Las autoridades venezolanas planean centrar parte de sus esfuerzos en la recuperación de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra para apoyar la reconstrucción tras los dos terremotos, dijo el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en un contexto de inflación mensual de 20%.
El Banco de Inglaterra se ha negado durante mucho tiempo a liberar unas 31 toneladas de oro venezolano, equivalentes a 4,000 millones de dólares, que guarda en sus bóvedas.
El oro ha sido objeto de una larga batalla legal en los tribunales británicos y no se ha liberado a pesar de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero y de la solicitud de la presidenta encargada Delcy Rodríguez al rey Carlos.
Rodríguez leyó un comunicado acordado entre gobierno y opositores, en el marco de un nuevo ciclo de conversaciones, que contempla entre sus puntos trabajar en el fortalecimiento de programas para vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros y con este fin, concentrarán “los esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.
Por los efectos de los terremotos, la inflación en julio se aceleró a 19.9% respecto a junio, cuando fue 13.8%, según la información divulgada el miércoles por el Banco Central de Venezuela, que agregó que el doblete sísmico “afectó la distribución de bienes”.
Con los indicadores de julio, la inflación anualizada se ubicó en 575,9% según cálculos de Reuters basados en las cifras del emisor venezolano. El Banco Central espera que en agosto se desaceleren los precios.
Una entrevista, una serie de fotografías y un video que muestran en su casa al obispo emérito nicaragüense Juan Abelardo Mata, de 80 años y que había sido detenido, fueron publicadas por los medios oficialistas de Nicaragua este miércoles (12.08.2026), luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera información sobre el paradero del religioso.
El jerarca católico fue detenido por policías el 29 de junio en represalia por una misa celebrada en la iglesia Cruz del Calvario en la ciudad de Estelí, en el norte de Nicaragua, en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida y mencionó expresamente al obispo desnacionalizado y excarcelado Rolando Álvarez.
La entrevista se la concedió al diputado sandinista y periodista Adolfo Pastrán, que dirige el programa Informe Pastrán TV, a quien dijo en la entrevista que “se siente bien”.
La CIDH solicitó el martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales a favor del obispo.
Tras su detención, Mata habría permanecido bajo un régimen de “casa por cárcel”, y si bien el Ministerio del Interior informó que estaba bajo “indagación”, hasta entonces no existía información independiente que permitiera verificar su paradero o estado de salud.
La Comisión otorgó medidas cautelares a favor del obispo emérito en 2021 tras confirmar que fue objeto de una serie de mensajes de descalificación y descrédito hacía él y la Iglesia católica, así como de actos de hostigamiento, amenazas de muerte, intimidación, agresión y persecución en su contra en Nicaragua.
Hostigamiento y destierro contra religiosos
Desde 2018, la CIDH ha documentado un patrón sistemático de afectaciones contra obispos, sacerdotes, personas religiosas y laicas, consistente en actos de vigilancia, restricciones al ejercicio del culto, detenciones arbitrarias, expulsiones del país, la privación arbitraria de la nacionalidad, confiscación de bienes, el cierre forzado de congregaciones y otras represalias por el ejercicio de la libertad de religión.
Las relaciones entre el Vaticano y Managua están suspendidas oficialmente desde marzo de 2023.
En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó como una “dictadura grosera” el gobierno que encabeza Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, un mes después de la condena por “traición a la patria” del obispo Rolando Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión, ahora exiliado y desnacionalizado.
Ortega, a su vez, disolvió y expropió a la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía el sumo pontífice, y también ha calificado de “mafia” y antidemocrática a la Iglesia.
Era de madrugada y hacía rato que se escuchaba un fuerte ruido de fondo. Era como si algo viniera. Después de eso, el río se desbordó y se llevó todo a su paso. Las primeras luces de la mañana mostraron casas destruidas, escuelas dañadas, centros de salud aislados, transporte interrumpido y familias intentando salvar lo poco que les quedaba. Algunos buscaban angustiados a seres queridos que habían desaparecido.
