¿Qué implica aceptar en un país a personas deportadas de Estados Unidos bajo una política racista y excluyente? ¿Qué validez tiene la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos/as brutalmente detenidos/as, encarcelados/as y deportados/as por el gobierno estadounidense cuando aquí se retiene por largos periodos a migrantes de otros países también deportado/as? ¿Acaso no es obligación del país receptor garantizar un trato humanitario para todas esas personas desarraigadas de golpe y traumatizadas?
Estas preguntas, entre otras, surgen ante el motín sucedido el sábado en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, donde migrantes deportados/s incendiaron colchonetas en protesta por las irregularidades en su proceso migratorio, que implican largos periodos de retención, trámites lentos para regularizar su situación y falta de apoyo legal, según notas de prensa y declaraciones de Luis García Villagrán del Centro por la Dignificación Humana A.C. Si bien, por fortuna, en Tapachula, el incendio fue controlado a tiempo y no hubo personas fallecidas, esta nueva protesta nos recuerda la que se dio en 2023 en Ciudad Juárez donde cuarenta personas murieron. Con este antecedente, el motín en Tapachula resulta un estallido anunciado, que sugiere o evidencia que las autoridades no han diseñado una política acorde con el reto que enfrentan.
Las crecientes deportaciones sistemáticas de personas extranjeras que han vivido a veces por décadas en EE.UU afectan primero a éstas y sus familias, que quedan divididas y que, aquí o allá, ya no contarán con su apoyo económico. El trauma que provocan el maltrato y la deportación es profundo. Las personas detenidas son humilladas y vejadas y obligadas a regresar a su país, si son mexicanas, o se encuentran de pronto en un país que no conocen, donde carecen de redes sociales. En ambos casos, pierden a seres queridos y/o amistades, su trabajo y, muchas de ellas, sus bienes, casa, ahorros…
La obligación mínima del país que recibe a sus nacionales es asegurarles un retorno seguro con posibilidades reales y efectivas de reintegrarse en un país que, con frecuencia, no es el mismo que dejaron hace años o que es igual a aquel del que huyeron por la violencia o la marginación. A los más de 200,000 mexicanos/as deportados/as desde 2025 se les ofrecen, según la descripción del programa “México te abraza”, facilidades para obtener sus documentos, un apoyo económico simbólico de 2,000 pesos y, supuestamente, acceso a servicios de educación, salud… Ojalá el programa sea efectivo, los libre del laberinto burocrático, les dé las oportunidades de educación, trabajo y vivienda que merecen, y favorezca su pleno desarrollo personal y laboral.
Hacia las personas extranjeras que acepta recibir, México también está obligado a darles un trato digno y a ofrecerles condiciones para regularizar su situación, mediante peticiones de asilo, o facilitarles el tránsito voluntario hacia otro país. Al aceptar a personas de Venezuela, Cuba u otros países inmersos en la violencia o la miseria o donde su vida peligraría, México implícitamente se está comprometiendo a acogerlas, a menos que pretenda replicar la política de la crueldad impuesta por E.U. Para cumplir con el respeto a los derechos humanos, el gobierno debería haber previsto (y debe prever) un presupuesto suficiente, además de reorganizar el INM para evitar los múltiples abusos y las extorsiones que han denunciado organizaciones defensoras de los derechos de los/las migrantes. Debe también proteger a todas las personas deportadas de los peligros que las acechan en estados fronterizos, tomados o infiltrados por la criminalidad.
Mientras que México se ha alienado o plegado ante EU, en Uruguay se discute si un país “abierto a la migración”, que ha defendido una política de derechos humanos, puede aceptar a personas enviadas ahí por la fuerza. Sin discusión, el gobierno mexicano ha decidido hacerlo. Debe ahora ser congruente con su discurso “progresista” y actuar con ética y transparencia hacia nacionales y extranjeros/as deportados/as.
