Author: rb809rb

Piñata. “¿De qué está hablando?”, fue el primer pensamiento que le vino a la doctora Anely Pérez durante el juicio en su contra en Nicaragua. La mujer escuchaba al fiscal pedir una pena de 20 años de prisión y despojarla de todos los “bienes directos e indirectos” por los supuestos delitos de “traición a la patria” y “ciberdelitos” contra el Estado nicaragüense. 

La médica y figura de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fue detenida en marzo de 2023 en su vivienda. Días después, sin previo aviso, la subieron a un vehículo custodiado y la llevaron al aeropuerto junto a su familia, a quienes solo permitieron empacar un bolso de mano. No los dejaron comunicarse con nadie hasta que el avión despegó. Fueron desterrados del país, al igual que más de 300 opositores desde 2018. 

La casa, una herencia familiar perteneciente al esposo de la doctora, permanece en un barrio residencial de Managua, rodeada de árboles y jardines. Pero desde aquel día en que fueron desterrados a la fuerza dejó de pertenecer a su familia. Desde el exilio, la médica sigue los cambios que algunas personas le informan. En mayo de este año, tres años después del despojo, la fachada fue pintada, el patio remodelado y nuevas voces comenzaron a escucharse detrás de los muros. No sabe quién ocupa ahora la vivienda ni tiene forma de averiguarlo.

“Esa casa es robada y mi esposo no tenía nada que ver. Esa casa no debió haber sido tocada. No hay en la ley de Nicaragua o algo que diga que eso es bienes directos e indirectos”, explica la dermatóloga a France 24.

El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro, quien perdió una propiedad heredada de su padre en Granada tras su destierro en 2023, coincide: “No existe ninguna base legal. Ortega lo está haciendo con toda la impunidad”, dice. 

En 2023 Daniel Ortega y Rosario Murillo promovieron reformas para desnacionalizar a 222 presos políticos enviados al exilio y, posteriormente, a otras 95 personas identificadas como opositoras. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense de forma exprés para justificar un destierro que generó una oleada de personas apátridas, o sin nacionalidad, y que provocó la condena de la comunidad internacional. 

Bajo esa figura, quienes sean declarados culpables del delito de “traición a la patria” no solo pierden la nacionalidad nicaragüense, sino que también quedan expuestos a la confiscación de todos sus bienes, que pasan a ser administrados por el Estado. Para analistas, este cambio proporcionó un respaldo jurídico a una política de despojo que, hasta entonces, se ejecutaba principalmente bajo las sombras, según denunció Naciones Unidas. 

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“Hay muchas más propiedades intervenidas”, denuncian críticos

“Las democracias tienen esquema en sus constituciones y en su reglamento de expropiación para zonas donde se van a hacer obras de infraestructura de interés público (como una carretera) con la debida y correspondiente indemnización. Ese mecanismo existe en todas partes del mundo. Pero estos (Ortega-Murillo) están totalmente desbocados en una política confiscatoria brutal”, reitera Chamorro. 

Según expertos como Eliseo Núñez, las nuevas confiscaciones marcan una nueva etapa del modelo represivo y remite a las expropiaciones conocidas localmente como “La Piñata”: tras la derrota electoral del FSLN en 1990, cuando se utilizaron leyes de regularización de la propiedad (como las Leyes 85, 86 y 88) para transferir propiedades que estaban en manos del Estado a manos de particulares vinculados al sandinismo. 

“Cuando nos desnacionalizan, usan la figura del decomiso de propiedades y bienes, escudándose en la legislación civil, obviamente de forma retorcida, que dice que si alguien pierde un juicio penal o civil, debe pagar con sus bienes el daño causado. Entonces ellos hablan de una apropiación por indemnización de los daños causados al Estado de Nicaragua”, afirma Núñez. 

Chamorro sostiene que los casos conocidos representan apenas una fracción del fenómeno. A su juicio, el alcance de las confiscaciones es mucho mayor de lo que ha logrado documentarse públicamente, en parte porque muchos familiares permanecen dentro de Nicaragua y optan por el silencio para evitar represalias. “Hay mucho más de lo que se habla. Hay muchas más propiedades intervenidas”, asegura.

