Author: rb809rb

Esa frase resume todo lo que está sucediendo en Venezuela. No es liberación. Es una redefinición de la represión. De la celda al grillete. De la prisión al arresto domiciliario.

El caso de Guanipa no es aislado. Perkins Rocha, asesor legal de la Plataforma Unitaria Democrática, fue «liberado» bajo el mismo esquema. Está bajo vigilancia policial constante dentro y fuera de su vivienda familiar, con un grillete en su pie. Freddy Superlano comparte la misma situación: confinado a su hogar bajo monitoreo permanente. Para estos hombres, la amnistía no significa libertad. Significa una prisión sin muros.

Hace apenas una semana, el hemiciclo de la Asamblea Nacional votó de manera unánime la primera discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Doscientos setenta y siete votos a favor. Ninguno en contra. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, prometió que la segunda discusión ocurriría «entre martes y viernes» de esta semana, con la liberación de todos los presos políticos antes del fin de semana.

Pero el martes llegó sin sesión. La Secretaría de la Asamblea Nacional anunció la suspensión sin explicación. El jueves está confirmado, dijeron, «sin adelantar la agenda».

Lucha de poder

Lo que sucedió en esos días fue un colapso silencioso del consenso oficial. Diosdado Cabello, quien controla la seguridad del país, se presentó ante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela y contradijo directamente a Rodríguez: la amnistía «tendrá límites, alcances, consideraciones, restricciones y sus condiciones». No es una amnistía, entonces. Es una amnistía condicionada.

Una fuente del Parlamento, que prefiere no ser identificada para evitar represalias, reveló la verdadera dinámica: «Existe una lucha de poder y cada uno de los grupos está buscando sus beneficios. Los Rodríguez dicen algo y ayer Cabello en la rueda de prensa los contradijo. Al igual que las declaraciones del fiscal. Esta ley no debería ser llamada amnistía sino ‘sálvense quien pueda’».

Tarek William Saab, el fiscal general, añadió otra capa de confusión. «La medida debe abarcar tanto a opositores como a chavistas», dijo. ¿Chavistas? ¿Quiénes son los chavistas presos políticos?

Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para el Proyecto de Ley de Amnistía, intentó una defensa de todo este proceso.

En una consulta en el estado Zulia, habló de «entresanarnos», de sanar las heridas del país. «La grandeza moral está allí en el perdón; quien no sabe perdonar no está en armonía con la madre tierra», afirmó. Luego, dirigiéndose a los jueces de paz, los llamó «una especie de fábrica de perdón».

Las palabras suenan hermosas, poéticas, morales. Pero mientras Arreaza hablaba de sanación en Zulia, Guanipa estaba siendo trasladado a arresto domiciliario en Maracaibo, y Rocha seguía bajo vigilancia constante con un grillete en el pie. Superlano, en su hogar, permanecía bajo el mismo esquema represivo.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, fue directo al ser consultado sobre el tema. «Hemos recibido el proceso de amnistía con optimismo y de manera constructiva, esperando que incorpore los planteamientos de la sociedad civil», señaló. Pero luego, refiriéndose a la nueva detención de Guanipa, dijo que esta «ensombrece este proceso de supuesta reconciliación». Y fue más allá: «No puede haber amnistía mientras el sistema represivo siga activo. Sería solo retórica».

Consulta y discusión

Romero también advirtió contra la prisa: «No creemos en la rapidez o apuro. La amnistía no es ni debe ser la condición para la liberación de todos los presos políticos. Una amnistía requiere un proceso de consulta amplio y de discusión de todos los sectores». Pero Jorge Rodríguez prometió aprobación en días. Las autoridades quieren velocidad, no reflexión.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también se pronunció públicamente. Marco Ruiz, secretario general, exigió «celeridad en el proceso de excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos», pero con una condición crucial: «Libertad plena y absoluta, sin medidas cautelares que restrinjan derechos». El sindicato presentó una propuesta integral que incluye a periodistas y trabajadores de la prensa como beneficiarios directos.

Ramón Guanipa, el hijo de Juan Pablo, terminó su mensaje en X agradeciendo a Trump y Marco Rubio su labor a favor de la libertad de Venezuela. Pero luego añadió: «Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión».

Esa frase es la verdad que las autoridades intentan ocultar. La amnistía hasta ahora, no es liberación, es una ley aprobada por unanimidad que nadie sabe cómo implementar.

