Author: rb809rb

Como muchos, en los últimos años me he visto recurriendo cada vez más a chatbots de inteligencia artificial generativa para una multiplicidad de tareas (pero no se preocupen, editora y lectores, que ello no se extiende a mis columnas en este medio). Les preguntamos cómo redactar un correo extenso, cómo preparar una presentación, cómo entender un problema médico, cómo organizar vacaciones o incluso cómo abordar una situación incómoda. La lista es cada vez más larga. Y, en algunos sentidos, eso es una buena noticia.

La inteligencia artificial es una de las herramientas más revolucionarias y democratizadoras que hemos visto en décadas. Acerca el conocimiento especializado, reduce los costos de acceso a información compleja y permite a muchas personas orientarse en asuntos para los que, de otro modo, necesitarían tiempo, recursos o profesionales que, muchas veces, no están a su alcance inmediato.

Pero precisamente porque su uso se ha vuelto una herramienta cotidiana, conviene detenerse en una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con todo aquello íntimo o confidencial que le estamos contando? La promesa de estas herramientas radica en su utilidad. El riesgo, a veces invisible para muchos (y me incluyo), es que esa utilidad descansa en que les entregamos información que en otras circunstancias jamás compartiríamos con terceros. Y es un riesgo cada vez más real e importante de considerar.

Una primera advertencia proviene del mundo legal, pero ilustra un problema mucho más amplio. Hace pocas semanas, un tribunal en Nueva York resolvió que las interacciones de un imputado con Claude no estaban cubiertas por el privilegio de confidencialidad propio de la relación abogado-cliente. El tribunal fue categórico: al compartir esa información con la plataforma, el usuario había entregado a un tercero información sensible que podría incriminarlo, perdiendo así la expectativa razonable de confidencialidad.

Con pocos días de diferencia, otro tribunal en Michigan adoptó una decisión diferente , al resolver que las interacciones de un litigante con ChatGPT en un juicio civil podían permanecer protegidas cuando lo que esta herramienta hacía era reorganizar sus propias ideas y estrategias para el juicio. Al describir al chatbot como una “herramienta, no una persona”, el tribunal concluyó que su uso no suponía, por sí solo, la renuncia a dicha protección.

Que, con apenas días de diferencia, dos tribunales hayan llegado a conclusiones distintas en casos relacionados con el uso de inteligencia artificial muestra hasta qué punto nos encontramos en un terreno todavía incierto, cuyas consecuencias siguen siendo difíciles de anticipar tanto para usuarios comunes como para especialistas.

Este no es un problema que se circunscriba a Estados Unidos. En el Reino Unido, un tribunal advirtió recientemente que cuando abogados introducen información confidencial de sus clientes en una herramienta abierta, como ChatGPT, ello equivale, en la práctica, a poner dicha información en el dominio público, vulnerando la confidencialidad que protege su oficio y comprometiendo este privilegio profesional.

Este riesgo, conviene aclarar, no se agota en litigios ni se restringe a abogados. Pensemos en algo mucho más cotidiano: una persona que, preocupada por síntomas físicos o por su salud mental, decide consultar primero a un chatbot antes de acudir a un profesional. Algo que, confieso con cierto pudor, yo mismo hice hace dos semanas. Con ello, por supuesto, no quiero sugerir ni incentivar el uso de estas herramientas como terapeutas o médicos. El punto es mucho más sencillo: es un hecho que muchas personas ya lo hacen, ya sea por ansiedad, pudor o simplemente por falta de acceso rápido a información técnica. Y ahí aparece una zona gris de la que hay que ser consciente.

A diferencia de la conversación con un médico o especialista de la salud, donde existe un deber profesional de confidencialidad, la interacción con una plataforma tecnológica no necesariamente goza de una protección equivalente. Más aún, las políticas de privacidad de varias de estas plataformas —que normalmente aceptamos sin leer— contemplan la recopilación tanto de lo que escribimos como de las respuestas que recibimos, con el propósito de mejorar y perfeccionar continuamente estas herramientas.