Escenas similares a esta se están repitiendo en distintos países de América del Sur durante este nuevo fenómeno de El Niño: lluvias extremas en unas regiones, sequías persistentes en otras, violentos aludes, pérdidas agrícolas, marejadas intensas y daños crecientes en infraestructura básica. Cada desastre parece distinto, pero todos revelan el mismo problema: el mayor costo no es el de la emergencia, sino el de haber llegado a ella sin preparación alguna.
Durante décadas, nuestros gobiernos han tratado los eventos climáticos como anomalías. Se movilizan recursos cuando el incendio ya avanzó, cuando la sequía se vuelve crónica o cuando el agua entra imparable a las ciudades. Sin embargo, el cambio climático está transformando lo excepcional en recurrente y cuando el riesgo deja de ser ocasional y se vuelve permanente, la respuesta ya no puede limitarse a la protección civil: debe convertirse en un asunto de seguridad pública.
El concepto de seguridad del siglo XXI ya no se limita al control del delito y de las fronteras, poniendo a prueba la capacidad del Estado para proteger a la población frente a amenazas que paralizan ciudades, afectan abastecimiento de agua, interrumpen la energía, destruyen viviendas y erosionan severamente la economía local. Un barrio inundado durante semanas, una carretera cortada que deja comunidades aisladas o un sistema sanitario llevado al límite por eventos climáticos, son problemas de seguridad tanto como de desarrollo.
Este nuevo escenario exige un cambio de enfoque profundo. La adaptación climática no puede seguir siendo un capítulo secundario de los ministerios de medio ambiente. Debe incorporarse, de manera urgente, a la planificación urbana, a la infraestructura, a la salud pública, a la vivienda, a la gestión del agua y sobre todo, a los presupuestos nacionales.
Los países que inviertan hoy en drenajes inteligentes, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial basado en gestión del riesgo, protección de cuencas y preparación comunitaria, gastarán mucho menos que aquellos que continúen financiando reconstrucciones una y otra vez. La experiencia internacional es clara: cada dólar invertido en prevención y adaptación evita gastar muchos más en pérdidas futuras.
El problema incluso es aún más complejo. Cuando el Estado no logra proteger a las personas frente a riesgos previsibles, también se erosiona la confianza pública en las instituciones. La repetición de desastres mal gestionados alimenta la sensación de abandono, profundiza desigualdades y debilita la cohesión social. La adaptación climática no es solo una cuestión ambiental; sino que una condición de gobernabilidad democrática.
No hacernos cargo de esta inseguridad climática tiene además otro costo, menos visible, pero irreversible: la pérdida del capital natural que sostiene nuestra resiliencia. Seguimos drenando humedales, fragmentando bosques, ocupando planicies de inundación y degradando cuencas como si fueran espacios vacíos. Acto seguido, nos sorprendemos cuando las ciudades se inundan con mayor rapidez, cuando los ríos arrastran más sedimentos o cuando las sequías se vuelven más severas. La naturaleza no es un lujo paisajístico o una pretensión caviar de los ambientalistas; es pieza clave de la infraestructura que amortigua los impactos.
Los humedales almacenan agua durante las lluvias intensas y la liberan gradualmente en períodos secos. Los bosques estabilizan suelos, reducen la erosión y regulan los flujos hídricos. Los ecosistemas costeros atenúan las marejadas y protegen asentamientos humanos. Cuando estos sistemas desaparecen, el riesgo no desaparece con ellos: se traslada de manera directa a las personas y a las finanzas públicas.
Conservar el capital natural que nos queda no es oponerse al desarrollo. Es reconocer que existe una infraestructura ecológica tan esencial como una carretera, un embalse o una red eléctrica. Cada hectárea de humedal protegida puede significar menos viviendas afectadas; cada bosque conservado, menos sedimentos en embalses y menos costos en infraestructura; cada cuenca restaurada, mayor seguridad hídrica para comunidades y actividades productivas. La pregunta ya no es si podemos financiar la adaptación y la conservación, sino cuánto estamos dispuestos a seguir pagando por no hacerlo.