El jueves 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, está previsto que jóvenes de ambos bandos marchen. Los que apoyan al chavismo y los que se oponen. Ambos reclamarán libertad. Ambos dirán que la amnistía debe beneficiarlos. Pero mientras marchan, la ley seguirá en suspenso, atrapada en sus propias contradicciones.

Jorge Rodríguez prometió que todos los presos políticos estarían libres antes del fin de semana. Eso fue hace una semana. Ahora ni siquiera sabe con certeza cuándo sesionará la Asamblea.

En Venezuela, la amnistía no cierra un capítulo. Solo intenta congelarlo. Y mientras cientos de presos políticos permanecen bajo la sombra, la pregunta que nadie en Caracas quiere responder es: ¿qué tipo de amnistía es esta?

Pero lo que sí resulta perturbador es el cinismo de lo que acaban de aprobar: una ley que promete perdón en un país donde decenas de miles han huido desesperados, donde los centros de detención rebosan de presos políticos, donde la represión ha dejado de ser un instrumento ocasional para convertirse en el mecanismo mismo del poder.

La prisa es visible. Nicolás Maduro está detenido desde principios de enero, enfrentándose a acusaciones graves en tribunales estadounidenses. El Gobierno oficialista insiste en que la amnistía es un paso hacia la paz. Jorge Arreaza, diputado del PSUV y presidente de la Comisión para el Proyecto de Ley de Amnistía, destacó que «esta iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no puede ser confundida con impunidad y responde a la conciencia del momento político».

 Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue más allá. Intentó legitimar la amnistía apelando a la historia: «No es la primera vez que se hace una ley de amnistía en Venezuela, desde Bolívar para acá». Pero cualquiera que observe con atención ve algo diferente: la necesidad de actuar rápido, de aprobar antes de que las estructuras del poder colapsen.

Después de que el hemiciclo votara, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, decidió que el recinto no era suficiente escenario. Se presentó en la Zona 7, la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, ese lugar donde los detenidos han pasado por el trance más deshonroso de su vida. Se quitó la chaqueta, se expuso, prometió que «todos» los detenidos serían liberados el mismo día en que se aprobara la ley en segunda discusión.

Pero en el hemiciclo, momentos antes, Rodríguez había dicho algo revelador: «A mí no me gustan los presos». La frase salta en el aire como una confesión. Un hombre que aborrece el encarcelamiento mientras preside un sistema que lo ha convertido en política de Estado. Los familiares de los presos calificaron su visita como un «show». Y tenían razón. Porque, mientras Rodríguez hacía sus promesas, dentro del Parlamento se sabía exactamente qué ley iba a aprobar.

«Esa ley está hecha para resguardar al chavismo en la nueva etapa. El chavismo tiene que blindarse para lo que viene», dijo una exdiputada del chavismo bajo condición de anonimato. No es reconciliación. Es supervivencia política.

La realidad en las calles

En las calles de la Universidad Central de Venezuela sucede algo diferente. Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Derecho, marcha con estudiantes y familiares de presos. Ha abandonado las aulas para hacer valer el derecho donde realmente importa: en la calle, donde el dolor es tangible.

Entre los manifestantes está Mayra Morales. Su hermano, Ricardo Fonseca, es militar. Fue encarcelado en 2020, implicado en la Operación Gedeón. 31 militares fueron recluidos en El Helicoide. Pero hace meses, sin previo aviso, desaparecieron. Traslados arbitrarios. El 31 de julio, el 5 de agosto, el 10 de agosto de 2025. Presuntamente llevados al Fuerte Guaicaipuro. «No sé si está vivo», dice Mayra con su voz quebrándose. «Eso es lo más importante. Que nos permitan verlo». Y teme que los militares queden fuera de la amnistía.

Cuando Apitz habla de la ley, no lo hace desde la frialdad del análisis académico: «Se trata de una aparente contradicción». «En el artículo primero se habla de una amnistía… pero luego se especifica cuáles son esos hechos. No es una amnistía general».

El mayor peligro, según Apitz, reside en lo que la ley no dice. Es muy genérica y no excluye explícitamente a los torturadores, ni a los jueces y fiscales que actuaron como brazo ejecutor de la represión. Tampoco excluye a los funcionarios policiales y militares que «actuaron por acción o por omisión o bajo órdenes para herir o matar a manifestantes».

«Aquí hay funcionarios públicos, policiales o militares que cometieron delitos, que cometieron torturas, que dispensaron tratos crueles e inhumanos. Ellos no están excluidos expresamente en esta ley», señala el jurista. «Debería haber una exclusión directa de estas personas que utilizaron el sistema de justicia como un dispositivo de represión y persecución política».

