Author: rb809rb

Mario Suárez ya estaba despierto cuando la tierra bajo sus pies empezó a temblar. Esperó unos segundos, pero el movimiento no cesó. Agarró a sus hijos de la mano y, con su esposa, salieron a la calle, desde donde vieron a su casa hacerse pedazos. No fueron los únicos: en el edificio de tres pisos —ubicado en el barrio Miraflores, en Buenaventura— vivían 22 familias, casi 100 personas. Todos integran una comunidad del pueblo indígena Wounaan Nomaan, expulsada de su tierra natal hace cuatro años por la violencia del conflicto armado. Dos semanas después del terremoto que sacudió el occidente de Colombia y dejó más de 300 muertos, estas familias siguen viviendo en un albergue improvisado. Es la situación que atraviesan cientos de víctimas de desplazamiento forzoso, que ya lo perdieron todo una vez y que temen volver a trasladar su hogar en medio de la incertidumbre.

“Llegamos a Buenaventura sin nada y hoy volvemos a estar sin nada. Esto es un duro golpe económico y psicológico para toda la comunidad”, cuenta en una conversación telefónica Mario, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad. El comunero del cabildo indígena Valledupar cuenta en una conversación telefónica que, hace unos años, su comunidad vivía en paz en el Bajo San Juan, una región del Pacífico enclavada entre los departamentos del Chocó y el Valle del Cauca, al norte de Buenaventura. Todo cambió hace un lustro.

“Empezaron a transitar los grupos armados. Intentamos resistir a los casos de reclutamiento de jóvenes, la desaparición, los asesinatos, pero en 2022 no pudimos más y por eso nos fuimos. Dejamos nuestras casas, la escuela y nuestros cultivos”. En la zona operan diversos grupos armados, pues es una región en disputa. La Defensoría y otras entidades han registrado la presencia del Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, que intentan controlar las rutas del narcotráfico y la salida al océano Pacífico.

Hasta el pasado 10 de agosto, la veintena de familias que fueron desplazadas forzosamente al puerto sobre el Pacífico vivía en un inmueble que funcionaba como emisora local. Trabajaban como artesanos y vivían de su arte manual. Todos sus productos quedaron bajo los escombros. “Somos víctimas por partida doble. Es una situación demasiado triste”, lamenta Mario. En los 15 días posteriores al terremoto, que dejó su casa inhabitable, el centenar de personas pasó de dormir en la calle a hacerlo en un albergue improvisado que, en todo caso, no está diseñado para durar. El vocero del cabildo explica que desde su primer desplazamiento están esperando por parte del Gobierno nacional una reubicación para reestablecerse definitivamente en un municipio del Valle, muy cerca de donde vivían antes de ser expulsados por los armados.

El caso de esta comunidad no es el único. Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, detalla que la entidad ha documentado varias situaciones similares en los departamentos del Valle del Cauca y de Chocó, que son enormes focos de violencia organizada. Entre las víctimas, además de desplazados internos, cuentan a migrantes venezolanos. “El terremoto no solo dañó la infraestructura, también perpetúa las vulnerabilidades y aumenta la brecha de los servicios, como la educación”, sostiene el experto. La gravedad del conflicto debe tenerse en cuenta por su particularidad, precisa. “Conocí el caso de una mujer que dijo que prefería que se le cayera el techo encima en vez de dormir en la calle por el temor a los grupos armados”.

La organización de cooperación internacional ha documentado varios casos de personas desplazadas que han manifestado la posibilidad de volver a mudarse por el impacto del terremoto en sus hogares. El Observatorio de Desplazamiento Interno y las autoridades locales cifran el número de desplazados internos en Colombia en 7,2 millones, con corte al año pasado. Pese a que la gran mayoría debió migrar por cuenta del conflicto armado, cada vez más son las personas que deben hacerlo por consecuencia de desastres naturales o condiciones climáticas extremas, como sequías o inundaciones. Es un fenómeno conocido como migración climática, reconocido por la ONU y que perjudica a más de 30 millones de personas en el mundo. La gran mayoría de desplazamientos ocurre dentro del país afectado.

Esta es una preocupación para Juan Carlos Palacios, presidente de la junta de acción comunal del barrio La Victoria, ubicado en Quibdó, capital del Chocó. Él mismo es un desplazado: nació en Bojayá, uno de esos municipios incrustados en la memoria colectiva de los colombianos, en este caso por la masacre que ocurrió en una iglesia y que acabó con la vida de más de 100 personas, según el conteo del Centro Nacional de Memoria Histórica. “Yo soy víctima, pero tuve suerte esta vez. Mi casa tuvo grietas menores, pero en la zona se cayeron colegios, muchas casas de vecinos quedaron destruidas”, cuenta al teléfono.