El fenómeno de El Niño nos está dejando una señal política que no podemos ignorar. Necesitamos construir con urgencia una nueva generación de políticas públicas que entienda que la adaptación climática es una inversión en estabilidad social y que la conservación de ecosistemas es una inversión en seguridad, resiliencia y estabilidad territorial.
La próxima emergencia climática no será una sorpresa. Los riesgos ya están a la vista y las zonas vulnerables son conocidas. Lo que falta no es información; es decisión política.
La naturaleza nos está pasando la factura y con altos intereses. Lo que aún podemos decidir es si seguiremos pagando reconstrucciones cada vez más costosas o si comenzaremos, por fin, a invertir en la resiliencia que nos permita evitar parte de esas pérdidas.
El costo de la inacción ya no se mide solo en millones de dólares, se mide en vidas humanas, en comunidades que tardan años en recuperarse, en desigualdades que se profundizan y en la capacidad misma de nuestras democracias para proteger a quienes más las necesitan.
La organización México Tiene Vida A.C., sigue sumando sanciones pese a no haber logrado el registro como partido político nacional. Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló una multa en su contra luego de sobornar a una funcionaria del INE durante la celebración de una asamblea fallida.
Por unanimidad, el máximo tribunal en materia electoral dejó firme la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral(INE) que multó con 67,884.00 pesos a México Tiene Vida A.C., por el ofrecimiento de dinero a una funcionaria electoral encargada de certificar una asamblea relacionada con su proceso de constitución como partido político nacional.
De acuerdo con la investigación, el intento de soborno se dio tras la cancelación de una asamblea distrital convocada por la organización en el 06 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Chihuahua, Chihuahua, la cual no alcanzó el quórum legal requerido. Y es que al anunciarle que la asamblea había sido fallida, un representante de México Tiene Vida se acercó a la funcionaria del INE para ofrecerle dinero.
Derivado de los hechos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos dio vista a la Secretaría Ejecutiva del INE, quien inició un procedimiento sancionador. Además de la multa de 67,884.00 pesos, también dio vista a la FGR y a la propia Dirección Ejecutiva para interponer una denuncia penal.
En un inicio, México Tiene Vida A.C. impugnó la sanción del INE al acusar que se vulneró el principio de tipicidad, alegando la falta de prueba del ofrecimiento de dinero, que la oferta de dinero constituyó un acto individual de la persona designada para presidir la asamblea y el indebido desechamiento de una prueba superveniente.
Sin embargo, el proyecto de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, argumentó que en el derecho administrativo sancionador electoral el principio de tipicidad no es absoluto, por lo que basta la inobservancia de un deber de cuidado u obligación legalmente establecida para configurar una infracción.
Además de advertir que las organizaciones que buscan constituirse como partido tienen el deber de garantizar el desarrollo ordenado de sus asambleas y la integridad del personal del INE, por lo que la conducta de la persona designada para presidir la asamblea vulneró los deberes de orden, probidad y legalidad.
“Contrario a lo que sostiene la apelante, en materia electoral no es indispensable que la conducta sancionada se encuentre descrita de forma expresa en la normativa, pues basta la existencia de un deber de cuidado que se inobserve, como lo ocurrió en el caso. Además, el informe circunstanciado que rindió la funcionaria electoral en ejercicio de sus atribuciones es una documental pública con pleno valor probatorio, que no necesita diverso medio de prueba que lo robustezca, máxime que la apelante no desvirtuó su contenido con los elementos que aportó para ello”, señala el proyecto avalado por el TEPJF.
Bogotá, 12 ago (EFE).- La cifra de muertos por el terremoto que el lunes sacudió Colombia ascendió a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, informó este miércoles el presidente, Abelardo de la Espriella, quien declaró la “emergencia económica” para afrontar la crisis provocada por el sismo.
“Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496”, dijo De la Espriella en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá.
El mandatario aseguró que los esfuerzos del Gobierno están concentrados principalmente en localizar a los desaparecidos y señaló que para ello están actuando con todas sus capacidades y con la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia.
La emergencia deja además 11.347 viviendas destruidas y 53.526 averiadas, así como 140 edificios colapsados, 1.819 centros educativos averiados y 631 centros comunitarios afectados, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado por el mandatario.