Ese temor, explica, ha impedido dimensionar la magnitud del despojo. “Hay muchas propiedades donde aún están familiares y esos son los que menos están hablando, evidentemente, porque si hacen ruido saben que les van a caer”, afirma. Según el economista, la política de confiscaciones ya no alcanza únicamente a opositores visibles. “Incluso propiedades de personas que están en Nicaragua, que fueron muy cercanas al régimen, también están calladas”, sostiene. 

Según el informe La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo, elaborado por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, OPTA, de Hagamos Democracia, al menos 135 propiedades de opositores fueron confiscadas por un valor superior a los 250 millones de dólares. La investigación, elaborada por Wilfredo Miranda Aburto y Luciana Quintero, advierte que este nuevo ciclo de confiscaciones revive un problema que Nicaragua aún no terminaba de cerrar. Apenas en 2023 el Estado debía concluir el pago de las indemnizaciones derivadas de las expropiaciones masivas ejecutadas durante la década de 1980, cuando Ortega integraba la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. 

“La primera piñata de Daniel Ortega, en 1990, le costó a Nicaragua una deuda de más de 2.000 millones de dólares para resarcir los daños a los ciudadanos afectados, cuando estos demandaron al Estado por los abusos sandinistas de los años ochenta. El pago de la “piñata” ha sido por medio de Bonos de Pagos por Indemnización, BPI, que fueron incorporados al Presupuesto General de la República desde 1998 para financiar las indemnizaciones de los afectados por la primera “piñata”, dice el estudio.

“El costo potencial de los daños podría superar los 1.000 millones de dólares, dependiendo de la magnitud de reclamaciones, valor de activos y demandas internacionales”, agregó Nuñez. 

Ni Anely Pérez ni Juan Sebastián Chamorro saben con certeza qué ocurrió con sus propiedades después de que fueron confiscadas. Y, según ambos, esa incertidumbre forma parte del mecanismo ya que, en los últimos meses, reportes de medios locales evidencian cómo varias propiedades de opositores están pasando a manos de terceros afines al Gobierno para uso comercial. 

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La ingeniería del “lavado de bienes”

En lugar de mantener los inmuebles identificados con su inscripción original en el Registro Público, los afectados denuncian que el Estado les asigna nuevos códigos internos que solo las instituciones oficiales pueden rastrear antes de transferirlos a entidades públicas, principalmente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS. 

Para los antiguos propietarios, ese procedimiento rompe el rastro documental de los bienes. Pérez sostiene que al menos 300 propiedades habrían seguido ese camino, aunque admite que es imposible establecer una cifra definitiva porque quienes fueron despojados perdieron también el acceso a los registros oficiales. “Lo que ellos hacen en el lavado de bienes: transferirlos al INSS y el INSS los vende. Ellos limpian el robo a través de donarlos al instituto pero sigue siendo un robo”, afirma. 

El patrón se repite en las sedes de los medios de comunicación independientes confiscados desde 2018. Las instalaciones de ‘Confidencial’, ‘La Prensa’ y ‘100% Noticias’ pasaron a manos del Ministerio de Salud y del instituto técnico estatal (INATEC) para funcionar como casas maternas o centros educativos. 

Chamorro explica que, al pasar de una institución a otra y acumular nuevos registros, se diluye el vínculo con el propietario original y se dificulta reconstruir la historia del inmueble. A ello se suma, asegura, la falta de trazabilidad derivada de códigos internos que reemplazan las inscripciones tradicionales y el hecho de que el Registro Público de la Propiedad pasara de depender de la Corte Suprema de Justicia a la Procuraduría General de la República, el mismo órgano que representa los intereses del Estado.

“Lo que están haciendo es ocultando, mediante un número no trazable, esa propiedad, de tal manera que el propietario no se da cuenta de que su propiedad va de mano en mano y no puede denunciarla”, afirma. 