Entre los que perdieron sus casas, también desplazados forzosos. Algunos sopesan volver a irse. “Algunas personas ya se han ido a otros barrios o a donde familiares porque no tienen donde quedarse. Tienen que reubicarse porque el tema de los arrendamientos es muy difícil”, deplora Palacios. Por difícil se refiere a que los arriendos están muy altos en la ciudad, una situación que se percibe en otras ciudades, como en Cali. Aquellos que siguen en el barrio están en un refugio que no estaba preparado para la magnitud de la emergencia. “Tenemos colchonetas y almohadas, pero no cobijas. No hay baño y no tiene energía”. A la fecha están ahí unas 40 familias.

En toda la región, las víctimas de este terremoto piden lo mismo: alcaldías que sigan presentes tras los primeros días, para adelantar las tareas de reconstrucción y que tengan en cuenta los factores de vulnerabilidad adicionales que aquejan a cientos. En el caso del cabildo indígena de Buenaventura, el comunero Mario pide que les permitan reasentarse pronto y que no dividan a su comunidad. “Unos funcionarios nos quisieron llevar a albergues, pero cabían solo dos o tres familias. Tenemos que permanecer unidos porque nos arriesgamos a perder el proceso organizativo comunitario”, alega.

Por su parte, el líder comunal del barrio La Victoria exhorta a las autoridades y a la sociedad civil a seguir ayudando. “Ya culminó la fase de rescate. Siguen la atención y la reconstrucción, que pueden durar años”.

Cuando Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño, se sabía que el nuevo mandatario promovería un remezón en los cargos públicos de mayor incidencia con el Gobierno. Sin embargo, hay una notoria excepción a esa regla. El coronel Diego Fernando Gutiérrez Rojas, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es, hasta ahora, el único funcionario en una posición neurálgica para sus políticas que fue ratificado. Esa permanencia se oficializó el pasado jueves, 20 de agosto, cuando tomó juramento de su cargo ante el ministro de Justicia, Iván Cancino. Durante la campaña, De la Espriella cuestionó el funcionamiento del INPEC e incluso planteó eliminarlo como parte de una de sus grandes promesas de campaña: la creación de megacárceles, al estilo Nayib Bukele, que de materializarse pasarán por la gestión de Gutiérrez.

En medio de esta reestructuración, el Gobierno ha anunciado este martes una medida drástica e inmediata, como aislar a algunos reclusos en una especie de “buque cárcel” en altamar. Según reportó el diario El Tiempo, los ministerios de Defensa y Justicia, junto con el INPEC, ya están articulando esfuerzos para ejecutar esta estrategia, bautizada como la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad.

Así, Gutiérrez pasó de ser uno de los pocos funcionarios de larga permanencia en el gobierno de Gustavo Petro a convertirse, casi sin ruido, en figura de esa estrategia. Mientras buena parte del gabinete y la alta dirección del Ejecutivo ha sido reemplazada por personas cercanas a De la Espriella o sus aliados políticos, el coronel logró acomodarse a la nueva Administración.

De hecho, la primera decisión presidencial de De la Espriella, después de su posesión el 7 de agosto, fue la reubicación de 117 personas privadas de la libertad que el INPEC trasladó de la cárcel de Itagüí a establecimientos de máxima seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. Entre ellos figuraban cabecillas de organizaciones criminales que habían participado en las mesas de paz urbana de Medellín y Buenaventura, impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro, como los conocidos con los alias Carlos Pesebre y Douglas. La orden, gestada en una reunión del nuevo gabinete, fue ejecutada precisamente bajo la dirección de Gutiérrez, un coronel de la Policía Nacional.

Oriundo de Boyacá, fue promovido de teniente coronel a coronel el pasado 2 de julio. Acumula más de 20 años de trayectoria en la institución y llegó a la dirección del INPEC el 13 de septiembre de 2022, cuando Petro apenas sobrepasaba su primer mes como presidente. Su gestión, inusualmente larga en un cargo proclive a crisis por problemas en las cárceles, no ha estado exenta de controversias. Entre ellas están los escándalos debidos a fiestas clandestinas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, además de una estela de asesinatos y amenazas contra sus funcionarios, incluyendo el homicidio del director de una de las prisiones más famosas del país, la Cárcel Modelo de Bogotá.

