Author: rb809rb

La candidata uribista Paloma Valencia escogió una figura bélica para presentar este lunes el plan su Gobierno: las bombas. Su Plan 10, como lo ha llamado, es “para decirles cuáles son las cinco bombas que tenemos que desactivar y cuáles son las cinco transformaciones que pueden ayudarnos a construir esa Colombia más grande”. Lo presentó este lunes en la Universidad Uniminuto de Bogotá. A su lado estaba Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, quien explicó que este plan de gobierno refleja la visión de los nueve precandidatos que se midieron el pasado 8 de marzo en una consulta de la derecha. “Para mí, trae una dimensión muy emocional: desactivando una bomba de tiempo, no nos llevamos llevar por las pasiones”, dijo el candidato a la vicepresidencia “Estamos sumando, estamos dejando de lado que sumar entre distintos es ser incoherente”, añadió el aspirante ubicado más al centro. Sin embargo, el programa retoma el lenguaje del presidente de derechas más popular, Álvaro Uribe, quien decía que su Gobierno era uno de “mano firme y corazón grande”. El programa de Oviedo y Valencia tiene entre sus tres grandes apuestas la “firmeza para estabilizar” y el “corazón para transformar ”.

La primera y principal bomba: mejorar la seguridad con más militares y una reforma a la justicia

“Estamos ofreciendo seguridad total”, dice Oviedo, en un juego de palabras con la paz total de Gustavo Petro. Valencia promete aumentar el gasto en seguridad y defensa en $20 billones de pesos para llevar la inversión en el área al 4% del PIB. “Incorporaremos 30 mil nuevos militares y 30 mil nuevos policías a nuestras fuerzas, logrando consolidar un pie de fuerza robusto y profesional de cerca de 530 mil hombres”, dice su programa. Espera que el aumento para la inversión en defensa permita comprar drones de última generación e invertir en “la ciberinteligencia para la lucha frontal contra el crimen”. También espera reconstruir las relaciones “estratégicas en materia de inteligencia” con países como Estados Unidos, justo cuando ese servicio pasa por una de sus peores crisis. El objetivo principal de la fuerza pública serán los extorsionistas, y plantea militarizar las vías que tienen riesgos de secuestros. “Mi primera acción como presidente va a ser militarizar la vía Popayán-Cali, Popayán-Pasto”, prometió la candidata en un eco a una exitosa estrategia de Uribe al llegar al poder en 2002, cuando el país enfrentaba una situación crítica en seguridad.

Para combatir la inseguridad urbana, plantea una reforma legal para reforzar los impactos de las capturas en flagrancia, mientras Oviedo habló de una reforma a la justicia que permita juzgados itinerantes de respuesta rápida. “Queremos una justicia rápida, con castigos ciertos, adaptada a las necesidades locales”, añade. En temas penales, también quieren, explica ella, “cárceles agrícolas para que haya espacio de resocialización, para que quien comete un delito trabaje, produzca, y tenga condiciones dignas de vida”.

Para combatir el narcotráfico, promete reactivar la fumigación de cultivos ilícitos “sin afectar la salud ni los ecosistemas” ―Gustavo Petro ya reactivó las fumigaciones con glifosato―. Y exige a los campesinos que acaben con los cultivos ilícitos mediante programas de apoyo a los cultivos lícitos. En una ampliación del enfoque tradicional de seguridad, Oviedo refiere una idea que resuena con el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa: “Necesitamos que los padres de familia en Colombia sientan que los parques y los entornos educativos son entornos seguros, no solo porque están libres de drogas, sino que también están libres de discriminación”.

La segunda bomba: frenar la crisis del sistema de salud con más presupuesto

La segunda bomba se refiere a la creciente crisis del sistema de salud, “Vamos a trabajar para que en los 100 primeros días de gobierno podamos resolver 10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos que hoy se necesitan para salvar vidas”, promete Oviedo. “La siguiente acción será destinar 3 billones de pesos de manera inmediata para la compra de medicamentos”, añade ella. “Vamos a priorizar los sitios más apartados de Colombia y los colombianos más vulnerables, porque esos colombianos que son los más pobres son los que no han podido comprar los medicamentos”, añade.

