Author: rb809rb

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ordenado este lunes endurecer la fiscalización en las gasolineras que vendan combustibles costosos, en medio del alza generalizada de los energéticos mundiales. La mandataria ha dejado abierta la posibilidad de imponer sanciones y multas a los distribuidores que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detecte fuera de los acuerdos logrados para mantener la gasolina y el diésel bajo control.

El Gobierno está tratando de quitarle presión a los precios mediante dos mecanismos paralelos: un creciente sacrificio de cobro al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps) para contener todos los combustibles y un acuerdo con vendedores aguas abajo para mantener el precio de la gasolina magna cerca de los 24 pesos por litro. El descuento del Ieps supone casi 5.000 millones de pesos que deja de percibir el erario cada semana, ha dicho Sheinbaum.

“Estamos dando este apoyo a las familias mexicanas, para que la gasolina no aumente de precio, así que le pedí desde ayer a la Profeco (…) que a partir de hoy estén revisando toda las gasolineras; que en efecto no aumente el precio de la gasolina magna, porque en algunos lugares la están aumentando y no tienen razón los gasolineros de por qué aumentar, ninguna”, enfatizó la mandataria en su programa matinal. “No podemos permitir que los gasolineros se pasen”, zanjó.

El acuerdo “voluntario” para mantener la gasolina magna anclada incluye ganancias de dos pesos por litro para costear salarios y costos en los expendios.

En el caso del diésel, fundamental para los precios de las mercancías que se transportan por carretera, agregó que se ha llegado a un acuerdo para que se venda cerca de 28,28 pesos el litro, aunque este todavía se considera un precio alto. “Estamos viendo si podemos hacer un esfuerzo adicional para poder compensar todavía mas el precio del diésel”, ha agregado la presidenta.

Si bien los estímulos fiscales y las negociaciones con los gremios están funcionando como un amortiguador frente a un aumento mayor de la gasolina y el diésel, afectados a nivel por los problemas de suministros de crudo y derivados por el conflicto en Irán, no están logrando contener del todo los ajustes. Esto ocurre cuando los precios de los crudos internacionales han roto barreras históricas en las últimas semanas y México importa cerca de la mitad de su consumo interno de energéticos. El crudo Brent, marcador del mercado, cotizaba al alza el lunes cerca de los 109 dólares por barril.

Las tensiones recientes entre el Gobierno de Argentina y el de Chile, que hasta el 11 de marzo fue liderado por Gabriel Boric, han quedado por ahora en el pasado. Este lunes, Javier Milei recibió con un afectuoso abrazo al presidente chileno José Antonio Kast, en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. A continuación, celebraron una reunión privada que tuvo como ejes centrales el comercio bilateral, la explotación de recursos naturales y la mejora de los pasos fronterizos. La gran decepción del encuentro fue la frustrada extradición del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza. Señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán en 1991, fundador de la UDI, Apablaza se encuentra prófugo desde el miércoles, cuando la Policía argentina fue a detenerlo a su casa.

La visita de Kast se enmarca en la tradición diplomática de los jefes de Estado chilenos, que suelen elegir Argentina como primer viaje oficial, país con el que comparten una frontera de más de 5.000 kilómetros. Ahora, la elección se ampara también en la profunda afinidad ideológica entre ambos mandatarios, que contrasta con los cortocircuitos que caracterizaron la relación de Milei con Boric, y muestra el avance de los gobiernos de extrema derecha en el continente americano.

Milei considera su “amigo” al líder del Partido Republicano chileno, a quien conoció en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en São Paulo en 2022. Manifestó su apoyo por él en las últimas elecciones presidenciales chilenas y Kast le correspondió con una visita menos de 48 horas después de resultar electo.

Esta vez, Kast cruza la cordillera de los Andes a punto de cumplir un mes en el poder y con una gran baja de popularidad, de acuerdo a las encuestas. Su anfitrión tampoco atraviesa un buen momento político, debido al estancamiento de la economía y los escándalos políticos que acechan a su Gobierno.