La permanencia del coronel en el nuevo Gobierno ha sido bien recibida en algunos sectores progresistas. El último ministro de Justicia de Petro, el académico Jorge Iván Cuervo, aplaudió la determinación y destacó la trayectoria profesional del alto oficial, en un continuismo que contrasta con otros movimientos internos en el INPEC.

Este martes se conoció que el coronel Rolando Antonio Ramírez, director de Custodia y Vigilancia y considerado cercano a Gutiérrez, salió de la institución. Es el primer cambio de alto nivel tras el inicio del nuevo Gobierno. Ramírez había sido señalado por firmar, en junio de 2025, una resolución que ordenó el traslado de nueve presos de la cárcel de Itaguí a la plazoleta de La Alpujarra, en el centro de Medellín, para participar en el llamado “tarimazo”, un polémico acto de la Administración Petro para defender sus negociaciones de paz. La presencia en la tarima de reclusos que pertenecían a estructuras criminales, pero que tenían un blindaje jurídico por estar en un proceso de negociación de paz con el Estado, fue objeto de fuertes cuestionamientos de parte de la oposición.

Los movimientos que ha pedido De la Espriella en el sistema carcelario han continuado. Este martes, el director Gutiérrez autorizó el traslado de 20 privados de la libertad desde la cárcel distrital de El Bosque, en Barranquilla, a otros centros penitenciarios del país. Además, ha adelantado operativos masivos. En menos de tres semanas de Gobierno, han trasladado a 400 presos de distintos centros penitenciarios. No se trata de algo inusual: el Gobierno Petro intentó atacar el crimen tras las rejas a través del operativo Dominó, cuando trasladó a 28 cabecillas. Gutiérrez encarna, por ahora, la rareza de servir de continuismo en una Administración que ha hecho del cuestionamiento a su antecesor una piedra angular de su discurso y sus decisiones.

Muchos corrieron a votar por Rodolfo Hernández. Sabían que tenía algunas tuercas mal ajustadas en la cabeza, que era más propenso a las malquerencias que al entendimiento y que su propuesta era floja, amparada en promesas efectistas de lucha contra la corrupción (latente, además, en su vida pública). Pero iban a hacer lo que fuera necesario para evitar que Gustavo Petro llegara al poder. No sirvió de nada; el resultado fue más o menos el mismo.

Con Petro, se convertía en presidente una persona cuya salud mental estuvo (y sigue estando) en discusión. Alguien que se ha vendido como heraldo del amor, pero que hizo del odio y del resentimiento su motor fuera de borda. Petro gobernó saltando entre nubes para tratar de alcanzar el reconocimiento mundial, mientras solo su saliva nos caía del cielo, porque fue un incapaz en materia de ejecución y gerencia.

La corrupción que floreció a su alrededor hace ver como principiantes a los delincuentes que fustigó cuando, a su vez, dejó de delinquir para sumarse a la civilidad y llegar al Congreso. Su administración fue un masacote con porciones generosas de idearios trasnochados, populismo mesiánico y oscuras pulsiones. Huyendo de Petro en las urnas, llegamos a Petro.

Terminó su gobierno. O, mejor, su gobierno casi acabó con el país. No podría ni siquiera decirse que tuvo las mejores intenciones. El objetivo fue, como se dice popularmente, acabar hasta con el nido de la perra. Abrió agresivos frentes con la Registraduría, el Congreso, las altas Cortes, la Procuraduría, el empresariado, los medios, la Defensoría del Pueblo, la oposición, el sector eléctrico y de hidrocarburos, el Banco de la República, la Fiscalía, la banca, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, la Constitución, las entidades de salud, las gobernaciones y alcaldías…

Como se sabe, él pelecha y da frutos en el caos y la confusión. Eso, acompañado por su propensión a favorecer amigues (con derechos de sábanas), hicieron que hasta los arrodillados medios públicos que lo abanicaban se vieran a gatas para embutirnos la idea de que era un estadista de talla mundial. ¡Gran chequera la de Hollman Morris!

Imposible perder de vista su mano blanda con el accionar de los delincuentes, que acababan con Colombia mientras él insistía en tratarlos como próceres. Porque el corazón, que pareciera nunca habérsele desmovilizado, le late con fuerza frente a antiguos guerrilleros dedicados al narcotráfico, el oro ilegal y las extorsiones. Como les pasa a los escarabajos peloteros, Petro encuentra maravillas en el estiércol.

Como presidente, pues, Petro convirtió Colombia en Aibmoloc: puso al país patas arriba. Hagamos el ejercicio de ejemplificarlo con algunos episodios inolvidables.

