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La Habana, 7 ago (EFE). Cuba recibió en la primera mitad de este año 387.591 turistas internacionales, un 60,7 % menos que en el mismo período del ejercicio previo, tras un junio con apenas 28.100 visitantes, informó este viernes la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El turismo, una de las tres mayores fuentes de divisas para Cuba, estaba en crisis desde la covid-19, pero la presión estadounidense desde enero terminó por demoler el sector, paralizando la llegada de vuelos desde enero por la falta de combustible y propiciando la salida de hoteleras extranjeras en la isla por las sanciones secundarias.

El Gobierno de Cuba reconoció este julio que las presiones de EE.UU. han provocado la salida del país de siete hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % del total de habitaciones del país (más de 80.000, según datos oficiales), entre ellas las cadenas españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

Según las cifras publicadas este viernes por la ONEI, por países de origen, Canadá aportó entre enero y junio 126.937 visitantes, seguido por Estados Unidos, con 31.001 y Rusia, con apenas 21.235, lo que supone descensos interanuales del 70,3 %, el 53,8 % y el 66,8 %, respectivamente.

Otros mercados emisores como México, Argentina y China registran caídas considerables de más del 30 % en comparación con igual período del año anterior.

Por su parte, las visitas de la comunidad cubana en el exterior, uno de los pilares del sector, también cayeron de forma notable en los seis primeros meses del año, un 38,2 % menos hasta las 74.068 personas, según la ONEI.

El país caribeño registró en 2025 poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, frente al objetivo gubernamental de 2,6 millones. En 2024 la cifra alcanzó los 2,2 millones y en 2023, 2,4 millones, según datos oficiales.

Las cifras quedan lejos de los números récord ligados al “deshielo” de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que permitieron el arribo en 2018 de 4,6 millones de turistas y en 2019, de 4,2 millones, debido a la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.

Ante esta situación, el Gobierno cubano aprobó el pasado junio -dentro del paquete de las 176 reformas económicas que buscan descentralizar y liberalizar la economía de la isla- varias medidas para dinamizar el sector turístico, entre ellas la aprobación de nuevas modalidades de negocio para el sector privado, incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros.

También permitirá al sector privado ejercer de agentes turísticos, guías y agentes. El Ejecutivo de La Habana prevé, además, poner en marcha una tasa del 1 % a estos negocios para promover la sostenibilidad y la imagen de esta actividad económica.

(c) Agencia EFE

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó este viernes que sostuvo una llamada de trabajo con el canciller del Perú, Carlos Espá, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Velasco Álvarez precisó que acordó que los equipos de las dos cancillerías elaborarán una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas.

El titular de la SRE agradeció su gestión para el otorgamiento del salvoconducto a la expresidenta Betssy Chávez, y confirmó que ya se encuentra en México.

Además de la disposición de las autoridades peruanas para concretar este paso, en beneficio de los dos pueblos y de los lazos históricos que los unen.

“Con el liderazgo de las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori en cada país, y el respeto mutuo entre ambos gobiernos, se abre una nueva etapa entre México y Perú”, finalizó el canciller mexicano en un mensaje en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó más temprano que la exprimera ministra Betssy Chávez llegó a México tras el salvoconducto de Perú

Sheinbaum Pardo confirmó que Perú otorgó un salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien llegó a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana tras permanecer asilada en la Embajada de México en Lima.

“Fue otorgado el salvoconducto (…) Entiendo que ya aterrizó, a las 7:43 horas, ya está en México, acompañado de dos personas de la SRE”, indicó Sheinbaum en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El ⁠Ministerio de Relaciones Exteriores de ⁠Perú dijo ⁠este viernes en un comunicado que acordó con México reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

la relaciones fueron interrumpidas desde fines del año pasado luego de que ⁠el gobierno mexicano otorgara asilo ⁠a una exfuncionaria del destituido el mandatario Pedro Castillo.

En otro comunicado conjunto sobre el restablecimiento de las relaciones, ambos gobiernos anunciaron además que ⁠Lima ⁠otorgó ⁠a la exprimera ministra ⁠Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima, salvoconducto para que ⁠viaje a México.

