Author: rb809rb

El exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, uno de los hombres más cercanos al expresidente Jair Bolsonaro, fue arrestado este lunes por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El arresto se produjo en Orlando (Florida), donde vivía desde el año pasado, tras fugarse de Brasil para evitar entrar en prisión. Ramagem, que con Bolsonaro en el poder dirigió la agencia de inteligencia de Brasil, había sido condenado a 16 años de cárcel por formar parte del núcleo duro de la trama golpista que intentó mantener al líder ultraderechista en el poder, pese a la derrota en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.

La detención fue confirmada por el director de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodrigues, que a la prensa local aseguró que es fruto “de la cooperación Brasil-Estados Unidos en el combate al crimen organizado”. Recordó que Ramagem es un “forajido de la Justicia brasileña” y que, según las autoridades de Estados Unidos, su situación migratoria es irregular.

Personas de su entorno del exdiputado, en cambio, restaron importancia al arresto diciendo que se trata de una cuestión meramente migratoria sin relación con la condena por golpismo, que Ramagem se encuentra en el país legalmente y que estaba pendiente de la confirmación de una petición de asilo.

El excongresista se instaló en Florida en septiembre del año pasado, después de una rocambolesca huida de Brasil. Mientras los magistrados del Tribunal Supremo Federal deliberaban sobre la conducta de Bolsonaro y su círculo más cercano en la intentona golpista, Ramagem desapareció súbitamente de los pasillos del Congreso Nacional. Cruzó la frontera terrestre hasta Guyana, y desde allí voló a Estados Unidos.

Desde Florida siguió votando en las sesiones como diputado remotamente durante semanas, usando la excusa de una baja médica. Su esposa, Rebeca Ramagem, llegó a decir en sus redes sociales que se instalaron en Florida por la “persecución política inhumana” que vivían en Brasil. Según la prensa local, en su nueva vida en Orlando disfrutaban de una casa de 300 metros cuadrados con vistas a un lago y valorada en casi un millón de dólares.

En noviembre del año pasado, una vez se agotaron los recursos y llegó la hora de entrar en prisión, las autoridades brasileñas le consideraron oficialmente prófugo e incluyeron su nombre en la lista de la Interpol. El Gobierno de Lula da Silva pidió su extradición y la Cámara de Diputados anuló su mandato y su pasaporte diplomático.

Ramagem, que durante dos décadas fue un discreto agente de la Policía Federal, llegó a la esfera pública de la mano de Bolsonaro. Se hizo famoso por hacerse cargo de su seguridad tras la puñalada que el ultraderechista sufrió en la campaña electoral de 2018. Al llegar al poder, Bolsonaro premió su fidelidad dándole la dirección de la Agencia Brasileña de Inteligencia. Su gestión estuvo marcada por el escándalo de la Abin paralela. Según investigaciones, había usado la maquinaria del Estado para espiar ilegalmente a decenas de opositores, activistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil considerados incómodos por el bolsonarismo.

Bolsonaro también intentó colocarlo al frente de la Policía Federal para blindar a su familia de diversas investigaciones, pero la Justicia bloqueó el nombramiento por entender que había demasiado vínculo entre ellos y que la imparcialidad de la corporación estaría en riesgo. Tras dejar la agencia de inteligencia, ya convertido en una cara conocida entre los simpatizantes de la extrema derecha, fue fácil convertirse en diputado. Poco después, intentó ser alcalde de Río de Janeiro, pero fue derrotado en la primera vuelta.

Después del escándalo que el año pasado frustró el juicio por la muerte de Diego Maradona (1960-2020), este martes se iniciará un nuevo proceso oral para determinar si siete profesionales de la salud que atendían al exfutbolista argentino son responsables de homicidio con dolo eventual. En 2025 llegaron a realizarse más de 20 audiencias en las que declararon 44 testigos, pero todo fue considerado nulo cuando se descubrió que una de las juezas de la causa, Julieta Makintach, estaba siendo filmada para protagonizar una serie documental sin el consentimiento de las partes.

Cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo son acusados de haber descuidado y propiciado el deceso de Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020 cuando cumplía internación domiciliaria tras una cirugía. Afrontan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Según la acusación formulada por la fiscalía, el equipo de salud tuvo un desempeño “inadecuado, deficiente y temerario” que dejó al entonces entrenador “en una situación de desamparo”, “abandonándolo a su suerte”. La muerte de Maradona se produjo por insuficiencia respiratoria y paro cardíaco, en el marco de un crítico cuadro general que incluía enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia cardíaca, deterioro neurológico y adicciones, entre otras dolencias.

El nuevo juicio oral se desarrollará los martes y jueves en los tribunales de San Isidro, en el extrarradio de la ciudad de Buenos Aires. A su cargo estará el Tribunal Oral en lo Criminal 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Sobre los más de 200 testigos inicialmente considerados, se acordó que dará testimonio alrededor de un centenar, desde familiares y amigos del Pelusa hasta médicos y policías.