Aunque la ley excluye los crímenes de lesa humanidad, la falta de un poder judicial independiente hace que esa cláusula sea papel mojado. «Pudiera darse una interpretación amplia de los jueces, tomando en cuenta que el poder judicial venezolano está gobernado directamente por el chavismo», dice.

El vació de la reparación

La ley ofrece perdón, pero no reparación. Nicmer Evans, politólogo detenido dos veces como preso político, exige que «la ley debe partir necesariamente del reconocimiento de los errores y la proporcionalidad de las responsabilidades». «El perdón tiene que ser mutuo entre todos los venezolanos», comenta. «La ley no puede ser un Estado o un partido perdonando a otros que no han cometido delito».

Esta es la brecha fundamental. Evans no pide amnistía unilateral. Exige un perdón mutuo que reconozca errores de ambos lados. Pero la ley venezolana no hace eso. Es un perdón del Estado hacia sus propios cuadros. Evans también subraya: «Debe contemplarse explícitamente a los militares». Esto es crucial. Porque, si la ley no los incluye explícitamente, quedan en el limbo. Como Ricardo Fonseca.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denuncia que el régimen usa «confrontación política desde el extremismo» para criminalizar opositores. Los derechos inalienables de las víctimas son: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. «La amnistía venezolana no contempla ninguno de estos elementos», afirma la organización. «No se hace un reconocimiento público del daño causado a las víctimas y no se asume expresamente que ellas tendrán acceso a reparación integral».

El andamiaje intacto

La crítica más profunda es que la amnistía perdona el pasado sin cambiar las herramientas del presente. El vasto «andamiaje legal de la represión y la persecución estatal», como lo llama Apitz, permanece intacto. La Ley contra el Odio, la ley que persigue a las ONG, la ley que permite inhabilitar políticamente a opositores. Nada se deroga.

«Aquí hay todo un andamiaje de leyes que durante 25 años se han utilizado para perseguir, para reprimir al adversario político y esta ley no lo deroga, por lo cual desde el punto de vista legal quedamos igual», concluye Apitz. Es como perdonar a un ladrón sin quitarle las herramientas con las que roba.

La Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición de partidos políticos opositores en Venezuela, denuncia «omisiones graves». No incluye a todos los presos políticos, no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones. «Una amnistía incompleta o condicionada no puede ser considerada como verdadera», afirman.

Las lecciones que Venezuela ignora

Sudáfrica, tras el apartheid, creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Estableció un principio fundamental: la verdad como condición para el perdón. Argentina rechazó la amnistía, decidiendo que algunos crímenes no podían ser perdonados.

Venezuela está eligiendo un camino diferente. No está ofreciendo verdad como Sudáfrica, ni justicia como Argentina. Está ofreciendo olvido. Un olvido que protege al poder y abandona a las víctimas.

Lo que sucede en Venezuela es menos una reconciliación que una negociación entre el poder y su propia supervivencia. En Venezuela, la amnistía no cierra un capítulo. Solo intenta congelarlo.

Estos «planes de contingencia» agravarán profundamente la vida cotidiana de la población que, en los últimos cinco años, solo ha visto retrocesos cada vez peores. Aunque el plan será hecho público en los próximos días, ya circulan algunas de las decisiones aprobadas en sesión extraordinaria del Consejo de Defensa Nacional, consideradas una versión renovada e improvisada de la ‘Opción Cero’, aquel plan de recortes en servicios básicos del Período especial (años 90).

Según advirtió Díaz-Canel, ante la ausencia de combustibles los cubanos solo se alimentarán de lo que se produzca en cada municipio, una afirmación que expone la gravedad de las penurias que se proyectan teniendo en cuenta que muchos municipios, sobre todo en las zonas urbanas, no producen alimentos elementales como arroz, carnes, leche o huevos.

Una vez más, el mandatario solo ofreció como solución la «resistencia creativa» pidiendo más sacrificios al pueblo.

«No podemos resistir si estamos pasando hambre», respondió una residente en La Habana. Desde la zona oriental del país, Yadira Serrano señaló que estamos ante una hambruna de proporciones peores que las del Período Especial: «Estamos pasando hambre, hay mucha desnutrición, las personas están muy delgadas y parecen padecer de enfermedades terminales pero es por la miseria que hay. Y, por lo visto, lo que viene será peor».

