Author: rb809rb

Ciudad de México, 17 ago (EFE).– La Secretaría de Marina de México incautó más de 1,6 toneladas de presunta cocaína durante un operativo de vigilancia marítima desplegado en el Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Michoacán (oeste), informaron este lunes autoridades federales en un comunicado.

Personal naval adscrito a la Octava Región Naval y a la Décimo Sexta Zona Naval de la Armada mexicana localizó e interceptó 54 bultos que flotaban en el mar, aproximadamente a 178 millas náuticas al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas.

La localización del cargamento se logró gracias a un patrullaje aéreo de rutina en el que los efectivos avistaron los bultos a la deriva en el mar, lo que permitió el despliegue inmediato de unidades de superficie para su recuperación.

Esta acción militar se suma a la realizada la víspera en una zona marítima contigua, donde las autoridades decomisaron una embarcación menor con 1,9 toneladas del mismo narcótico y arrestaron a dos personas presuntamente implicadas.

Según estimaciones de las autoridades federales, la incautación representa un duro golpe financiero de aproximadamente veinte millones de dólares para la delincuencia organizada.

Con el decomiso de los 1.600 kilogramos de la sustancia, el Gobierno mexicano evitó la distribución de cerca de 3,2 millones de dosis en el mercado ilícito.

Todo el material asegurado fue trasladado a las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval en Lázaro Cárdenas para los procedimientos químicos correspondientes.

El cargamento quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, institución que trabajará en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para iniciar la investigación y determinar el peso exacto del decomiso.

Las operaciones forman parte de la estrategia permanente de la Armada de México en funciones de Guardia Costera para neutralizar las capacidades financieras de los grupos criminales en zonas marinas nacionales.

El operativo se efectuó en un contexto de recrudecimiento de las acciones del Gobierno de México contra el crimen organizado y bajo una creciente presión política e institucional de Estados Unidos para frenar el flujo de drogas e incentivar el desmantelamiento de las estructuras financieras del narcotráfico internacional.

(c) Agencia EFE

El hospital público San Francisco de Asís, ubicado en Quibdó, la capital de Chocó, funciona al borde del colapso.

Es el más importante de ese departamento en el que habitan casi 600.000 personas y que fue epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto.

“Antes del terremoto teníamos la capacidad de respuesta disminuida con un porcentaje ocupacional en urgencias del 200%. El día del terremoto subimos a 485%”, le explica a BBC Mundo Andrea Salazar, enfermera jefe del hospital, en una llamada telefónica.

Sin luz ni conectividad y anotando toda la información a mano, el personal del hospital logró bajar ese porcentaje al 250% en 24 horas, dice Salazar. Atendieron principalmente “traumatismos, fracturas y mucho estrés postraumático, sobre todo en niños”.

Pudieron hacerlo, en parte, porque la antigua y amplia estructura de dos plantas en la que funciona la institución se mantuvo en pie. Sólo se aprecian algunas grietas, mientras varias viviendas y edificaciones a su alrededor colapsaron o quedaron parcialmente destruidas.

Aunque sobrellevaron la urgencia como pudieron, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba-Curi, dijo a la prensa local que el hospital “colapsó de manera definitiva en la atención de esta emergencia”, entre otras cosas por la falta de insumos médicos y anunció que allí serían dirigidas la mayoría de las donaciones.

La situación del San Francisco de Asís es una muestra de la realidad a la que se enfrenta el Chocó, el departamento más pobre de los cinco afectados por el terremoto del pasado lunes, que dejó más de 280 muertos en todo el país.

“Hemos tenido que transitar por esta emergencia sin energía eléctrica, sin señal de celular, aun persistiendo la desconexión de muchos de nuestros municipios”, explicó Córdoba-Curi en una declaración 48 horas después del sismo.

Según el último informe del gobierno local, de los 31 municipios del departamento, 29 presentan afectaciones, hay 13 personas fallecidas, más de 45.000 afectadas o damnificadas, más de 1.000 viviendas destruidas y más de 8.000 con daños.

Se reporta también un subregistro de víctimas y afectaciones dada la falta de conectividad en medio de una geografía compleja -con selva, costa y montaña-, sumada a un clima húmedo tropical con alta pluviosidad.

Esto explica, en parte, que sea la región de la que ha tomado más tiempo recibir información sobre las consecuencias del terremoto.