Declaración de emergencia económica
“Le informo al país: he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla la Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, aseguró De la Espriella, quien explicó que la medida permitirá crear un “fondo milagro” destinado a canalizar recursos “para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos” afectados por el sismo.
El mandatario explicó que el Gobierno está organizando, junto con su equipo económico, medidas de alivio temporal para las familias damnificadas que incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros y ayudas económicas para las familias más vulnerables, además de mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados.
“La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno”, afirmó De la Espriella, quien agregó que la tragedia se produce en un momento de “crisis fiscal” para Colombia.
El sismo, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el Chocó, uno de los departamentos más olvidados del país, y deja además 53.816 personas afectadas.
BBVA México -el banco más grande de los que operan en el país- busca impulsar más la colocación hipotecaria, y para ello ha lanzado “Terreno + Construcción”, una solución con la que busca ampliar las alternativas de acceso a la vivienda, al integrar en un mismo financiamiento, la compra del predio y la construcción del inmueble.
De acuerdo con la institución, “Terreno + Construcción” se estructura mediante dos créditos vinculados a la misma propiedad: el primero se destina a la adquisición del terreno, y el segundo a la ejecución de la obra.
Detalló que el producto puede financiar hasta el 50% del terreno y el 80% de la construcción, cuyo monto podrá representar hasta cuatro veces el valor del predio.
El crédito estará disponible desde 500,000 pesos, a plazos de 5, 10, 15 y 20 años, y para acceder al financiamiento, explicó, el terreno deberá contar con servicios básicos o con la factibilidad correspondiente, además de encontrarse en una ubicación elegible.
Asimismo, expuso que la construcción deberá estar respaldada por un proyecto ejecutivo, presupuesto, calendario de obra y las licencias necesarias para su ejecución.
Aclaró que el crédito para la construcción no se entregará en una sola exhibición, sino que el banco liberará los recursos mediante ministraciones, una vez que la unidad técnica valide el avance físico de la vivienda.
“El esquema contempla una liberación inicial para comenzar el proyecto y ministraciones posteriores cuando la obra alcance avances de 30%, 50% y 70%. El periodo de construcción será de hasta 18 meses, con una extensión de seis meses de gracia para concluir los trabajos”, señaló.
Precisó que durante esta etapa, el cliente cubrirá los intereses correspondientes a los recursos dispuestos, así como los seguros aplicables.
“Como parte del desarrollo del proyecto, se requerirá la obtención de la licencia de construcción, se dará inicio al periodo de obra y, una vez concluido éste, comenzará la amortización del capital del crédito de construcción”.
La institución resaltó que el producto incluye seguros de vida, daños y obra civil para proteger al cliente, la construcción y el inmueble terminado, frente a distintos riesgos durante el desarrollo del proyecto.
Se atienden diferentes necesidades en una solución
BBVA México argumentó que este lanzamiento busca atender a un segmento de clientes que desea construir vivienda de acuerdo con sus necesidades, ubicación y proyecto patrimonial, pero que hasta ahora debía resolver por separado la compra del terreno, el financiamiento de la obra, y la administración de los recursos durante la construcción.
“Terreno + Construcción integra estas necesidades en una sola solución, y brinda acompañamiento durante las distintas etapas del proyecto: desde la adquisición del predio, hasta la terminación de la vivienda. Los recursos destinados a la construcción se liberarán de manera gradual, conforme se valide el avance físico de la obra”.
Colocar más de 1,900 millones de pesos en un año
La institución financiera estima colocar más de 500 hipotecas de este tipo, y proyecta una colocación cercana a 1,900 millones de pesos, durante los primeros 12 meses.
Ricardo Duhart, director de Estrategia de la Banca de Empresas e Instituciones de BBVA México, destacó que el producto representa una oportunidad relevante para ampliar la colocación hipotecaria de BBVA México entre clientes con capacidad financiera, un proyecto de construcción definido y una visión de largo plazo sobre el desarrollo de su patrimonio.
