NUEVA YORK – Organizaciones proinmigrantes en Puerto Rico catalogaron de “persecución” el arresto por parte de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de un dominicano mientras este esperaba en su auto por un amigo que compraba materiales eléctricos en un negocio de San Juan.
Juan Francisco Areche Minaya, sin récord criminal y con más de 28 años residiendo en la isla, fue detenido el 11 de agosto y permanece bajo custodia, luego de que el juez Elvin Talavera Peraza le denegara este viernes la fianza bajo el argumento de que representaba riesgo de fuga.
En una conferencia ayer, Charito García Miranda, abogada de inmigración, reveló que los oficiales federales intervinieron con Areche Minaya, luego de verificar la registración de su vehículo a través del banco de datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
“Meramente porque este individuo, cuyo carro estaba estático frente a un negocio en la avenida central a las 9:00 a.m., por meramente ese vehículo aparecer en los registros del DTOP, registrado a nombre de él; es ese el simple y llano motivo que causa la detención de un ser humano y la privación de su libertad. Y eso, señores, es persecución. Yo no sé cómo se llame en otro lugar, pero eso es una persecución a una población que descansó en la representación del gobierno de Puerto Rico de que esa información (licencis de conducir) era privilegiada, que no se iba a compartir. Tenían confianza en nuestro Gobierno”, afirmó la también directora de la Clínica de Inmigración de la UPR (Universidad de Puerto Rico).
La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), entidad que convocó la conferencia, mantiene un pleito en los tribunales contra la Administración de la gobernadora Jenniffer González y, en específico, el DTOP por haberle suministrado a ICE y al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) información confidencial de licencias de conducir de unos 6,000 migrantes para facilitar las intervenciones migratorias ordenadas por la Administración Trump.
En el intercambio con los medios, los activistas argumentaron que el procesamiento del dominicano, padre de dos ciudadanos estadounidenses e hijo de una ciudadana, ha trastocado el bienestar, no solo del detenido, sino de su familia.
“Cuando una persona lleva 28 años aquí, no tiene récord criminal, tiene a sus hijos y a su madre en Puerto Rico y aun así se le cataloga como riesgo de fuga, tenemos que cuestionar seriamente cómo se están adjudicando estos casos y si las personas inmigrantes están recibiendo procesos verdaderamente imparciales”, planteó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLUPR.
Darjeerling Areche, la hija mayor del migrante, reiteró que su padre, de 49 años, se dedicaba a trabajar honradamente.
“Mi papá es un hombre de familia y para los agentes federales su crimen fue estar trabajando honradamente para llevarle el pan a su familia. Esta detención ha causado un impacto negativo en mis estudios, en la vida de mi hermanito. Mi padre es un hombre honrado. Su crimen fue ser un hombre noble y salir a trabajar, salir a trabajar para darnos lo mejor, para darnos techo, alimento, que no nos falte nada, que tanto a mí como mi hermanito y yo podamos cumplir nuestros sueños de estudiar y tener ese derecho. Mi padre es un hombre que es hijo y siempre está presente en la vida de sus familiares y amistades. Todo aquel que lo llega a conocer sabe cuán noble, sociable, educado y honesto es”, indicó la joven en la conferencia.
Las entidades sostuvieron que la decisión de no otorgar fianza por supuesto riesgo de fuga no fue sustentado por la evidencia presentada en sala y que representa un abuso en la discreción del juez.
Los representantes denunciaron que el caso muestra el supuesto patrón de decisiones “abusivas” en los procesos migratorios en los tribunales que ponen en entredicho la imparcialidad de algunos de estos funcionarios.
En un comunicado, la ACLU compartió que el caso adquiere mayor relevancia a la luz de la decisión del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Primer Circuito en “Guerrero Orellana v. Moniz”, ya que es el primero que se ve en la isla tras la determinación del 13 de agosto.
Las abogadas explicaron que, con base en ese fallo, la jueza federal Gina R. Méndez-Miró concluyó que Areche Minaya había demostrado una probabilidad sustancial de prevalecer en su reclamo y que tenía derecho a una vista de fianza.
Los jueces migratorios forman parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), una dependencia del Departamento de Justicia de EE.UU., pero aparte al tribunal federal en la isla.
La opinión y orden de Méndez Miró señaló que Areche Minaya ingresó a Puerto Rico sin inspección alrededor de 1998. La madre del hombre, Juana Minaya, ha presentado en dos ocasiones una Petición de Familiar Extranjero (formulario I-130) con el fin de que este pudiera solicitar la residencia permanente.
El primer formulario se sometió el 25 de agosto de 1992 y fue aprobado por el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) el 15 de octubre de ese año. La segunda solicitud se presentó el 13 de noviembre de 2015 y fue aprobada el 23 de febrero de 2016 por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS).
“Entretanto, el Sr. Areche ha residido en Puerto Rico sin antecedentes penales registrados y mantiene a su madre —quien padece enfermedades documentadas— y a sus hijos pequeños”, lee el documento legal.
El dominicano fue detenido en Puerto Rico durante un operativo de control migratorio.
“Según la petición de habeas corpus, siete individuos enmascarados se acercaron al Sr. Areche en San Juan, Puerto Rico, a las 10:00 a. m., mientras este aguardaba a su amigo, el Sr. Sánchez, para recoger material eléctrico en Roger Electric destinado a un trabajo. El Sr. Areche fue ‘detenido abruptamente, sin previo aviso ni sirenas’ y puesto bajo custodia de las autoridades migratorias. El Sr. Areche permaneció detenido en el Centro de Inmigración de la Administración de Servicios Generales (GSA) en Guaynabo, lugar desde el cual presentó su petición de ‘habeas corpus’”, detalla el escrito.
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