Author: rb809rb

El también general Igor Kirilov murió el 17 de diciembre de 2024, cuando una bomba situada en un patinete eléctrico fue detonada a distancia. En la detonación también falleció su asistente. En esa ocasión, el principal sospechoso fue detenido poco tiempo después. Era Ajmadzhon Kurbonov. Según las autoridades, él habría ensamblado el explosivo con componentes polacos. El general Kirilov estaba a cargo de las Fuerzas de Defensa Biológica y Química de Rusia. Su muerte es la única reivindicada por Ucrania.

A pesar de que no era un miembro del Ejército regular, Armén Sargsián también fue asesinado con una explosión en febrero de este año. Era el líder de Arbat, un batallón paramilitar ruso formado principalmente por armenios que lucha en Ucrania, y fue el objetivo de un ataque con una granada que le arrancó una pierna. Posteriormente murió por complicaciones mientras el personal sanitario intentaba salvarle la vida.

Activistas y blogueros, también víctimas

No solo militares han fallecido en estas circunstancias desde que empezó la invasión rusa de Ucrania. Daria Duguina, activista de extrema derecha e hija del conocido filósofo Aleksander Duguin, fue el primer caso conocido. El 21 de agosto de 2022, cuando ambos regresaban de un festival musical, el vehículo donde se encontraba Daria estalló. Según fuentes próximas a Duguin, el objetivo era él mismo, pues el coche que explotó era el que él solía utilizar. Las imágenes de Aleksander Duguin, ideólogo de Putin, reaccionando con las manos a la cabeza mientras veía la carcasa en llamas dieron la vuelta al mundo. Esta explosión fue el primer atentado en suelo ruso tras el inicio de la guerra de Ucrania. Kiev entonces negó cualquier relación.

El bloguero militar Vladen Tatarski (cuyo nombre real era Maksim Fomin) no pudo acabar su evento en San Petersburgo. Pereció en abril de 2023 cuando explotó una estatuilla que le habían regalado durante dicha celebración: 200 gramos de dinamita fueron suficientes para acabar con su vida. La única detenida en este caso fue Daria Trepova, la persona que le trajo el explosivo a Tatarski. Ella afirmó tras su detención que alguien le proporcionó el artefacto sin decirle qué era. En el evento de anexión de las provincias ucranianas, este creador de contenido aseguró que Moscú «derrotará a todos, matará a todos, robará a todos» para conseguir aquello que desee.

La víctima era el jefe del departamento de entrenamiento operativo del Estado Mayor y un militar de notable influencia en el Kremlin, condecorado con la Orden del Valor y protagonista de un largo historial de operaciones militares. «Los investigadores están siguiendo numerosas líneas de investigación sobre el asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos», declaró Svetlana Petrenko, portavoz del comité investigador. El general sufrió heridas en las piernas y la cara por la explosión y falleció mientras estaba siendo atendido por los servicios de emergencia.

Rusia acusó a Kiev de estar detrás de este atentado. Ucrania oficialmente ha negado cualquier vinculación directa con este y otros atentados similares. La única excepción del pasado fue el ataque contra el también general Igor Kirilov en 2024. Entonces, la BBC citó a una fuente anónima de Kiev que confirmaba la responsabilidad de los servicios de seguridad ucranianos. Públicamente, Ucrania no lo ha confirmado. El Gobierno liderado por Volodímir Zelenski habría conseguido asestar estos golpes en la retaguardia de Rusia para atacar a los altos mandos rusos y minar así la moral de las tropas enemigas.

Las autoridades rusas han abierto una causa penal en virtud del apartado E del artículo 105, parte 2, del Código Penal ruso (asesinato cometido de forma generalmente peligrosa) y también de su artículo 222.1 (tráfico ilegal de explosivos). El primer artículo puede conllevar una pena de hasta cadena perpetua. El viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, aseguró desde el ‘think tank’ Club Valdai a medios nacionales como TASS que Rusia «está de luto» por la pérdida del alto cargo militar. Añadió de forma algo enigmática que para él hay «cierta coincidencia entre los trágicos y negativos acontecimientos y lo que está sucediendo en el ámbito político y diplomático», sin concretar más detalles. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó durante su rueda de prensa diaria que el mandatario ruso Vladímir Putin ha sido informado del ataque.

Sarvarov nació el 11 de marzo de 1969 en Gremyachinsk, en el ‘oblast’ de Perm, y tenía una dilatada experiencia bélica. Entre 1992 y 2003 llevó a cabo operaciones en Chechenia y en el conflicto osetio-ingush. En el periodo 2015-2016, desempeñó tareas relacionadas con la organización y conducción de operaciones en Siria, entonces un aliado cercano de Rusia. Desde 2016 ocupó el cargo de Jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. El diario ‘Komsomolskaya Pravda’ lo tildó de «general del pueblo» y añadió que los enemigos le tenían un «rencor especial». El mismo rotativo señaló que estaba muy condecorado con títulos como la Orden del Valor y la Orden al Mérito Militar, entre otros galardones. Sarvarov se convierte así en el tercer militar asesinado en un atentado de estos últimos doce meses.

Relación con Ucrania

La explosión sucede un día después del encuentro en Miami entre el enviado de la Casa Blanca a Moscú, Steve Witkoff, y el secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umarov. La parte ucraniana tildó las reuniones de «productivas y constructivas». El primero apuntó que «Rusia sigue plenamente comprometida con lograr la paz en Ucrania». Por su cercanía con el Kremlin, Witkoff despierta más que sospechas en el Gobierno de Zelenski.

Kiev ha intentado en reiteradas ocasiones un alto al fuego mientras se negocia la paz. Moscú, por su parte, ha dejado claro que persigue una rendición total o mantendrá los combates en el frente. Ucrania habría golpeado en la retaguardia contra objetivos concretos, como es el caso de Sarvarov, y contra instalaciones estratégicas como bases militares, fábricas y refinerías de petróleo. Los ataques contra estas últimas han sido tan eficaces que han llegado a provocar una escasez de gasolina en un país con ingentes cantidades de hidrocarburos.