La dupla no critica a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), como lo hace el presidente Gustavo Petro, quien ha sido señalado de no pagar lo que esas afiliadoras necesitan por cada ciudadano. “Vamos a sentarnos y definir metodológicamente ese pago anticipado que se conoce como la UPC, que esté en función de todas las fuentes de información, tanto regional como epidemiológica, para que verdaderamente le demos a la salud los recursos que se necesitan para cuidar, atender y salvar vidas”, explica Oviedo.

La tercera bomba: fracking para enfrentar la crisis energética e invitar a los centros de datos

“Los expertos están diciendo que vamos a llegar a noviembre y vamos a volver a tener apagones”, dice la candidata. Ante ello, explica Oviedo, “reactivaremos la explotación de combustibles fósiles e impulsaremos el fracking con responsabilidad ambiental, pero también con mucha innovación”. En ese compromiso ambiental, añade la candidata, el mayor riesgo no es la explotación de combustibles fósiles, sino la deforestación. “Queremos usar la plata del desarrollo minero energético para invertirla en detener la deforestación y cuidar los ecosistemas estratégicos”, afirma. “Me ilusiona mucho que uno pueda decir que el petróleo de Colombia está salvando el Amazonas, que el gas de Colombia está logrando restaurar los parques nacionales”, añade. “Hay que tener brigadas móviles, helicópteros, control satelital (…) hay que pagar a las familias en las zonas de amortiguamiento para que se vuelvan no quienes atacan esos ecosistemas, sino quienes los conservan”.

Valencia también relacionó esa apuesta con los centros de datos. “No nos queremos quedar por fuera de la revolución de la inteligencia artificial, de la revolución que está viviendo el mundo, y sin energía no va a ser posible”, añadió.

La cuarta bomba: menos impuestos para superar la “crisis de confianza” empresarial

“Necesitamos que los impuestos dejen de asfixiar la economía“, dice Oviedo. La dupla propone reducir la tarifa del impuesto de renta empresarial, eliminar el impuesto al patrimonio y reducir el predial. “Eso naturalmente trae medidas complementarias como simplificar el estatuto tributario” para evitar la evasión fiscal. Sobre la deuda pública, que está en récords históricos, Valencia promete “refinanciar con los organismos internacionales esta deuda y buscar un nuevo empréstito que nos permita poner las finanzas en orden”.

“Nuestra servicio diplomático tiene que transitar a cuidar a los nacionales que están por fuera, pero a cuidar los mercados que le tenemos que abrir a los productos colombianos”, dice Valencia sobre ampliar el rol de los consulados colombianos.

La quinta bomba: tecnología contra la corrupción

“Le vamos a meter una auditoría forense a todo lo que está pasando en la salud”, dice la candidata en referencia de nuevo a la crisis en el sector de la salud. Además de auditorías, y de prometer que no existirán corruptos en su Gobierno, trae una propuesta de la mano de la tecnología, desde la IA hasta el blockchain. “Los datos y la inteligencia artificial nos ayudan a que todos los esfuerzos del gobierno nacional y territorial estén destinados a evitar estos actos de corrupción”, dijo Oviedo. Incluso hay algo más sencillo: “Vamos a tener un correo para que la gente nos denuncie todo lo que pase alrededor de la corrupción, bien sea pequeño, bien sea pagar una coima por una cola, bien sea pagar por un contrato”, añade la candidata.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha convertido su red social de X en su salón de clases de economía. Les ha dicho a periodistas y analistas que sus gráficas están mal hechas, o que subir la tasa de interés no sirve de nada si el choque viene de la oferta y no de la demanda. En alocuciones presidenciales, anuncia decisiones para controlar unilateralmente la inflación sin trabajar conjuntamente con el Banco de la República, de cuya junta sacó a su ministro de Hacienda, una decisión inédita en un país acostumbrado a la ortodoxia. El tono del presidente, en cambio, es siempre el del heterodoxo. Lleva años sintiéndose incomprendido y ahora, con la economía en medio de la disputa política, encuentra el momento indicado para dar la pelea. Propone decretos para hacer reformas tributarias que niega el legislativo, o coquetea con la idea de que se impriman billetes para darles directamente a las víctimas de la guerra. En esa misión de contraperspectiva le ha surgido un aliado intelectual: el Centro de Pensamiento Vida.