El Gobierno de Perú dijo que la entrega del salvoconducto se realiza “con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez”, conforme a los tratados aplicables a ambos Estados en caso de que las autoridades peruanas lo requieran, refirió el comunicado.

El canciller peruano, Carlos Espá, dijo a la radioemisora local RPP que Chávez partió del país ⁠casi a la medianoche del jueves ⁠rumbo a México ⁠en “buenas condiciones de salud”, luego de que la presidenta Keiko ⁠Fujimori firmara el salvoconducto.

Betssy Chávez está siendo procesada por la justicia local por el presunto delito de conspiración contra el Estado y participación en el intento fallido del expresidente Castillo de cerrar el Congreso a fines del 2022.

Ambos países no tenían respectivos embajadores desde ⁠inicios de 2023 tras una disputa por el apoyo del gobierno mexicano a Castillo, a quien consideran un preso político.

Antes de que tomara posesión como nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori había planteado su predisposición a normalizar las relaciones con México, una propuesta que su homóloga, Claudia Sheinbaum, recibió también de buen agrado.

A principios de noviembre de 2025, la Embajada mexicana en Lima concedió asilo político a Chávez tras ser condenada por su participación en el autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, lo que supuso el detonante de la ruptura de relaciones entre México y Perú, que venía fraguándose desde hace varios años.

Perú ya había expresado su malestar con México después de que hubieran estado criticando las medidas que se le impusieron a Castillo, cuya familia sí logró el asilo en el país.

Chávez, que había reclamado sin éxito una medida de gracia apelando a su mal estado de salud, ha estado refugiada durante todos estos meses en la Embajada mexicana en Lima, cuya seguridad ha estado a cargo de Brasil, después de que Perú decidiera cortar relaciones.

Los Gobiernos de Perú y México acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, después de que el nuevo ejecutivo peruano, encabezado por la recién estrenada presidenta Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, aceptó dar el salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), entonces del partido Perú Libre.

Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, tras recibir asilo diplomático del Gobierno mexicano, podrá viajar ahora a territorio mexicano.

En un comunicado conjunto, ambos ministerios de Exteriores anunciaron que sus países retomarán las relaciones, rotas a todo nivel desde noviembre de 2025, cuando el Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum, del partido Morena, dio asilo a Chávez, procesada y posteriormente condenada a 11 años y 5 meses de cárcel como el propio exmandatario Castillo, por un fallido intento de golpe de Estado de 2022.

rml (efe, reuters)

El ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el viernes como presidente de Colombia decidido a combatir con mano dura a guerrilleros y narcos, en un giro que estrecha lazos con Washington y sepulta las negociaciones de paz.

El abogado millonario de 48 años, de nacionalidad estadounidense y aliado de Donald Trump, tomará juramento en Cali (suroeste), en una ceremonia inusual cerca de territorios bajo dominio de los grupos armados que avivan la peor ola de violencia en una década.

De la Espriella reemplazará a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que ejerció en Colombia y quien desconoce la elección de su sucesor por un supuesto fraude electoral que ninguna autoridad ha denunciado.

En el evento previsto para las 15H00 locales (20H00 GMT), De la Espriella jurará para un mandato de cuatro años con la promesa de una “nueva era” en Colombia.

El showman, que se hace llamar El Tigre, se comprometió a poner fin a los frustrados planes de paz de Petro, con organizaciones que trafican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga.

De la Espriella asumirá en una zona conflictiva contrario a la costumbre bicentenaria de hacerlo en Bogotá.

Cali, afectada recientemente por atentados guerrilleros, está blindada con el despliegue de 11.000 militares y la activación de un sistema antidrones para proteger a los invitados.

Al evento asistirán una decena de jefes de Estado, delegados de la Casa Blanca en cabeza del fiscal general de Estados Unidos, y varios cancilleres, incluido el de Israel.

“Por los anuncios que ha hecho se nota que va a ser como de una mano fuerte, ojalá que no vaya a haber una nueva violencia”, dijo a la AFP Óscar Obando, trabajador informal en Cali de 67 años.