Youssef Hamdan nació en el Líbano y llegó a Australia con apenas tres años. Hoy es dueño de un pequeño puesto de kebabs en Bondi, que abrió hace solo ocho semanas. El día del ataque estaba trabajando cuando escuchó unos ruidos que al principio confundió con fuegos artificiales. Poco después vio a la gente correr. «Volví a la tienda y le dije a mis empleados que teníamos que salir de allí», explica. Ayudó a varias familias a ponerse a salvo en la primera planta y después decidió acercarse para ver qué estaba ocurriendo. «Pensé que tenía que hacer algo, lo que estuviera en mi mano».

Lo que encontró fue caos: personas heridas, cuerpos en el suelo, gritos. Hamdan ayudó como pudo, tomando el relevo de un socorrista alemán exhausto mientras intentaban reanimar a una de las víctimas. No lo consiguieron. Al recordar esos minutos, vuelve a insistir en la misma idea: «Esto no es el islam. No importa el color de tu piel. Somos seres humanos».

Una semana después del atentado, Australia aún trata de asimilar lo ocurrido. El ataque, que dejó 15 víctimas mortales durante la celebración judía de Janucá en Bondi, ha abierto un debate profundo sobre seguridad y convivencia, y ha dejado una sensación imposible de ignorar: la pérdida de la inocencia. Este domingo, el país vive una jornada de reflexión en memoria de las víctimas, marcada por vigilias, velas encendidas, minutos de silencio y banderas a media asta. La fecha coincide con el final de Janucá, tradicionalmente asociado a la luz y la resiliencia, lo que ha hecho que el duelo sea aún más intenso dentro de la comunidad judía. Para muchos australianos, la jornada no solo ha servido para recordar a quienes murieron, sino para detenerse a pensar en el país que creían conocer y que ahora intentan reconstruir.

En ese contexto de duelo y reflexión, desde la comunidad musulmana el mensaje dominante es de rechazo frontal a la violencia, pero también de autocrítica. Enver Yasar forma parte de una delegación de líderes de la comunidad turca que han acudido al memorial de Bondi y advierte del riesgo de división. «Queremos que la comunidad judía se sienta segura», dice, «pero también tenemos que frenar a quienes intentan utilizar lo ocurrido para sembrar odio, incluso dentro de nuestra propia comunidad».

Australia, señala Yasar, siempre se ha visto a sí misma como un país relajado, casi inocente. «Ahí está el peligro», advierte. «¿Cómo mantienes esa inocencia y, al mismo tiempo, garantizas que algo así no vuelva a ocurrir?». Para él, encontrar ese equilibrio entre seguridad y convivencia será uno de los grandes retos a partir de ahora.

Desde la comunidad judía, el rabino Yossi Friedman describe una mezcla de tristeza, rabia y agotamiento. «¿Por qué ahora? ¿Por qué se ha tenido que llegar a esto para que se nos vea?», se pregunta. A su juicio, el ataque ha hecho visible una amenaza que llevaba tiempo gestándose. «Empezaron con un evento judío, pero vienen a por todos nosotros».

«Creo que hemos perdido la inocencia», afirma sin rodeos. «Definitivamente la hemos perdido». Para Friedman, los valores judíos y australianos son los mismos: respeto por la vida, libertad y dignidad humana. «Ahora es el momento de que Australia despierte».

El rabino reclama acciones concretas, no solo palabras. «Durante los últimos años, el antisemitismo ha aumentado sin que se haya logrado contener de forma eficaz. Lo que se ha hecho ha sido insuficiente. El domingo por la noche eso se volvió innegable». Exige tolerancia cero frente al odio, la disolución inmediata de protestas que inciten a la violencia y consecuencias claras para quienes promuevan el extremismo. «Podemos tener desacuerdos políticos, pero la demonización y el odio tienen que parar».

Pese a todo, Friedman deja claro que este no es solo un momento de ruptura, sino también una oportunidad. «Si actuamos ahora, podemos salir reforzados. Pero tiene que ser todos juntos, como comunidad y como país».

Mientras tanto, el Gobierno federal ha anunciado nuevas medidas para endurecer la legislación contra el discurso de odio y la incitación a la violencia. En Nueva Gales del Sur se estudian restricciones a protestas de alto riesgo y la criminalización de símbolos y consignas extremistas, después de que la investigación apuntara a una posible influencia ideológica del Daesh (Estado Islámico). El Ejecutivo ha subrayado, además, la importancia de la reflexión, el duelo y la unidad nacional.

La apelación a la unidad se repite en los distintos testimonios. Hamdan lo resume desde su pequeño negocio en Bondi: «Australia es lo que tú y yo hacemos de ella. Tú eres de España, yo soy del Líbano; otros vienen de Asia, de Europa. Eso es Australia». Para él, dos ataques en décadas no deberían definir a toda una sociedad. «Nunca esperé ver tanto cariño y apoyo de la comunidad después de lo ocurrido».

Hoy, Australia sigue de luto. Las heridas permanecen abiertas y el duelo apenas comienza. Y entre memoriales improvisados, funerales y llamamientos a la reflexión, el país se enfrenta a una pregunta incómoda: cómo protegerse sin renunciar a la forma de vida que lo definía. Muchos coinciden en que la respuesta marcará el rumbo de Australia en los próximos años.

Documentos en manos de la Fiscalía e inteligencia de Estados Unidos, a los que ha tenido acceso ABC, demuestran que el chavismo desvió sumas colosales del Estado venezolano hacia Irán mediante esquemas encubiertos. Esos fondos pudieron ser empleados para pagos en España, algo que se investiga en Estados Unidos.