Esto no significa que toda conversación sea automáticamente pública, pero sí que debemos abandonar una intuición peligrosa: la idea de que hablar con un chatbot es como hablar con alguien obligado a guardar secreto. Porque no lo es.

La paradoja de la inteligencia artificial es que, mientras más imprescindible se vuelve, más tendemos a bajar nuestras defensas y a confiarle partes de nuestra intimidad o secretos: preocupaciones familiares, problemas laborales, dudas médicas, estrategias legales, o angustias emocionales. Es indudable que su uso está democratizando acceso, orientación y productividad. Todo eso merece ser celebrado. Pero esta democratización también puede venir acompañada de una entrega silenciosa de nuestra intimidad.

Así, la pregunta ya no es solo qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. Es también qué estamos dispuestos a renunciar o comprometer por recurrir a ella.

Dos hechos, al menos, llamaron la atención del periodista, historiador y académico Alfredo Sepúlveda (Santiago, 56 años), antes de investigar para su recién lanzado libro, Piñera. Un lugar en la historia (Sudamericana, de la editorial Penguin Random House), un ensayo en el que entra en la figura política del dos veces expresidente de Chile de la derecha tradicional (2010-2014, 2018-2022). Uno, fue cuando en 2009 una universidad en la que daba clases de Periodismo, un estudiante le gritó varios garabatos, además de “¡millonario!”, a Sebastián Piñera como una manera de ofenderlo, cuando entraba como invitado a una charla, mientras era candidato. Otro, más de fondo, fue por su papel político en medio de la crisis desatada tras el estallido social de 2019.

Sepúlveda recuerda que sintió “empatía” cuando a Piñera le gritaron. “Sin ser santo de mi devoción, simpaticé en ese momento con él”, señala. “Para mí fue extraño, como un despertar de un nuevo tiempo político que él fuera recibido así en una casa de estudio, en un lugar plural en el que se suponía que tenía que haber discurso libre y respetuoso”.

En su libro, el autor cuenta que fue concertacionista y que no votó por Piñera la primera vez, pero sí la segunda. “Estuve muy enojado con él después del estallido; me parecía que, como presidente de la República, aunque era un desafío gigantesco, no había estado a la altura: no podía ser que los valores de la transición democrática se hubieran ido de tal manera por el caño; era su responsabilidad mantenerlos”. Pero, “con el paso del tiempo, lo revaloricé, aunque no puedo dar cuenta de cuándo comencé a pensar en Piñera desde una nueva perspectiva: la de un presidente que había salvado la democracia” en la crisis de 2019.

Tras la muerte del exmandatario, el 6 de febrero de 2024, en un accidente en su helicóptero, Sepúlveda lo miró, definitivamente, de otra manera: “No sé si reconciliado es la palabra, porque no lo conocí, pero entendí que había tenido una perspectiva sobre lo que fue el estallido y su papel en él”.

Pregunta. En su libro cita una frase de Octavio Paz: “Querer ser moderno parece una locura: estamos condenados a serlo, ya que el futuro y el pasado, no están vedados”. ¿Cómo se relaciona esto con Piñera?

Respuesta. La definición de modernidad que ocupo, y que me gusta mucho, es la de Marshall Berman, que dice que en realidad la modernidad es un periodo histórico determinado, pero también una forma de vivir la historia en la que todo se construye y se destruye al mismo tiempo. Y por eso me gusta esa frase de Paz, porque él también capta eso. Ciertamente, la trayectoria Piñera me hace pensar de inmediato en esta maldición de la modernidad que han enfrentado todos los presidentes republicanos de nuestra historia.

