California dio un nuevo paso para reforzar la protección de los estudiantes frente a las acciones de las autoridades migratorias. A través de la AB 49, conocida como California Safe Haven Schools Act, el estado impuso restricciones más estrictas sobre cuándo y cómo los agentes encargados de hacer cumplir las leyes migratorias pueden ingresar a las escuelas o solicitar información sobre los alumnos y sus familias.
La medida busca garantizar que las escuelas continúen siendo espacios seguros para todos los estudiantes, independientemente de su situación migratoria o la de sus padres.
Los agentes migratorios no podrán ingresar libremente a las escuelas
La principal novedad de la ley es que los funcionarios escolares ya no pueden permitir el ingreso de agentes de inmigración a áreas no públicas de un campus escolar, salvo que presenten una orden judicial válida, una citación judicial o una orden emitida por un tribunal. Antes de autorizar cualquier acceso, además, deberán solicitar la identificación oficial del agente siempre que sea posible.
La norma también prohíbe que los distritos escolares entreguen expedientes educativos o cualquier información sobre un estudiante, su familia o las personas que integran su hogar sin el consentimiento escrito de los padres o sin una orden judicial que lo autorice.
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Nuevas obligaciones para las escuelas de California
La legislación no solo establece límites al acceso de las autoridades migratorias. También obliga a los distritos escolares a revisar y actualizar sus políticas internas para adecuarlas a las nuevas reglas.
La Oficina del Fiscal General de California actualizó los modelos oficiales de actuación y todos los organismos educativos locales debieron adaptar sus protocolos. Además, las escuelas deben poner a disposición de las familias información sobre sus derechos y publicar esas guías en los idiomas correspondientes antes del inicio de cada ciclo escolar.
Entre las nuevas obligaciones también figura la incorporación de procedimientos para avisar a padres, docentes y personal escolar cuando se confirme la presencia de agentes migratorios en un campus.
El objetivo: reducir el miedo entre las familias
Al aprobar la ley, la Legislatura de California sostuvo que el temor a las acciones migratorias puede afectar la asistencia, el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes en las escuelas.
El texto legislativo cita investigaciones que muestran que un aumento en las acciones de control migratorio se relaciona con mayores tasas de ausentismo, peores resultados escolares e incluso abandono educativo entre estudiantes cuyos padres son inmigrantes.
Según los fundamentos de la norma, cientos de miles de alumnos en California viven con al menos un padre indocumentado, por lo que el objetivo es evitar que las políticas migratorias interfieran con el acceso a la educación pública.
Para las familias, la nueva legislación implica que las escuelas públicas cuentan con reglas más estrictas para proteger la privacidad de los estudiantes y limitar la colaboración con acciones de control migratorio cuando la ley no lo exige.
No impide que las autoridades federales ejerzan sus facultades cuando cuentan con las autorizaciones judiciales correspondientes, pero sí establece obligaciones claras para los centros educativos respecto al acceso a los campus y al manejo de la información personal de los alumnos.
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