Author: rb809rb

En términos mediáticos venden más las piernas al sol en una ventana de Palacio que un plan para hacer al país autosuficiente en materia energética. Este miércoles el Gobierno presentó un ambicioso proyecto para dotar de gas propio a México, o casi, en diez años. Conviene destacarlo porque el ruido de la grilla mediática termina por poner en la misma baza a los escándalos reales o inflados de la semana que quedan en el olvido en unos días y las decisiones estratégicas que podrían cambiar la viabilidad del país una década más tarde. Puede entenderse la polarización política y muchos encontrarán motivos para entregarse a ella; pero habría que detenerse por un momento, particularmente las élites políticas y económicas, y entender que las decisiones que tomemos o dejemos de tomar hoy, definen el país que tendremos mañana. Y en los tiempos que corren eso puede ser de absoluta supervivencia.

El mundo cambió en menos de un año y medio de Gobierno de Trump y aún le quedan dos años y medio. Y mal haríamos en creer que tras el fin de su periodo las cosas volverán a ser como antes. La crisis de la globalización llegó para quedarse, la polarización política sigue profundizándose a medida que el descontento de los ciudadanos y el impacto intoxicante de las redes sociales nos separa, la revolución de la inteligencia artificial apenas comienza, el poder planetario de las empresas tecnológicas impone condiciones a los gobiernos, el orden planetario a partir de organismos multilaterales y de un supuesto policía bueno que cuidaba de la democracia y la libertad se ha hecho trizas, los gobernantes se frivolizan rehenes como son del estado emocional de una opinión pública obsesionada con memes y diretes.

El narcisismo se ha convertido en una política de Estado en las metrópolis y el supuesto rector del mundo civilizado amenaza con destruir en una noche una civilización milenaria y mandar a la Edad de Piedra a 90 millones de iraníes. Fuera máscaras. Bien a bien, resulta imposible saber en qué acabará todo esto, pero algo podemos hacer para intentar sobrevivir de la mejor manera posible a lo que se avecina.

Este miércoles me llamó la atención una frase de la columna de Enrique Quintana, director del diario El Financiero. “Es el espejismo clásico del país exportador que no refina lo suficiente: gana por un bolsillo y pierde por el otro”, escribió, refiriéndose al aumento de precio del barril de petróleo y su impacto en la economía mexicana. Se trata de una observación que, si bien parece de Perogrullo, habría sido anatema en el paradigma neoliberal que dominó en México durante casi 40 años. A lo largo de varias décadas se mantuvo la consigna de que refinar era absurdo si resultaba más barato vender petróleo y comprar la gasolina de afuera; con ese criterio se dejaron morir las refinerías de Pemex y nos convertimos en importadores netos. Hoy, en un mundo convulso y proteccionista, depender de los combustibles venidos de afuera es la peor de las vulnerabilidades posibles, como lo atestigua la desesperación de Europa, Japón o Corea. Con esa lógica abandonamos también la producción de gas y hoy en día un cierre en el suministro de gasoductos que vienen de Texas dejaría al país sin electricidad.

No se trata de satanizar las decisiones del pasado o darle la razón a los gobiernos de la 4T. Enfocarlo así solo nos retrasa en la tarea de ponernos de acuerdo para afrontar el futuro.

Las decisiones que se tomaron entonces y las que se toman ahora obedecen a un contexto que les da coherencia. Pero los contextos cambian. Lo peor que podríamos hacer es quedar atrapados en posicionamientos políticos provincianos cuando el mundo se está modificando a marchas forzadas. Puede cuestionarse la manera intempestiva en la que se construyó Dos Bocas o si la ubicación era la idónea, pero la tarea de reactivar seis refinerías y edificar una nueva, ha posibilitado que la mitad de los combustibles sean ya de confección nacional. Lo mismo comenzó a hacerse sobre fertilizantes, aunque de manera menos intensa.

Los actores económicos y políticos están obligados a no perderse en la grilla del día. Y hablo tanto de los empresarios y dueños del dinero, como de los gobernantes. Para los políticos es más fácil anunciar obras de relumbrón y acciones que impacten en las encuestas, que emprender el largo y costoso camino que permita resolver un problema de aquí a 10 años. Y por su parte, la iniciativa privada tendría que vencer la tentación de leer toda propuesta del sector público con lentes ideológicos, y analizar en sus justos términos cuál es la viabilidad del proyecto anunciado.

Lo que propone el Gobierno es un giro de timón en materia energética. Tendría que ser abordado con la importancia que merece. Se plantea la posibilidad de explotar yacimientos de gas a través de un fracking mínimo o no dañino, posibilitado por nuevas técnicas, y propone un nuevo esquema de inversión entre iniciativa privada y pública para financiarlo. El tema es importante y no solo por la energía que moverá el futuro de México.