P. ¿Cuál es en el caso de Piñera?

R. Él sufre una aceleración del tiempo histórico en sus dos Gobiernos y mucho más fuerte en el estallido en 2019. Es una forma especial de cambio que es muy violenta, muy radical, que pareciera que todo lo que valía ayer, al día siguiente ya se ha caído y que estamos frente a un territorio desconocido. Eso lo vive con especial fuerza. Lo sobrevive, digamos. Pero también es una modernidad y un cambio acelerados.

P. ¿Cómo se explica que en sus dos Gobiernos hubiese movilizaciones fuertes? En 2011 el movimiento estudiantil y en 2019 el estallido social.

R. Si lo dijera coloquialmente, podría decir que tuvo mala suerte, porque el tiempo histórico le cambia. La reglas que existían en la época de la transición a la democracia en los 90, la Concertación, cambian a partir de 2010 y él ese cambio lo resiste, pero no lo acepta. Es lo que yo llamo la sociedad de los derechos, un corpus de ideas hegemónico que a partir de 2011 empieza con mucha fuerza a ganar partido en la política chilena, que es esta idea de la sociedad de los derechos frente al proyecto que tenía él de legitimación del mercado a través de la democracia. Fue frente a esta segunda parte de la Concertación, que él siempre tuvo en la cabeza y que era su horizonte de expectativa deseable.

P. ¿Cómo sitúa en ese sentido a Piñera?

R. Él se ve como parte de la democracia de los años 90, pese a que fue opositor a los gobiernos de la Concertación. Ve que los pactos democráticos de 1990, que vienen de una derecha democrática que conversa, es algo de lo que orgullosamente es parte. Ese modelo él quería iterarlo, por decirlo así, y darle una nueva vida. Entonces, lo que yo digo en el libro es que, si los años de la Concertación fueron la legitimación de la democracia a través del mercado y crecimiento económico, lo que él va a proponer en sus proyectos políticos es la legitimación del mercado a través de la democracia. Y va a poner al mercado en primer lugar. La meta era el desarrollo, y siempre la tuvo en la cabeza.

“Kast admira el régimen militar”

P. En la derecha, Piñera en la práctica fue el único que fue opositor a Pinochet. ¿Eso lo validaba?

R. Al principio. Para él eso es importante, pero no central. En los 90, en lo que él escribe y dice en sus intervenciones legislativas [como senador] no deja de reconocer que votó por el No [a Pinochet en el plebiscito de 1988], pero siempre trata de hablar del futuro. En la derecha en general hay un punto de encuentro bastante grande, que es dejar de mirar hacia 1973. En eso coincide con Piñera, pero él mantuvo esa identidad de haber sido opositor a Pinochet, de respetar los derechos humanos y de hablar de los cómplices pasivos [del golpe de Estado]. Hoy la derecha se ha transformado en un espacio amplio y Piñera es quien amplía ese espacio y lo lleva al centro.

P. Piñera tenía admiración por Patricio Aylwin (1990-1994), el primer mandatario de la transición.

R. Su admiración era súper clara. Para él, Aylwin es lo mejor de la primera parte de la Concertación. No le guardaba mucha simpatía ni a Ricardo Lagos ni a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, nunca habló mucho de ellos, pero de Aylwin hasta tenía un retrato.

P. ¿En qué basaba esa admiración por Aylwin?

R. Primero, por la cuestión de su familia, que era democratacristiana. Pero, en términos políticos, Piñera se consideraba así mismo como la segunda transición, como parte de la misma corriente histórica que debutó con la Concertación, que es democracia más mercado. Y siempre tuvo ahí a Aylwin como tótem.

P. El presidente José Antonio Kast tiene como referencia a Diego Portales.

R. Portales es un símbolo entendido por el uso del orden y de la idea de la fundación de un espacio de orden. Lo que pasa es que, en la trayectoria de Kast, él tiene una admiración por el régimen militar, pero eso no lo puede expresar políticamente hoy porque es presidente de la República. Entonces, mira hacia donde miraba Pinochet también, que era Portales, con una refundación del país a partir del orden.

