Author: rb809rb

Lo que surgió en la década los pasados años sesenta como una iniciativa de cooperación se ha convertido con el tiempo —y el deterioro económico en Cuba— en una importante fuente de ingresos para el régimen de La Habana. Las misiones médicas cubanas iniciaron en 1963 con el envío de una primera brigada permanente a Argelia y desde entonces los médicos cubanos son un producto de exportación esencial para las arcas de la isla. Un informe publicado este martes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia violaciones a los derechos laborales de esta mano de obra estatal, incluidos alegatos de “esclavitud moderna” y denuncias de ausencia de retribución justa, extensas jornadas laborales y represalias contra el personal médico y sus familias.

La CIDH expresa en un documento de 200 páginas “su preocupación por las condiciones laborales a las que estarían expuestas algunas personas trabajadoras cubanas que participan en misiones médicas”. Entre las denuncias recibidas por el organismo “destacan la ausencia de una retribución justa para una vida digna, la imposición de extensas jornadas laborales, la presión para incorporarse al programa sin recibir copia de su contrato de trabajo, así como la existencia de represalias contra el personal y sus familias en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas”. Alerta, además, de “vulneración de derechos humanos”, en particular, respecto a las alegaciones de “esclavitud moderna” y de “trata de personas” de quienes laboran en el sistema de salud cubano. El Gobierno de la isla ha negado estos señalamientos, según el documento.

La idea de las misiones es ofrecer cooperación médica a países que la solicitan a través de acuerdos bilaterales. Cifras oficiales muestran que al menos 165 países han abierto sus puertas a personal médico cubano en América Latina, África, Asia y Europa. El Gobierno cubano ha movilizando a más de 600.000 profesionales de la salud a lo largo de seis décadas. “Esta práctica ha experimentado un crecimiento sostenido, hasta convertirse en la actualidad en lo que se estima constituye la principal fuente de ingresos del Estado cubano”, afirman desde la CIDH. “Las misiones, además de considerarse una expresión de solidaridad internacional por algunos países receptores, son reconocidas y valoradas por algunos Estados receptores por contribuir significativamente al fortalecimiento de sus sistemas públicos de salud”, agregan.

El objetivo de estos convenios es, según recoge la CIDH, mejorar la formación médica, fortalecer la educación permanente en salud, ofrecer a la población una atención de calidad, intercambiar experiencias, asistencia técnica, atención en salud a pacientes y capacitación e investigación. Los médicos consultados por el organismo de la OEA advierten, sin embargo, pésimas condiciones de trabajo, tratos diferenciados respecto de las personas trabajadoras de los Estados de acogida y situaciones de explotación laboral.

Una de las denuncias más controvertidas está relacionada con la confiscación del salario por parte del Estado cubano. El informe advierte de la existencia de condiciones laborales precarias “motivadas por la retención de una parte significativa de sus salarios por parte del Estado cubano, severas restricciones a sus libertades fundamentales y una falta generalizada de protección jurídica. Además, se señala la existencia de mecanismos de control sobre su vida privada y profesional, incluyendo sanciones por establecer vínculos personales con personas ciudadanas locales o brindar declaraciones sin autorización previa. En caso de abandonar la misión, el personal médico puede enfrentar represalias graves, como la prohibición de regresar al país, lo que conlleva separaciones familiares forzadas y presiones sobre sus allegados en Cuba”.

Otros organismos de derechos humanos como Human Rights Watch han denunciado también el férreo control ejercido por el Gobierno sobre estas brigadas médicas. HRW ha calificado las condiciones laborales de los médicos cubanos como “draconianas” y ha instado a las autoridades que reciben esa colaboración a exigir a La Habana reformas y cambios en el reglamento de esos programas.

La CIDH ha explicado que recibió “información detallada” sobre graves vulneraciones de derechos humanos, que incluyen “situaciones compatibles con formas contemporáneas de esclavitud o trabajo forzoso, incluyendo prácticas como fraudes contractuales, retención de documentos de identidad, confiscación de sueldos, control y vigilancia de la vida privada”. Estas misiones médicas sufren ahora también la presión de Estados Unidos, cuyo presidente, el republicano Donald Trump, exige un cambio de timón en el liderazgo de la isla. Países como Guatemala, Honduras o El Salvador han expulsado al personal cubano. Incluso aliados del régimen de La Habana, como el nicaragüense Daniel Ortega, han cancelado los contratos. “Esta situación se desarrolla en un contexto de profunda crisis socioeconómica que enfrenta el país, caracterizada por la escasez de bienes esenciales, la inflación sostenida, la precarización de los servicios públicos y la disminución del poder adquisitivo de la población”, destaca el informe de la CIDH.

La organización de la OEA ha instado al Estado cubano y a los países receptores a reformar el modelo de misiones médicas internacionales para erradicar prácticas que vulneran los derechos fundamentales de su personal sanitario. El organismo exige garantizar la voluntariedad de la participación, el pago íntegro y directo de salarios justos, el respeto a la libertad de movimiento y la eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso, represalias o restricciones sindicales. Asimismo, recomienda establecer mecanismos de inspección independientes y marcos normativos que aseguren condiciones laborales dignas, seguras y transparentes, “alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos”.

