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Un avión privado procedente de Palm Beach aterrizó en Caracas el pasado 27 de junio. De él bajó un multimillonario venezolano investigado por desfalcar miles de millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA. Viajaba con su esposa, Andreina, y un segundo hombre, además de la tripulación, según ha confirmado EL PAÍS en los registros de vuelo de aquellos días. La llegada pretendía ser discreta, pero trascendió. Y escandalizó. El protagonista de esta historia es demasiado conocido en Venezuela para pasar inadvertido. Fue el primero de al menos dos viajes envueltos en un halo de misterio.

Alejandro Betancourt es famoso en su país por ser uno de esos jóvenes aburguesados que supieron hacerse millonarios con el chavismo. Hijo de un músico y una diseñadora de joyas, sorteó los señalamientos judiciales en su país, aunque está siendo investigado en España y Suiza por blanqueo y fraude fiscal.

El contratista pródigo volvía a ocupar titulares porque retornaba tres días después de los dos brutales terremotos en los que ya han muerto más de 6.000 personas y que pusieron en jaque la recuperación del país. Hasta ese momento y desde hacía casi ocho meses, para ver a Betancourt había que visitarlo en alguna de sus dos mansiones inglesas porque no podía salir del Reino Unido. No cargaba una tobillera electrónica, pero era hasta hace muy poco un rico enjaulado que se paseaba por sus mansiones en Chelsea y en Oxfordshire, a las que se desplazaba en helicóptero como un aristócrata.

A pesar de las investigaciones sobre él, Betancourt se ha convertido en uno de los empresarios con mayor control sobre la producción petrolera privada de Venezuela. Ahora es él el que viene y va en aviones privados, acompañado de su familia, socios, inversores y hombres y mujeres de negocios de la banca y la minería.

Betancourt hizo mucho dinero en Venezuela, hasta que a partir del año 2010 su rastro empieza a difuminarse y reaparece en España, donde se casa y adquiere carísimas propiedades y empresas. Allí, tras desembolsar millones de euros, se puso detrás de la marca de gafas Hawkers —un fenómeno de ventas online— y construyó un imperio de inversiones que van del petróleo venezolano a conocidas start-ups españolas.

Ahora, seis meses después de la caída de Nicolás Maduro, el empresario volvía a Venezuela a asesorar a la presidenta, Delcy Rodríguez, en la reactivación del negocio petrolero: el mismo sector en el que infló su fortuna y por el que hoy responde a las dos investigaciones que tiene abiertas en Suiza y España. Nadie ha confirmado oficialmente cuál es su rol ni si lo tiene, pero varias fuentes cercanas al poder de Caracas aseguran que su asesoría se extiende al sector minero y a la reestructuración de deuda que está llevando a cabo el país.

¿Pero por qué Delcy Rodríguez, que se ha vendido como la depuradora de los desmanes del madurismo, confiaría en él para esta misión?

Mauricio Claver-Carone, hasta hace pocos días emisario informal para Venezuela del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio algunas claves.

Claver-Carone, que ha ejercido durante meses un poder desmesurado en las sombras, reconoció a la agencia Reuters que él y otros funcionarios estadounidenses habían usado a Betancourt como intermediario. El venezolano entendía el negocio petrolero en ambos países y podía tender puentes entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Rodríguez, dijo.

Las palabras del que fue enviado especial de EE UU para América Latina muestran cómo los procesos pendientes con la justicia y las graves sospechas de corrupción que pesan contra Betancourt —y contra tantos otros poderosos venezolanos— no son relevantes para Washington. “Es una pieza de Estados Unidos y la usan. Betancourt se ha sabido vender y los americanos son compradores”, explica una fuente diplomática que reconoce su “sorpresa” al enterarse del retorno del empresario al entorno presidencial.