P. Piñera fue el primer presidente de derecha después de cuatro gobiernos de centroizquierda, y Kast el primero tras una Administración de izquierda. ¿Hay una similitud en sus arranques?

R. Yo creo que, conceptualmente, Piñera está bien a la izquierda de la derecha. Pero hubo una conveniencia electoral y se fueron con él [la UDI]. Pero Piñera no parece que fuera un neoliberal, no estaba a favor del partido militar; no era un fanático de la Constitución de 1980; siempre estuvo a favor de reformarla. Es decir, cree que en todas las cosas de que el Estado tiene que ser redistributivo y no cree que el mercado arregle todo. Pero Piñera tenía una coincidencia muy importante con sus socios: el sistema económico. Es lo que yo llamo en el libro, “economía de mercado con correcciones de parte del Estado” y no neoliberalismo, porque no creo que sea así.

P. ¿Cómo es Piñera en relación a Kast?

R. Si se compara con el Kast candidato de las dos veces que no salió, son completamente distintos. Kast cree que en el partido militar y no sé si cree todavía en la democracia protegida, pero creyó firmemente en eso. Dentro de la visión amplia de la derecha chilena, Piñera y Kast son como agua y aceite. No les veo muchos de coincidencia.

P. ¿En qué sentido?

R. La derecha chilena ha ido ampliándose, pero para el lado que representaba Piñera, hacia el centro. Ahora, las dos cosas están en el mismo recipiente. Yo no he escuchado una definición de Kast estructurada y sistemática sobre el sistema económico, pero creo que ambos tienen en común la idea que la economía abierta que tiene Chile desde 1990 es algo que vale la pena mantener. Las cosas que me parecen diferentes son más bien tácticas. Por ejemplo, no sé si Piñera hubiese presentado el concepto de Gobierno de emergencia [de Kast].

P. ¿Por qué?

R. Piñera habría sido más ambicioso, y habría presentado un proyecto político que no tiene que ver tanto con la emergencia, sino de 20 a 30 años hacia adelante. En el libro yo digo que Piñera tiene esta enfermedad de que es un optimista de la historia. Cree en el progreso y, en ese sentido, es un progresista, porque piensa que el futuro nos va a llevar a un lugar mejor. Por lo menos en lo que se ve hoy en su proyecto, Kast tiene un Gobierno que tiene como referencia al anterior [de Gabriel Boric] y soluciona los problemas que dejó y eso es lo que llama Gobierno de emergencia. Donde Piñera hubiese sido estratégico, Kast es absolutamente táctico.

P. El 12 de marzo, cuando ya era presidente, Kast dijo: “Si Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, yo no estaría acá”. ¿Hacia dónde se proyectaba políticamente?

R. Estoy seguro de que iba hacia una candidatura, por su biografía, su naturaleza y su característica personal competitiva. Él tenía que ganar. No sé si las condiciones políticas habrían materializado esa candidatura, pero es seguro que Piñera hubiese ido contra Kast.

¿Cómo asegurar la independencia judicial en momentos de debilitamiento institucional? La respuesta se hace cada vez más compleja. Según lo conocido hasta ahora, el ministerio de Justicia impulsaría un giro a la reforma que se encuentra en el Senado para establecer el mecanismo de nombramiento de jueces. Por supuesto, queda aún mucho para analizar con detalle, pero el reciente referéndum italiano ilustra un aspecto fundamental: las dificultades para emprender reformas institucionales sin apoyos transversales.

La propuesta del gobierno italiano en materia de reforma judicial fue rechazada por 53,72% de los votos, con una participación electoral de casi 60%, mayor a la inicialmente esperada. La reforma constitucional proponía dos modificaciones estructurales a la justicia italiana. La primera era la separación de los magistrados en dos carreras diferenciadas para jueces y fiscales. Quienes promovían los cambios, señalaban que la separación de carreras es común en democracias liberales fuertes y que constituía la formalización de una práctica ya existente después de las llamadas Reformas Cartabia de 2022. Sus críticos, sin embargo, señalaban que no existía una real necesidad de este cambio—justamente en atención a las reformas recientes.

