por controles generalizados. Mientras ella conducía cerca de su casa, iba a recoger una pizza para sus hijos, un agente la detuvo.
“Me pararon y lo primero que me preguntaron fue si tenía documentos. Yo les dije que sí y se los mostré, porque siempre los llevo conmigo. Uno nunca sabe. No importa si naciste aquí, si hablas inglés o español, si no tienes cara de persona blanca, te paran”, afirma.
“No hice nada malo. Lo único era que la luz de mi carro no funcionaba, pero la forma en que me hablaron me molestó mucho”, comenta. “Los policías de esta zona suelen ser amables, por eso me sorprendió. Me hablaron de forma fuerte”.
El impacto no se limitó a ese momento. Sus hijos de 12, 9 y 8 años presenciaron lo ocurrido y posteriormente en casa al explicarles la situación, los menores reaccionaron con angustia, al comprender que amigos cercanos y compañeros de escuela podrían estar en riesgo debido a su condición migratoria.
“Mi hijo de 12 años empezó a llorar. No entiende por qué está pasando todo esto. Mi hija también lloró: tiene miedo de que algo le pase a su mejor amiga, que es de México”, dice, con la voz entrecortada.
Al referirse a este episodio, la entrevistada se quiebra y se seca las lágrimas antes de continuar. Reconoce que, aunque las autoridades cumplen con su labor, los procedimientos deberían ejecutarse con mayor respeto hacia las personas. Advierte que, si bien se busca a individuos con antecedentes, también se genera temor entre familias que trabajan y residen en el sector.
Para intentar obtener cifras oficiales sobre las detenciones en Colony Ridge, la periodista y residente Cynthia Silva contactó a las autoridades. Sin embargo, tras varias solicitudes, solo recibió requerimientos adicionales sobre el propósito de su investigación y nunca obtuvo el reporte con los datos de detenciones, lo que impide dimensionar de forma oficial el alcance de las redadas. Según cuenta, en ocasiones anteriores este tipo de solicitudes solía resolverse de forma inmediata.
También menciona las condiciones de vida en la zona, señalando que servicios básicos como la recolección de basura implican costos adicionales que pueden alcanzar, aproximadamente $120 dólares trimestrales, para los residentes, a diferencia de otras ciudades como Houston.
Pese a todo, insiste en que los oficiales locales suelen mantener un trato distinto, más cercano, y que la tensión aumentó específicamente a inicios de 2025. Silva dice que se percibe una disminución de estos controles, aunque el impacto emocional del miedo a salir o desplazarse en la comunidad persiste.
La comunidad mantiene un fuerte sentido de solidaridad. Los vecinos se organizan para apoyarse en situaciones difíciles, asegura Verónica. En las redes sociales y en el website de El Amanecer Texas, en la sección Comunidad, se reflejan estas iniciativas y la participación de los residentes para mejorar la convivencia.
Este contexto local forma parte de una dinámica más amplia. Para la periodista especializada en migración Ana Brígida, quien ha seguido de cerca el crecimiento de Colony, este tipo de operativos responde a cambios recientes en la política migratoria. Desde enero de 2025, menciona se han intensificado las redadas y han surgido nuevas tácticas por parte de ICE, incluso en espacios como las cortes migratorias.
“He visto agentes dentro de las cortes, algo que no era común antes”, señala. Según su experiencia, estas acciones podrían estar relacionadas con una mayor presión política sobre la agencia, con un posible incremento de detenciones.
Texas se ha vuelto nuevamente noticia nacional tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de ICE, lo que ha desatado protestas en el estado.Crédito: Mark Felix | AP
El impacto de las redadas en la cobertura periodística
Esta coyuntura también ha afectado el trabajo periodístico. Brígida advierte que el acceso a espacios públicos como audiencias migratorias se ha restringido en las últimas semanas (julio-agosto de 2025), limita la transparencia y dificulta la cobertura informativa.
La periodista, originaria de Boston, explica que Colony Ridge creció como un desarrollo orientado a personas que no podían acceder a créditos tradicionales, muchas de ellas migrantes en situación de vulnerabilidad. Este modelo ha derivado en un entorno con menos recursos institucionales y mayores desafíos estructurales.
Además, señala que el Departamento de Justicia mantiene investigaciones sobre las prácticas de comercialización de terrenos en la zona, lo que refuerza la necesidad de analizar el fenómeno más allá de la narrativa simplificada.
Para Brígida, el desafío también es comunicacional. Advierte que los medios deben reforzar la verificación de datos y evitar replicar discursos que no se ajustan a la realidad. “No estamos hablando sólo de política migratoria, sino de personas”, enfatiza.
Pero el miedo no se limita a Colony Ridge. Adopta otras formas y otros protagonistas. Las redadas podrían ser el capítulo final en la historia de un migrante, sin embargo, el miedo podría comenzar antes.
Es el caso de Iván, quien vivió un infierno entre Tamaulipas, México, McAllen y Houston, Texas. En 2024, Iván Guzmán, ecuatoriano de 40 años, vivió lo peor de la migración: fue secuestrado junto a su hermano en México y retenido también en territorio estadounidense antes de recuperar su libertad en Houston.
Había salido de Ecuador tras recibir amenazas de muerte por parte de un grupo de delincuencia organizada en su país. Pero la violencia no quedó atrás. En su paso por México, fue capturado por redes vinculadas al crimen organizado, trasladado bajo amenazas y obligado a cruzar la frontera en condiciones extremas. Luego, ya en Estados Unidos, fue retenido durante semanas en casas clandestinas en McAllen, Texas, sin alimentación adecuada, sin agua y bajo control de grupos que exigían pagos a su familia. Su liberación en Houston se dio gracias al pago de aproximadamente $40,000 dólares que hicieron por él y su hermano sus familiares a los secuestradores. Un año después, en 2025, el miedo no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma y de protagonista.
Para miles de migrantes, el peligro no terminó al cruzar la frontera.
“Salgo y miro hacia atrás como si alguien me persiguiera”, dice Iván. Ahora teme ser detenido, deportado y obligado a regresar al país del que huyó, exponiéndose así a la violencia que intentó dejar atrás. Asegura que él no cree en el “Sueño Americano”.