Para el analista Eliseo Núñez, una de las decisiones con mayores implicaciones ha sido el traslado de propiedades confiscadas al INSS. Explica que estos inmuebles pasan a formar parte de los activos con los que el Estado busca capitalizar el sistema de pensiones, una práctica que, según señala, ha sido reconocida por el Fondo Monetario Internacional,dentro de procesos de saneamiento financiero. 

Esa incorporación, advierte, vuelve más compleja una futura restitución de los bienes, ya que cualquier decisión afectaría el patrimonio del instituto y, por extensión, el financiamiento de las pensiones. Sin embargo, sostiene que el mecanismo también deja más clara la responsabilidad del Estado. “Si la propiedad fue vendida a un tercero, es más complejo ir contra un tercero de buena fe. Complica la devolución, pero simplifica la vía de la compensación o indemnización, porque queda claro que el Estado te la quitó y debe pagártela al valor que tenía al momento de quitártela”, explica. 

“Esos bienes serán destinados para beneficio de los pobres”: Ortega 

“Los traidores se enjuagan la boca diciendo que usted que está fuera del país, que le van a quitar sus bienes, aquí no hay confiscación. A nadie se le confisca un bien porque está en nuestra Constitución”, defendió en 2025 el diputado oficialista Filiberto Rodríguez. 

En mayo de 2024, el mandatario reconoció públicamente la magnitud de las confiscaciones y afirmó que el Estado había incautado propiedades valoradas en “varios millones” de dólares. Según dijo, los inmuebles pertenecían a personas vinculadas con operaciones de lavado de dinero y defendió que permanecieran bajo control estatal. “Han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero (…) todas estas propiedades son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense”, afirmó. 

Ortega agregó que esos bienes serían destinados “para beneficio de los pobres”. “Lo importante es que esa riqueza mal habida, que estaba en manos de delincuentes, está en manos del Estado a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud”, repitió Ortega, quien recientemente anunció su intención de anular las elecciones en el país centroamericano. 

El debate sobre la propiedad privada en Nicaragua se amplió recientemente con la aprobación de una ley que declara como “propiedad del Estado” una franja de 15 kilómetros tierra adentro en las fronteras con Honduras y Costa Rica, bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional y combatir el crimen organizado. La medida motivó una advertencia del Gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir en el país, al considerar que la legislación podría derivar en nuevas confiscaciones de bienes. 

“Además de ser confiscatorio, violenta el derecho universal a la propiedad privada y tiene efectos devastadores en el país, merma el derecho de propiedad y por lo tanto disminuye las inversiones privadas extranjeras”, comentó Chamorro. 

Núñez insiste en que el problema trasciende el patrimonio. “Independientemente de lo material, es muy importante que se sepa lo que pasó. El reconocer que teníamos razón como víctima es esencial”, afirma. Para quienes fueron despojados y señalados como “traidores a la patria”, añade, la reparación también pasa por desmontar la narrativa oficial que los convirtió en delincuentes. “Es fundamental que reconozcan que te calificaron injustamente de delincuente”, dice, al advertir que la memoria, la verdad y el reconocimiento público son componentes inseparables de cualquier eventual transición democrática.

El experto considera que Nicaragua volverá a enfrentarse a un debate que ha marcado buena parte de su historia contemporánea. “El tema de la propiedad es el espejo de nuestra historia política”, sostiene. Los conflictos sobre la tierra y los bienes, explica, han acompañado las principales crisis del país y han alimentado ciclos de confrontación, revoluciones y cambios de régimen. Resolverlos, advierte, exigirá no solo decisiones internas, sino también respaldo internacional, negociación diplomática y mecanismos de arbitraje que permitan cerrar una de las heridas más persistentes de la historia reciente de Nicaragua.

Para Pérez, lo perdido no se limita a la vivienda valorada en el mercado en más de 700.000 dólares, sino a lo que había adentro: una colección de libros heredada de su abuelo lector, la pintura que un famoso artista nicaragüense le hizo a su padre, los cordones umbilicales y los primeros dientes de sus hijos. “Eso ni todo el dinero del mundo va a poder pagarme”, concluye.