El 31 de marzo, día en que el Banco de la República subió la tasa de interés al 11,25% —en contra de lo que pide el Gobierno—, este Centro publicó un gráfico que circuló ampliamente en redes sociales, en donde se mostraba que la tasa de intervención real (que descuenta la inflación) es la más alta del siglo, de 5,96 puntos porcentuales. “Esta escuela de pensamiento es hija del programa de gobierno de Petro”, dice sin tapujos Simón Gómez Azza, director del instituto, economista y filósofo graduado de la prestigiosa King’s College de Londres. Él mismo fue parte de la comisión que redactó el programa económico de Petro en 2022, coordinado entonces por Daniel Rojas, hoy ministro de Educación.

El lanzamiento del think tank de izquierda petrista fue el 28 de noviembre de 2024, en el auditorio Sabio Caldas de la Universidad Distrital, en un evento que reunió también al Instituto de Pensamiento Progresista y a la Red de Pensamiento por el Cambio. La personería jurídica llegó después, constituyéndose formalmente en marzo de 2025. Al evento asistió Petro, así como Laura Moisá y César Giraldo, quienes semanas después serían nombrados codirectores del Banco de la República por el presidente. También estuvo Irene Montero, política española del partido de izquierda Podemos. “Nosotros creemos que Petro es un teórico de las actuales dinámicas económicas mundiales”, dice Gómez a EL PAÍS.

Por primera vez en Colombia, la izquierda no solo llega al poder, sino que intenta consolidarlo intelectualmente con un andamiaje de ideas que le dé sostenibilidad al proyecto, más allá de un gobierno. “En el mundo ilustrado hay que sustentar lo que uno cree por medio de la ciencia”, dice Tomás Molina, politólogo y doctor en Filosofía por la Universidad de Granada, y asesor del Ministerio de Minas y Energía, que hace parte del consejo asesor del laboratorio de ideas. “La ciencia es el discurso legitimador del poder, y la economía es el discurso legitimador del poder político”, agrega. Para él, la derecha lo entendió hace décadas y construyó instituciones en consecuencia. La izquierda colombiana llegó al gobierno sin ese músculo, y el Centro de Pensamiento Vida es el intento de construirlo.

Ahora, su razón de ser va más atrás que cualquier debate sobre tasas de interés. El filósofo y economista Hernando Gómez Buendía lo planteó con claridad en el lanzamiento de su libro Colombia después de Petro: “El presidente vio algo que el establecimiento de este país se ha negado a mirar: los mineros, los cocaleros, los desplazados, la pobreza, la desigualdad más alta del mundo… Petro le dio rostro institucional al dolor de los que no cuentan”, dijo. Ese diagnóstico, dice Gómez, “es real e indiscutible”. Y es desde esa Colombia de los ‘nadies’ desde donde el Centro Vida construye su argumento: si el problema existe y el pensamiento económico dominante no lo resuelve, hay que crear otro.

Molina afirma que todos los centros de pensamiento económico tienen agenda política. “El Cato Institute en Estados Unidos defiende el libertarismo, así como Fedesarrollo defiende una visión de derecha”, dice. La diferencia, en todo caso, “es que la derecha no lo admite y la izquierda sí. Nosotros decimos abiertamente que tenemos una postura. Ellos dicen que son técnicos y neutrales. Eso me parece deshonesto”. El objeto de crítica es Fedesarrollo y Anif, los dos centros por los que durante décadas han pasado futuros ministros de Hacienda, codirectores del banco central y altos funcionarios del Departamento Nacional de Planeación. El filósofo ahonda en la crítica con un concepto romano: el cursus honorum, la carrera de honores, esa secuencia jerárquica y obligatoria que en la antigua Roma debía recorrer todo aspirante al poder, cargo por cargo, sin saltar escalones. “La lógica es análoga: estudias en los Andes, haces maestría en el exterior, vuelves, pasas por Fedesarrollo y de ahí saltas al Ministerio de Hacienda”, ejemplifica.

