La estrategia de la administración de Donald Trump para ampliar la detención obligatoria de inmigrantes volvió a encontrar resistencia en los tribunales federales.
Un panel del Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones determinó que el gobierno no puede interpretar de manera tan amplia la legislación migratoria para impedir que ciertos inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos tengan acceso a una audiencia de fianza.
La resolución, adoptada por una mayoría de 2 jueces contra uno, constituye un nuevo obstáculo para una política que el gobierno ha utilizado para mantener bajo custodia a personas que ya habían establecido su vida en el país antes de ser arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El fallo se desprende de los casos de Gabriel Buele Morocho y Wanderson Lopes De Andrade, 2 inmigrantes con varios años de residencia en EE.UU. que fueron detenidos por agentes de ICE. El litigio llegó al tribunal de apelaciones después de que se cuestionara la base legal utilizada para negarles la posibilidad de solicitar su liberación mediante una audiencia.
El panel escuchó los argumentos del caso en mayo. La opinión principal fue redactada por la jueza Patty Shwartz, quien estuvo acompañada por el juez Theodore McKee. La jueza Jennifer Mascott, designada durante la administración Trump, presentó una opinión disidente.
Una interpretación de la ley que divide a los jueces
El centro de la controversia está en la sección 1225(b)(2)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición que establece determinadas reglas de detención para personas consideradas solicitantes de admisión a EE.UU.
La administración Trump comenzó a apoyarse con mayor frecuencia en esta disposición a partir de 2025 para argumentar que algunos inmigrantes que se encuentran físicamente dentro del país pueden ser tratados, para efectos de detención, como personas que buscan ser admitidas. Bajo esa interpretación, quedarían sometidos a un régimen que prácticamente elimina la posibilidad de obtener una fianza mediante una audiencia individual.
La mayoría del Tercer Circuito rechazó esa lectura. De acuerdo con su razonamiento, el gobierno no puede convertir automáticamente a inmigrantes que llevan años viviendo en EE.UU. en personas sujetas a las mismas reglas aplicables a determinados individuos que intentan ingresar al país.
La diferencia tiene consecuencias concretas. Cuando se aplica la sección 1226(a), los inmigrantes detenidos pueden solicitar una audiencia individual ante un juez de inmigración para determinar si deben permanecer bajo custodia o si pueden recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio.
Para la mayoría del tribunal, esa distinción también tiene una dimensión constitucional.
El debido proceso entra en el debate
Shwartz sostuvo que los inmigrantes que han desarrollado vínculos significativos con comunidades estadounidenses no pueden ser privados automáticamente de determinadas garantías constitucionales. La jueza consideró que la negativa categórica a una oportunidad para solicitar la libertad bajo fianza plantea interrogantes relacionados con la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda.
McKee coincidió con esa conclusión y se incorporó a la posición mayoritaria.
La disidencia, sin embargo, ofreció una lectura distinta. Mascott cuestionó que el fallo establezca una diferencia entre personas que son detenidas después de haber ingresado a EE.UU. y aquellas que se presentan ante las autoridades migratorias, al considerar que esa distinción resulta difícil de justificar desde el punto de vista legal.
Un nuevo frente judicial para la administración Trump
La importancia de la decisión va más allá de los inmigrantes involucrados. El fallo se suma a una cadena de decisiones adversas en tribunales federales de apelaciones. Según el recuento citado en el litigio, se trata del octavo revés consecutivo para la estrategia de la administración en este ámbito.
Otros tribunales también han puesto en duda la utilización extensiva de la sección 1225(b)(2)(A) contra personas que ya viven desde hace años en territorio estadounidense. En procedimientos judiciales relacionados con Pensilvania, por ejemplo, se ha planteado que muchos de estos inmigrantes deberían quedar sujetos a la sección 1226(a), precisamente la norma que permite considerar una audiencia de fianza individualizada.
El conflicto, por tanto, está lejos de quedar cerrado. La diferencia de criterios entre el gobierno y varios tribunales federales podría terminar llevando la disputa hasta la Suprema Corte de EE.UU., donde finalmente podría definirse el alcance de estas disposiciones y los límites de la detención migratoria sin fianza.
Mientras tanto, la resolución del Tercer Circuito representa una señal relevante para los inmigrantes con años de permanencia en el país: su historial de arraigo y sus vínculos con la comunidad pueden ser factores jurídicamente relevantes frente a una política que busca aplicar la detención obligatoria de manera mucho más amplia.
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