Respecto de la segunda reforma, la división del consejo de la magistratura incluía consejos separados para jueces y fiscales, cambios en su composición, la introducción de nombramientos por sorteo (una idea que aparece en nuestro país) y de un organismo disciplinario separado. Y mientras sus promotores lo veían como una manera de reducir el corporativismo judicial y el faccionalismo interno, las críticas apuntaron principalmente a los riesgos de captura política y las posibilidades de control desde el Ejecutivo, debilitando la institucionalidad judicial.

El caso italiano ilustra la necesidad de emprender reformas institucionales que cuenten con consenso técnico y político. Claramente, la reforma sometida a referéndum trataba asuntos altamente técnicos. Ello, sin embargo, ocurrió debido a que la reforma judicial no logró los dos tercios requeridos en su tramitación legislativa. Además, da cuenta de cómo las dificultades de la administración de la Justicia impactan también en la discusión política. Según la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, las causas civiles y comerciales en Italia demoran, en promedio, 540 días en resolverse en primera instancia y 2.217 días considerando apelaciones. Y si bien la confianza en la Justicia se sitúa en torno al 45% según la OCDE, las demoras y la impredecibilidad de los procesos judiciales intensificaron la exposición del Poder Judicial a una mayor discusión política sobre su rol y conformación. Ello, además, en el contexto de un país en que la judicatura ha formado parte de la discusión política por décadas, particularmente después de los casos de corrupción (Mani Pulite en los 1990, Berlusconi en los 2000), y las tensiones con el actual gobierno.

Abordar los desafíos de reformas institucionales requiere no sólo de consensos técnicos sobre los distintos ámbitos sino también de acuerdos políticos transversales. Ello, en tiempos de polarización y fragmentación no es fácil. Sin embargo, en tiempos en que el fortalecimiento democrático es aún más crucial.

En Perú, hoy basta con menos de 10% de intención de voto para soñar con la presidencia. Un humorista conocido por imitar a Michelle Bachelet aparece disputando el paso a segunda vuelta cerca de un 9%. No es solo una curiosidad. Es una advertencia institucional. Cuando un sistema político se fragmenta demasiado, la segunda vuelta deja de ser un mecanismo de legitimación y pasa a ser apenas un mecanismo de selección entre candidaturas cada vez más pequeñas.

Los datos peruanos muestran esa trayectoria con claridad. En 2001, para entrar al balotaje todavía se necesitaba cerca de 25% de los votos; en 2006, 24%; en 2011, 23%; en 2016, 21%; y en 2021 bastó con apenas 13%. Hoy, con más de 30 candidaturas en competencia, las encuestas sugieren incluso que el segundo lugar podría clasificar con menos de 10%. La segunda vuelta, pensada para ordenar la competencia, empieza así a operar sobre una base cada vez más estrecha.

La institución, por supuesto, tiene una lógica atendible. En Chile, la segunda vuelta se introdujo para evitar el problema de legitimidad de origen que simboliza la elección de 1970: un presidente electo con poco más de un tercio de los votos, en un sistema de tres tercios donde era posible ganar sin mayoría. La promesa del balotaje era sencilla: si nadie logra mayoría al comienzo, al menos que el ganador final pueda reclamar el respaldo del 50% más uno.

Pero esa promesa suponía un sistema que ya no existe. Suponía que la primera vuelta ordenaba el mapa político y permitía identificar dos candidaturas relativamente amplias, capaces de estructurar coaliciones coherentes. En otras palabras, suponía que el problema era pasar de tres bloques grandes a dos. Pero ya no vivimos en un mundo de tercios. Vivimos, cada vez más, en un mundo de quintos, sextos o séptimos.