Petro descartó participar, pero sus aliados llamaron a protestas en las principales ciudades luego de perder las elecciones por el margen más estrecho de la historia.

– Con Estados Unidos – 

De la Espriella irrumpió en la campaña como un outsider sin partido, conocido por defender narcos y celebridades.

Sus actos fueron espectáculos con fuegos artificiales, discursos detrás de un cristal blindado y un característico saludo militar que adoptó como respaldo a la fuerza pública en la ofensiva contra el narco. 

El gobierno saliente advirtió de posibles “actos de terrorismo” el día de la investidura.

La asunción de De la Espriella en Colombia inclina aún más la balanza hacia la derecha comprometida con la guerra antinarco liderada por Trump en Latinoamérica.

El mandatario estadounidense respaldó al abogado, quien le aseguró que Colombia se relacionará como “nunca antes” con Washington. 

El nuevo gobierno marca un punto de quiebre en las relaciones de ambos países, tras los constantes choques entre Petro y Trump.

“Vamos a recuperar la soberanía y a proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo”, dijo De la Espriella el domingo en su más reciente alocución.

– Una ofensiva inquietante – 

El nuevo mandatario prometió intensificar los bombardeos contra campamentos guerrilleros con apoyo de Israel y Estados Unidos, así como construir megacárceles similares a las de El Salvador.

Su estrategia evoca la estrecha cooperación militar entre Bogotá y Washington de comienzos de siglo, que fortaleció la ofensiva contra guerrillas como las FARC antes del acuerdo de paz de 2016. 

Si bien las principales estructuras insurgentes se debilitaron, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian graves violaciones.

De la Espriella recibe unas fuerzas militares con “capacidad limitada” en número de uniformados y “falta de equipamento” tecnológico, explica a la AFP Renata Segura, de International Crisis Group.

A la experta le preocupa un posible “daño colateral” que afecte a civiles, si se ataca con mano dura a grupos “muy adentrados” en los territorios. 

Colombia tiene unas 25.000 personas en armas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025. 

– “Cambio total” –

“Necesitamos un cambio total”, “para Colombia creo que va a ser bueno, hay que apoyarlo para que no haya tanto crimen”, dijo Germán Angulo, un contratista de 63 años.

Antes de asumir, el nuevo presidente anunció que cerrará la oficina presidencial de paz y la de derechos humanos como parte de su plan de reducir el tamaño del Estado en un 40%.

En un primer gesto hacia ese bloque de derecha, De la Espriella anunció el mes pasado que romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba.

das/lv/vel/lb

La ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación ya no se concentra únicamente contra sus líderes. El 5 de agosto, su Departamento de Justicia hizo públicas acusaciones penales contra cinco presuntos jefes del cártel, junto con recompensas por más de 100 millones de dólares. Días antes, su Departamento del Tesoro sancionó a 55 personas y empresas ligadas al CJNG, incluido Juan Carlos Valencia, el Pelón, actual líder de la organización. Ahora la DEA anuncia haber identificado a funcionarios mexicanos que brindan protección al cártel. Es una acusación grave que exige pruebas contundentes.

Hasta ahora EU no ha identificado públicamente a un solo funcionario vinculado con esa acusación específica sobre el CJNG, ni ha presentado cargos formales ni evidencia alguna, algo que no es nuevo. El 29 de abril, el Departamento de Justicia solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador morenista con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. México pidió las pruebas por la vía diplomática y tres meses después, EU todavía no las ha entregado.

En años recientes, distintas agencias estadounidenses han investigado el lavado de dinero, el tráfico de fentanilo, el huachicol fiscal y las empresas fachada vinculadas con organizaciones criminales mexicanas, casos que terminaron en sanciones, decomisos relevantes y pocos procesos penales. Pero acusar a funcionarios de proteger a un cártel exige más que una declaración pública. Si EU dispone de pruebas sobre el CJNG, debería presentarlas ante los tribunales, no anunciarlas por adelantado, como sigue ocurriendo en el caso de Rocha Moya.

Existe además un riesgo de fondo. Convertir la cooperación bilateral en un intercambio permanente de señalamientos públicos sin procesos penales sólidos detrás podría erosionar más la credibilidad de ambos gobiernos.