BBC Mundo habló con varios chocoanos para intentar entender el impacto que causó el devastador sismo en un departamento que ha oscilado históricamente entre la precariedad y la resistencia.

El epicentro: al lado de la cordillera y sin recursos

El lunes 10 de agostó, la profesora Ayanith Martinez madrugó para tomar un autobús que salió de San José del Palmar rumbó a la ciudad de Cartago por la única vía de acceso que tiene ese municipio.

Es un recorrido de entre tres y cuatro horas por una carretera sin pavimentar e inestable, así que hacia las 7:30 de la mañana, cuando ocurrió el terremoto, Ayanith no se dio cuenta de que estaba temblando.

“No lo sentí en la chiva (autobús), pero cuando llegamos a un restaurante que se llama La Carbonera nos dimos cuenta de que estaba totalmente destruido. Luego empezamos a ver algunas casas a la orilla de la carretera también destruidas”, le cuenta a BBC Mundo.

Ella y las otras 20 personas que estima iban en el autobús lograron llegar a Cartago, en el vecino departamento del Valle del Cauca. Solo allí entendió la magnitud de la tragedia y que el lugar en el que vive y trabaja desde hace 30 años fue el epicentro del sismo.

San José del Palmar es un municipio de 5.809 habitantes. Está ubicado al suroriente del Chocó y está más cerca de la Cordillera Occidental de los Andes que de la selva chocoana, así que a los habitantes les queda más fácil ir a Cartago que a Quibdó.

“Somos un municipio demasiado humilde, demasiado pobre”, le dijo el alcalde León Fabio Marín a Caracol Radio el mismo día del terremoto. “Los recursos son muy pocos” y “no tenemos cómo suplir la emergencia de estas construcciones”, alcanzó a explicar antes de que se perdiera la comunicación telefónica.

Ayanith cuenta que en el municipio “solo hay un centro de salud en donde prestan los primeros auxilios, pero los servicios de salud están más que todo en Cartago”.

Y aunque la Institución educativa San José, en donde es profesora, recibe alrededor de 400 estudiantes, no tiene instalaciones propias.

“Institución no tenemos, estamos en un albergue en hacinamiento porque la escuela en la que estábamos es muy vieja, se está cayendo y no se ha podido construir una nueva”.

Ella aún no sabe cómo quedó esa escuela temporal luego del sismo. Lo que sí logró confirmar es que sus familiares están a salvo y que su casa “aparentemente se ve bien, pero por dentro no saben cómo está”.

El gobierno local confirmó que no hubo muertos ni heridos graves en ese municipio, pero sí movimientos de tierra que dejaron la única carretera intransitable.

El Servicio Geológico Colombiano reportó que se han presentado varias réplicas en San José del Palmar. La más fuerte se registró este jueves con magnitud 4,2 y profundidad de 95 km.

“Lo más impresionante es que están cayendo más casas ahora que el día del sismo”, le contó a BBC Mundo Lidia Rivas, madre cabeza de hogar desde Condoto, cerca al epicentro

“Fueron muchas familias las que salieron hasta la cabecera municipal en Condoto”, explicó. “Habilitaron el Concejo Mayor para que la gente tuviera un espacio dónde estar”.

Así que la lista de personas de esa zona que, como la profesora Ayanith, están desplazadas, sigue aumentando. “No sé cuándo pueda volver. En este momento me encuentro pagando un hotel en Cartago”.

“Aquí, con o sin terremoto, duramos días sin energía y sin internet”

El terremoto más fuerte de la última década en Colombia afectó principalmente a cinco departamentos: Cauca, Chocó, Quindio, Risaralda y Valle del Cauca.

Y si bien la mayor cantidad de personas fallecidas y heridas se encuentran en el Valle y en Risaralda, Chocó es el territorio más afectado en extensión y el que enfrenta mayores desafíos de conectividad.

“Este es un departamento sumamente extenso, de más de 47.000 kilómetros”, explicó la gobernadora Córdoba-Curi en entrevista con la Revista Semana. “En el caso del Chocó, y lo quiero dejar claro, no es una ciudad, no es un punto, no es una capital”, sino que “tenemos afectación en todo el departamento y hay una gran dispersión”.

La población chocoana es diversa y en su mayoría pertenece a minorías étnicas.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 78% de sus habitantes se reconocen como afrocolombianos y el 16% como indígenas. El 6% restante como raizal, palenquero, gitano/rom o ninguno.