La documentación revela que el régimen venezolano sirvió de plataforma financiera y logística secreta para Teherán durante casi veinte años. En otras palabras, recursos estatales venezolanos fueron usados de forma sistemática para ayudar a Irán a evadir sanciones internacionales y sostener su economía y aparato militar. Para lograrlo, se diseñó una compleja arquitectura financiera: el chavismo utilizó fondos binacionales, empresas públicas venezolanas, bancos «pantalla» y proyectos industriales sin actividad real como fachada, todo creado con el fin de mover dinero ilícitamente y ocultar su destino final.

Entre 2006 y 2009, ambos gobiernos suscribieron al menos 279 acuerdos de cooperación económica en sectores energético, petroquímico, industrial, bancario y tecnológico , elevando el comercio bilateral por encima de los 6.000 millones de dólares (5.100 millones de euros). Este vínculo ha evolucionado hasta convertirse en una arquitectura financiera y logística compleja que permite a Teherán evadir sanciones internacionales mientras drena recursos de Venezuela hacia empresas iraníes en energía, construcción y sectores de doble uso.

En paralelo, según esos documentos, Venezuela se ha vuelto un centro de apoyo logístico y financiero clandestino para objetivos geopolíticos de Irán, incluyendo programas militares encubiertos y organizaciones no estatales aliadas de Teherán.

Según fuentes que gestionan estos documentos, las autoridades judiciales de Estados Unidos investigan además si parte de esos mecanismos financieros se utilizó para canalizar pagos hacia terceros países, incluidos socios europeos como España. La investigación examina posibles transferencias encubiertas a gobiernos aliados, intermediarios empresariales o actores políticos, realizadas a través de fondos binacionales, bancos creados para la cooperación con Irán o redes en paraísos fiscales asociadas a esa arquitectura paralela, con el objetivo de ocultar el origen y el destino final de los recursos.

Triangulación financiera

Venezuela creó una estructura financiera paralela para canalizar fondos hacia proyectos vinculados a Irán al margen de los controles habituales. El esquema se apoyó en fondos especiales como Fonden, en mecanismos bilaterales como el Fondo Conjunto China–Venezuela y en fondos y fideicomisos binacionales con Irán, además de una red de bancos offshore en jurisdicciones opacas. A través de esta arquitectura, Teherán recibió flujos relevantes de capital venezolano sin pasar por los circuitos sometidos al escrutinio de las sanciones internacionales.

Un elemento clave fue el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, alimentado con préstamos de China a Venezuela. Ese dinero se inyectó de nuevo a través de Fonden, que operó fuera del presupuesto oficial. Fonden mezcló ingresos petroleros, deuda y créditos externos y luego redistribuyó los recursos según decisiones del Ejecutivo. Esa falta de transparencia dificultó seguir el rastro del dinero, ya que los fondos perdieron trazabilidad al integrarse con otras partidas. Así, Venezuela pudo desviar recursos hacia empresas iraníes o proyectos conjuntos, presentándolos formalmente como iniciativas de desarrollo nacional.

Otro pilar fue la creación, entre 2007 y 2009, de un fondo y un banco binacional Irán–Venezuela para financiar proyectos de cooperación. En 2007 se anunció un Fondo Binacional con un capital de 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) destinado a proyectos conjuntos, alimentado en parte con recursos procedentes del Fondo Conjunto China–Venezuela.

En paralelo, Irán abrió en 2008 en Caracas el Banco Internacional de Desarrollo, filial de su banco estatal de exportaciones, y en 2009 se inauguró un banco conjunto en Teherán con un capital inicial de 200 millones de dólares (170 millones de euros). Estas entidades permitieron canalizar transacciones directas entre Caracas y Teherán fuera del sistema financiero estadounidense. Estados Unidos sancionó en 2008 al banco de Caracas por sus vínculos con el aparato militar iraní y por facilitar la evasión de controles financieros.

Los investigadores consultados estiman que Venezuela canalizó cerca de 7.800 millones de dólares (6.650 millones de euros) hacia el ecosistema estatal iraní mediante estas maniobras. De este total, aproximadamente 4.689 millones de dólares (4.000 millones de euros) provendrían de proyectos y fondos vinculados directamente a Irán en sectores como energía y petroquímica. Otros 3.132 millones de dólares (2.800 millones de euros) corresponderían a desvíos indirectos. Gran parte de esos fondos procedían de los ingresos petroleros de Venezuela, incluidos préstamos de China, redirigidos mediante estructuras opacas hacia empresas estatales iraníes y la Guardia Revolucionaria de Irán.

Para enviar dinero a Irán sin pasar por rutas tradicionales bajo vigilancia, Venezuela usó bancos en países como Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong. En 2019, se intentó transferir más de 1.000 millones de dólares (850 millones de euros) desde Bandes a su filial en Uruguay, lo que mostró cómo se sacaban divisas del país a través de Montevideo. En Dubái y Hong Kong, bancos locales facilitaron pagos a empresas iraníes, aprovechando la falta de controles. Así se creó un sistema financiero paralelo que permitía pagar con petróleo, oro u otros medios sin dejar rastro claro, usando contratos ficticios y cuentas en el extranjero.

Estas revelaciones han llevado a que la Fiscalía de Estados Unidos investigue a altos funcionarios del Gobierno venezolano por manejar dinero ilegalmente con Irán. Entre los señalados están Nicolás Maduro y varios de sus aliados más cercanos, vinculados al llamado Cártel de los Soles. Washington ya los había sancionado y los acusa de formar parte de una red criminal. La investigación busca probar cómo esta relación con Irán sirvió para mover dinero en secreto, violar sanciones y ocultar el uso de fondos públicos venezolanos.

Las fotografías, difundidas el viernes, muestran a Clinton junto a Epstein y su novia y conseguidora, Ghislaine Maxwell, en distintos contextos sociales, entre ellos, una imagen tomada en una piscina subterránea en la que aparece también una mujer cuyo rostro ha sido tachado. Otras instantáneas lo sitúan en un avión privado con Michael Jackson y Diana Ross y hasta en una cena con Mick Jagger, Epstein y otras figuras públicas.