Nada de esto minimiza el problema. Sería ingenuo suponer que organizaciones capaces de mover miles de millones de dólares, controlar territorios completos y operar durante décadas puedan hacerlo sin algún grado de protección institucional. La historia reciente confirma que esa infiltración existe. Lo que ahora falta es identificar con precisión quiénes han participado y acreditar judicialmente su responsabilidad.

Hay también un cambio de enfoque que merece atención. EU ya no limita su estrategia a perseguir cargamentos de droga: ahora designa como terroristas a las organizaciones criminales, investiga empresas, criptomonedas, fraudes electrónicos y presuntas redes de protección política, una visión mucho más amplia que la que ha predominado del lado mexicano.

Habrá que ver si México adoptará esa misma estrategia. Mientras EU construye expedientes financieros cada vez más complejos, las investigaciones mexicanas siguen concentrándose en capturar jefes, sicarios y operadores de bajo nivel, una estrategia que ha sido insuficiente para desmantelar organizaciones con la capacidad financiera del CJNG y otros grupos criminales.

La verdadera prueba llegará cuando EU identifique a los funcionarios. Y, sobre todo, cuando presente las pruebas contra ellos.

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Para la mayoría de las y los mexicanos, “vivir bien” no depende principalmente del dinero. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Iberoamericana (Ibero) concluyó que el bienestar se construye a partir de condiciones materiales básicas, como una alimentación suficiente, y de la fortaleza de los vínculos comunitarios, por encima del nivel de ingresos o incluso del empleo.

Según los resultados muestran que el componente más importante del bienestar para las personas entrevistadas es el denominado bienestar objetivo, es decir, las condiciones materiales necesarias para vivir con dignidad. Dentro de esta categoría, la alimentación ocupa el primer lugar como elemento indispensable para considerar que una persona vive bien.

Posteriormente aparecen factores como la educación, la calidad de la vivienda y el acceso a actividades culturales. En contraste, variables que tradicionalmente utilizan gobiernos y organismos internacionales para medir el bienestar, como el ingreso económico o el empleo, tuvieron un peso menor en la percepción de los participantes.

Otro de los principales hallazgos del estudio es la relevancia del bienestar comunitario. La investigación encontró que aspectos como la confianza entre vecinos, la solidaridad, la organización comunitaria y las redes de apoyo tienen una mayor influencia en la percepción del bienestar que la satisfacción personal.

De acuerdo con los investigadores, las personas consideran más importante vivir en una comunidad donde exista colaboración y confianza para resolver problemas cotidianos que diversos indicadores individuales empleados habitualmente para evaluar la calidad de vida.

También se identificó que el bienestar subjetivo ocupa el tercer lugar dentro de la jerarquía de factores. En este ámbito, las personas hablaron con mayor frecuencia de la felicidad cotidiana que de la satisfacción general con su vida, lo que sugiere que las emociones diarias tienen mayor peso que las evaluaciones racionales sobre su trayectoria personal.

Los especialistas señalaron además que los resultados cuestionan la forma en que actualmente se construyen diversos indicadores internacionales de bienestar, ya que éstos suelen otorgar el mismo peso a variables como ingreso, salud o satisfacción con la vida.

En el caso de México, sostienen, las prioridades cambian debido al contexto de desigualdad y vulnerabilidad, donde las necesidades materiales y las relaciones comunitarias adquieren un papel central.

La crisis hídrica que enfrenta México no puede entenderse únicamente por la disminución de los caudales o la falta de infraestructura, sino por las relaciones de poder que determinan quién accede al agua y bajo qué condiciones, advirtieron especialistas durante el coloquio “Los retos sobre el agua en México”, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el encuentro, realizado en el Centro Cultural Casa Rafael Galván, académicos coincidieron en que el cambio climático agrava la disponibilidad del recurso, pero señalaron que la desigualdad en su distribución y los modelos de gestión han intensificado los conflictos sociales y ambientales en diversas regiones del país.