Se distribuyen entre cabeceras municipales, centros poblados y área rural. Casi el 90% de la población indígena y el 21% de la afrodescendiente se encuentran en el área rural dispersa.

De las comunidades indígenas, por ejemplo, se sabe muy poco tras el terremoto.

Luis Ángel Gindrama, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Medio Baudó, habló con varios medios locales para pedir ayuda y denunciar la que considera una invisibilización en medio de la tragedia.

“Solamente se están centrando en los departamentos y ciudades grandes”, dijo al periódico El Tiempo. “No están visibilizando las afectaciones que tenemos las comunidades indígenas en el Chocó”.

También hizo una petición: “Queremos que las instituciones hagan presencia en los resguardos (…) algunas familias están a la intemperie. Le exigimos al gobierno departamental y nacional que intervengan inmediatamente”.

Las denuncias del líder indígena evidencian que es justamente en la ruralidad en donde se presenta un mayor subregistro de daños luego del sismo.

“Tenemos una referencia general no detallada”, respondió la gobernadora Córdoba-Curi cuando un periodista le preguntó por la situación actual de los municipios, y argumentó que la principal barrera es la desconexión, un viejo problema que se agudizó en el contexto del terremoto.

Quibdó, por ejemplo, quedó desconectada. “Estuvimos todo el lunes prácticamente sin energía e incomunicados”, le cuenta a BBC Mundo Arístides Valenzuela, líder social en esa ciudad.

Pero aclara que eso no es ninguna novedad. “Aquí en Quibdó normalmente la señal de telefonía, internet y la misma energía es muy intermitente. Acá con o sin catástrofe como el terremoto, estamos sometidos a un pésimo servicio”.

“Los chocoanos, independientemente del caos de esta catástrofe natural, vivimos en muy malas condiciones”, explica Valenzuela. “La calidad y el nivel de vida de nosotros acá es complejo, a pesar de que la gente es resiliente y trabajadora.”.

Los datos del DANE así lo confirman. En la Gran Encuesta Integrada de Hogares, que mide la pobreza en 23 ciudades, Quibdó es por mucho la que reporta mayor pobreza monetaria y mayor pobreza extrema.

62 de cada 100 personas en Quibdó viven por debajo de la línea de pobreza, según datos de 2025. 33 de cada 100 viven en pobreza extrema.

Esto, comparado con otras ciudades afectadas por el terremoto, muestra la brecha de desigualdad que hay en el país. En Cali, la tasa de pobreza monetaria es del 19,7%; en Pereira, es del 21,2%, en Manizales, del 13,2%, mientras que en Chocó es del 61,7%.

Para Valenzuela, “el abandono estatal es demasiado y durante muchos años, así que ahora que la naturaleza nos golpea con esto, pues se suman todas las situaciones que vivimos en el departamento y es una cosa triste.”

“Por allá no va nadie y menos la institucionalidad”

Otra diferencia importante entre los territorios afectados por el terremoto es la rapidez con la que reciben ayuda o logran crear planes de contingencia, pues la evidencia muestra que en Chocó la respuesta ha sido y seguirá siendo más lenta.

“Es que si no se conoce la dimensión real de la afectación, se va a demorar más en llegar la ayuda efectiva a los municipios”, explica a BBC Mundo Nancy Palacios Mena, docente de educación en la Universidad de los Andes.

Palacios ilustra su punto revisando el caso de Risaralda, pues dice que “hoy ya sabemos qué pasó más o menos en todo ese territorio y eso hace que el diseño de los planes sea más efectivo y que la gente sienta que el apoyo psicosocial y el acompañamiento humanitario en general llega rápido”.

Luis Gilberto Murillo, quien fue gobernador del Chocó, ministro en varios gobiernos, embajador en Estados Unidos y más recientemente candidato presidencial, cree que es un tema que evidencia, también, la centralización del Estado colombiano.

“Si bien es cierto que el terremoto y su epicentro es una cosa de la naturaleza que no escogemos, también lo es que la desigualdad sí fue una decisión de los que han estado en el poder en Colombia”, señala en entrevista con BBC Mundo.

Dice que es “una expresión de la discriminación racial moderna, del clasismo y la centralización de las oportunidades en las regiones”, pues hay “zonas que viven en el siglo XXI, pero otras que están en el XIX, en las que no hemos avanzado para vivir de manera digna, como es el caso del Chocó”

Él mismo vivió en carne propia los problemas de conexión tras el terremoto del lunes.

