En las últimas citas electorales de América Latina se constata un giro conservador entre una parte del electorado. La victoria de José Antonio Kast en Chile y las ajustadas victorias de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia confirman el fortalecimiento de fuerzas que prometen restaurar el orden mediante el endurecimiento de las penas y el aumento del poder policial y militar.
Los reiterados mensajes populistas y referentes a la seguridad parecen configurar un nuevo sentido común de época. Según este, el acercamiento a Estados Unidos ofrece un rumbo adecuado para sus sociedades, cuando lo cierto es que ese país constituye el mayor polo de inestabilidad del mundo actual.
¿Es posible justificar esta creencia? ¿Existe alguna responsabilidad social por mantener convicciones políticas que no se encuentran asentadas en datos empíricos suficientes? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando esas creencias se convierten en decisiones cuyas consecuencias recaen sobre otras personas?
El barco que no debió zarpar
En 1877, el filósofo británico William Kingdon Clifford planteó un problema semejante mediante la historia de un armador. El propietario dudaba del estado del barco que estaba a punto de zarpar: era antiguo, había recorrido muchas millas y quizá no resistiría otro embate con el mar. Una inspección a fondo, sin embargo, habría supuesto retrasar el viaje y asumir un coste considerable. En lugar de investigar, el armador prefirió silenciar sus dudas. Se convenció de que el barco ya había superado otras travesías y de que sus constructores eran competentes. Finalmente, permitió que partiese. La embarcación naufragó y no hubo supervivientes.
Para Clifford, el armador no era responsable simplemente por haber sostenido una creencia falsa, sino por haberla aceptado sin examinar las evidencias que tenía a su alcance. Tampoco era el resultado final lo que determinaba la moralidad de su conducta. Aunque el barco hubiese llegado a puerto, habría seguido actuando de forma irresponsable, ya que sustituyó la investigación por una convicción tranquilizadora y obligó a los pasajeros a soportar las consecuencias de su posible error. Como escribe el filósofo en La ética de la creencia: “creer algo basándose en una evidencia insuficiente es malo siempre, en cualquier lugar y para todo el mundo”.
La responsabilidad política de creer
La dimensión política de esta tesis resulta evidente. Las decisiones electorales no se limitan a expresar una identidad privada, pues contribuyen a determinar las condiciones bajo las cuales vivirán otras personas.
Quien apoya una política punitiva participa en una decisión que puede ampliar la violencia estatal, reducir garantías jurídicas o concentrar sus efectos sobre grupos sociales a los que, en muchas ocasiones, no pertenece. La pregunta de Clifford no sería si el electorado tenía derecho a votar por una determinada opción, sino si poseía razones suficientes para aceptar las premisas sobre las que descansaba su decisión.
¿Existen pruebas de que el aumento de las penas reduce por sí mismo la violencia? ¿Se han considerado los efectos sociales de la militarización? Cuando estas preguntas son sustituidas por apelaciones genéricas al miedo, al orden o a la autoridad, la creencia política comienza a parecerse a la del armador: ofrece tranquilidad inmediata a costa de trasladar el riesgo a otros.
La responsabilidad de esta situación no se puede distribuir por igual, pues son los dirigentes quienes explotan el miedo y los medios los que convierten la inseguridad en espectáculo. Pero el ciudadano que asiste a ello no es un sujeto pasivo ni está eximido de revisar las razones que orientan su voto.
James: el riesgo de esperar
Casi veinte años después, William James respondió a Clifford en La voluntad de creer. Aunque el ensayo fue formulado originalmente en relación con la creencia religiosa, su argumento posee un alcance mayor. James no sostiene que podamos creer cualquier cosa ni que la convicción personal deba imponerse sobre las evidencias. Su objeción es más precisa: existen situaciones en las que la razón no dispone de pruebas concluyentes y, sin embargo, la decisión no puede aplazarse.
James denomina “opción genuina” a aquella que reúne tres condiciones: debe ser viva, porque las alternativas han de presentarse como posibilidades reales para quien decide; obligada, porque abstenerse equivale en la práctica a escoger una de ellas; e importante, porque está en juego algo decisivo y quizá irreversible. En estas circunstancias, esperar una evidencia definitiva no siempre constituye una posición neutral.
Una elección política puede reunir esas condiciones. Las candidaturas son opciones efectivas, la votación tiene una fecha y sus resultados condicionarán la vida común. Se puede votar, abstenerse o mantener una posición escéptica, pero ninguna actitud permite situarse fuera de la decisión.
James distingue así dos exigencias que no necesariamente coinciden: debemos evitar aceptar una falsedad, pero también debemos intentar reconocer la verdad. Hay situaciones en las que esperar todos los datos disponibles significa permitir que continúe una injusticia o dejar que otros decidan.
Entre la credulidad y la inacción
El desacuerdo entre Clifford y James no enfrenta a un defensor de la razón con un apologista de la irracionalidad. Ambos se preguntan cómo debemos decidir cuando nuestro conocimiento es limitado, pero conceden prioridad a peligros distintos. Clifford teme que una creencia insuficientemente examinada provoque daños irreparables; James teme que el deseo de no equivocarnos nos impida actuar o transformar una situación.
El primero representa un imperativo crítico: evitar el error y exigir evidencias antes de aceptar una afirmación. El segundo acentúa un imperativo noético: asumir el riesgo de una decisión cuando esta puede permitirnos alcanzar una verdad o producir una realidad que de otro modo permanecería clausurada.
Retomando la cuestión inicial, parece que una convicción política no queda justificada por el hecho de ser mayoritaria o emocionalmente comprensible. La incertidumbre global actual empuja a muchos gobiernos a una hoja de ruta conservadora donde las políticas reaccionarias de construcción de un enemigo exterior o interior pueden suponer un poderoso reclamo electoral.
También sucede en España, aunque el peligro invocado no se corresponda con los datos disponibles ni con la situación real de la sociedad. Cuando el miedo sustituye al examen y los costes del error recaen sobre quienes no han elegido asumirlos, creer deja de ser un asunto privado y se convierte en una forma de ejercer poder sobre los demás.
El avance conservador en América Latina no solo enfrenta diferentes programas de gobierno, sino también distintas formas de interpretar la inseguridad, la autoridad y el papel de Estados Unidos en la región. Disputar ese nuevo sentido común exige someter las creencias a examen y hacer visibles las vidas sobre las que recaerán los posibles errores.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.
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Álvaro Ledesma de la Fuente no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