El material fue divulgado como parte inicial de un paquete de documentos oficiales cuya publicación había sido reclamada por el Congreso tras un acuerdo entre republicanos y demócratas que se impusieron a Trump. Clinton ya tuvo sus escándalos sexuales por mantener relaciones con una becaria, Monica Lewinsky, en la Casa Blanca.

El portavoz del expresidente, Angel Ureña, ha sostenido en un comunicado que la difusión de los archivos responde a una estrategia política. Según su versión, la Casa Blanca no busca depurar responsabilidades, sino protegerse ante lo que pueda salir a la luz más adelante sacando antes lo de Clinton. «Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de veinte años que quieran, pero esto no trata de Bill Clinton», ha afirmado en la red social X.

Clinton mantiene desde hace años que rompió toda relación con Epstein alrededor de 2005, antes de que el millonario muerto se declarara culpable en Florida por solicitar servicios sexuales a una menor. Ureña ha insistido en esa línea al establecer una distinción entre quienes cortaron lazos antes de que se conocieran los delitos y quienes los mantuvieron después. «Estamos en el primer grupo», ha señalado.

La polémica se intensificó cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió una de las imágenes en X. Desde el entorno demócrata se citan, además, declaraciones de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien reconoció recientemente que Clinton no estuvo en la isla privada de Epstein en el Caribe, pese a las reiteradas afirmaciones en sentido contrario del presidente Trump.

Los registros oficiales indican que Epstein visitó la Casa Blanca al menos 17 veces durante los primeros años de la presidencia de Clinton. Tras dejar el cargo en 2001, Clinton viajó en varias ocasiones en el avión privado de Epstein en desplazamientos vinculados a actividades de la Clinton Global Initiative en África y Asia. Hasta ahora, no ha sido formalmente acusado de ningún delito relacionado con el caso.

La publicación de las imágenes coincide con la citación de Bill y Hillary Clinton ante el comité de supervisión de la Cámara de Representantes para declarar sobre sus vínculos con Epstein. Las comparecencias, aplazadas a enero, han añadido un nuevo elemento de tensión política a un caso que el presidente Trump ha utilizado de forma recurrente para atacar a figuras del Partido Demócrata.

Las fotografías, publicadas este viernes 19 de diciembre bajo el paraguas de la llamada Ley de Transparencia del Caso Epstein, muestran a Clinton en distintos lugares junto al financiero y su entorno, sin explicación oficial sobre fechas, circunstancias o propósito de los encuentros.

En una de las imágenes más llamativas, Clinton aparece junto a Ghislaine Maxwell, pareja y conseguidora de Epstein, en Londres. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión federal por conspirar con Epstein en la explotación sexual de menores.

Otras imágenes muestran al expresidente en un jacuzzi y posando junto a una mujer cuya identidad ha sido ocultada en los documentos oficiales, tachando la cara. El Departamento de Justicia no acompaña las fotografías de contexto adicional, lo que ha alimentado nuevas dudas sobre la naturaleza de la relación y sobre el alcance real del material que aún permanece bajo secreto de sumario, que todavía es una buena porción.

La publicación se produce en un clima político marcado por una presión creciente del Congreso, que obligó a la Administración Trump a fijar un calendario para hacer públicos miles de documentos vinculados a la investigación federal sobre Epstein. El financiero murió por suicidio en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su muerte, en circunstancias que siguen generando sospechas, convirtió el caso en un símbolo de las fallas del sistema y de la protección de las élites.

La relación de Clinton con Epstein no es nueva. El expresidente, que ocupó la Casa Blanca entre 1993 y 2001, ha reconocido haber coincidido socialmente con él y haber viajado en algunas ocasiones en su avión privado, aunque siempre ha negado conocer o sospechar de sus actividades criminales. Su nombre ya figuraba en registros de vuelo, agendas y documentos judiciales, pero las imágenes difundidas ahora aportan una dimensión visual inédita que reaviva el debate público.

La ley que ampara la publicación de los archivos busca precisamente facilitar ese escrutinio. Firmada por Trump, obliga al Departamento de Justicia a poner a disposición del público pruebas incautadas en registros de propiedades de Epstein y materiales procedentes de distintas investigaciones criminales. En teoría, los documentos deben ser plenamente consultables y permitir búsquedas directas por nombres y conceptos clave.

En la práctica, sin embargo, el sistema habilitado por el propio Departamento de Justicia presenta limitaciones notables. La base de datos, denominada Epstein Library, no arroja resultados siquiera ante búsquedas básicas como «Clinton» o «Trump». Esa disfunción ha provocado críticas inmediatas y ha reforzado la percepción de que la transparencia avanza a trompicones, con filtraciones parciales y un control aún significativo sobre qué se publica y cómo.

Mientras tanto, el Congreso ha avanzado por su cuenta. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes llevan semanas difundiendo documentos y fotografías procedentes del patrimonio de Epstein. En ese material aparecen mencionadas figuras de primer nivel del mundo político, económico y cultural, desde Elon Musk y Peter Thiel hasta Steve Bannon, el príncipe Andrés del Reino Unido o Bill Gates. La aparición de un nombre o una imagen no implica acusación alguna, pero el goteo constante ha ampliado el radio del escándalo.

Entre las nuevas fotografías figuran también el actor Kevin Spacey y el humorista Chris Tucker, en algunas imágenes compartidas con Clinton, así como instantáneas del expresidente junto a Mick Jagger, Michael Jackson y Diana Ross. Ninguna de estas personas ha sido acusada de delitos en relación con Epstein, pero su presencia ilustra la amplitud del círculo social que rodeó durante años al financiero.