La reunión con Milei fue el punto álgido de la agenda de Kast, pero no el único. Tras el encuentro, Kast compartió un desayuno con ministros y parlamentarios de ambos países en la Embajada chilena en Buenos Aires. Lo acompañaron su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez MacKenna; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, una exfiscal que ha tenido un complejo aterrizaje en el Gobierno. Primero por el papel poco explicado que la propia Steinert tuvo en la salida de una alta funcionaria de la policía (PDI), Consuelo Peña, y por las altas cifras de homicidios registradas en la capital en los últimos 20 días.

La agenda compartida contemplaba un motivo de celebración que no pudo ser: la extradición de Apablaza. El Gobierno de Milei ofreció el viernes una recompensa de 20 millones de pesos (algo más de 14.000 dólares) a quien brinde información que permita su captura, pero hasta ahora el exguerrillero sigue prófugo. “La justicia va a llegar, tarde o temprano”, dijo Kast este domingo antes de viajar.

Popularidad a la baja

La caída de respaldo de Kast (de 57% a 42% desde que arribó a La Moneda, según el sondeo Cadem) se explica, en buena parte, por la decisión del Gobierno de no contener los precios de los combustibles y aplicar una política de shock para que el alza internacional sea asumida sobre todo por la ciudadanía, aunque con determinadas subvenciones.

Los chilenos que rechazan su gestión superan a los que la aprueban y, además, se observa que la población comienza a desanimarse. Cadem mostraba este domingo que después de 44 semanas, el pesimismo sobre el futuro del país (49%) supera al optimismo (48%). Además, 52% cree que Chile va por mal camino -26 puntos más que el 11 de marzo, cuando arrancó la actual Administración-, mientras el 40% piensa que el país va por buen camino (17 puntos menos).

A su vez, de acuerdo al mismo estudio de opinión, un 78% considera que la economía chilena está estancada o retrocediendo, cuando el crecimiento y la reactivación representan uno de los ejes centrales de Kast, junto con el control de la delincuencia y la migración irregular. La principal preocupación económica, como consecuencia del alza de precios de los combustibles, es el aumento de precios (59%, es decir, 31 puntos en comparación a agosto de 2025, en los últimos meses del Gobierno de Boric).

Milei, mientras, intenta también pasar página de los escándalos políticos que han acechado a su Gobierno en las últimas semanas. Tras recibir a Kast, reunió a su equipo en una nueva muestra de apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por un viaje en avión privado y compras de viviendas que no serían consistentes con su nivel de ingresos.

Delcy Rodríguez es una virreina moderna. No es una metáfora: es una descripción precisa de lo que ocurre en Venezuela hoy. Para entender por qué, hay que volver al siglo XVI, cuando el rey Felipe II ideó el sistema que gobernaría la América hispana durante tres siglos.

Felipe II repartió el continente en virreinatos, desde México hasta Argentina. Sus gestores, los “virreyes” —palabra que significa “en lugar del rey”— eran designados personalmente por el monarca para gobernar vastas tierras lejanas en nombre de la corona y de la Iglesia. Ejercían autoridad civil, militar y judicial en virtud de un único mandato: garantizar que España recibiera los tributos, impuestos y regalías que le correspondían. En la práctica, todo el oro y la plata que se pudiera enviar a la madre patria.

Los virreyes eran plenipotenciarios. Pero Felipe sabía que podían engañarlo o gobernar de manera imprudente. Por eso creó otra figura: los “visitadores”, emisarios encargados del control fiscal sobre los virreyes. En ese sistema de poder piramidal concentrado radica la raíz histórica de gran parte de la corrupción que caracterizó a los caudillos latinoamericanos en el saqueo de la renta y el manejo depredador de los gobiernos. Y es el espejo en el que hoy se refleja Venezuela.

A la luz de esta historia y observando el momento actual, resulta claro que Delcy Rodríguez es la virreina de Trump.

Elegida personalmente por él, es la autoridad plenipotenciaria en Venezuela que está “dirigiendo el lugar”, como el propio Donald Trump ha señalado. No se puede aseverar que Venezuela siga siendo una nación soberana. Sin embargo, existe una estructura de gobierno local, y la virreina Rodríguez se encuentra en su cúspide, solo por debajo de Trump.