Pablo Castro Domingo, investigador del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa de la UAM, sostuvo que los sectores con mayor poder económico y político suelen obtener concesiones para el uso del agua, mientras comunidades, agricultores y poblaciones enfrentan restricciones en el acceso al recurso.

Detalló que, aunque el Estado mantiene la rectoría sobre las aguas nacionales conforme al Artículo 27 Constitucional, en la práctica existe una disputa permanente entre industrias, empresas agrícolas, autoridades locales y organizaciones comunitarias por el control de manantiales, ríos, pozos y sistemas de abastecimiento.

Por su parte, Francisco Javier Peña de la Paz, académico de El Colegio de San Luis, planteó la necesidad de concebir el agua como un territorio habitado y no únicamente como una mercancía o un insumo para la producción.

Desde esa perspectiva, advirtió que las transferencias de agua entre cuencas alteran ecosistemas, economías locales y relaciones sociales, además de concentrar los caudales en zonas industriales.

El especialista también cuestionó que las grandes obras hidráulicas sean presentadas como la única solución frente a las sequías, pues consideró que favorecen modelos centralizados de gestión y desplazan alternativas locales como la recuperación de humedales, el saneamiento de ríos, la protección de manantiales y el fortalecimiento de sistemas de abastecimiento comunitario.

Mientras que, Diana Birrichaga Gardida, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), vinculó la actual escasez con desequilibrios institucionales, los esquemas de concesiones, los mecanismos de financiamiento para infraestructura hidráulica y la pérdida de facultades de las comunidades en la gestión del recurso.

Asimismo, Jacinta Palerm Viqueira, del Colegio de Postgraduados, abordó la evolución histórica de los comités rurales y el papel que desempeñaron las políticas sanitarias en el desarrollo de los sistemas comunitarios de agua potable.

Durante el coloquio también participó Víctor Daniel Ávila Akerberg, director del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, quien presentó proyectos de investigación orientados a la conservación del Bosque de Agua y a la restauración de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Miles de personas protestaron el jueves en Costa Rica contra lo que consideran una amenaza de la presidenta Laura Fernández al poder judicial de este país reconocido como una de las democracias más estables del continente.

La mandataria de derecha, en el poder desde mayo, impulsa una reforma del sistema de justicia, al que acusa de inacción frente a la creciente violencia del crimen organizado.

El conflicto se agudizó la semana pasada tras la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de prorrogar el período de sus magistrados suplentes, luego de que el bloque oficialista, mayoritario en la Asamblea legislativa, devolviera dos veces la nómina de aspirantes propuesta por el tribunal.

Fernández tachó a los magistrados de “golpistas”, mientras uno de ellos denunció una deriva autoritaria del gobierno, cuya propuesta de reforma es criticada porque supuestamente afectaría la imparcialidad de la justicia.

Con proclamas en defensa de la división de poderes, miles de personas se manifestaron pacíficamente el jueves en la Plaza de la Democracia, en en centro de la capital, San José.

“Todos debemos defender nuestra democracia (…). Estamos aquí para que (el gobierno) no tome el poder judicial”, declaró a la AFP April Rodríguez, tatuadora de 28 años, quien participó en el llamado plantón en defensa de la democracia y la justicia.

“El pueblo al fin despertó al sentir amenazada su democracia”, señaló por su parte Allen Solera, publicista de 56 años.

Los manifestantes también exhibieron carteles con mensajes como “las resoluciones judiciales no son golpe de Estado” y “la justicia debe responder a la ley, no a las presiones”. La protesta se replicó en otras provincias.

Además, exigieron la salida del expresidente Rodrigo Chaves, mentor de Fernández y actual ministro de Hacienda, con cánticos de “¡fuera Chaves!”. El exmandatario también mantuvo un duro enfrentamiento con el poder judicial.

A la protesta se sumaron altos funcionarios como el fiscal general, Carlo Díaz, y el jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, blanco de los ataques de la presidenta, así como el exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018).

Al prorrogar el mandato de sus colegas, los magistrados constitucionales aseguraron que la medida buscaba evitar una parálisis, pero el pasado lunes la presidenta acompañó a su bancada a interponer una demanda en su contra por supuesta usurpación de poderes ante la Corte Suprema.