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El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró este martes estado de excepción por catástrofe en la provincia de Tocopilla, 1.530 kilómetros al norte de la capital, tras registrarse en la zona aluviones y grandes deslizamientos de tierra que obligaron a las autoridades, en el marco del temporal, a decretar la Alerta Roja y evacuar varios sectores de la localidad.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, publicó en X el mandatario chileno.

La intensidad de las precipitaciones, que en pocas horas alcanzaron cerca de 30 milímetros de agua caída en un área que promedia cinco al año, provocó la activación de quebradas y remociones en masa que desataron la emergencia.

“Estamos viviendo en el país condiciones anormales del fenómeno de El Niño intenso, por tanto las capacidades del Estado han estado en la prevención; sin embargo, los niveles de lluvia hacen imposible que no hayan afectaciones”, afirmó en una rueda de prensa el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Diversos registros audiovisuales publicados por vecinos dan cuenta de la fuerza del fenómeno que aún se encuentra en desarrollo, con imágenes de vehículos, escombros y desechos siendo arrastrados por un río de agua y barro con dirección al mar a gran velocidad.

El temporal en la zona norte dejó ayer una persona fallecida y a la fecha se consignan por lo menos 2.000 damnificados en la región de Antofagasta.

La alcaldesa de Tocopilla: “Ha superado todas nuestras expectativas”

La alcaldesa del municipio de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, entregó un balance sobre la situación que vive su comuna, la más afectada con el sistema frontal en el norte del país. La autoridad local ha admitido que no esperaba que el fenómeno climático se presentara con esta intensidad y provocara tanta destrucción. “Es terrible. Ha superado todas nuestras expectativas. Es una tragedia. Esperábamos que no ocurriera lo mismo teniendo una parte del cordón de quebradas con medidas de mitigación”, dijo Kurtovic a Tele13. La jefa comunal también informó de la presunta desaparición de tres personas, un antecedente que no ha sido ratificado por el Gobierno.

Kurtovic llamó al Ejecutivo a acelerar las labores de mitigación para que la situación en la zona no empeore. “Pido a la autoridad de nivel central que puedan terminar lo que faltó de mitigación en el cordón de quebradas. Tocopilla es un cordón de quebradas. La geografía no está hablando desde hace mucho tiempo, desde que se creó la comuna y hasta ahora estamos sufriendo esto”, expresó.

Chile atraviesa un sistema frontal, que inició el 14 de julio y ha ido fluctuando en intensidad abarcando a diez de las 16 regiones del país, entre el norte y el sur, y que ya había dejado 15 fallecidos. Hasta ahora la zona más afectada había sido Coquimbo, en el norte chico, que fue azotada con lluvias históricas que provocaron inundaciones, destrucción de viviendas, cortes de los servicios básicos e interrupción de los caminos. El temporal también dejó su estela de destrucción en las sureñas regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde incluso se generaron tornados por los fuertes vientos.

El exmandatario Gabriel Boric (2022-2026) dijo que espera una oposición “franca, respetuosa, abierta, clara y firme” a una de las reformas constitucionales sobre seguridad pública que el Gobierno de José Antonio Kast envió este lunes al Senado. Se refirió a la iniciativa que crea un nuevo estado de excepción constitucional para casos de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, sobre la que afirmó: “Busca instaurar un estado de sitio por 240 días, con atribución exclusiva del presidente de la República y una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”.

“Quienes estamos en política tenemos que estar dispuestos a colaborar con quien quiera que sea el Gobierno para políticas de Estado, lo que no significa ceder en convicciones que son claras”, dijo Boric, en un video que divulgó The Clinic, durante la presentación del libro La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), cuyo autor en su exministro de Hacienda, Mario Marcel.

El Gobierno de Kast impulsa una serie de proyectos de ley que bautizó como Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y en ese contexto envió al Senado un paquete de ocho cambios a la Ley de Leyes. Entre ellos está la propuesta de un nuevo estado de excepción constitucional, que da amplias atribuciones al Presidente de la República para que lo declare “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”.

Esas amplias atribuciones, según señala el texto que se envió al Parlamento, implican que el estado de excepción constitucional lo declarará “el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, y que no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el jefe de Estado puede prorrogarlo por segunda por igual período sin consultar al Congreso, lo que puede implicar su alargue por 240 días. Pero que, para sucesivas ampliaciones, el presidente requerirá “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.