Un exdirector de Fedesarrollo, que pidió anonimato, reconoce a este diario que “la diversidad de perspectivas enriquece el debate”, pero señala un lunar: “Eso tiene un pecado original, parece más un centro de pensamiento específico de un gobierno”. A su juicio, se asemeja a las fundaciones “que montan los expresidentes —como Juan Manuel Santos o Iván Duque— que a un think tank autónomo”. Y desde esa militancia, cualquier estudio, informe o dato que critique las políticas económicas de Gustavo Petro es solo visto como oposición política.

También es una posición desde donde se pierden matices. Cuando se le pregunta al exdirector si Fedesarrollo tiene agenda política, responde que “si eso fuera cierto, José Antonio Ocampo o Eduardo Lora jamás habrían sido sus directores”. Dos economistas reconocidos por buscar políticas progresistas, si bien no de la línea del petrismo: Ocampo pasó de ser ministro de Hacienda de Petro a sonar las alarmas por el rompimiento que hizo el presidente de la regla fiscal, y luego vilipendiado por el presidente.

Juan Pablo Milanese, politólogo de la Universidad Icesi, ve una tendencia cuando se le pregunta por el nuevo centro de pensamiento: “En Europa hay centros asociados a los distintos partidos o posiciones políticas. Es más o menos normal”. Este laboratorio de ideas cuestiona dos pilares de la ortodoxia monetaria: la meta de inflación del 3% y la noción de que Colombia debe mantener un desempleo de dos dígitos para que los precios no se disparen —el supuesto técnico tras la llamada NAIRU, o tasa de desempleo natural—. Molina apuntala su propuesta en tres pilares: “Que haya un representante de los trabajadores en la Junta; que el Banco explique sus decisiones en términos que la gente pueda entender; y que el debate monetario deje de ser patrimonio de unos pocos iluminados”. Aclara que eso “no implica que los codirectores se elijan por voto popular ni que las decisiones del banco se sometan a consulta popular”; más bien “se trata de un ejercicio de amplificar la democracia”.

El codirector César Giraldo critica al Emisor desde otra postura, también heterodoxa: “El Banco podrá ser independiente del gobierno, pero no lo es de los mercados financieros”, sentenció en una entrevista con Juan David Correa, exministro de Culturas, Artes y Saberes de Petro. En esa entrevista contó que cuando llegó como codirector, le negaron la posibilidad de tener un equipo económico propio y que encontró a “más de 200 economistas muy bien formados bajo una misma visión”.

Ante esa visión de la petroeconomía queda en el aire la pregunta que Gómez Buendía lanzó en su presentación: que Petro retrate bien el principal problema del país no significa que su lectura de las soluciones sea la correcta, y esa sombra alcanza también al recién nacido colectivo de economistas heterodoxos. Esa línea es exactamente la que definirá si este proyecto es un aporte intelectual genuino al debate colombiano o si es el brazo académico que justifica las movidas de un partido político. Durante décadas, el debate económico en Colombia ha sido como de un club privado y la heterodoxia económica —esa actitud de profesor de Petro, al que el lenguaje técnico le hiede a neoliberalismo— ha llegado a disputar el relato.

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones locales a noviembre próximo —en lugar de febrero de 2027— ha forzado a los partidos a una carrera contra el reloj para definir candidaturas, organizar primarias y superar los filtros legales. Este escenario compromete especialmente a Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, que actualmente cumple una suspensión de nueve meses derivada de una investigación fiscal por presunto lavado de activos contra varios de sus integrantes.