El vuelo fantasma

Betancourt se marchó una semana después de aquel 27 de junio y volvió a Venezuela el pasado 22 de julio, según otro plan de vuelo al que ha tenido acceso EL PAÍS. Supuestamente lo hizo en una aeronave privada que salió de Florida con destino a Maiquetía. Según ese documento, lo acompañaban su mujer, su hermana, sus dos hijos y unos cuantos emprendedores españoles, amigos e inversores en los distintos negocios por los que ha apostado Betancourt. El chárter que aparece en el registro salió de Estados Unidos a las 14.42 y aterrizó en Venezuela a las 17.30, según el rastreador de vuelos FlightAware, pero hay algo misterioso en este viaje.

Aunque el documento sitúa la aeronave en Venezuela, dos de los pasajeros niegan haber estado allí y aseguran que, esos días, el viaje que hicieron con Betancourt fue de Nueva York a Miami tras asistir a la final del Mundial. Además, la información de ese mismo vuelo se envió dos veces con datos diferentes y en el segundo documento —mismo trayecto, mismo día, misma aeronave, misma tripulación— enviado con el avión en el aire ya no hay rastro de Betancourt ni sus invitados.

En su lugar aparecen solo Laura Hietamies, financiera finlandesa, y su esposo, el estadounidense Jacob Hirshman, cofundador del banco digital Erebor, que presta servicios a empresas de tecnología, cripto y defensa. Hirshman ha viajado varias veces este año a Caracas para conectar al país con el sistema financiero de EE UU. Ninguno de los dos respondió a los mensajes de EL PAÍS.

El baile de nombres y documentos, la sustitución completa de un pasaje por otro es, según una fuente conocedora del caso, un intento deliberado de disfrazar la llegada de Betancourt a Venezuela. EL PAÍS envió varios mensajes al empresario, pero no hubo respuesta. Dos de sus allegados se negaron a hacer de intermediarios.

Independientemente de si Betancourt llegó o no en ese vuelo del 22 de julio, otro documento revela que volvió a salir del país el 30 de ese mismo mes con destino a un aeropuerto privado de Miami. Esta vez en la aeronave lo acompañaban tres hombres, entre ellos Sean Pi y Henry Heeney, cofundadores de Heeney Capital, una firma de inversión privada centrada en minería y recursos naturales, el segundo negocio más codiciado en Venezuela. En mayo de 2026, Heeney Capital firmó acuerdos de compra anticipada de producción para proyectos mineros y de oro en el país, dentro de una iniciativa respaldada por la Casa Blanca para reactivar ese sector. Tampoco ellos respondieron a las consultas de este periódico.

Betancourt sigue ganando terreno en el sector petrolero venezolano. Harry Sargeant III —viejo intermediario entre Washington y Caracas— vendió por 300 millones de dólares su participación minoritaria en NABEP, la segunda mayor petrolera privada del país, tras la presión del Tesoro de EE UU para que se retirara del negocio. El comprador, según Bloomberg, fue una parte cercana a Betancourt, que ya era el accionista mayoritario de la compañía.

La joven promesa de la era Chávez

A sus 46 años, Betancourt conoce muy bien el mundo de los negocios, sobre todo el sector petrolero y el eléctrico: los dos más estratégicos de Venezuela y los que más se han utilizado para enriquecer a unos pocos durante casi tres décadas de chavismo. Entró en el primero antes de cumplir los 30 años y su empresa recién fundada, Derwick Associates, sin experiencia previa, se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas termoeléctricas en plena emergencia decretada por Hugo Chávez.

El sobreprecio de los contratos, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones de dólares y varias de esas plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive a oscuras y sin electricidad varias horas al día. De ahí nació el apodo con el que se le conoce hasta hoy: bolichico, término acuñado para los jóvenes empresarios —muchos sin experiencia previa— que se enriquecieron gracias a contratos públicos millonarios durante la revolución bolivariana de Hugo Chávez y Maduro.

Del sector eléctrico saltó al petrolero, donde sigue hoy, y es ahí donde pesa la causa más activa contra él: la que la Audiencia Nacional reabrió en junio —tras haberla archivado meses antes— por blanqueo de capitales y delito fiscal. Se le acusa, junto con sus socios, de haber sobornado a tres funcionarios de la petrolera estatal venezolana con 42 millones de dólares para defraudar 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo. Ese dinero, según pretende demostrar la justicia española, acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de altísimo valor en España.

