Diversas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y proveedores de servicios legales presentaron una demanda federal en la capital del país para frenar una nueva norma final provisional implementada por el gobierno federal, la cual permite enviar a los solicitantes de asilo directamente a un tribunal de inmigración sin concederles una entrevista afirmativa previa.
La acción judicial fue entablada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) y Human Rights First, en representación de grupos como Immigration Equality, Oasis Legal Services, HIAS y el Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados. Las entidades firmantes representan conjuntamente a miles de personas cuyos procesos se encuentran actualmente pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
La medida impugnada, que entró en vigor el pasado 28 de julio de 2026 y aplica tanto a solicitudes nuevas como en trámite, faculta a los oficiales de asilo a remisionar expedientes a las cortes de inmigración para iniciar procesos de deportación fundamentándose exclusivamente en la solicitud escrita, sin entablar diálogo previo con los peticionarios sobre los actos de persecución o violencia de los que huyeron.
Un vuelco radical al sistema de asilo afirmativo
Durante más de tres décadas, el procedimiento de asilo afirmativo ofreció a las personas la oportunidad de exponer sus casos ante un oficial capacitado en un ambiente no contencioso. Bajo el esquema tradicional, el oficial evaluaba si concedía el amparo o si remitía el expediente a la corte de inmigración. Sin embargo, la regulación actual autoriza a USCIS a eludir por completo dicha instancia inicial.
De acuerdo con estimaciones gubernamentales, la disposición podría afectar hasta al 31% de los más de 1.4 millones de casos que se encuentran acumulados en el sistema afirmativo. Activistas advierten que prescindir de la entrevista perjudica de manera desproporcionada a sobrevivientes de trauma, víctimas de violencia de género, menores de edad y personas con barreras lingüísticas, quienes dependen del diálogo directo para clarificar los detalles de sus solicitudes.
Advierten mayor colapso en las cortes migratorias
Representantes de las organizaciones demandantes sostienen que la norma priva a los solicitantes del debido proceso y amenaza con saturar aún más el sistema judicial migratorio, acelerando las ordenanzas de deportación hacia países donde las vidas de los peticionarios corren peligro. “Con esta norma, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sigue menoscabando los derechos de los solicitantes de asilo”, declaró Mary Georgevich, abogada litigante sénior del NIJC.
“Esta norma elimina el derecho a una entrevista, que es una parte fundamental del proceso de solicitud de asilo para millones de personas. En cambio, basándose en información incompleta, el DHS remitirá los casos a los tribunales de inmigración, lo que aumenta la probabilidad de que a los refugiados que cumplen los requisitos se les niegue el asilo y sean deportados a lugares donde serán perseguidos o torturados”.
Por su parte, Melissa Crow, directora de litigios del CGRS, enfatizó que la medida busca “acelerar las deportaciones a expensas del debido proceso” al encauzar expedientes a un sistema judicial saturado. Ante esto, la demanda exige formalmente al tribunal federal que declare la norma inválida desde el punto de vista procesal y ordene su anulación total.
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