Hace un año, este mismo mes, la vida de Javier cambió radicalmente. Este hombre de 41 años trabajaba en Glass House Farms, en la costa central de California, cuando agentes federales de inmigración llevaron a cabo la que entonces fue la mayor operación de control migratorio en la historia del estado.
Cinco días después de su detención, Javier fue deportado a México.
“No le deseo a nadie lo que vivimos ese día”, dijo Javier, quien pidió que solo usáramos su nombre de pila. Habló desde su casa en Chiapas, al sur de México. “Todavía estoy lidiando con el daño psicológico”.
El 10 de julio, cientos de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron un registro militarizado a la plantación de marihuana, que abarca las comunidades de Carpinteria y Camarillo.
La operación, en la que participaron vehículos blindados, helicópteros y drones, resultó en la detención de más de 360 trabajadores agrícolas, entre ellos 14 menores y cuatro ciudadanos estadounidenses.
‘Seguimos preocupados’
El pasado sábado 11 de julio, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes en Oxnard, a unos 40 kilómetros al sur de Los Ángeles, realizaron una vigilia en memoria de las víctimas de las redadas y Jaime Alanis García, el trabajador agrícola de 57 años que murió mientras intentaba evitar la detención.
“El 10 de julio fue muy traumático para nosotros”, dijo Leo Martínez, de la red de respuesta rápida VC Defensa, que organizó la vigilia.
Habló mientras los residentes encendían velas en un altar improvisado cercano con imágenes de Lorenzo Salgado Araujo, el trabajador de la construcción de Texas asesinado el 7 de julio de este año por un agente del ICE en Houston. Un tiroteo similar, en el que participó el ICE, el 13 de julio, le costó la vida a Joan Sebastián Guerrero, de 26 años y originario de Colombia.
Martínez agregó que después de las redadas, la comunidad se transformó “de una manera que nunca antes había visto”.
Los vecinos se unieron a grupos de WhatsApp para mantenerse informados sobre la presencia de agentes de inmigración. Formaron redes de voluntarios para patrullar los vecindarios. Según dijo, los agentes ya no tienen espacio para operar aquí.
Aun así, añadió, el miedo persiste.
“Hay niños que ya no van a la escuela, padres que no trabajan”, dijo Martínez. “El terror sigue presente”.
Luis, de 52 años, es originario del estado de Oaxaca, en el sur de México, y ha trabajado en el campo en el condado de Ventura y sus alrededores durante más de 30 años. Dijo que aún siente miedo de aquel día y le preocupa que algo similar pueda volver a ocurrir.
“Seguimos preocupados”, dijo Luis, quien también pidió que solo usáramos su nombre de pila. Añadió: “Nos cuidamos entre nosotros, y si vemos algo inusual… avisamos”.
Otros asistentes a la vigilia expresaron preocupaciones similares.
“Mi esposa y yo salimos todos los días a trabajar sin saber si podremos regresar a casa con nuestros hijos”, dijo Pedro, de 48 años, y agregó que sus cuatro hijos nacieron en Estados Unidos.
Agresión y malicia
El día de la redada, Javier recuerda haber estacionado la camioneta de la empresa que conducía frente a uno de los almacenes de la granja cuando vio por primera vez a un numeroso grupo de agentes de inmigración.
“Salí de la camioneta y me escondí en una habitación oscura del almacén”, dijo. “Me cubrí con plantas para que no me vieran. Éramos unos 20 trabajadores escondidos allí. Estuvimos ocultos unos 40 minutos hasta que nos encontraron”.
Cuando lo descubrieron, lo apuntaron con una pistola taser. Asustado Javier se entregó.
“¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡No me lastimen! les dije”.
Cuando sacaron a los inmigrantes, los obligaron a ponerse de rodillas como si fueran delincuentes.
“La gente lloraba y gritaba”, recordó. “Había parejas que trabajaban juntas y cuyos hijos habían quedado al cuidado de una niñera”. Los agentes, dijo, actuaron con extrema agresividad y “malicia”.
Finalmente, ese día, los agentes subieron a Javier a una camioneta con otros detenidos, entre ellos, hombres y mujeres con solicitudes de asilo abiertas y permisos de trabajo, o trabajadores que habían pasado más de 30 años en el país “sin una sola infracción de tránsito”.
Los detenidos fueron llevados al centro de detención de ICE en el centro de Los Ángeles. Javier fue hacinado en una habitación pequeña y con poca luz junto a otras 50 personas. Pasó los siguientes cinco días comiendo burritos medio congelados y durmiendo por turnos en el suelo.
“No comí para no tener que ir al baño”, dijo Javier. “Solo teníamos un inodoro a la vista de todos, sin ninguna privacidad”.
Los agentes de ICE les dieron a los detenidos dos opciones: defenderse en el centro de detención, lo que significaría meses de confinamiento; o la deportación.
“Me dijeron que si firmaba mi salida voluntaria, al regresar a México me enviarían un cheque de 1000 dólares. Firmé la salida”, dijo Javier. “Los 1000 dólares nunca llegaron”.
El trabajador coincidió con Martínez al enfatizar la importancia de la movilización de la comunidad en respuesta a los momentos difíciles y de angustia que vivieron durante la redada de hace un año. Destacó la labor de VC Defensa y 805 UndocuFund, otra red de respuesta rápida, y describió cómo “amigos y conocidos organizaron lavados de autos, ventas de comida y rifas” para recaudar fondos en su apoyo.
Tras la redada, afirmó que la comunidad “estaba más unida que nunca”.
Este reportaje se produjo como parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto periodístico colaborativo de American Community Media y medios de comunicación comunitarios de todo el estado.
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