Y Chile, aunque todavía no llega al nivel peruano, viene recorriendo la misma pendiente. Si uno mira el porcentaje de votos en primera vuelta del presidente que finalmente gana la elección, la caída es evidente. Lagos partió con 47,9%. Bachelet en 2005 con 45,9%. Piñera en 2009 con 44,1%. Bachelet en 2013 con 46,7%, en una elección excepcionalmente desmovilizada. Después esa elección el descenso se vuelve claro: Piñera en 2017 gana con 36,6%, Boric en 2021 con 25,8%, y Kast el año pasado con 23,9%. Chile no está en la escala peruana, pero ya se mueve en la misma dirección.

Eso importa porque la segunda vuelta no crea una mayoría política: apenas agrega una mayoría electoral transitoria. Quien gana en diciembre no necesariamente llega con una coalición más sólida, un mandato más claro o mayor capacidad de gobernar. Muchas veces llega, más bien, con una suma táctica de votos prestados: electores que no votan por un proyecto, sino contra el otro. Esa es una mayoría útil para ganar una elección, pero bastante menos útil para sostener un gobierno.

Por eso la legitimidad que entrega la segunda vuelta es, en buena medida, legitimidad prestada. Sirve para cruzar la meta, pero no necesariamente para gobernar después. Y esa fragilidad se nota rápido. Si entendemos la luna de miel presidencial como el tiempo que tarda un gobierno en perder diez puntos desde su primera medición la historia es elocuente: Bachelet II duró 26 semanas, Piñera II 37, Boric apenas 10, y la de Kast terminó el domingo pasado. La mayoría electoral existe, pero su traducción política dura cada vez menos.

La segunda vuelta se inventó para evitar presidencias débiles. Pero en sistemas hiperfragmentados puede terminar haciendo exactamente lo contrario: investir con mayoría electoral a gobiernos políticamente frágiles. No resuelve el problema de origen. Apenas lo posterga.

Trump se percibía desesperado. Fuera de sí. Sus amenazas contra Irán llegaron a un punto máximo este martes, cuando muchos especularon que detonaría una bomba nuclear contra Irán. Muchos cuestionaron su salud mental.

El problema es que, otra vez, Trump reculó.

Unos minutos antes de que se cumpliera el límite, después del cual, según había advertido, la civilización iraní “desaparecería”, el presidente de Estados Unidos comunicó una tregua de dos semanas.

La civilización iraní sigue en pie. Lo que no sigue en pie es la percepción de fortaleza de Estados. Estamos presenciando, en tiempo real, la caída de un imperio a manos de su rey loco.

Nadie debe poner más atención al declive del rey loco estadounidense que México, el país que silente ha aceptado ser víctima de sus mayores atropellos.

Hasta ahora, México ha cedido ante Trump en un innumerable listado de demandas, desde detonar una política de seguridad más confrontativa –en posible detrimento de la estabilidad interna de México– hasta aceptar deportados de otras nacionalidades, permitir el asesinato de mexicanos a manos de ICE y consentir a todo tipo de demandas económicas, regulatorias y de negocios.

El problema es que el equipo diplomático mexicano opera bajo tres premisas equivocadas.

La primera es la de que Trump implementaría sus amenazas contra México –destruyendo la economía exportadora— si no cedemos ante él.

Al interior del equipo de negociación mexicano hay subsecretarios amedrentados, intimidados, firmes creyentes de que México no tiene cartas de negociación. Nuestro vecino del norte es demasiado poderoso, confiesan en privado: nada que haga México lo haría cambiar de curso.

México negocia con Estados Unidos con la visión de quien ya se ha derrotado. El exacto opuesto de lo que el episodio de Irán le ha enseñado al mundo.