El caso también ha salpicado a Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro durante el segundo mandato de Clinton y expresidente de la Universidad de Harvard. Correos electrónicos intercambiados con Epstein, publicados por el comité, provocaron su retirada de algunos cargos públicos y académicos. Esos contactos forman parte ahora de investigaciones federales ordenadas por Trump el pasado 14 de noviembre, centradas específicamente en las relaciones de Epstein con Clinton y Summers.

Ambos expresidentes, Clinton y Trump, han afirmado que cortaron su relación con Epstein años antes de su muerte. Aun así, los republicanos del Comité de Supervisión han citado a Clinton y a su esposa, Hillary Clinton, para que presten declaración en el marco de la investigación parlamentaria. En una carta enviada al Congreso, su abogado sostuvo que la demanda social de transparencia es comprensible, pero consideró innecesarias las deposiciones, al entender que toda la información relevante puede entregarse por escrito.

La publicación de las nuevas imágenes no cierra el caso, sino que lo reactiva. Revela tanto lo que se muestra como lo que aún permanece oculto, y subraya la dificultad de cerrar definitivamente una trama que conecta poder, dinero y silencio institucional. A medida que avanzan las investigaciones federales y el Congreso mantiene la presión, el archivo Epstein sigue funcionando como un espejo incómodo de las zonas grises del poder en Estados Unidos.

La escena fue llamativa. Rubio, de padres cubanos, nacido en Miami, no solo es secretario de Estado, sino también consejero de Seguridad Nacional, una concentración de poder e influencia bajo el presidente que no se veía desde los tiempos de Henry Kissinger. En ese contexto, su mensaje sobre Venezuela fue directo y sin matices: Washington no interpreta las advertencias de Moscú como un factor determinante en su estrategia en el Caribe. «No estamos preocupados por una escalada con Rusia en relación con Venezuela», dijo, dando por descontado que el respaldo del Kremlin al chavismo se limita al plano político y discursivo.

Rubio explicó que ese apoyo ruso entra dentro de lo esperado y no altera el cálculo estadounidense. Rusia, subrayó, tiene hoy su atención, sus recursos y su credibilidad internacional absorbidos en Europa. En la práctica, eso reduce su capacidad de intervenir o condicionar lo que ocurre en el resto del mundo. El mensaje fue claro: Venezuela no es un tablero en el que Moscú tenga capacidad real de disuasión frente a Washington, y cualquier presión ejercida desde EE.UU. no tiene en cuenta el criterio del Kremlin.

A partir de ahí, el secretario de Estado defendió la acumulación de presión militar y judicial sobre el régimen de Maduro como una operación de seguridad nacional, no como una escalada bélica. Defendió el despliegue de fuerzas en el Caribe, de la presencia de buques de guerra y de operaciones contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, y dejó claro que cada movimiento se rige por criterios legales estrictos. «Sabemos quién va en esos barcos, los seguimos desde el principio», afirmó, insistiendo en que hay ataques que no se ejecutan porque no cumplen los requisitos legales.

Rubio evitó pronunciarse explícitamente sobre un objetivo de cambio de régimen, pero no dejó dudas sobre la naturaleza del poder en Caracas. Definió al Gobierno de Maduro como un «régimen ilegítimo» que coopera con organizaciones terroristas y redes criminales, y lo vinculó de forma directa con Irán, Hizbolá, el ELN y disidencias de las FARC que, según Washington, operan abiertamente en territorio venezolano. En ese marco, dijo, la prioridad de Estados Unidos es proteger sus intereses y garantizar la estabilidad y la seguridad regional.

También marcó límites institucionales. Rubio sostuvo que ninguna de las acciones emprendidas hasta ahora obliga al Ejecutivo a pedir autorización al Capitolio, una respuesta dirigida a las críticas demócratas por la falta de información sobre las operaciones en curso. Según su explicación, Estados Unidos no ha cruzado el umbral legal que convertiría esta estrategia en una guerra formal, aunque reconoció que se trata de una presión sostenida y creciente.

La cantidad de argumentos, datos, la consideración detenida y detallada de cada posición contrasta con el estilo torrencial y caótico de Trump, que mezcla advertencias y amenazas sin pararse a considerar precedentes o efectos a largo plazo. En esta comparecencia quedó claro que el secretario de Estado es la mente tras las decisiones más cruciales y decisivas de la Administración Trump en política exterior.

Latinoamérica, una prioridad

El telón de fondo de toda la intervención fue una idea que Rubio repitió de distintas formas: el continente americano vuelve a ser una prioridad estratégica para Washington. Sin mencionarlo de forma explícita, su discurso encajó con la lógica de reactivar la llamada Doctrina Monroe como marco político y de seguridad. Venezuela aparece así no solo como un problema interno o humanitario, sino como un nodo de crimen transnacional protegido por un Estado y tolerado por actores externos sin capacidad real de alterar el equilibrio que decida EE.UU.

Rubio se permitió también momentos de ligereza que rompieron la rigidez habitual del Departamento de Estado. Cuando un periodista empezó una pregunta mencionando a «Vladímir Putin», Rubio lo interrumpió con media sonrisa: «Ese es tu nombre». El periodista respondió que no, que Putin había dado horas antes una conferencia de casi cuatro horas, y Rubio remató: «Seguro que no en español». Fue una broma breve, que relajó la sala y marcó el tono de una relación con la prensa muy distinta a la que se vive hoy en la Casa Blanca y también a la de etapas anteriores. Sin guiones cerrados ni respuestas encapsuladas, Rubio dejó hablar, se dejó repreguntar y aceptó la incomodidad como parte de su trabajo.