Agregó que el banco parte de una posición de liderazgo, dado que al cierre del 2025, una de cada tres hipotecas colocadas en México fue otorgada por BBVA, y para el 2026 se ha propuesto canalizar más de 120,000 millones de pesos al sector inmobiliario y superar los 40,000 créditos hipotecarios individuales.
“Al cierre del primer semestre ya hemos formalizado más de 15,900 financiamientos, cerca de 40% de la meta anual. Terreno + Construcción fortalece esta estrategia con una alternativa que amplía nuestra oferta y atiende una necesidad que hasta ahora no cubríamos”, puntualizó el directivo.
Un destino inesperado tendrá la emblemática casa del expresidente Salvador Allende (1970-1973), ubicada en la calle Guardia Vieja 392, en la comuna de Providencia, al oriente de Santiago: la familia la vendió por 1.000 millones de pesos (unos 1,1 millones de dólares) a una empresa de ingeniería y topografía. Hasta enero de 2025, sin embargo, la residencia en la que el xlíder de la Unidad Popular vivió con su esposa Hortensia Tencha Bussi entre 1953 y 1971, y donde crecieron sus tres hijas, se transformaría en un museo de memoria. El Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), intentó comprarla, pero la operación se canceló tras un proceso plagado de errores administrativos que derivó en un escándalo político. Dos de los cuatro propietarios, por los cargos públicos que ejercían, no podían celebrar contratos con el Estado, entre ellos Isabel Allende Bussi, quien fue destituida por este motivo del Senado, después de 31 años en el Parlamento, por el Tribunal Constitucional (TC). Por este caso, su sobrina y nieta del exmandatario, Maya Fernández Allende, renunció a su cargo como ministra de Defensa de Boric en marzo de 2025.
La firma que adquirió la residencia es Linkapsis Geodesia & Ingeniería SpA. Según informó el medio Ex-Ante, y de acuerdo con los registros del Conservador de Bienes Raíces, la transacción se concretó el pasado 4 de agosto. Previamente, el 10 de julio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerró la investigación sobre la compraventa, luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar en la causa. Según la abogada de Allende y Fernández, Paula Vial, la resolución ratificó que “aquí no hubo delito alguno, como lo demuestra la decisión de tribunales. Fue un proceso ingrato y muy doloroso, plagado de acusaciones falsas”.
Estaba previsto que la familia de Allende vendiese la casa de Guardia Vieja al Estado en 933 millones de pesos (unos 922.000 dólares), en un anuncio que realizó el Gobierno de Boric el 30 de diciembre de 2024, y del que tuvo que echar pie atrás apenas tres días después. La venta frustrada también le costó la salida a la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien el exmandatario de izquierdas le pidió la renuncia.
La residencia, hasta su venta, mantenía intacto el escritorio-biblioteca donde Allende celebraba sus reuniones políticas. La familia la adquirió con un préstamo que obtuvo Hortensia Bussi como funcionaria del Servicio Nacional de Estadísticas. Vivieron allí hasta 1971, un año después de la llegada de Allende a La Moneda, pero se cambiaron a otra residencia cerca de la cordillera en busca de aire puro debido a una enfermedad pulmonar que padecía Bussi.
Fachada de la casa de la familia Allende en Guardia Vieja, Chile.FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE
La casa, de dos plantas, fue construida por la oficina del arquitecto Fernando Castillo Velasco dos décadas antes de que la familia la habitara. Fue hecha con materiales locales, como la piedra de la precordillerana chilena y la madera nativa para los marcos de las ventanas. Según contó a EL PAÍS Eduardo Labarca, autor de Salvador Allende. Biografía sentimental, quien conoció de niño a Allende y lo llamaba tío, cuando Tencha Bussi estuvo enferma de tuberculosis estuvo recluida en el segundo piso de la residencia. La describió como una gran lectora que convirtió su dormitorio “en una suerte de salón cultural y literario”, donde la visitaban el pintor Nemesio Antúnezy el escritor Manuel Rojas.
