La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones locales a noviembre próximo —en lugar de febrero de 2027— ha forzado a los partidos a una carrera contra el reloj para definir candidaturas, organizar primarias y superar los filtros legales. Este escenario compromete especialmente a Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, que actualmente cumple una suspensión de nueve meses derivada de una investigación fiscal por presunto lavado de activos contra varios de sus integrantes.
El CNE justificó el adelanto de los comicios basado en un informe que alerta del supuesto impacto que podría tener el fenómeno de El Niño en los primeros meses del próximo año. En juego están 222 alcaldías, 24 prefecturas, cinco consejeros para un polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —encargado de elegir a las autoridades del Estado— y, posiblemente, una consulta popular.
La decisión ha disparado las alarmas en Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición. El partido fue suspendido por nueve meses por el Tribunal Contencioso Electoral, tras la solicitud del fiscal que investiga un presunto lavado de activos contra varios de sus integrantes. Con los detalles del caso bajo reserva, la sanción tiene una particularidad temporal: se levantará apenas concluyan las elecciones adelantadas. Sin embargo, los obstáculos legales van más allá de la personería jurídica. Sus cuadros más visibles, que buscaban la reelección, enfrentan un panorama judicial crítico: Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, suma tres investigaciones y cumple prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad; mientras tanto, los alcaldes de Quito y Cuenca, junto a la prefecta de Pichincha, operan en el estrecho margen que separa sus aspiraciones electorales de posibles sanciones inhabilitantes.
Al interior del movimiento prima el silencio. Nadie dice quiénes pueden ser los candidatos ni los partidos con los que podrían unirse en una alianza para llegar a la papeleta. “Porque pueden ir tras ellos y bloquear más movimientos políticos”, confiesa un militante.
El adelanto electoral, sumado a la proscripción temporal del principal partido, ha transformado la contienda en un mercado de siglas donde la ideología es secundaria. Un ejemplo drástico es el de Lucio Gutiérrez —quien lideró el golpe de Estado de 2000 y gobernó dos años con Sociedad Patriótica—, que ha abierto las puertas de su organización a candidatos del correísmo. “Es el momento de virar la página. Estamos listos para conversar”, anunció en sus redes sociales.
Para el analista Esteban Ron, este fenómeno confirma que los partidos han mutado en simples vehículos electorales carentes de doctrina. “De 17 organizaciones nacionales, 13 están con tarjeta amarilla; necesitan alcanzar el umbral de votación solo para evitar su desaparición”, señala. En esa misma línea, la politóloga Pamela León utiliza una analogía contemporánea: “Los partidos se han convertido en un Airbnb: más alquilables que representativos. Cumplen con el requisito de las firmas, pero su caudal de votos no refleja una base real de apoyo”. Actualmente, existen 231 organizaciones aprobadas por el CNE, aunque su llegada a la papeleta final depende todavía del filtro de los consejeros del órgano electoral.
En contraste, Pachakutik —el brazo político del movimiento indígena— intenta capitalizar el escenario electoral apoyándose en su despliegue territorial: 53 organizaciones y más de 10.000 comunidades. Sin embargo, las disputas internas ponen en riesgo su cohesión. “Algunos priorizan el protagonismo individual sobre el colectivo”, advierte Apawki Castro, integrante del movimiento.
Esa falta de unidad se ha reflejado en la Asamblea Nacional, donde el partido no ha logrado que todos sus legisladores voten en bloque por principios irrenunciables, como la protección del agua o el rechazo a la minería. Al alinearse con el oficialismo en temas clave, varios asambleístas terminaron fuera del movimiento, lo que ha mermado su representatividad y fuerza en el Congreso. Ahora, ante la urgencia del calendario, temen que vuelvan a filtrarse figuras ajenas a su ideología. Por ello, han evitado dar nombres de candidatos: Castro sostiene que, en este clima, “no están a salvo de la persecución”.
La visión del oficialismo es otra. Para el presidente Daniel Noboa, el cambio afecta más a su partido porque su base política es débil en la zona rural de la costa, donde un eventual fenómeno de El Niño complicaría la logística electoral. “¿A quién le convenía que se hicieran las elecciones con el agua hasta el cuello? Al correísmo y a los ‘pachas’”, dijo el mandatario en una entrevista radial, añadiendo que “estamos asegurando que exista competencia”.