La decisión llega pocos días después de que fuerzas estadounidenses se incautaran frente a las costas de Venezuela del petrolero The Skipper, un buque que llevaba años bajo sanciones por su vinculación con redes de contrabando de crudo iraní y que, según Washington, también había sido utilizado para transportar petróleo venezolano. El propio Donald Trump anunció la operación desde la Casa Blanca, mientras el Departamento de Justicia difundía imágenes de helicópteros y fuerzas especiales tomando el control del barco. El episodio anticipó el endurecimiento del pulso económico y legal que ahora formalizan el Tesoro y el Departamento de Estado.

Desde Washington se insiste en que estas sanciones no son simbólicas ni se limitan a engrosar listas burocráticas. El objetivo declarado es paralizar físicamente la operatividad de la ‘flota fantasma’. Al bloquear buques concretos, empresas gestoras y propietarios, cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense queda inmovilizado y se prohíbe a personas o compañías de EE.UU. operar con ellos. En la práctica, esto dificulta el acceso a seguros, financiación, puertos, servicios técnicos y transacciones internacionales, encarece cada envío y multiplica los riesgos logísticos. La lógica es simple: hacer que cada barril exportado resulte más caro, más lento y más vulnerable.

El Tesoro sostiene que el propósito final no es castigar por castigar, sino privar a Irán de los ingresos petroleros que, según Washington, se destinan a programas militares, a redes de seguridad y a aliados armados en Oriente Próximo. «Seguiremos privando al régimen de los ingresos que utiliza para financiar su aparato militar y sus programas de armas», resumió el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. Las sanciones se adoptan al amparo de la orden ejecutiva que apunta directamente a los sectores petrolero y petroquímico iraníes y forman parte del memorando presidencial que reinstauró la política de máxima presión tras el regreso de Trump al poder.

Documentos publicados recientemente por ABC describen cómo el chavismo ha desviado durante años miles de millones de dólares procedentes del petróleo para sostener al régimen iraní y contribuir tanto a su programa nuclear como a su red de influencia exterior. Un informe entregado a la Fiscalía de EE.UU. y a la Casa Blanca por exagentes de inteligencia y ex altos cargos venezolanos cifra en 7.821 millones de dólares los fondos canalizados directa o indirectamente hacia Irán mediante fondos binacionales, créditos chinos, empresas públicas y proyectos industriales ficticios diseñados para evadir sanciones.

Según esa documentación, parte de ese dinero habría acabado en manos de la Guardia Revolucionaria y de aliados como Hizbolá y Hamás, además de financiar operaciones de influencia política en distintos países, incluida España.

El petróleo, moneda política y financiera

La Casa Blanca define el bloqueo de petroleros venezolanos como una operación de «denegación de liquidez». No se trata solo de impedir que la estatal PDVSA cobre por sus ventas, sino de inutilizar el crudo venezolano como activo financiero en mercados paralelos. Washington centra el tiro en las rutas marítimas hacia China, que es el destino de la mayor parte del petróleo venezolano, vendido con descuento debido a las sanciones. Esas rutas están dominadas por la ‘flota fantasma’: buques con cambios constantes de bandera, transbordos en alta mar y estructuras de propiedad opacas diseñadas para diluir el origen del crudo.

En ese esquema, el petróleo funciona como moneda política y financiera. Parte de los ingresos que entran en Venezuela desde China, sostienen fuentes estadounidenses, acaban por beneficiar a terceros países sancionados, en particular Irán. El Fondo Chino-Venezolano aparece como una de las piezas clave de esa triangulación. Un informe avanzado por ABC estima que solo un desvío conservador del 5% de ese fondo permitiría explicar más de 3.000 millones de dólares canalizados indirectamente hacia Teherán, a los que se sumarían otros flujos directos ligados a proyectos energéticos y petroquímicos.

Trump ha añadido además una exigencia política inédita al discurso sancionador. El presidente ha vinculado el mantenimiento del cerco a la devolución de activos que Estados Unidos considera expropiados en el pasado. «Mantendremos la presión hasta que Venezuela devuelva todo el petróleo, las tierras y los activos que nos robaron», afirmó esta semana. La referencia apunta a las nacionalizaciones impulsadas por Hugo Chávez a partir de mediados de los años 2000, cuando el Estado venezolano tomó el control de proyectos con participación de grandes compañías extranjeras, incluidas estadounidenses.

Desde el regreso de Trump al poder, Washington asegura haber sancionado a más de 180 buques vinculados a la ‘flota fantasma’, registrados bajo banderas de conveniencia como Panamá, Palaos, Islas Cook, Barbados o Jamaica. Muchos de ellos están gestionados por sociedades creadas únicamente para poseer un solo barco. El paquete anunciado este jueves incluye también la designación del empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, acusado de coordinar transportes de derivados iraníes desde Emiratos Árabes Unidos y de participar en traspasos de carga de barco a barco, algunas con escalas en puertos controlados por los hutíes en Yemen.

Pese a todo, los datos de seguimiento marítimo muestran que el flujo de petróleo iraní hacia China sigue siendo elevado en 2025, en torno a 1,5-1,7 millones de barriles diarios. Para Washington, esa paradoja refuerza la necesidad de intensificar el cerco, como se hizo este jueves.

El caso, instruido en el distrito sur de Nueva York, subraya además el carácter global de la organización, con presencia documentada no solo en América Latina y EE.UU., sino también en Europa, incluida España, donde las autoridades siguen de cerca la expansión de estas redes.

El escrito lo sitúa en la cúspide de una estructura jerárquica que operó desde Venezuela hacia EE.UU. y otros países. Dicha mafia actuó con apoyo logístico, uso sistemático de la violencia y cooperación con redes de tráfico de cocaína protegidas por funcionarios del régimen venezolano, incluido el llamado Cártel de los Soles, que es la estructura delictiva imputada en EE.UU. Según la acusación, Guerrero Flores supervisó personalmente envíos de droga a gran escala, la circulación de armamento de guerra y la expansión internacional del grupo, incluso mientras mantenía control operativo desde prisión.