Gustavo Petro no fue guerrillero, sino soldado de los ejércitos de Simón Bolívar. De la misma manera en que la ayuda del empresariado a los colombianos necesitados es para él una “limosna”.

El expresidente y sus funcionarios están dando lecciones en redes de cómo enfrentar la tragedia del sismo… Olvidan cinco letras: UNGRD, que fue lo único que no se robaron en esa entidad. Las cifras que comienzan a conocerse sobre el festín del gasto, el derroche y la contratación están ahí para demostrar que, por cuatro años, experimentamos una combinación fatal: derroche, incompetencia y protección a los corruptos.

A Juliana Guerrero y a su hermana (la segunda boyante Verónica de la Colombia Humana) debe resguardárselas de los empresarios que, aprovechando su infinita candidez, pretendieron corromperlas. Como la propia Juliana ordenó: que las declaren lideresas sociales o gestoras de paz para que les doblen el esquema de protección. Las opaca hoy Gabriela Muñoz, la joven promesa de la política que se instala en la oreja de Petro durante las reuniones del Pacto Histórico.

Petro dejó la presidencia con un país en expansión: pasó de 1.103 municipios a 150 mil, según el modelo de análisis electoral petrista planteado por Carlos Oñoro, el hombre que se acostó siendo organizador de parrandas metaleras y despertó convertido en estadístico.

A pesar de las innumerables ocasiones en que se comportaba con un inquietante “acelere”, o simplemente no cumplía su agenda, Petro sostiene que durante su mandato solo se tomó una cerveza en una tienda de barrio. ¿Cosas de la cafeína?

Sin Cepedas y otras hierbas del solar progresista, Petro reclama para sí el título de “jefe de medio país”. Ya se sabe lo que piensa la gente de sus jefes.

Si Ana Lucía Pineda atiende el llamado de su esposo a participar en causas humanitarias, se trata de una mujer subyugada por el macho alfa. Verónica Alcocer, embriagada por la danza de los millones y la rumba dura en el extranjero, es un modelo a seguir.

Mancuso ejerce como gestor de paz (el Consejo de Estado descubrió que el gobierno lo dejó al garete, sin función diferente a amargarle la vida a Uribe Vélez) y faro de una ética basada… ¿en el arrepentimiento?

Isabel Zuleta saca pecho como honorable senadora y, en palabras de Federico Gutiérrez, también es “madrina política de la mafia”. Ahora corre a ofrecerle al nuevo gobierno sus servicios de mediación con la escoria, mientras la justicia que tanto le estorba la tiene en capilla.

Margarita Rosa de Francisco confiesa que ella es petrista arrepentida y que su líder la ha defraudado. Vivió cuatro años engañada. Como corresponde a semejante profesional, nos ofreció una magistral actuación justo cuando estaba a punto de caer el telón.

Da la impresión de que Iván Duque hubiera gobernado ocho años: cuatro en propiedad y, a punta de retrovisor progresista, otros cuatro cargando con las culpas de lo que Petro no pudo resolver.

Por meses, que se convirtieron en años, el sector eléctrico le rogó al gobierno que tomara medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño. El decreto con tales previsiones lo firmó Petro quince días antes de convertirse en lo que sigue siendo hoy: un renglón, sin fueros, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Los catalanes amigos de los Petro Alcocer son perseguidos políticos allá y perseguidos por el dinero aquí. Y por los recursos de los hidrocarburos. No de otra manera se explica que siempre estuviesen bien “tanqueados”.

Guillermo Alfonso Jaramillo encontró un sistema de salud frágil y le aplicó la eutanasia, de la misma manera en que, al ocaso de su perniciosa gestión, a él le aplicaron la Cruz de Boyacá.

Las elecciones se las robaron, según Petro, aprovechando los tiempos de Mundial, que permitieron a la gente votar hasta siete veces (¡siete, número bíblico sagrado que debe evitarse en un estado laico!). Fraude, sí hubo. Y duró cuatro años.

Pero no todo está perdido: un presidente mediocre, siempre y cuando decida respetar la institucionalidad y no animar insurrecciones a punta de megáfono, podría ser un pasable expresidente. Quizás.

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Retaguardia. La nueva estrategia en redes de Gustavo Petro, con exaltaciones a su salud, energía del eros y longevidad, no son sino pistas de lo que se nos viene: su aspiración a repetir alcaldía en Bogotá. ¿Estamos listos para vivir de nuevo en Átogob?