Author: rb809rb

Seis personas han muerto y una más está hospitalizada en estado grave tras recibir sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo, en Sonora. La investigación de las autoridades sanitarias y la Fiscalía del Estado apuntan a la solución que fue prescrita, mezclada y administrada por un mismo médico, identificado como Jesús Maximiano N. Otras dos personas han sido dadas de alta, por lo que hasta ahora hay nueve casos sospechosos relacionados con el mismo tratamiento en la última semana.

Todas las víctimas acudían a consulta con el médico general Jesús Maximiano, de 65 años, quien ofrecía tratamientos conocidos como vitamin drip, un procedimiento que consiste en un cóctel de vitaminas y minerales administrado vía intravenosa. Esta práctica se popularizó como terapia de bienestar, detox o de recuperación rápida para resacas o jet lag. El médico trabajaba en la clínica Medicina Biológica Regenerativa Celular, en la colonia Jesús García. “Todos recibieron solución intravenosa suministrada por el médico que la prescribía, mezclaba y administraba”, señaló la Secretaria de Salud en un comunicado. La Fiscalía abrió seis carpetas de investigación, correspondientes a las denuncias que han sido presentadas. Las muestras de la solución han sido enviadas a Ciudad de México donde son evaluadas por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Las víctimas identificadas son Jesús Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida, Catalina Figueroa, de 38 años, Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22, y Dinora N. Algunos de sus familiares han compartido los síntomas previos a los fallecimientos. Zulema Yazmín, madre de Zahid, describió en una entrevista en Imagen el deterioro que sufrió su hijo: “Se sentía muy mal, mareado. Se había desmayado en el baño, se abrió la cabeza. Vomitaba… Al momento que lo quiso levantar, mi hijo se desangró. Evacuó, pero no era popó lo que hizo, era sangre”.

Diego Figueroa, hermano de Catalina, dijo que su familiar acudió luego de que sus padres también recibieran el tratamiento, sin síntomas adversos. “En la noche estaba pálida, se empezó a sentir mal y el doctor le inyectó otra cosa, otro suero”. Finalmente la llevó al Hospital General, donde murió: “A mi hermana se le quemó todo”. “Los riñones, el hígado… Era algo sumamente letal y en todos los casos pasó igual”, relata.

El perfil del médico en el portal Multiestetica.mx lo describe como especialista en tratamientos contra la obesidad, enfermedades metabólicas y nutrición, además de procedimientos estéticos como hilos tensores, liposucción y homotoxicología estética. El sitio también destaca su trayectoria profesional y asegura que la “calidad de la atención sanitaria” ofrecida se respalda en su formación y diplomados. Estudió la licenciatura de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Los sueros vitaminados se han popularizado en clínicas privadas y spas médicos, pese a que los especialistas han advertido sobre sus riesgos. Algunas celebridades como como Cindy Crawford, Madonna, Cara Delevingne o Rihanna han compartido imágenes recibiendo estas terapias. En 2017, la hospitalización de Kendall Jenner tras una reacción adversa a una infusión vitamínica volvió a poner el foco en los posibles efectos secundarios.

La junta directiva de Ecopetrol sesiona en la tarde de este lunes para intentar resolver, una vez más, lo que tres reuniones previas no han podido: decidir si Ricardo Roa sigue o no al frente de la empresa más grande de Colombia. Lo hace en medio de un nerviosismo creciente y evidente: cuatro de sus nueve miembros que ya han dejado constancia formal de su desacuerdo con la permanencia del presidente de la petrolera, un primer cambio de viento en contra del presidente a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial. El escándalo empieza a convertirse en un flanco incómodo para el oficialismo, que respalda la candidatura de Iván Cepeda.

La presión sobre el órgano corporativo es doble. Roa fue imputado en marzo por tráfico de influencias, en un caso que gira alrededor de la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá y sus vínculos con el expolicía Juan Guillermo Mancera, quien tenía intereses directos en contratos con la empresa. El miércoles debe comparecer de nuevo ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. Según la Fiscalía, los aportes habrían superado los topes legales en más de 5.300 millones de pesos. Roa ha dicho que demostrará su inocencia ante los jueces y que nada ha cambiado en la matriz de riesgo de la empresa que justifique su salida.