Según la hoja de cargos, «el Tren de Aragua operó como una organización criminal nacional e internacional, con miembros y asociados que llevaron a cabo de forma regular actividades de pandilla y actos de terrorismo que trascendieron fronteras nacionales a lo largo del hemisferio occidental». En este sentido, precisa que mantuvo presencia «en Colombia, Perú, Chile, Brasil, México y España», además de EE.UU.

Según la acusación federal y los documentos del Departamento de Justicia de EE.UU., la conexión de Niño Guerrero con el Cártel de los Soles es operativa y estructural. La Fiscalía sostiene que el Tren de Aragua actuó como brazo criminal complementario de esa red que comanda Nicolás Maduro, facilitando rutas de narcotráfico, protección armada, control territorial y logística para el envío de cocaína desde Venezuela hacia el resto del mundo.

Esta imputación parte de una ofensiva federal a gran escala contra el Tren de Aragua, con la desclasificación de múltiples acusaciones contra más de 70 personas, entre líderes y miembros de la organización. Sus delitos incluyen asesinatos, secuestros, extorsión, robos, lavado de dinero y narcotráfico dentro y fuera del país. Desde el 20 de enero de 2025, la Fiscalía federal ha imputado ya a más de 260 integrantes del grupo en distintos distritos —entre ellos Nueva York, Texas, Colorado, Nebraska y Nuevo México— en el marco de una estrategia coordinada para desmantelar su cúpula, sus finanzas y su capacidad operativa.

El Cártel de los Soles, integrado por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, habría garantizado impunidad, acceso a corredores estratégicos y cobertura estatal, mientras organizaciones como el Tren de Aragua ejecutaban sobre el terreno tareas de violencia, cobro, transporte y disciplina criminal.

Corrupción institucional

Washington sostiene que estas redes prosperaron gracias a la corrupción institucional, incluida la compra de políticos en el extranjero, la connivencia de fuerzas de seguridad y la falta deliberada de persecución penal. En ese marco, Niño Guerrero habría operado con libertad durante años, incluso desde prisión, beneficiándose de un sistema que, según EE.UU., permitió que el narcotráfico y el crimen organizado se integraran en la estructura de poder del régimen.

Las implicaciones de esta mención son relevantes porque sitúan formalmente a España dentro del perímetro judicial y operativo de una acusación federal estadounidense contra una organización considerada terrorista y mafiosa a escala transnacional. No se trata de una referencia política, sino penal: el documento sostiene que el grupo utilizó territorio español como parte de su expansión, logística o asentamiento, lo que ahora abre la puerta a cooperación judicial, intercambio de inteligencia y eventuales causas paralelas en jurisdicciones europeas.

La acusación la formula la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, una de las más poderosas del país, especializada en crimen organizado internacional, narcotráfico y terrorismo. Además, actúa en nombre del Gobierno federal de EE.UU. ante tribunales federales, con la potestad de coordinar actuaciones con otros países socios cuando los delitos afectan a varios sistemas jurídicos en todo el mundo.

Niño Guerrero, el principal estratega

Guerrero Flores, que tiene otros alias como ‘El Cerón’ o ‘El Innombrable’, es señalado por la Fiscalía federal como el líder histórico y máximo responsable del Tren de Aragua. Según la acusación, durante más de una década dirigió o codirigió la organización desde Venezuela, incluso mientras permanecía en prisión, controlando operaciones criminales transnacionales que incluían narcotráfico a gran escala, terrorismo, tráfico de armas, secuestros, extorsión, trata de personas y lavado de dinero. El escrito lo describe como el principal estratega de la expansión internacional del grupo, con capacidad para ordenar asesinatos, coordinar envíos de cocaína y armas, y mantener alianzas con otras redes criminales, incluido el Cártel de los Soles vinculado a altos cargos del régimen venezolano.

El Tren de Aragua es definido por la Fiscalía como una organización criminal transnacional estructurada como una empresa mafiosa, con liderazgo centralizado, células regionales y uso sistemático de la violencia para controlar territorios, rutas y poblaciones. Nacido en el entorno carcelario venezolano, el grupo se expandió por América Latina, EE.UU. y Europa, combinando actividades de narcotráfico, trata de personas, extorsión, robos y asesinatos con métodos propios del terrorismo. Para las autoridades estadounidenses, el Tren de Aragua no es una banda local sino una red criminal con impacto directo en la seguridad internacional, capaz de operar a ambos lados de las fronteras y de corromper instituciones para proteger su negocio ilícito.

Según la información oficial del Departamento de Estado de EE.UU., no se sabe con certeza dónde se encuentra Niño Guerrero. Las autoridades lo consideran prófugo desde que abandonó la prisión de Tocorón, en Venezuela, y creen que se mueve entre distintos países con apoyo de la red criminal del Tren de Aragua. EE.UU. lo busca activamente en coordinación con el FBI y la Policía Nacional de Colombia, lo que indica que no está bajo custodia y que su paradero sigue siendo una incógnita operativa.

Washington ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena, dentro de un programa más amplio que suma hasta doce millones de dólares para los tres principales líderes del Tren de Aragua.

Este año, durante su festiva inauguración, cundió el pánico entre las cerca de 20.000 personas que la presenciaban. Un dron irrumpió en la Hauptmarkt, volando desde detrás de la iglesia gótica de Nuestra Señora, y activó los protocolos de seguridad que llevaron en pocos minutos a la detención de su piloto, un bloguero que intentaba tomar imágenes.

La rápida detección y neutralización del dron fue posible gracias a que, además de las patrullas visibles de la Policía de Mittelfranken, el evento cuenta con agentes de paisano entre la multitud y cerca de cincuenta agentes de seguridad privada.

A esto se suma el personal de control en los accesos, con inspecciones aleatorias de mochilas y bolsas, las barreras físicas como bolardos y vehículos de gran tamaño a modo de obstáculos, un sistema de videovigilancia que se extiende también a las calles adyacentes y un plan de coordinación con los bomberos y los servicios médicos que incluyen rutas de acceso y evacuación especialmente diseñadas para ellos.