La anulación de todo lo actuado el año pasado supone que, tanto las declaraciones testimoniales como las pruebas y alegatos de la fiscalía y demás partes, deberán presentarse como si el proceso nunca hubiera comenzado.

De los siete acusados, la mayor responsabilidad recae sobre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Luque (44 años) se había convertido en uno de los médicos personales de Maradona en sus últimos años. En aquel noviembre de 2020, le había realizado una cirugía craneal por un hematoma subdural y luego había recomendado su internación domiciliaria para que se rehabilitara. La internación se cumplió en una casa que no habría contado con las mínimas condiciones necesarias para el cuidado del paciente. Según la imputación, el médico incumplió sus obligaciones de atender a Maradona y desestimó los síntomas de las dolencias que provocaron su muerte.

La psiquiatra Cosachov (40) había comenzado a tratar a Maradona cinco meses antes de su deceso. De acuerdo con la fiscalía, le administró al exentrenador de la selección argentina medicación contraindicada por sus dolencias y no lo controló en forma directa. Además, omitió “encargarse personalmente de la reanimación del paciente” pese a que era “la única médica presente en el lugar” cuando fue hallado inconsciente.

También está acusado el psicoanalista Carlos Díaz (33), virtual responsable de no haber requerido la internación de Maradona en una institución adecuada y de haberle ocultado a la familia del exfutbolista cuál era su real estado. Al enfermero Ricardo Almirón (41) se le imputa desatender los protocolos al asentar la información sobre la salud del paciente. Entre los acusados están también tres encargados de supervisar y coordinar la atención de Maradona: los médicos Pedro Di Spagna (49) y Nancy Forlini (56) y el enfermero Mariano Perroni (44). Una octava acusada, la enfermera Gisella Madrid (41) será juzgada en un proceso aparte, en un juicio por jurados que aún no tiene fecha de inicio.

“Bochorno mundial”, “inaudito”, “vergonzoso”. Así definieron los abogados de los acusados, en mayo último, a la revelación de que se estaba grabando una película en secreto durante las audiencias. “Ofició de actriz, no de jueza”, sentenció entonces la fiscalía sobre Makintach. Todas las partes intervinientes en el proceso la recusaron y Makintach fue sometida a un juicio político. Por unanimidad, fue destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales.

La férrea batalla de la administración de Donald Trump en contra de los migrantes ha cobrado una víctima más. Las autoridades estadounidenses han informado este lunes de la muerte de Alejandro Cabrera Clemente, un migrante mexicano de 49 años de edad que había sido detenido a principios de enero de este año. El número de fallecimientos de mexicanos en custodia del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE) se eleva a 16 en lo que va de 2026. De acuerdo con el comunicado del Gobierno, Cabrera fue encontrado sin signos vitales en su celda en el centro correccional de Winn en Luisiana. A pesar de que el hombre fue trasladado a un hospital para un tratamiento médico avanzado, según el ICE, se decretó su muerte alrededor de las 08.51 horas.

Según la información proporcionada por las autoridades migratorias, Cabrera llevaba más de 25 años en Estados Unidos y enfrentaba cargos por posesión de droga y arresto por violencia doméstica. El mexicano había sido detenido en Chattanooga, Tennessee (a más de 900 kilómetros al este de donde se encontraba recluido), y estaba en espera del procedimiento para su deportación por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

El alarmante número de migrantes fallecidos en custodia de las autoridades estadounidenses ha llevado al Gobierno de México ha endurecer su posición y a anunciar una serie de medidas distintas a mostrar su inconformidad por vías diplomáticas ante estos hechos. “Se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió”, manifestó Claudia Sheinbaum hace dos semanas durante su conferencia matutina.

Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que llevaría las muertes de connacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Gobierno participaría en una demanda colectiva en contra del Centro de Procesamiento de Adelante, una instalación en la que cuatro mexicanos han perdido la vida en lo que va del año. La Cancillería ha señalado que las defunciones no son casos aislados y “revelan fallas sistemáticas”. En conferencia de prensa, Vanessa Calva, encargada de protección consular, mostró su preocupación por la subcontratación de empresas privadas para la operación de los centros de detención en los que han ocurrido los fallecimientos. Además, denunció el “nulo flujo” de información entre las autoridades estadounidenses y las familias de los detenidos.

La cruzada de Trump en contra de la migración no da tregua a nadie. Un informe de The Marshall Project reveló hace unos días que los niños y adolescentes en custodia del ICE rebasan los 6.200, una cifra que es 10 veces superior a la registrada al cierre del mandato de Joe Biden. Según la organización de noticias sin fines de lucro, un promedio de 226 niños y adolescentes han sido arrestados al día desde que llegó el republicano a la Casa Blanca por segunda ocasión. Un reporte de Human Rights First sobre un centro de detención familiar en Dilley, Texas, denunció los abusos y la crueldad con la que operan ese tipo de lugares y que provoca violaciones al debido proceso y fallas médicas.