Un aspecto clave de las medidas ha sido la proyección de más cortes de electricidad en un país donde los apagones ya se extienden por más de 20 horas diarias. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 ocurrieron cinco colapsos energéticos que mantuvieron al país a oscuras por entre tres y cinco días. El temor a un nuevo colapso, esta vez definifivo, aumenta entre la población.

Desde el centro del país, en la provincia de Villa Clara, Tayrí Lorenzo afirma que es «muy difícil» la situación: «Existen muchos hogares donde hay niños pequeños o ancianos discapacitados y enfermos que necesitan sus alimentos temprano y caliente. No existen medicamentos en la farmacia, por lo que la población tiene que adquirirlos en el mercado negro a altos precios que son inaccesibles para la gran mayoría».

‘Opción cero’

Díaz-Canel negó la «teoría del colapso», pero las señales de lo contrario son cada vez más claras. Por ejemplo, la Universidad de La Habana informó que, debido a las dificultades para la entrada de combustible al país, ha decidido reorganizar todos los programas: miles de estudiantes deberán continuar los estudios en sus casas y a través de plataformas digitales, un escenario que se dificulta igualmente teniendo en cuenta los extensos cortes de electricidad, las pésimas condiciones de conectividad y el escaso acceso a dispositivos tecnológicos.

En la provincia de Las Tunas fueron suspendidas las salidas de autobuses nacionales hacia otros territorios. En Camagüey circulan reportes de que se habría suspendido tanto el transporte como la venta de gasolina a la población. En la isla de la Juventud, territorio con más de 80.000 habitantes y al que se accede solo por vía aérea o marítima, se prevé que el transporte marítimo tenga solo una frecuencia semanal con peligro de quedar totalmente incomunicada.

«Esto es como volver a la comunidad primitiva, pero los indios al menos podían cazar, pescar y recolectar», dijo irónicamente uno de las entrevistados.

Pobreza extrema

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de los cubanos viven en la pobreza extrema. El salario promedio es de 16 dólares (13,5 euros) al mes y la mayoría de las familias no es capaz de garantizar tres comidas diarias. Cada vez son más recurrentes las escenas de ancianos buscando en la basura restos de alimentos o pidiendo limosna. En Cuba, la pensión no llega ni a los seis dólares (cinco euros). También es común ver a niños pidiendo dinero en zonas turísticas.

Al empeorar los cortes de electricidad, también lo hará el abastecimiento de agua potable en un país en donde los ciclos de agua suelen extenderse más de un mes, e incluso dos meses, fundamentalmente en zonas rurales. El gas licuado, que solía distribuirse cada tres meses, ya es inexistente, con excepción de las ventas en el mercado negro y a precios excesivos para los bolsillos de los cubanos.

El combustible de la cocina cubana es desde hace más de dos años, en la mayoría de los hogares, el carbón y la leña. En zonas rurales no es problema adquirirlos, pero en las ciudades es más complejo, así como lo son las condiciones para cocinar; muchos residentes en edificios, por ejemplo, que no tienen patio ni jardín, arman sus fogones de leña en los balcones, en medio de la sala o en los bajos de las edificaciones, a la luz pública.

Comidas comunitarias

ABC conoció igualmente que en la isla de la Juventud las autoridades llegaron a sugerir realizar «comidas comunitarias» cocinadas con leña, así como usar más los vehículos de tracción animal para ahorrar combustible. Díaz-Canel en su alocución llegó a sugerir incluso usar «fogones solares».

«¿Qué se supone que haga? ¿Que ponga una olla al sol y espere a que se ablanden los frijoles? Es una falta de respeto lo que tienen con el pueblo. Si no pueden darnos soluciones, que se vayan y que nos dejen avanzar», manifestó una cubana a este medio.

Servicios mínimos en los hospitales

Por otro lado, los hospitales se preparan para la posibilidad de reducir sus servicios al mínimo y priorizar exclusivamente la atención de urgencias debido a que la disponibilidad de recursos se ha reducido prácticamente a cero. Este escenario devastador se evidencia igualmente en la falta de medicinas, en un país en donde pacientes fallecen en las salas de urgencia por falta de antibióticos esenciales.

«Los cubanos, desde hace mucho tiempo, dejamos de vivir para sobrevivir, y esa supervivencia es cada día más difícil», señala una de las personas consultadas.

Tras la captura de Maduro el 3 de enero, se paralizaron los envíos de combustible a la isla. Cuba precisa 110.000 barriles diarios de petróleo, del que solo produce un tercio. México, principal proveedor de combustible en 2025, apenas ha enviado, en lo que va de año, unos 86.000 barriles de crudo.