En conjunto, el dispositivo de seguridad del Christkindlesmarkt supera los dos millones de euros, una inversión forzada por las nuevas normativas de seguridad y que otros mercados más pequeños no se pueden permitir.

Prioridad: la seguridad

La seguridad es una prioridad máxima para los cerca de mil mercados de adviento que se celebran cada año en Alemania desde el atentado de 2016, que tuvo lugar en el Breitscheidplatz de Berlín. Un camión embistió contra la multitud y causó 12 muertos, cuyos nombres siguen siendo recordados a los pies de la Iglesia Memorial del Emperador Guillermo.

Para evitar atentados de ese tipo, es obligatoria desde entonces una infraestructura antiterrorista, con personal especializado y tecnología de vigilancia, además de bloques de hormigón y bolardos metálicos estandarizados que han elevado el presupuesto total de los mercadillos en un 44% en los últimos tres años.

Las autoridades recalcan que no hay amenazas concretas en 2025, pero los sustos no faltan. Hace unos días un hombre amenazó a otro con un cuchillo en el mercado de Weimar, junto a la pista de hielo de Theaterplatz. La multitud reaccionó expulsándolo con agresividad del recinto, antes incluso de que actuasen las fuerzas del orden.

«Claro que se siente miedo, pero no podemos dejar de venir, sería como rendirse. Naturalmente se habla de eso en casa, se comenta con los compañeros del trabajo, si será seguro o no visitar el mercado de Adviento, si este es o no más seguro que tal otro o si hay horarios más seguros. Pero lo cierto es que no sabes, te expones, corres un riesgo, pero es lo que hay y tenemos que seguir adelante así», dice a ABC Knut, padre de cuatro hijos que dan cuenta de otros tantos corazones de pan de jengibre. «Ahora bien», añade, «si no dejamos de venir por miedo, igual tenemos que dejar de venir por una cuestión económica: los nuevos requisitos de seguridad y sus costes se trasladan a los precios y una familia tiene ya que hacer cuentas antes de ir con los niños al mercado de Adviento».

«Sí, creemos que hay que seguir visitando y disfrutando de los mercados como acto de resistencia contra esos que quieren impedirlo. Se lo debemos a las personas que han muerto en atentados, habrían muerto en vano si dejamos que esta tradición se pierda», responden conjuntamente Sören y Luise, una pareja de novios que comparten una taza de vino caliente en el mercado navideño de Alexander Platz.

La caída de visitantes no afecta a estos grandes mercados centrales, que se alimentan también del turismo durante los puentes de diciembre, pero otros similares y también de gran tradición causan ya baja, como el de Charlottemburg, que este año ya no se celebra.

Requisitos más estrictos

«Los requisitos se han vuelto cada vez más estrictos y dan a los clientes la sensación de poder decir: ‘Vale, puedo dejarlo todo, me siento seguro’. En realidad no existe la seguridad completa, pero con estas medidas se ha vuelto muy complicado un ataque y trabajamos aquí con relativa tranquilidad», comenta a ABC David Russ, jefe de producción del mercado Gendarmenmarkt de Berlín, blindado con grandes barreras de hormigón, recinto cerrado, controles en las entradas, videovigilancia y personal de seguridad capacitado.

«Me siento más tranquila al verla y tocarla», dice Chrystel, estudiante de 22 años, mientras se abraza a un bloque de hormigón, ignorando los detalles concretos de su diseño. Uno de los problemas de seguridad que ha estado a punto de mantener cerrado este año cerrado el de Magdeburgo era que sus barreras físicas evitaban la embestida de vehículos de hasta 3,5 toneladas, pero no de 7,5 toneladas como establece la normativa.

Y en su defensa de la tradición navideña, las autoridades alemanas están dispuestas a recurrir a la última tecnología. El conservador Sven Schulze, que quiere convertirse en el próximo presidente regional de Sajonia-Anhalt propone seguridad asistida con inteligencia artificial (IA). «La IA nos ayudará a saber si alguien no es un visitante normal o está estudiando el lugar con antelación. Hay patrones de movimiento, hay formas de detectarlo a través de las imágenes de las cámaras de seguridad… Estoy en conversaciones intensivas con el Ministerio del Interior sobre esto. Se trata de tecnología moderna, de la expansión de la vigilancia por vídeo y móviles, que estamos considerando. La IA nos permitirá prevenir ataques con IA en el futuro», confía.

En Bielefeld, han circulado en redes noticias falsas informando que los ciudadanos que acudan al mercado de Adviento serán evaluados por la Oficina para la Protección de la Constitución, el servicio de inteligencia interior de Alemania. La ciudad, lejos de tomárselo a broma, ha advertido del fraude y ha presentado una denuncia penal.

Otro tipo de violencia

Si bien las medidas adoptadas hasta ahora han conseguido evitar nuevos ataques en los mercados de Adviento, la violencia los sigue rondando. A las puertas del mercadito de Herford, en Renania del Norte-Westfalia, un adolescente de 16 años pidió ayuda la semana pasada a las familias que abandonaban el recinto. Estaba sangrando y se tambaleaba, debido a una herida de cuchillo en la espalda.

Según un portavoz de la Policía, el adolescente recibió atención médica de urgencia en el acto y luego fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento intensivo. Mientras tanto, la policía llegó con un gran contingente.

El mercado fue evacuado y los perros rastreadores buscaron explosivos. «Yo no quería venir, pero los niños insistían y finalmente accedimos. Pero ya no es como antes, es como salir de noche, no lo debes hacer con niños», relataba a la televisión local una madre de familia poco después de la evacuación. La Policía de Bielefeld se ha hecho cargo de la investigación por intento de homicidio. El incidente no entrará a formar parte de las estadísticas de ataques a mercados navideños.