Cuando pasó el sismo se encontraba en Cali y, aunque pudo recibir noticias de sus familiares en Buenaventura, en Chocó “no había cómo comunicarse”.

La gente, en general, no tenía otra opción distinta a esperar. “Afortunadamente en Condoto había un teléfono satelital, creo que era de alguien cercano al alcalde y entonces una tía alcanzó a comunicarse: ‘Estamos bien, no se preocupen. Los de Istmina también están bien’”.

Murillo aclara que esto no ocurrió sólo por el terremoto sino porque “la comunicación vía celular en el Chocó es un desastre”, y porque la zona de San Juan enfrenta aún “más retos que Quibdó”.

Se refiere a la zona sur del departamento que limita vía río San Juan con Risaralda y Valle del Cauca, y sobre la que Palacios también llama la atención.

“Allí es donde se hacen los paros armados, donde está muy asentada la minería ilegal y donde hay presencia del ELN. Eso hay que decirlo con todas las letras”, dice la académica.

Es un área de la que en condiciones normales se conoce muy poco “porque hay armados que no permiten llegar a ciertos puntos”.

“Por allá no va nadie y menos la institucionalidad”.

“Así que la situación luego del sismo, si llegamos a conocerla, será muy tarde. Esperemos que no haya heridos ni gente sepultada”, añadió.

“La gente lo va a hacer si el Estado no aparece”

Una de las estrategias que anunció la gobernación del Chocó para empezar a ayudar a la población afectada por el terremoto es el “banco de materiales”, cuyo propósito es acompañar a la gente en la reparación y refuerzo de las estructuras que puedan ser intervenidas.

“Tenemos que garantizar que con los lineamientos que nos den los expertos en ingeniería y arquitectura estructural sísmica, nosotros podamos orientar a los ciudadanos sobre qué deben hacer”, explicó la gobernadora Córdoba-Curi.

Sustenta la estrategia aclarando que no se trata de incentivar la autoconstrucción sin ningún tipo de orientación, sino de acompañar para mitigar el riesgo que de cualquier manera se va a presentar ante esta situación de emergencia.

“Es que la gente lo va a hacer si el Estado no aparece y así ha pasado siempre en el departamento del Chocó. La gente por mano propia resuelve sus problemas cuando el Estado históricamente no ha aparecido y eso es lo que no podemos permitir”, añadió.

La pregunta de fondo es si además de dar una respuesta inmediata, también se podrán estructurar soluciones sostenibles a problemas históricos, como la falta de acceso a agua potable.

Para la académica Palacios, el panorama no es muy alentador.

“Creo que se va a agravar la situación estructural porque los dineros de inversión que se podrían usar para avanzar se van a tener que usar para lo urgente”.

Y reconoce que el gobierno local se enfrenta a varias paradojas. “El problema del Chocó es que tenemos unas precariedades institucionales y unas dificultades estructurales de presencia de Estado que hace más difícil cualquier actuación”.

“De aquí a que sepamos y de aquí a que se estructuren los proyectos que permitan llegar allá, ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Eso va a hacer que sea mucho más lento el efecto de la institucionalidad”.

Murillo, por su parte, cree que la estrategia del banco de materiales es pertinente y necesaria, y señala que ahora que la atención se pone en el Chocó, hay una oportunidad para generar estrategias a más largo plazo que estén acompañadas por el gobierno nacional con asesoría de la comunidad internacional.

“Hay unos temas muy de fondo que no tienen solución rápida sino sostenida y que requieren un apoyo de la sociedad colombiana de manera prioritaria”, explica.

Pero dice que hay que reconocer las limitaciones propias, pues el país “no tiene experiencia en construir en condiciones del trópico húmedo”.

“Nosotros tenemos mucho que aprender de Tailandia, inclusive a Vietnam, porque tienen condiciones muy similares y han aprendido a responder a esos desafíos”, apunta.

Y dice que debe generarse un intercambio con la gente local en el departamento “con criterio meritocrático, pero equipos diversos de gente que también entiende allá que es lo que hay que hacer”.

En todo caso, algo en lo que coinciden todas las personas consultadas por BBC Mundo es en que el pueblo chocoano tiene un coraje que le ha mantenido en pie durante generaciones.

“Los chocoanos estamos vivos gracias a Dios, al aguacero, que nos ha permitido sobrevivir sin acueductos, y a la resiliencia de las personas”, concluye Palacios.

*Con mapas de Caroline Souza, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo

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