El candidato presidencial de centro, Sergio Fajardo, ha decidido volver a resaltar su perfil como la opción electoral contra la corrupción, y ha escogido la escoba como nuevo símbolo de su campaña. “La escoba es el poder de los que no tienen poder”, dice. En la tarde del lunes el candidato, junto a su fórmula a la vicepresidencia, Edna Bonilla, y el exsenador de izquierdas Jorge Enrique Robledo, reunieron decenas de escobas frente a las oficinas de la empresa de energía Ecopetrol. El lugar no fue escogido a la ligera: en ese momento la junta directiva debatía si el presidente de la compañía, Ricardo Roa, amigo del presidente Gustavo Petro, y exgerente de su campaña presidencial en 2022, debía renunciar tras haber sido imputado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. La Junta definió sacar a Roa temporalmente, y Fajardo horas antes dió un vuelco a su campaña: el centro de su proyecto político ya no gira solo alrededor de la educación, sino la corrupción que se ha denunciado en el Gobierno Petro.

“Vamos a recorrer el país, mostrar los elefantes blancos que hay, porque en Colombia, se están robando las necesidades de la gente”, dijo el candidato, que no ha logrado liderar la intención de voto en las encuestas para las presidenciales del 31 de mayo, pero busca aún conquistar al votante de centro que no está convencido por las opciones de Iván Cepeda a la izquierda, ni Paloma Valencia o Abelardo de La Espriella a la derecha. De acuerdo a las mismas encuestas, la corrupción está entre los dos primeros problemas que le preocupan a los colombianos. En la encuesta de Atlas Intel publicada en marzo, el 46% de los colombianos dice que la corrupción es el principal problema del país, seguido por 13% que considera que el principal problema es la inseguridad.

“El que calla otorga”, dijo Sergio Fajardo junto a las escobas y frente al silencio del candidato oficialista Cepeda ante un reporte de Noticias Caracol que denunció cómo Jorge Lemus, quien se desempeñaba como director de inteligencia de Gustavo Petro, ofreció beneficios jurídicos al zar del contrabando, Papa Pitufo. “No es solamente lo de Pitufo”, dice Fajardo. “Hay mucha más corrupción y no podemos aceptar que se pueda validar una transformación a partir de la trampa para llegar al poder, ese es el todo vale y nosotros no creemos en el todo vale, son los medios los que justifican el fin y no el fin el que justifica los medios, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero no utilizando medios ilegales”, agregó.

Ese ‘no todo vale’ es un claro eco a la campaña que hizo Fajardo en el 2010 como fórmula presidencial del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, contra el candidato entonces del uribismo que era Juan Manuel Santos, quien representaba el clientelismo. Mockus y Fajardo hicieron una campaña conocida localmente como ‘la ola verde’, contra la corrupción, y lograron pasar a la segunda vuelta presidencial como la opción más transparente de la política. Pero hasta el momento Fajardo no había vuelto a resaltar este aspecto de su campaña este año, sino más el de la educación, especialmente como profesor de matemáticas que escogió como fórmula vicepresidencial a una experta en pedagogía como lo es la académica Edna Bonilla, exsecretaria de educación de Bogotá.

Pero no toda estrategia electoral anticorrupción es exitosa en Colombia. En 2018 fracasó un célebre referendo anticorrupción promovido por dos líderes políticas del partido verde, Claudia López y Angélica Lozano, donde se le preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo en recortar los salarios a los congresistas, o endurecer las penas a los corruptos e impedirles volver a suscribir contratos con el Estado. La consulta fracasó porque no obtuvo los votos suficientes: no logró movilizar a suficientes ciudadanos para superar un umbral que le daba validez.

En esta ocasión, Fajardo propone un decálogo anticorrupción: quiere liderar una campaña cívica “sin depender de la maquinaria corrupta”; crear una estrategia de ‘contratistas al tablero’ para hacer seguimiento a los recursos destinados para 30 proyectos de inversión especial; radicar en el Congreso de la ‘Ley Lobby’ para proteger a quienes quieren denunciar a los corruptos; transformar la Secretaría de Transparencia en una Agencia Anticorrupción que “promueva la contratación por medio del mérito y la integridad”.

No todo el mundo celebró el símbolo de las escobas, incluso algunos afines a la campaña de Fajardo. “Lo de la escoba es descachado, pero las propuestas son buenas y sabemos que en Fajardo la intención es real y no simple pose”, reaccionó el congresista Daniel Carvalho, afín al proyecto del profesor de matemáticas.

Las redes sociales tampoco perdonaron a Fajardo haber escogido la escoba como símbolo anticorrupción, y varios usuarios compararon su estrategia con la de Regina 11, una polémica excandidata presidencial y fundadora del Movimiento Unitario Metapolítico, quien se popularizó en los 90s por utilizar una escoba para representar la pureza y limpieza moral. Regina Betancourt de Liska es una exsenadora y maestra esotérica que fue candidata presidencial en 1986, 1990, y 1994, agrupando miles de adeptos que la han seguido hasta la actualidad. Regina 11 terminó condenada por cobrarle parte del salario a los trabajadores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Es decir, su muerte política llegó por lo que prometía barrer: la corrupción.

“Ahora que tengo su atención por la escoba y Regina 11: hablemos sobre nuestra propuesta para barrer la corrupción”, dijo Fajardo, apropiándose del chiste.