Entre la población cubana, la captura de Maduro y las presiones de Washington a La Habana han devuelto las esperanzas de libertad.

«Hay quienes tienen miedo al cambio, han sido muchos años de dictadura, pero la gran mayoría tiene un deseo ferviente de libertad y de mejoras económicas», aseguró a ABC Tayrí Lorenzo, madre del ex preso político del 11J, Andy García Lorenzo.

«Que aprieten la corbata a ver si salimos de la miseria, ya no aguantamos más», declaró una cubana en referencia a las sanciones de Estados Unidos.

Desde Santiago de Cuba, al oriente del país, Yadira Serrano opina que el pueblo está muy debilitado tanto por la represión como por el hambre y la miseria, por lo que la única esperanza de libertad vendría de afuera, y de que las presiones externas obliguen a la dictadura a abandonar el poder.

Las próximas semanas serán claves para Cuba en medio de la crisis humanitaria y de la incapacidad del régimen para garantizar servicios esenciales. El presidente de Estados Unidos ha dicho que están desarrollándose negociaciones con La Habana, pero el régimen se niega a ceder –al menos en apariencias– y, en cambio, se prepara para el peor de los escenarios.

Cuando Guanipa salió de El Helicoide, el mayor centro de torturas del régimen chavista, el sol brilló en su rostro después de año y medio de permanecer en la oscuridad del cautiverio. Salió de la prisión a hombros como un héroe con sus familiares y amigos que lo esperaban fuera de los muros de la prisión.

Subido a una moto con la bandera de Venezuela en alto y acompañado de un centenar de motociclistas, Guanipa recorrió las calles de Caracas en son triunfante. Lo primero que hizo fue dirigirse a la estación policial de la Zona 7, al norte de la ciudad, donde habló con la prensa para reclamar la liberación plena de los presos políticos.

Guanipa fue gobernador de Zulia, es dirigente del partido Primero Justicia y aliado cercano de María Corina Machado. Fue detenido arbitrariamente el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, y fue acusado de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, los mismos cargos que imputan a todos los presos políticos.

Guanipa se enfrentó duramente al régimen chavista. Reconoció la necesidad de la «reconciliación», pero señaló que hay que confrontarla con la «verdad», en el sentido de reconocer que el chavismo es hoy la minoría y la oposición es la mayoría que quiere un cambio. Dijo que hay que reconocer los resultados electorales del 28 de julio de 2024, cuando ganó Edmundo González Urrutia.

También dijo que no acataría las medidas cautelares de su excarcelación, es decir, se iba a quitar el bozal que prohíbe hablar con la prensa y los medios, y que continuaría la lucha por la libertad y democracia. De igual modo, prometió verse pronto con María Corina Machado: «Ya haciendo planes para vernos en Venezuela».

Unas horas más tarde, un comando de diez funcionarios encapuchados se lo llevaron sin mediar palabras ni orden de arresto. Su hijo, Ramón Guanipa, denunció por las redes sociales que los agentes se presentaron en cuatro vehículos a las 11:45 de la noche en medio de una actividad que llevaba a cabo el dirigente.

Por su parte, el partido Primero Justicia denunció: «Hacemos responsables a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo». Además, hizo un llamamiento «a la comunidad internacional para la liberación inmediata y que cese de manera inmediata e incondicional la persecución a la disidencia».

Según ha declarado Machado en su cuenta de X, Guanipa ha sido secuestrado «violentamente» por «hombres fuertemente armados, vestidos de civil, que llegaron en 4 vehículos». Del mismo modo, ha exigido «su liberación inmediata».

Guanipa, aliado de Machado

La Fiscalía de Venezuela informó este lunes de que había revocado su excarcelación, asegurando que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación)» acordada al opositor por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

En un comunicado, el Ministerio Público venezolano advirtió que «las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas», y ha subrayado que solicitó que Guanipa pasara a un «régimen de detención domiciliaria».

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, también explicó este lunes que el opositor Juan Pablo Guanipa ha sido detenido horas después de salir de prisión tras violar las condiciones de su liberación, criticando «la estupidez» opositora.

«Una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada», ha afirmado Diosdado Cabello en una rueda de prensa, recogida por Reuters, en referencia a Guanipa, estrecho aliado de la líder opositora María Corina Machado, que ha sido arrestado tras pedir elecciones durante su breve excarcelación.