Este nuevo estado de excepción, además, establece que el presidente de la República “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión” y, además, “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. En la propuesta se señala que un oficial general quedará al mando de la zona, pero no detalla si será de las ramas de las Fuerzas Armadas o de Carabineros.

Según explicó este lunes el ministro de Seguridad de Kast Martín Arrau en el programa Tolerancia Cero, de CNN, la medida está pensada para “intervenciones profundas, temporales y con rendición de cuentas” para ciertas zonas “donde operan grupos terroristas o el crimen organizado que son de difícil penetración”. Añadió que la Administración considera que se necesitan “facultades extraordinarias para restringir la movilidad, poner toques de queda y saber qué comunicaciones, o cuando uno hace este anuncio, bajar las comunicaciones de ese tipo de grupos. Estamos pensando en polígonos bastante más acotados, dependiendo de lo que sea, y de otros más amplios”.

Una de las piezas clave del huachicol fiscal de la Marina regresa a México para enfrentar la justicia. El contralmirante Fernando Farías Laguna será trasladado a su país para sentarse ante un juez por participar en la red de contrabando de combustible integrada por marinos, empresarios y funcionarios, la mayor red de corrupción del sexenio de Claudia Sheinbaum. “Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí, que va a haber un traslado. No sé si hoy, el día de mañana o pasado”, ha dicho la mandataria este lunes en rueda de prensa. El marino llevaba prófugo de las autoridades desde el pasado octubre, cuando no acudió a su citación para declarar ante el juzgado y huyó a Argentina, donde fue detenido antes de activar los esfuerzos del Gobierno mexicano para solicitar su extradición. Finalmente, el contralmirante será expulsado por el Gobierno argentino en las próximas horas, según han confirmado fuentes oficiales.

El contraalmirante está acusado de liderar la red de huachicol fiscal desde la Secretaría de la Marina de México y enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, con la posibilidad de cumplir una pena de 20 a 40 años de prisión. La trama de contrabando la componían él junto con otros 12 cómplices, entre ellos su hermano Manuel Roberto, bajo la presunta protección del tío de los hermanos, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. La investigación apunta a que la red conseguía introducir barcos con combustible burlando a la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), valiéndose de su grado, cargo, relaciones y vínculos dentro de la Secretaría de Marina, gestionaron los ascensos y promociones, esto en beneficio de sus propios intereses.

El equipo de abogados de Farias Laguna en México y su defensa en Argentina había asegurado a EL PAÍS que no existían planes para la salida del contraalmirante del país. “De ninguna manera, pueden decidir sobre su salida del país sin que conste en la causa de extradición. Y en ese sentido, me confirmaron que el proceso extraditorio sigue en pie, sin novedades”, aseguraron a EL PAÍS. El Gobierno de México había exigido su deportación alegando que había entrado a Argentina de forma ilegal, y amenazó con llevar el proceso por la vía de extradición si no se lograba. La estrategia de la defensa era que el contraalmirante solicitara asilo en Argentina, pero al conocerse su detención, la ministra argentina de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, desmintió esta posibilidad. “Está detenido y va a ser extraditado. La Argentina no es refugio de criminales”, dijo la titular. Finalmente, las autoridades han optado por la vía del proceso de expulsión.

El contralmirante llevaba en el país sudamericano para escapar de la justicia mexicana desde agosto de 2024, cuando voló de México a Florida, Estados Unidos. Finalmente, las autoridades emitieron una ficha roja de la Interpol con su nombre y consiguieron su captura en Buenos Aires, donde llegó desde Colombia con pasaporte falso de Guatemala. Su equipo de defensa había insistido a través de amparos en que fueran juzgados por la justicia militar, ya que ambos hermanos seguían recibiendo sus salarios de la Secretaría de la Marina.

El vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna fue detenido hace casi un año junto a una decena de funcionarios después de que las autoridades hallaran un buque que llegó al puerto de Tampico (Tamaulipas) con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando en junio de 2025, el hilo del que tiraron los investigadores para destapar una red de corrupción colosal. Desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde aguarda su juicio, el vicealmirante ha enviado varias misivas a la presidenta, Claudia Sheinbaum, para defender su inocencia y pelear por un proceso justo. Este martes, desde Palacio Nacional, la mandataria ha recordado los avances en la lucha contra el huachicol fiscal, acorralada por las acusaciones de que Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también esté involucrado en estas redes criminales de contrabando. “Prácticamente se terminó [el huachicol fiscal]. Gracias a las intervenciones que hemos estado haciendo en aduanas y las detenciones que se hicieron”, ha sentenciado. La expulsión de Farias Laguna de Argentina coincide con la visita del secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, a Buenos Aires para la Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA, a la que ha asistido para exponer la estrategia en el combate del crimen organizado de México.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sigue en su empeño de lograr que Estados Unidos retire de manera temporal los aranceles que cobra a las importaciones de Colombia. Este martes, el jefe del Estado ha ordenado a su ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, que viaje a Washington para ponerse al frente de esa tarea. Ha asegurado, además, haber hablado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y ha añadido que el Gobierno de ese país, con el que se ha alineado, tiene “toda la disposición” de estudiar la posibilidad. “Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos”, ha escrito el ultra sobre su llamada telefónica con Rubio.

En la publicación de De la Espriella, difundida en sus redes sociales, además de informar de la orden que dio a Gómez Amín, dijo haber agradecido a Rubio por la ayuda que ha enviado Estados Unidos para atender la emergencia desencadenada en el occidente del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto. “También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos”, ha añadido quien ahora encabeza uno de los gobiernos latinoamericanos más alineados con las políticas de Donald Trump.

El sábado anterior, De la Espriella informó también que había hablado directamente, en una llamada telefónica de 10 minutos, con Trump, a quien le hizo la misma solicitud de levantar los aranceles, aunque fuera de manera temporal. “Nuestros empresarios están enfrentando momentos muy difíciles”, afirmó De la Espriella, quien dijo que el norteamericano se mostró “supremamente cálido” en la conversación. Ya entonces, el colombiano agradeció la ayuda para atender la emergencia por el sismo, de más de 26 millones de dólares, así como los equipos de rescate, que, junto con los que enviaron Israel, Ecuador y El Salvador, han sido los únicos que ha aceptado Colombia.

Las imposiciones arancelarias han sido una de las herramientas de presión más agresivas que ha puesto en marcha la Administración de Trump contra todo el mundo. Colombia, uno de los grandes aliados históricos del país en Sudamérica, no se salvó de ello. El país, al igual que al menos otros 50 países, enfrentó un arancel universal del 10%, que el pasado 26 de julio aumentó hasta el 12,5% para la mayoría de productos, aunque algunas de las mayores exportaciones, como el café y el carbón, están exentas. Una eventual suspensión de los aranceles sería un gesto muy favorable hacia el Gobierno que encabeza De la Espriella, quien en sus 11 días en el poder ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de acercarse al Ejecutivo de Estados Unidos —país del que, además, es ciudadano—.

En menos de dos semanas de Gobierno, De la Espriella se ha dedicado a descongelar las relaciones con Estados Unidos, que pasaron por un periodo áspero durante la Administración de Gustavo Petro. Así, el abogado anunció el ingreso del país en el Escudo de las Américas, la estrategia contra el crimen impulsada en todo el continente por Estados Unidos, y se ha alineado con la potencia norteamericana al ofrecer un respaldo irrestricto al Gobierno de Israel —por ejemplo, al reconocer la soberanía del Estado judío sobre los Altos del Golán, pese a la postura contraria de las Naciones Unidas que Colombia había mantenido—. Todas esas complacencias pueden jugar a favor de De la Espriella para lograr el alivio tributario en un momento de crisis tras el terremoto que dejó devastada a buena parte del país.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago ha decretado este martes la prisión preventiva para cuatro imputados del llamado caso Sartor, uno de los mayores escándalos financieros del último tiempo que habría causado perjuicios por 180 millones de dólares a múltiples inversionistas. La jueza Paulina Moya ha decretado la medida cautelar para el empresario Michael Clark Varela, que hasta abril de 2026 se desempeñaba como presidente del directorio de Azul Azul, la sociedad anónima deportiva a cargo de la concesión del club de fútbol Universidad de Chile. También se ha dispuesto la prisión para Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador de Sartor; Carlos Larraín Mery, exdirector de la Administradora General de Fondos (AGF); y Sergio Yáñez, excontrolador del factoring Emprender Capital.