Esa causa deriva de otra más antigua: la suiza, abierta por blanqueo de capitales, que a su vez proviene de una investigación en Estados Unidos donde sus supuestos cómplices ya han sido condenados.

Suiza le impuso una orden de extradición desde el Reino Unido y la retención de sus pasaportes italiano y venezolano, hasta que en mayo de este año el cantón de Zúrich levantó las restricciones. Una fuente diplomática desliza que detrás de esa decisión está el influjo de Estados Unidos. Otra, cercana a actores políticos en Washington, lo confirma.

En Venezuela, donde la propia Delcy Rodríguez ha denunciado la corrupción del sistema judicial, los casos abiertos contra Betancourt nunca llegaron a convertirse en una imputación formal.

Algunas de las reformas constitucionales que el Gobierno de José Antonio Kast pretende impulsar en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) han abierto una grieta en el oficialismo. El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI —uno de los partidos más leales al Ejecutivo en el Congreso— anunció este domingo que su bancada no está dispuesta a respaldar el proyecto que, según un borrador filtrado, propone suspender las prestaciones sociales financiadas con recursos estatales a las personas condenadas por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, tanto durante el cumplimiento de la condena como en los 15 años posteriores. “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, declaró el líder gremialista en una entrevista con La Tercera.

Kast firmó hace seis días el proyecto de ley que bautizó como Reforma Constitucional Pro Seguridad, que establece, entre otros cambios, regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de organizaciones criminales o terroristas. El Gobierno, sin embargo, no ha presentado oficialmente los detalles de la iniciativa, aunque se espera que los haga públicos en las próximas horas.

Los reparos surgieron después de que trascendiera un borrador de 15 páginas con diez cambios a la Carta Fundamental. Una de las modificaciones más relevantes establece que los responsables de delitos como el narcotráfico y el terrorismo quedarán inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales “respecto de los derechos y garantías establecidos en los números 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19”, tanto durante la condena como en los 15 años siguientes a su cumplimiento. “Si a la fecha de la respectiva condena las personas recién referidas estuvieren recibiendo alguna de las prestaciones indicadas, las perderán de pleno derecho. Asimismo, quedarán inhabilitados por 15 años para acceder a medidas alternativas a la privación de libertad, a la libertad condicional y a cualquier otro beneficio penitenciario”, señala el texto, que más adelante matiza que “las inhabilidades y restricciones establecidas no afectan los derechos en su esencia ni imponen condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

El documento plantea además ampliar la misión de las Fuerzas Armadas a la protección de la ciudadanía en situaciones especiales calificadas por ley, otorgándoles base constitucional para actuar en casos que hoy exigen la declaración de estados de excepción. Por el momento, el Ejecutivo no ha desmentido el documento, mientras los propios legisladores de las derechas debaten los aspectos que se han filtrado.

La Moneda ha entrado en una fase en la que busca mostrar resultados rápidos en materia de seguridad, la principal preocupación de los chilenos, y en un contexto en que la desaprobación hacia Kast supera el 55%, según una encuesta de Criteria divulgada este domingo. Esta misma medición apunta a que el 54% de los consultados considera que la gestión en seguridad del Gobierno de derecha ha sido peor de lo esperado, frente a un 19% que la valora mejor. Además, el estudio de opinión revela que el 61% prefiere que el Ejecutivo priorice la aprobación de nuevas leyes y atribuciones contra la delincuencia, frente a un 30% que opta por aplicar las normas ya vigentes. Las expectativas de que la Administración de Kast cumpla con sus medidas de seguridad superan por unos pocos puntos el 50%.

La seguridad ha sido la principal promesa de campaña de Kast, quien prometió instalar un Gobierno de emergencia al llegar al poder el 11 de marzo. Sin embargo, el Ejecutivo de derechas tuvo algunos tropiezos durante sus primeros meses en esta materia, entre los que destacó la polémica protagonizada por la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, unos días antes de su destitución el 19 mayo, al no presentar un plan de seguridad formal ante el Congreso.