La sesión de hoy llega, además, después de un episodio que, en palabras del exministro de Minas Amylkar Acosta, “no tiene antecedentes en la historia reciente de la compañía”. Estaba previsto que siete de los nueve miembros de la Junta se reunieran con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para consultarle sobre la permanencia de Roa. La reunión se canceló a última hora. Según fuentes consultadas por este diario, Petro optó por hablar a solas con dos de los miembros para transmitirle sus argumentos, que son los que llegan hoy al pleno.

Acosta explica que desde 2006, Ecopetrol dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado para convertirse en una sociedad anónima por acciones, listada en la Bolsa de Nueva York. El Estado es el principal accionista, con el 85,5% de los títulos, pero ese cambio implicó someterse a estándares internacionales de gobierno corporativo. Entre ellos, uno central: la independencia frente al Gobierno. En 2017, durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, el ministro de Minas fue el primero en salir de la Junta. Luego siguió el director de Planeación Nacional, y el último en marcharse fue el ministro de Hacienda, en cumplimiento de una recomendación directa de la OCDE. “Ese proceso tomó años en consolidarse, pero lo que ha ocurrido últimamente lo pone en entredicho”, sostiene Acosta.

Mauricio Téllez, exgerente de comunicaciones de Ecopetrol durante 22 años, apunta en la misma dirección. “Esa reunión es la muestra de que el gobierno corporativo está muy golpeado. La Junta Directiva debe ser independiente y velar por el bienestar de la empresa. No tiene sentido que le consulten [a Petro] sobre la permanencia de Roa”, dice a EL PAÍS. Téllez señala un antecedente que considera clave: el proyecto Oslo, que era una operación para adquirir, junto a la petrolera estadounidense Oxy, una empresa de recursos no convencionales en Estados Unidos. La iniciativa había pasado todas las instancias de aprobación en la junta directiva y se cayó solo tras una reunión con el presidente Petro. “Fue un antecedente nefasto”, dice.

El daño acumulado es medible. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa ubicó a Ecopetrol en el segundo lugar entre las empresas con mejor reputación en Colombia en 2022. Para 2025, la empresa cayó al puesto 17, quince escaños menos en tres años. Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que la expone a la supervisión de la SEC, el regulador estadounidense. La USO, el sindicato de los trabajadores petroleros que por primera vez en la historia tiene asiento en la Junta, ha advertido que convocará una huelga nacional si se ratifica a Roa en el cargo. Hoy, a las 4 p.m., la Junta fijará su posición. Las opciones son tres: mantener a Roa, pedirle una licencia temporal, o exigirle la renuncia. Y el tiempo aprieta en dos frentes: el judicial y el electoral.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este lunes su disposición a “sostener un diálogo bilateral serio y responsable” con Estados Unidos (EE.UU.) en el marco de la visita a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson. “Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes”, expresó el mandatario cubano en sus redes sociales.

El pasado 13 de marzo, Díaz-Canel, reconoció un “diálogo” con Estados Unidos, en “fases iniciales”, lo que supuso un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz de la profundización del asedio petrolero impuesto por el Gobierno estadounidense desde enero.

Ambos congresistas realizaron la pasada semana una visita de cinco días a la isla y al finalizar publicaron una declaración en la que pidieron “entablar de inmediato negociaciones reales, que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano y los enormes beneficios para el pueblo estadounidense que se derivarán de una colaboración real”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se reunió con Jayapa ly Jackson, y explicó en redes sociales que les explicó que “la agresión multidimensional que enfrenta Cuba por parte del Gobierno de EE UU, con un gran impacto en la población cubana”, se ha agravado “con el actual cerco energético”. El ministro de exteriores señaló que había transmitido a los congresistas estadounidenses la “amenaza de acciones aún más agresivas” por parte de Washington hacia La Habana y “su constante y hostil campaña comunicacional de descrédito por todos los medios posibles”.

En su declaración, Jayapal y Jackson reclamaron que “el bloqueo ilegal de combustible a Cuba (…) está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano y (…) debe cesar de inmediato”. Describieron a su vez, que escucharon testimonios de “familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil”.