En su resolución, la jueza Moya ha dicho que la libertad de Clark, de los hermanos Larraín, y de Yáñez implicaba un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Rodrigo Bustamante, exsocio de Sartor, y Juan Carlos Jorquera, exejecutivo del holding, también imputados por el caso, han quedado con arresto domiciliario parcial y arraigo. El juzgado ha decretado 120 días para el desarrollo de la investigación. Los acusados que quedaron en prisión pueden apelar y pedir un cambio en la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones.

El tribunal ha dado por acreditado seis de los siete delitos por los que la Fiscalía imputa a los involucrados. Entre estos están el lavado de activos, administración desleal, estafa y fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA), entre otros. La decisión se ha tomado tras casi dos semanas de audiencias de formalización —la etapa del sistema procesal chileno en donde los acusados conocen los delitos que se les imputan—, en las que todas las partes han entregado sus argumentos.

El Grupo Sartor es una entidad que, en su origen, se dedicaba a prestar servicios de asesoría financiera y comercial, como también la gestión de inversiones y finanzas. La investigación del Ministerio Público, que surgió a partir de una fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ha señalado la existencia de fondos que se prestaban a sociedades de propiedad de los mismos socios y ejecutivos del grupo financiero. Este movimiento habría afectado directamente a las personas que invirtieron en estos instrumentos, quienes alegan la pérdida de gran parte de su patrimonio.

La investigación también tiene una arista vinculada al deporte, ya que el Grupo Sartor entró durante el año 2021 a la propiedad de Azul Azul. Lo hizo a través de Tactical Sport, un fondo de inversión que compró las acciones vendidas por el empresario Carlos Heller por 15,5 millones de dólares. El titular de Tactical Sport era Michael Clark, que durante ese año ingresó al directorio de la Universidad de Chile como representante del máximo controlador de la sociedad anónima, con el 63% de la participación. En diciembre de 2024, una sociedad llamada Inversiones Antumalal, de propiedad de Clark, acordó pagar 5.719.482 de dólares por el 90% de las cuotas de Tactical Sport a Sartor, con lo que el empresario consiguió un control mayor de la concesionaria deportiva. Ese último movimiento ha sido indagado por la Fiscalía, ya que se presume que estaría conectado con las operaciones realizadas por los otros ejecutivos de Sartor para usar los fondos.

En abril de 2026, a pocas semanas de la formalización, Clark renunció a la presidencia de la Universidad de Chile y la dejó en manos de Cecilia Pérez, la exportavoz del Gobierno de Sebastián Piñera. Después el empresario pidió anular y retrotraer la compra que realizó a través de Inversiones Antumalal. En una de las jornadas de audiencia, el ejecutivo aseguró que no estaba directamente vinculado a Sartor y que tenía un grado de participación menor en la cuestionada gestora de fondos. “Para nadie es agradable estar acá. Siempre he dicho que creo que estoy involucrado un poco de rebote”, dijo ante la prensa en las puertas del Centro de Justicia de Santiago.

La investigación sobre Sartor y Michael Clark ha complicado a Universidad de Chile, uno de los equipos de fútbol más populares del país. La opacidad sobre el origen de la inversión de la administradora y del ejecutivo ha abierto las dudas sobre quién es el verdadero propietario de Azul Azul. Durante los últimos años han surgido nombres como los de Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, dueños de Huachipato, y de Patricio Kiblisky, expropietario de Ñublense, a quienes se los asocia por algunas transferencias de jugadores con la U que han desatado los cuestionamientos en el ambiente deportivo. La posible asociación del club universitario con accionistas de otros equipos es compleja, ya que la ley de sociedades anónimas deportivas prohíbe la multipropiedad de los equipos.

El club recibe el nombre de la Universidad de Chile, institución que ha mirado con atención el desarrollo de la investigación contra Michael Clark. La prorrectora Dorotea López Giral ha endurecido el tono en contra de Azul Azul y ha dicho que la casa de estudios evaluará todas las acciones disponibles, entre ellas quitar el nombre de la institución a la sociedad anónima deportiva. “Resulta inaceptable para la Universidad que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos bajo tales circunstancias, sin condiciones mínimas que garanticen el respeto efectivo de su carácter universitario, sus principios y sus valores”, ha declarado.