Hoy, la estrategia gubernamental se ha apoyado en una sucesión de anuncios, en la repetición de que “la mano ha cambiado” en Chile y en la exposición pública de Kast y sus ministros —como el de Seguridad, Martín Arrau— en operativos policiales. El jueves, el mandatario se puso una chaqueta de Gendarmería para recorrer la cárcel de La Laguna, cerca de Talca, adonde fueron trasladados centenares de reclusos de alta peligrosidad en una operación bautizada como Cancerbero. El despliegue fue comparado con el estilo de Nayib Bukele en El Salvador por mostrar, entre otros aspectos, a los prisioneros sentados en filas y con las manos hacia adelante.

La puesta en escena del procedimiento —que incluyó la difusión, a través de canales oficiales, de vídeos musicalizados con canciones de NSYNC y Metallica— fue criticada por exautoridades de izquierda, como la exministra Carolina Tohá, que la calificaron de “espectáculo”.

La agenda de seguridad de Kast se puso en marcha justo después de que el Ejecutivo lograra sacar adelante su megarreforma económica en el Congreso. También se anuncia en medio de un creciente pesimismo entre los chilenos, lo que el mandatario atribuye a que “la esperanza de la gente ha caído porque empezamos a hablar con la verdad”.

Kast presentó el 5 de agosto, en cadena nacional, su agenda de seguridad: “Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país, que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas”.

Los apoyos de la derecha

La UDI, de la derecha tradicional, fue clave para aprobar la megarreforma —el primer triunfo político del Gobierno de Kast—, ya que sus cinco senadores y 18 diputados, incluido Ramírez, respaldaron la llamada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social durante su tramitación legislativa. A los reparos se sumó el senador independiente Matías Walker, quien había votado a favor de uno de los artículos decisivos de la megarreforma, el mecanismo de compensación fiscal a los municipios después de la exoneración de contribuciones a adultos mayores por sus primeras viviendas. “No cuenten con mi voto para esta locura”, escribió en X el jueves, un mensaje que fue respondido por el senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, en la misma red social: “Matías, la condescendencia con quienes secuestraron, asesinaron y mutilaron, simplemente desconcierta. Entiendo que lo que te motiva es rehabilitar a presos, pero el foco para eso está en menores, primerizos o personas condenadas por delitos menores. Tu preocupación por integrantes del crimen organizado, sinceramente confunde y asusta mucho (…) estar inquieto por el control de salud de estos criminales, habla de una distorsión que simplemente no se entiende”.

En una entrevista con el Diario Financiero, Squella aseguró que había “colaborado bastante en el enfoque legislativo y constitucional” y que la agenda reflejará lo que la ciudadanía ya conoce de los republicanos. Sobre los votos necesarios para su aprobación, el senador sostuvo que habrá parlamentarios inclinados a mantener las reglas de seguridad pública y otros que no.

Tampoco en la ultraderecha están garantizados los respaldos en el Congreso. El excandidato presidencial Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), aseguró que su colectividad no tiene asegurado el apoyo para los trámites que deberá revisar el Congreso sobre la ACOT del Ejecutivo. “Si usted quiere entonces andar reformando cositas en la ley, y quiere sacar a carabineros a recuperar el control a balazos en las poblaciones, les tienes que dar garantías. ¿Qué garantías le das cuando el tema de los indultos no está resuelto?”, planteó el pasado domingo.

Consultado al respecto, Squella respondió a DF que, “conociendo muy bien a los parlamentarios del PNL y a Johannes Kaiser”, no duda de que se sentirán “muy reflejados” con lo que se propondrá en el texto constitucional y en las bajadas a nivel legal que se discutirán.

Si estas aprensiones hacia algunos aspectos de la propuesta persisten, el Gobierno podría sufrir un revés en el Congreso, donde las reformas constitucionales requieren un quorum de cuatro séptimos para su aprobación.