El CNE justificó el adelanto de los comicios basado en un informe que alerta del supuesto impacto que podría tener el fenómeno de El Niño en los primeros meses del próximo año. En juego están 222 alcaldías, 24 prefecturas, cinco consejeros para un polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —encargado de elegir a las autoridades del Estado— y, posiblemente, una consulta popular.

La decisión ha disparado las alarmas en Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición. El partido fue suspendido por nueve meses por el Tribunal Contencioso Electoral, tras la solicitud del fiscal que investiga un presunto lavado de activos contra varios de sus integrantes. Con los detalles del caso bajo reserva, la sanción tiene una particularidad temporal: se levantará apenas concluyan las elecciones adelantadas. Sin embargo, los obstáculos legales van más allá de la personería jurídica. Sus cuadros más visibles, que buscaban la reelección, enfrentan un panorama judicial crítico: Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, suma tres investigaciones y cumple prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad; mientras tanto, los alcaldes de Quito y Cuenca, junto a la prefecta de Pichincha, operan en el estrecho margen que separa sus aspiraciones electorales de posibles sanciones inhabilitantes.

Al interior del movimiento prima el silencio. Nadie dice quiénes pueden ser los candidatos ni los partidos con los que podrían unirse en una alianza para llegar a la papeleta. “Porque pueden ir tras ellos y bloquear más movimientos políticos”, confiesa un militante.

El adelanto electoral, sumado a la proscripción temporal del principal partido, ha transformado la contienda en un mercado de siglas donde la ideología es secundaria. Un ejemplo drástico es el de Lucio Gutiérrez —quien lideró el golpe de Estado de 2000 y gobernó dos años con Sociedad Patriótica—, que ha abierto las puertas de su organización a candidatos del correísmo. “Es el momento de virar la página. Estamos listos para conversar”, anunció en sus redes sociales.

Para el analista Esteban Ron, este fenómeno confirma que los partidos han mutado en simples vehículos electorales carentes de doctrina. “De 17 organizaciones nacionales, 13 están con tarjeta amarilla; necesitan alcanzar el umbral de votación solo para evitar su desaparición”, señala. En esa misma línea, la politóloga Pamela León utiliza una analogía contemporánea: “Los partidos se han convertido en un Airbnb: más alquilables que representativos. Cumplen con el requisito de las firmas, pero su caudal de votos no refleja una base real de apoyo”. Actualmente, existen 231 organizaciones aprobadas por el CNE, aunque su llegada a la papeleta final depende todavía del filtro de los consejeros del órgano electoral.

En contraste, Pachakutik —el brazo político del movimiento indígena— intenta capitalizar el escenario electoral apoyándose en su despliegue territorial: 53 organizaciones y más de 10.000 comunidades. Sin embargo, las disputas internas ponen en riesgo su cohesión. “Algunos priorizan el protagonismo individual sobre el colectivo”, advierte Apawki Castro, integrante del movimiento.

Esa falta de unidad se ha reflejado en la Asamblea Nacional, donde el partido no ha logrado que todos sus legisladores voten en bloque por principios irrenunciables, como la protección del agua o el rechazo a la minería. Al alinearse con el oficialismo en temas clave, varios asambleístas terminaron fuera del movimiento, lo que ha mermado su representatividad y fuerza en el Congreso. Ahora, ante la urgencia del calendario, temen que vuelvan a filtrarse figuras ajenas a su ideología. Por ello, han evitado dar nombres de candidatos: Castro sostiene que, en este clima, “no están a salvo de la persecución”.

La visión del oficialismo es otra. Para el presidente Daniel Noboa, el cambio afecta más a su partido porque su base política es débil en la zona rural de la costa, donde un eventual fenómeno de El Niño complicaría la logística electoral. “¿A quién le convenía que se hicieran las elecciones con el agua hasta el cuello? Al correísmo y a los ‘pachas’”, dijo el mandatario en una entrevista radial, añadiendo que “estamos asegurando que exista competencia”.