“Había dos ambientes en esa casa, el político abajo, en la biblioteca, y el cultural arriba”, contó Labarca. Y recordó que Isabel Allende Bussi, quien tras el golpe de Estado de 1973 se convirtió en la principal embajadora de su familia, “siempre tuvo inquietudes culturales. Era muy apegada a Tencha, y disfrutaba asistiendo a las tertulias del salón en torno a la cama de su madre. Beatriz, en cambio, tomaba distancia y era muy apegada a su padre en lo afectivo y lo político y solía asistir a las reuniones que tenía Allende”, contó Labarca sobre la madre de Maya Fernández, conocida como Tati.
Junto a la propiedad de Guardia Vieja, el plan de la Administración de Boric era también adquirir, por 1.300 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), las dos casas del democristiano Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición demócrática, electo tras 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Pero la compra de ambas propiedades, contiguas, ubicadas en la calle Arturo Medina en Providencia, tampoco prosperó.
Según dijo a EL PAÍS Mariana Aylwin, hija del exmandatario y exministra de Educación, cuando acababa el periodo de Boric los exministros de Seguridad y de Bienes Nacionales, Luis Codero y Francisco Figueroa, respectivamente, invitaron a la familia a La Moneda para comunicarles que la casa tenía que ser declarada patrimonio nacional antes de la compra. “Cuando estás con la escritura firmada y te piden un nuevo requisito, que es prácticamente imposible de cumplir en un Gobierno al que le quedaban cuatro meses… sentimos que era una excusa. Les dijimos que si querían desistir lo hicieran y nosotros íbamos a aceptar”, señaló.
El pasado 31 de julio, previo a poner en venta la propiedad, los cinco hijos de Aylwin abrieron las puertas de la casa al público y más de un centenar de personas fueron a comprar algunos objetos del exjefe de Estado que pusieron a la venta. Es un lugar, tal como la casa de Allende, que guarda una parte importante de la historia de Chile, pues en esa sala el democristiano recibió a George Bush, Dalai Lama y a Pinochet.
El 10 de marzo pasado, en su última cadena nacional antes de entregar la banda presidencial a José Antonio Kast, Boric hizo un repaso de sus cuatro años en La Moneda y destacó los avances en salud, pensiones y seguridad. Pero también hizo un mea culpa por dos hechos: por el manejo del caso de Manuel Monsalve, quien, siendo el subsecretario del Interior, fue acusado de violación por una subordinada, y, agregó, por “el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. En ambos asumo la responsabilidad”.
Este miércoles, luego de que se divulgara la venta de la casa de Allende a la empresa Linkapsis Geodesia & Ingeniería SpA, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, dos diputados del partido UDI, de la derecha tradicional del oficialismo, dijeron que la transacción “deja en evidencia que detrás de esta operación siempre existió un interés económico y que el museo no era más que una excusa”.
Hay nueva cifra de muertos por el terremoto en Colombia de magnitud 7,4. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) informó en su más reciente reporte que el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el país aumentó a 241, además de 1.762 heridos y 279 desaparecidos en las capitales. También indicó que Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja.
El informe con la nueva cifra fue entregado a las 2:47 de la tarde de este miércoles 12 de agosto de 2026. En este se indicó que la emergencia también deja 257 estructuras colapsadas y graves afectaciones en viviendas, colegios, vías, aeropuertos y otra infraestructura crítica. Cabe recordar que el epicentro del terremoto fue en San José del Palmar, Chocó.
“Mientras avanzan las evaluaciones, las ciudades continúan desplegando capacidades y articulando apoyos para responder a las necesidades más urgentes”, se lee en un post de X.
“Desde Asocapitales mantenemos la articulación con las alcaldías, el Gobierno Nacional y los organismos de respuesta para fortalecer las operaciones de búsqueda y rescate y movilizar capacidades hacia los territorios que más las necesitan”, agregó.
Igualmente, se reportan 15 animales afectados, dos aeropuertos con daños, 129 vías averiadas, 20 puentes vehiculares afectados y 43 acueductos que presentan afectaciones tras el terremoto.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también indicó en su más reciente boletín que ha identificado a 122 víctimas de un total de 202 cuerpos recibidos por la entidad en ciudades como Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tuluá, Buenaventura y Quibdó.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación habilitó puntos de atención en Palmira y Tuluá (Valle del Cauca) para orientar a las familias de las víctimas de la emergencia de este lunes en el país y para hacer allí la entrega de los cuerpos que ya han sido identificados.