La realidad es que el presidente de Estados Unidos es bueno amenazando, pero es más bueno reculando. Irán hizo recular a Trump estrangulando las cadenas de suministro con el cierre del estrecho de Ormuz. China hizo lo mismo, negándole acceso a sus minerales estratégicos. Brasil, quizá un ejemplo más relevante para México, logró que Trump retrocediera en sus amenazas imponiéndole aranceles a la carne, el café y otros productos que afectarían el costo de vida de los estadounidenses.

México tiene mucho más poder de desestabilizar la economía de Estados Unidos que Brasil, pero operamos como si no lo supiéramos. Nuestro país puede crear su propio “estrecho de Ormuz” apretando dos agendas que son críticas para la elección intermedia de noviembre: la inflación y la migración.

La Guardia Nacional podría crear una crisis migratoria si cambia de política ante los grupos de centroamericanos que intentan cruzar nuestro país. La competitividad y el buen precio de la manufactura de Estados Unidos dependen de nosotros.

La segunda razón por la que México suele ceder ante Trump es porque nuestros negociadores creen que la economía mexicana es tan dependiente de la de Estados Unidos que todo lo que le conviene a Trump le conviene a Sheinbaum. Esto es falso.

Por supuesto que la economía mexicana es dependiente, pero hay formas de integrar a México con Estados Unidos que nos convertirían en un país más rico –detonando el desarrollo de empresas mexicanas y la producción de algo de valor– y hay otras que nos convertirían en uno más pobre –enfocándonos en la producción barata e inundando el mercado mexicano con empresas extranjeras o rentistas.

El que los negociadores no vean lo anterior es por demás preocupante. Hace poco uno de ellos me develó la lógica por la cual México firmó un acuerdo para compartirle a Estados Unidos información sobre la ubicación y tamaño de sus yacimientos de minerales críticos y crear una estrategia conjunta para encarecer su exportación desde China. La razón, dijo, era mandar la señal de que México era el mejor aliado de Estados Unidos.

La duda es por qué, de todas las señales que México pudo haber mandado usando sus minerales críticos, decidió enviar la única que suponía completa sumisión y que nos dejaba con menos poder de negociación frente a Trump que antes. Al respecto, no hubo respuesta.

La tercera razón por la que los negociadores ceden ante todo es porque piensan que infringir dolor temporal a Estados Unidos infringiría un dolor aún más grande a la economía mexicana. Esto puede ser cierto, pero podría valer la pena.

El experto en teoría de señalización, Diego Gambetta, ha identificado que cuando dos individuos con poder asimétrico se confrontan, la única forma para que el pequeño pueda contener al poderoso es mandando señales de que está dispuesto a tomar decisiones aparentemente irracionales para evitar la sumisión de largo plazo.

Por ejemplo, los prisioneros menos aptos para la pelea física pueden amenazar con cortarse un dedo si son golpeados por prisioneros grandes y así llamar la atención de los custodios en detrimento de su golpeador. Mutilarse es un acto extremo que afecta al otro y a sí mismo, pero que envía una señal tan clara de que la golpiza no será tolerada que deja al prisionero pequeño en mejor posición.

La forma más rápida de doblar al gigante americano es lograr que los mercados le hagan saber que, sin México, la economía estadounidense reduciría su competitividad. Esto puede requerir actos temporales extremos, pero que en el largo plazo llevarán a un equilibrio más virtuoso entre Estados Unidos y México.

Por ahora toca tener perspectiva histórica. Reyes locos ha habido siempre.

Todo imperio tuvo líderes cuyas decisiones erráticas o paranoicas contribuyeron a desmantelarlo. Ahí estuvo Calígula, quien realizó una serie de purgas paranoicas que desestabilizaron profundamente la corte imperial romana. O Jerjes, quien realizó una catastrófica invasión de Grecia que inició la larga decadencia persa. Hay tantos más.

La constante de todos los reyes locos y de Trump es la misma: un ego tan grande que traiciona su racionalidad.

México por ahora sufre lo opuesto. Un ego tan mancillado, tan poco presente, que no podemos comprender nuestro verdadero peso.