Tras la captura del presidente dictador Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses, muchos venezolanos, dentro y fuera del país, esperaban ver el desmantelamiento del aparato represivo que Maduro había utilizado para torturar y reprimir a millares de sus compatriotas, así como una transición inmediata hacia la democracia. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido, a pesar de la insistencia del secretario de Estado Rubio en que está ejecutando un plan de tres etapas. El plan, que nadie ha visto publicado, supuestamente explica cómo los venezolanos pasarán del actual virreinato a un gobierno democrático en un futuro aún indeterminado. Resulta irónico que el propio presidente Trump nunca haya hecho referencia a este plan.

Sin embargo, mientras tanto, la virreina Rodríguez está, según el propio Trump, “haciendo un gran trabajo”. No debería sorprender, entonces, que Trump, el rey moderno de Venezuela, haya decidido que también necesita enviar a su propio visitador a Caracas, encarnado en un encargado de negocios estadounidense.

El 30 de marzo, la embajada estadounidense en Caracas, cerrada en 2019 por Trump, reabrió con gran pompa. La encargada de negocios y su equipo hicieron el anuncio mediante un video pintoresco, casi anacrónico, que recordaba los esfuerzos de diplomacia pública de las administraciones de Biden y Obama. Como si Venezuela fuera una nación soberana normal, sonrientes funcionarios de carrera del Departamento de Estado prometieron una nueva era de amistad y servicios. Pero Venezuela está lejos de ser un país normal, y la embajada no será una plataforma diplomática convencional.

Es poco probable que la embajada emita visas en el corto plazo: Venezuela sigue en la lista de países cuyos ciudadanos no pueden recibirlas. Los servicios para estadounidenses serán mínimos, y la administración mantiene el nivel más alto de alerta de seguridad en el país desaconsejando a sus ciudadanos visitarlo. También es muy improbable que los funcionarios se reúnan con figuras de la oposición política, la sociedad civil o el periodismo independiente. La pregunta obvia es entonces: ¿qué harán allí la encargada de negocios y su equipo? La respuesta es igualmente obvia: la embajada será una fiscalía, la oficina de la visitadora, diseñada para asegurar que la virreina mantenga satisfecho al rey.

Por encima de todo, su trabajo será informar a Washington si el régimen de Rodríguez está siguiendo las órdenes e instrucciones de Estados Unidos al pie de la letra.

Al igual que los virreyes originales, Delcy Rodríguez tiene la autoridad para asegurar que lucrativos contratos del sector petrolero se otorguen a amigos y asociados de Trump. Esto será monitoreado de cerca. En segundo lugar, la embajada servirá como centro de coordinación de visitas para los generales del Ejército, secretarios del gabinete y otros visitantes VIP del gobierno. Para ser justos, esta es una función típica de una embajada tradicional, pero habrá que ver si reciben a legisladores demócratas que lleguen desde Washington o a las delegaciones de derechos humanos de la sociedad civil y de la academia.

En el mundo de la diplomacia, que a menudo se desarrolla deliberadamente en espacios privados donde no todo es —ni debería ser— visible para el público, existen, sin embargo, indicadores que evidencian una relación bilateral normal entre dos naciones soberanas. Más allá de las imágenes listas para TikTok de burócratas sonrientes, habrá que ver si realmente se elaboran los informes tradicionales sobre los derechos humanos o el funcionamiento general del país. Felipe II también recibía informes detallados sobre a quién recibían sus virreyes. Pese al paso de los siglos, algunos mecanismos del poder no cambian. Solo cambian los nombres.

Mientras los venezolanos esperan esos hitos, y reconociendo que nunca se debe decir nunca, “por ahora”, como famosamente dijo Chávez, la apertura de la embajada estadounidense se asemeja más a la oficina de los visitadores que a la sede de una misión extranjera. Trump está complacido y Felipe II, probablemente, también lo estaría.