En Palmira, un equipo especializado de la Fiscalía acompañará a las familias y, en articulación con Medicina Legal, facilitará el proceso de reconocimiento e identificación de los cuerpos.
En el punto se encuentran dos fiscales con sus respectivos asistentes, para brindar orientación en los trámites necesarios para el acta de entrega de los cuerpos. Las personas que acudan a cumplir con este proceso deben presentar cédula de ciudadanía, fotocopia de esta y registro civil que permita acreditar el parentesco.
Los cuerpos recuperados en Buenaventura han sido trasladados a Tuluá, en donde está habilitado un esquema de atención similar para acompañar a las familias durante el proceso de identificación y entrega.
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Ciudad de Panamá, 12 ago (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó “operaciones militares conjuntas” con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país suramericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).
“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.
Desde la reciente victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas, las relaciones entre Colombia y EE.UU. han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la tensa etapa con el expresidente Gustavo Petro.
Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista, Washington ha expresado al país andino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.
El Departamento de Estado de EE.UU. dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.
El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.
“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”, resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.
Felicita también a Ecuador, Honduras y Guatemala
Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.
Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por EE.UU., junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.
La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.
Hegseth añadió, con respecto al Escudo, que “un entorno más seguro significa un hogar más seguro. No puede haber prosperidad sin seguridad”.
“Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (…) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad”, subrayó el secretario de Guerra.
Según lo previsto, Hegseth también observará los ejercicios conjuntos Panamax, centrados en defender la seguridad del Canal de Panamá y en el que participan este año diecinueve países. EFE
Ciudad de México, 12 ago (EFE).- La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informó este miércoles que no desplegará rescatistas en Colombia tras la decisión del Gobierno de ese país de no requerir su presencia después del terremoto del lunes, por lo que concentrará sus esfuerzos en recolectar y enviar ayuda humanitaria desde México.
No obstante, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este mismo miércoles la llegada a la ciudad de una brigada de Los Topos Aztecas mexicanos.
Se trata de un grupo distinto, que viajó desde Venezuela, donde participaron en las labores de rescate tras los terremotos de julio.
Sin embargo, los Topos Tlateloco explicaron en un comunicado que permanecerán fuera de la zona afectada en respeto a los protocolos de coordinación operacional establecidos por las autoridades colombianas para gestionar la asistencia internacional.
Ante la imposibilidad de participar directamente en las tareas de búsqueda y rescate, los Topos habilitaron un centro de acopio en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de Ciudad de México, que recibirá donaciones entre las 10:00 y las 20:00 horas.
La brigada solicitó electrolitos en polvo, material médico de curación, mascarillas N95, linternas frontales, alimentos no perecederos de fácil apertura y herramientas para retirar escombros, entre otros insumos destinados a las zonas afectadas.
Los Topos Tlatelolco surgieron como una organización voluntaria de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto que golpeó Ciudad de México en 1985 y desde entonces han participado en operaciones internacionales ante grandes desastres y estructuras colapsadas.
México sí envía ayuda oficial
La decisión sobre los rescatistas civiles se conoce el mismo día en que el Gobierno mexicano comenzó a enviar la ayuda humanitaria solicitada oficialmente por Colombia.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno colombiano comunicó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los insumos que necesita para responder a la emergencia.
Dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron este miércoles desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) rumbo a Pereira con un primer cargamento de 19,5 toneladas de ayuda humanitaria y personal del Ejército mexicano.
México prevé enviar entre el 12 y el 14 de agosto un total de 58,5 toneladas, incluidas 2.562 despensas, agua y medicamentos.
El terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia el lunes y provocó graves daños en distintas zonas del país, además de centenares de muertos y heridos.
Las autoridades colombianas coordinan la asistencia internacional mientras continúan las labores de búsqueda y atención a las poblaciones afectadas.
Los Topos señalaron que, pese a no participar sobre el terreno, mantendrán la recolección de insumos en México para contribuir a la respuesta humanitaria.