«No había pasado nada hasta que la estupidez de unos políticos que creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar (alterar) el país, violando las propias condiciones sobre las cuales se les está dando libertad», ha añadido Cabello.

Excarcelación del chavismo

Paralelamente, los otros 35 presos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal, celebraron la excarcelación en diferentes ciudades del país. Fue una fiesta nacional que alegró las calles con la gente abrazándose y dando gracias a Dios. Hacía mucho tiempo que no se veía tanta algarabía contagiosa en la que padres, madres, hijos, parientes, amigos, vecinos y curiosos se unían en una sola fraternidad y solidaridad con caravanas ruidosas recorriendo las calles del país, festejando la la liberación de los políticos.

Además de Guanipa, fueron excarcelados pero no vueltos a detener, otros políticos como Perkins Rocha, Jesús Armas, Luis Tarbay, el sindicalista Robert Franco, Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Albany Colmenares, Nikoll Arteaga, María Oropeza, Dignora Hernández, Henry Alviarez y Catalina Ramos, según informaron los partidos opositores Voluntad Popular y Vente Venezuela en sus cuentas de X.

McSweeney optó por identificar de manera directa el consejo que ofreció al primer ministro de que nombrara a Mandelson como el origen de un error cuyas consecuencias, a su juicio, dañaron al partido, al país y a la confianza en la vida pública. «Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir del Gobierno. La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha perjudicado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la propia política», afirmó en el inicio de una declaración en la que precisó el vínculo entre su asesoramiento y la decisión final adoptada por Starmer:

«Cuando se me preguntó, aconsejé al primer ministro que hiciera ese nombramiento y asumo plenamente la responsabilidad de ese consejo. En la vida pública la responsabilidad debe asumirse cuando más importa, no solo cuando resulta más conveniente. En estas circunstancias, el único camino honorable es apartarse».

La nota incorporó una defensa de su trayectoria y de sus motivaciones. «Me marcho con orgullo por todo lo que hemos logrado, mezclado con el pesar por las circunstancias de mi salida. Pero siempre he creído que hay momentos en los que uno debe aceptar su responsabilidad y hacerse a un lado por una causa mayor», escribió. A continuación, añadió dos reflexiones que intentan situar la controversia en un marco más amplio que el de la supervivencia política inmediata.

«En primer lugar, y ante todo, debemos recordar a las mujeres y niñas cuyas vidas fueron arruinadas por Jeffrey Epstein y cuyas voces permanecieron ignoradas durante demasiado tiempo» y en segundo lugar subrayó que, aunque no supervisó personalmente el proceso de verificación y evaluación de antecedentes del exembajador, considera que ese sistema debe ser revisado de manera profunda y que la reforma no puede limitarse a un gesto simbólico sino que ha de funcionar como una salvaguarda efectiva.

La declaración concluyó con un respaldo explícito a Starmer, al decir que «sigo apoyando plenamente al primer ministro. Trabaja cada día para reconstruir la confianza, restablecer los estándares y servir al país. Seguiré respaldando esa misión en todo lo que pueda».

Reacción del ‘premier’ británico

«Ha sido un honor trabajar con Morgan McSweeney durante muchos años», reaccionó por su parte el ‘premier’. «Reconstruyó nuestro partido tras una de sus peores derrotas y desempeñó un papel central en la dirección de nuestra campaña electoral. En gran medida, gracias a su dedicación, lealtad y liderazgo logramos una mayoría aplastante y tenemos la oportunidad de cambiar el país», señaló en un comunicado en el que, sin embargo, no incluyó referencias directas a Mandelson, a Epstein ni a la investigación en curso. Tampoco precisó quién asumirá las funciones de coordinación que hasta ahora recaían en su jefe de gabinete.

La líder conservadora, Kemi Badenoch, declaró que «una vez más, con este primer ministro, la culpa es de otros: ‘Mandelson me mintió’ o ‘Morgan me aconsejó’. Keir Starmer tiene que asumir la responsabilidad de sus propias y terrible decisiones. Pero nunca lo hace».

Otros partidos han insistido en la misma línea. Daisy Cooper, dirigente de los liberal demócratas, afirmó que el primer ministro puede cambiar a sus asesores cuanto quiera pero que la responsabilidad final recae en él. Zack Polanski, al frente de los Verdes de Inglaterra y Gales, describió la dimisión como un paso necesario aunque insuficiente y sostuvo que Starmer conocía los antecedentes y aun así procedió con el nombramiento. Nigel Farage, líder de Reform UK, vinculó la crisis con las elecciones locales del próximo mayo, que, en su opinión, Starmer no superará.

