Frente a tres jueces argentinos, Osmaira Nieves Oñate abrió el periódico que carga desde 2004, cuando militares del batallón La Popa del Ejército colombiano mataron a su hermano Luis Eduardo para presentarlo como una baja en combate y lo consignaron en la prensa local. La mujer, que llevaba el traje propio de su pueblo indígena, el wiwa, viajó desde la Sierra de Santa Marta hasta Buenos Aires. Ante los magistrados intentó contenerse, pero volvió a llorar cuando habló de la ausencia de su familiar y mostró otra página, que señala que ese mismo día el entonces presidente Álvaro Uribe dirigió en la zona uno de los consejos de seguridad que hacía por todo el país. “Estaba nerviosa, pero luego saqué valor de quién sabe dónde y les pedí que no nos desamparen, que en nuestro país no hay garantías de justicia. Les dije que yo he tenido respuestas a algunas verdades, pero no justicia”, aseguró a la salida de los tribunales judiciales de la capital argentina. En su caso, los militares confesaron el crimen ante la justicia transicional colombiana.
Además de Nieves, Andrey Betancur y Bertina Badillo fueron escuchados este martes en una audiencia especial ante la Cámara de Apelaciones argentina, que debe decidir si se mantiene la querella contra el expresidente Uribe que interpusieron en 2023. Los familiares de las víctimas de ese tipo de asesinatos se turnaron para intervenir después de que el abogado argentino Máximo Castex argumentara que es imposible investigar al expresidente por estos crímenes en la jurisdicción colombiana.
Son once familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos los que interpusieron una querella para pedir a la justicia argentina que investigue la responsabilidad penal del expresidente en asesinatos de civiles durante su mandato. Lo hicieron cobijados por el principio de jurisdicción universal, que permite a los Estados investigar, juzgar y sancionar a autores de graves crímenes contra los derechos humanos sin importar la nacionalidad de las víctimas o del autor, si los países donde se cometen los delitos no los investigan. En Argentina se han investigado causas contra las fuerzas de seguridad de Venezuela, las de Nicaragua o las de Myanmar. Más emblemáticos aún han sido casos por los crímenes del franquismo, a los que se han ido sumando incontables víctimas y en cuya investigación se ordenaron exhumaciones en España.
En agosto del 2025, los querellantes del caso Uribe enviaron un documento al juzgado, en el que argumentan que se cumple con el criterio de subsidiariedad que exige la justicia argentina para procesar casos de violación de derechos humanos ocurridos fuera de sus fronteras. También le solicitaron que avance con la toma de declaraciones a las víctimas. Señalaron que la justicia transicional colombiana no puede investigar a los expresidentes y que no hay avances en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de procesarlos. Sin embargo, en octubre el juzgado resolvió archivar la causa. Castex apeló, y es en ese trámite que intervinieron los familiares que querían explicar por qué para ellos es central el proceso.
“Para mi fue importante que supieran que no era solo un caso, sino más de 6.402, y que esta era una luz que se abría para tener justicia. Los jueces fueron muy receptivos, nos escucharon y ampliaron el espacio para que pudiéramos expresarnos”, contó Betancur.
A su lado estaba Badillo, quien recordó ante los jueces la historia de su sobrino Didier Eduardo Durant Badillo. El muchacho fue asesinado en 2007 después de ser llevado bajo engaños por militares de la Cuarta Brigada de Medellín. “Yo expuse que las balas eran del Estado, los agentes eran del Estado y las órdenes eran del Estado”, explicó. El comandante del pelotón que cometió el crimen lo admitió ante la JEP, el tribunal transicional con sede en Bogotá, y narró que los mataron para sumar al conteo de bajas que les exigían. “Les dijeron que se voltearan, que a la cuenta de tres iban a tomarles una foto, contaron hasta dos y los ejecutaron”. Para ella, aún falta saber quiénes dieron las órdenes.
El abogado Castex, quien también representó a los denunciantes de la querella del franquismo, dijo que la audiencia permitió que los jueces vieran el rostro, las familias y el daño que sufrieron las víctimas. También, que esos asesinatos ocurrieron en distintas regiones del país, “lo que evidencia de forma implícita que fue un plan sistemático”. Además de apelar el archivo del caso, pidieron a la sala instruir al juez para que llame a las víctimas a declarar de manera más formal. Ahora deben esperar la respuesta de los jueces.