Las intensas lluvias que tuvieron lugar en Caracas durante la madrugada de este 15 de agosto han dejado un saldo de tres personas fallecidas, a causa del desborde de algunas quebradas embauladas que circundan la ciudad. Todavía no se ha informado sobre el número de heridos. Numerosas viviendas fueron rebasadas temporalmente por el agua. Los torrenciales aguaceros han producido también el colapso de vías y afectación de cultivos en los estados Trujillo, Yaracuy, Amazonas y Táchira.

Este desastre natural se concreta poco más de mes después del doblete sísmico que afectara a la región capital del país el pasado 24 de junio – el desastre natural más grave de Venezuela en dos siglos-, que hasta el momento ha contabilizado más de 6.000 muertos, casi 20.000 personas desaparecidas y centenares de miles de damnificados.

En algunos sectores del centro de Caracas, como Santa Rosalía, cerca de un centenar de familias perdieron las carpas provisionales en las cuales estaban durmiendo tras el terremoto del pasado 24 de junio, a causa de las lluvias, de acuerdo a información de los Bomberos del Distrito Capital. Muchas personas que siguen durmiendo en refugios temporales improvisados tuvieron que hacer frente a las severas condiciones del tiempo la noche del 15. En la avenida Bolívar, en pleno centro de la ciudad, decenas de carpas quedaron inundadas con las lluvias, afectando a varias familias.

El jefe de la policía del Municipio Chacao –uno de los cinco del área metropolitana de Caracas–, Alberto Prato, confirmó que dos de las víctimas de las lluvias en la capital eran adolescentes de 15 y 17 años. Se informó que fueron arrastrados por una crecida en la parroquia La Vega, ubicada al suroeste de la ciudad. La tercera víctima es una mujer de 49 años, vecina del sector El Peñón, parroquia Macarao, otro gran barrio de chabolas en el extremo suroeste. Su vivienda fue arrollada tras una crecida imprevista de las corrientes de lluvia.

Las lluvias en Caracas produjeron también inundaciones y anegaciones en varias vías céntricas de La Candelaria, San Bernardino, Petare, Antímano, Caricuao y la carretera Panamericana. El alcalde de Baruta, otro municipio capitalino, Darwin González, fue visto en la madrugada decretando la alerta en las zonas residenciales bajo su jurisdicción.

El río Guaire –una quebrada de desechos, alguna vez río, que atraviesa todo Caracas– tenía anoche un aspecto furioso, y estaba muy cerca de desbordarse. El inusual desborde del Guaire tiende a generar pánico en la población. La fuerza del agua encabritada llegó a arrastrar algunos vehículos en zonas populares del extrarradio de la ciudad, como Maracao y Ruiz Pineda. Se reportaron también cortes parciales o fluctuaciones del servicio de luz en muchos puntos de la ciudad.

La alcaldesa metropolitana de Caracas, Carmen Meléndez, anunció que los cuerpos de Protección Civil y Bomberos del Distrito Capital se mantienen desplegados trabajando en las comunidades afectadas. Las lluvias produjeron también el derrumbe de varios de los gigantescos árboles que atesora la capital, algunos de los cuales terminaron afectando propiedades al derrumbarse aparatosamente. El día 16 de agosto se ha presentado sin lluvias en Caracas, pero las autoridades mantienen el llamado de alerta, siguiendo el paso de una de las varias tormentas tropicales que cruzan el sur del Caribe en estos meses.

Antes y después de los estragos de las lluvias, con lentitud, las autoridades anuncian varios planes para soluciones habitacionales definitivas y temporales para las víctimas del terremoto en Caracas, y con más lentitud en la Guaira. Se ha hecho un censo con el estado de habitabilidad de la mayoría de las residencias de la capital. Al menos 12 edificios colapsaron totalmente en la capital, pero un número mucho más alto presenta estructuras parcialmente afectadas o con grietas. Los condominios que pueden afrontarlo han encarado las refacciones por cuenta propia. Muchas personas han decidido volver a sus casas, aunque estén deterioradas o no habitables, antes que seguir durmiendo en parques o estacionamientos. La gran mayoría de los damnificados sabe que les espera un prolongado período de tiempo viviendo en la provisionalidad y la incertidumbre, dependiendo de la volátil ayuda pública y el interés de los demás.