Brechas en el Gobierno

Dentro del propio Gobierno, las horas previas a la renuncia dejaron al descubierto las brechas dentro de sus filas. De hecho, a primera hora del día, el responsable de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, había defendido públicamente la continuidad de McSweeney. «Creo que debería continuar, creo que debería seguir cumpliendo con su labor», dijo en una entrevista, en la que advirtió de la tentación de pensar que un cambio de personas en la cúpula resolvería por sí solo una semana complicada. Poco después de estas palabras, llegó la renuncia.

La figura de McSweeney ocupaba un lugar singular en el engranaje político que llevó a Starmer hasta Downing Street. Tras iniciar su carrera en los años de Tony Blair, participó en campañas locales y en proyectos orientados a frenar el avance de la izquierda interna durante el liderazgo de Jeremy Corbyn, dirigió la campaña que permitió a Starmer hacerse con el liderazgo en 2020 y, ya en el Gobierno, asumió un puesto de mucho poder, desde el que controlaba flujos de información, prioridades políticas y acceso al primer ministro.

El reproche central es su insistencia en mantener el expediente venezolano en clave bipartidista. Machado se ha reunido con el presidente y con responsables republicanos, pero también con legisladores demócratas. Para sus críticos, esa interlocución sería innecesaria e incluso contraproducente en un momento en que la transición venezolana se presenta como un logro de la actual Administración.

Medios como Politico han publicado informaciones basadas en fuentes anónimas próximas a la Casa Blanca que reflejan frustración por sus declaraciones sobre el calendario electoral. Según ese artículo, un asesor afirmó que sus comentarios sobre la posibilidad de celebrar elecciones en menos de un año «no sentaron bien» a algunos. Otro interlocutor consideró que un plazo de 24 meses sería más realista y que estratégicamente no debería fijar tiempos concretos.

Fuentes consultadas por ABC ofrecen otra lectura. Sostienen que Machado mantiene contacto directo con el presidente y con el núcleo que toma decisiones sobre Venezuela, y que en ese entorno se entiende que cualquier paquete relevante de ayuda, préstamos o garantías financieras requerirá respaldo del Congreso. La mayoría republicana en la Cámara es estrecha y podría ajustarse aún más tras las elecciones parciales de noviembre. Sin votos demócratas, determinadas medidas presupuestarias o instrumentos financieros no prosperarían.

La cuestión es aritmética. Si la transición implica asistencia económica estadounidense o mecanismos vinculados al sector energético, esos instrumentos deben ser aprobados en el Capitolio. En ese marco, el respaldo transversal no es un gesto simbólico, sino una necesidad legislativa. La política hacia Venezuela ha contado en distintas etapas con apoyo de ambos partidos, especialmente en materia de sanciones y exigencia de condiciones electorales.

La campaña contra Machado ha sido amplificada por figuras del entorno trumpista. Richard Grenell, enviado especial de Trump que mantuvo contactos directos con Nicolás Maduro y participó en negociaciones para la liberación de ciudadanos estadounidenses, compartió en redes la llegada a Caracas del presentador Rob Schmitt y del CEO de Newsmax, Chris Ruddy, para informar sobre el plan ‘Make Venezuela Great Again’, vinculado a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. Se promocionaron reportes en directo desde Caracas como prueba de un avance diplomático.

Sin embargo, la situación de la libertad de prensa en Venezuela sigue siendo restrictiva. Organizaciones internacionales denuncian que el acceso de periodistas extranjeros es limitado y depende de autorizaciones discrecionales. Reporteros han sido deportados o impedidos de entrar, y comunicadores locales han enfrentado detenciones y procesos judiciales. La presencia puntual de determinados medios con permisos especiales no equivale a una apertura general del sistema informativo.

A esta narrativa se han sumado activistas como Laura Loomer y Roger Stone. Loomer ha cuestionado públicamente la visibilidad y la agenda de Machado en Washington. Stone, aliado histórico de Trump, ha promovido a figuras alternativas dentro del universo opositor venezolano, presentándolas como más alineadas con la base conservadora estadounidense, pero que carecen de influencia dentro de Venezuela. Estas posiciones no constituyen una línea oficial, pero influyen en el debate público.