Esquemas similares podrían necesitarse en materia de otros recursos estratégicos que requieren mínimos de soberanía. La creación de chips (no para competir con Nvidia, pero sí para asegurar la fabricación de tarjetas de crédito o la producción de autos), la autosuficiencia en tecnología básica, la generación de vacunas y medicinas imprescindibles, el suministro de algunos alimentos esenciales.

Por lo pronto, el Gobierno de Sheinbaum ha dado este paso decisivo poniendo sobre la mesa un esquema de saneamiento del sector energético. Los expertos dirán si es viable o no, los empresarios evaluarán su rentabilidad o la falta de ella. Lo que no podemos hacer es ignorar, por irresponsabilidad política, que se trata de una propuesta de cara a un problema ineludible, la vulnerabilidad extrema en la que la sociedad mexicana se encuentra.

El presidente chileno José Antonio Kast, de la derecha conservadora, se ha realizado este miércoles un test voluntario de detección de drogas, y mostró en vivo el procedimiento, efectuado en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el municipio de Las Condes, en el sector oriente de Santiago. La prueba, que consistió en una muestra de pelo, la pagó con sus recursos, pues no es obligatorio en su caso, con un costo de más de 300 mil pesos chilenos (unos 330 dólares). Anunció que dará a conocer sus resultados.

Kast ha señalado que el examen, antes asumir el 11 de marzo en el Gobierno, ya se lo ha realizado casi la totalidad de su Gabinete, además de los subsecretarios, los segundos a bordo en cada uno de los 24 ministerios, un hecho que está normado por ley para esos cargos. Manifestó que hay casos pendientes, como el de su jefe de Hacienda Jorge Quiroz y “dos o tres subsecretarios”, pero que pronto concretarán la prueba. “Todos tenían muy claro que cuando entraran a cada uno de sus cargos tenían que haberse hecho la muestra de pelo”, señaló.

La prueba se la ha hecho luego que el pasado lunes, tres parlamentarios socialistas, la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República, destinado a fiscalizar si las autoridades del Gobierno habían cumplido con la obligación de realizarse la prueba al asumir, de acuerdo con la ley vigente. Entre ellos ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios generales minisyeriales y jefes de servicio.

El mandatario anunció la modificación de un decreto que data de 2006, a fin de que en adelante el test sea estandarizado para todos los funcionarios públicos de rangos superiores. Será un examen de pelo “con una ventana de detección de 90 días desde que esto se realice” y su financiamiento estará garantizado. “Nosotros todo esto lo queremos ir perfeccionando porque está claro que, si planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”, señaló.

Y agregó que como Gobierno se va a garantizar la publicidad de los resultados pues “quien ejerce un cargo público, así como tiene que entregar su declaración de intereses y patrimonio, tendrá que entregar un certificado acreditado por un laboratorio reconocido por el Estado para dar a conocer si tiene o no dependencia de drogas”. “Aquellos que quieren ejercer el servicio público de cara a las personas, tienen que renunciar a ciertas normas de protección”, dijo.

Kast precisó que “es entendible” la situación de alguien que, por prescripción médica, consuma algún fármaco por razones de salud. Pero que en los otros casos van a establecer que, al menos en la página web de cada servicio, los resultados sean divulgados 10 días después de su entrega.

En paralelo, Kast ha informado que enviará un proyecto de ley al Congreso en el mismo sentido, que amplía la legislación vigente, para que las pruebas se extiendan a los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales (cores), a los directivos de los partidos políticos (con representación en el Congreso y que reciben financiamiento público para sus formaciones) y al presidente de la República.

En enero se aprobó una norma, que no incluye al mandatario, y Kast ha dicho que como Gobierno quieren que “quien ejerza el mando de la Nación tenga las mismas obligaciones que tiene un ministro, un subsecretario y cualquier funcionario público” y que “eso también sea público”.

“Esperamos que el Congreso nos apoye para que se incluya a quienes ejercen cargos de alta responsabilidad pública (…) Si el presidente está dispuesto a hacerlo, ¿por qué no estaría un gobernador, un alcalde, los cores y los concejales?“, dijo Kast. Y, respecto de los parlamentarios, agregó que “si van a ejercer el mandato popular para legislar, al menos una vez al año, [que] cada senador y diputado esté dispuesto a hacerse el examen de pelo y que sea administrado y dirigido por la Contraloría”.

“La ciudadanía está esperando mucha mayor transparencia de sus representantes. Tenemos que recuperar la confianza en cada una de las instituciones y eso parte por la propia voluntad. Ojalá antes de que esto sea ley, todos los parlamentarios, todos los alcaldes, todos los gobernadores acepten que la ciudadanía está exigiendo estándares distintos”, señaló el mandatario.

“Hoy lo hice yo [el test]. Y espero que a partir de mañana todos sigan esta misma línea y vayamos recuperando la credibilidad en el ejercicio de la función pública”, agregó.