Las tensiones entre Washington y La Habana se intensificaron después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero y el cierre del flujo de petróleo venezolano hacia la isla. Luego Estados Unidos amenazó con aranceles a quienes suministren petróleo a Cuba. El bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónico sdel país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas. La medida ha sido calificada por la ONU de contraria al derecho internacional.

El Gobierno de Javier Milei atraviesa un nuevo escándalo por presunta corrupción, esta vez por la concesión de créditos millonarios a altos funcionarios y legisladores de la Administración ultraderechista. Las denuncias judiciales y los pedidos de informes al Ejecutivo ya presentados señalan posibles irregularidades e incompatibilidades en los préstamos, otorgados con fondos de la misma banca pública que, según la prédica oficial, la motosierra de Milei se proponía destruir o privatizar.

Los créditos hipotecarios o prendarios investigados fueron adjudicados por el Banco de la Nación Argentina entre 2024 y 2025, es decir, cuando ya gobernaba Milei. Los montos involucrados oscilan entre los 100 millones y los 527 millones de pesos (entre 71.000 y 376.000 dólares, al cambio actual), a pagar en plazos de hasta 30 años y con una tasa del 4,5%, supeditada, además, a la inflación.

“Los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, plantea una de las denuncias presentadas ante los tribunales, en este caso con la firma de los diputados Esteban Paulón (Partido Socialista) y Mónica del Frade (Coalición Cívica). Las presentaciones judiciales apuntan contra las autoridades del Banco Nación y también contra los receptores de los préstamos por eventual comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público.

Los beneficiarios son al menos 22 personas ligadas al Gobierno. Entre ellos figuran altos funcionarios vinculados directamente con la gestión económica: Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, con una deuda de 373 millones de pesos; Federico Furiase, secretario de Finanzas nacional, con 367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central de la República, con 510 millones. En otras áreas aparecen Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia; el director de la secretaría privada de la Cámara de Diputados, Sharif Menem; Emiliano José Mongilardi, director de la petrolera YPF; y los diputados de La Libertad Avanza Santiago Santurio, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.

El Gobierno de Milei intentó durante las últimas horas defender la legalidad de los préstamos. “Las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. También el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que los beneficiarios “no tienen ventaja respecto del resto” de las personas. “No hay nada ilegal ni inmoral”, añadió.

La solidez de los argumentos del Ejecutivo crujió cuando se conoció el despido de uno de los beneficiados con los préstamos. El jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, fue echado de su cargo el jueves pasado por la ministra Sandra Pettovello, luego de que trascendiera que integraba la lista de quienes recibieron créditos del Banco Nación. Milei y otros voceros oficiales sostuvieron más tarde que su despido no tenía relación con el escándalo, pero el propio Massaccesi defendió en redes sociales la legalidad del préstamo recibido y lamentó su salida intempestiva del Gobierno.

Los cuestionamientos a los funcionarios y legisladores no solo señalan posibles incumplimientos en las condiciones y exigencias bancarias. También destacan que los beneficios del Banco Nación para empleados públicos no deberían extenderse a cargos políticos, que carecen de estabilidad. Además, enfatizan la incongruencia entre un discurso ultra que reniega del Estado y, a la vez, usufructúa sus favores mientras se ejerce la función pública.

“No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”, advirtió Rodolfo Aguiar, el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos de empleados públicos. Como protesta, ATE llamó a sus delegados y afiliados de todo el país a solicitar préstamos similares a los obtenidos por altos funcionarios y legisladores. “Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación”, agregó.

El escándalo llega en un mal momento para Milei. La economía argentina se mantiene estancada en las áreas que sostienen el empleo y el consumo, mientras la inflación, el gran fantasma que asedia al país, vuelve a acelerar a un ritmo del 3% mensual. Las encuestas de opinión coinciden en que la imagen del presidente ultra está en su peor momento, roída por casos de corrupción como la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, difundida por Milei mismo; las irregularidades en la compra de medicamentos para la Agencia de Discapacidad, que involucran a su hermana, Karina Milei; y el posible enriquecimiento ilícito de uno de sus principales colaboradores, Manuel Adorni, jefe del Gabinete de ministros.