Modelo de transición

El trasfondo es el modelo de transición. Tras la captura de Maduro el 3 de enero, Estados Unidos abrió una hoja de ruta que incluye normalización diplomática gradual, reformas políticas y ajustes en el sector energético. El 2 de febrero se informó de una reunión en Miraflores entre Delcy Rodríguez y la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, para abordar un plan por fases promovido por Marco Rubio. Se han producido liberaciones de presos y se discute una nueva ley petrolera que podría facilitar exportaciones a Estados Unidos.

Machado defiende que la transición debe incorporar garantías electorales claras y un respaldo institucional amplio en Washington. Sus detractores consideran que esa estrategia introduce fricciones innecesarias con el ala más dura republicana. Sus partidarios replican que sin apoyo demócrata no habrá presupuestos ni instrumentos financieros suficientes y que convertir la política hacia Venezuela en un asunto exclusivamente partidista reduciría su viabilidad legislativa.

Mientras tanto, la Administración mantiene contactos con el Gobierno interino en Caracas y evalúa el alcance real de los cambios. Aunque se han producido gestos de apertura, persiste cautela sobre la profundidad de las reformas y sobre la consolidación del nuevo equilibrio interno.

Zapatero fue recibido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Declaró que mantiene con ella una relación «casi diaria» y que le tiene «una gran confianza». Su agenda pública se centró en el ‘Programa para la Paz y la Convivencia Democrática’, impulsado por el entorno de los hermanos Rodríguez, y en la tramitación de una amnistía que, según afirmó, se aprobará con rapidez y marcará «un antes y un después».

El movimiento se produce en un momento de reordenación interna. Tras la caída de Maduro en una operación estadounidense, la Fuerza Armada formalizó su respaldo institucional a Delcy como comandante en jefe. Sin embargo, fuentes militares sostienen que su margen real sobre la estructura castrense es limitado. No ha habido una renovación amplia de la cúpula. El relevo más visible ha sido el de la Guardia de Honor Presidencial, ahora en manos del general Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos en 2015 y considerado próximo a Diosdado Cabello. El equilibrio del poder militar sigue condicionado por lealtades previas y en Washington se da por hecho que Delcy no controla plenamente el aparato represor ni el estamento militar.

En ese escenario reaparece Rodríguez Torres. En la capital estadounidense su nombre no es desconocido. Según fuentes diplomáticas, Delcy y su hermano Jorge lo han presentado en distintos contactos como un exgeneral de pedigrí chavista, con capacidad de interlocución dentro de las Fuerzas Armadas, pese a su ruptura con Maduro. Fue este quien ordenó su arresto en 2018 al considerar que conspiraba contra él. Rodríguez Torres pasó casi cinco años en prisión hasta que en 2023 fue excarcelado y trasladado a España en una operación gestionada directamente por Zapatero, que lo acompañó de Caracas a Madrid.

Su trayectoria es controvertida. Fue director del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) hasta enero de 2014 y ministro del Interior hasta otoño de ese año, marcado por la represión contra las protestas. Informes internacionales y documentos de inteligencia lo vinculan con el aparato de detenciones y con centros clandestinos como ‘La Tumba’. También figuran en informes estadounidenses alegaciones sobre su presunta relación con redes de narcotráfico asociadas al llamado cártel de los Soles. Se trata de referencias de inteligencia, no de condenas judiciales firmes. Este diario ha tenido acceso a un informe que obra en poder de la Fiscalía y de los servicios de inteligencia estadounidenses que lo vincula a esos hechos.

Sus abogados sostuvieron que se acogió a la admisión de hechos por instigación a la rebelión y que había cumplido la mayor parte de la pena. Él mantiene su inocencia. En escritos remitidos a este diario asegura que no tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos ni en ningún otro país, que no ha sido sancionado y que no es candidato de nadie a la presidencia de Venezuela. Afirma que su relación con Zapatero se limita a gestiones para la liberación de presos políticos.

En 2025 un juzgado español admitió a trámite una denuncia por torturas y crímenes de lesa humanidad contra Rodríguez Torres, que posteriormente fue archivada por falta de jurisdicción al haberse cometido los hechos en Venezuela. El propio general ejerció su derecho de rectificación reiterando que no tiene causas penales abiertas ni aspiraciones políticas.

Un relevo controlado

Pese a ello, sectores del chavismo han promovido su nombre como figura de continuidad en un eventual relevo controlado. Fuentes consultadas por ABC señalan que su perfil habría sido trasladado a interlocutores próximos al entorno de Donald Trump como una opción capaz de garantizar estabilidad interna y preservar el control del aparato de seguridad en una transición ordenada. En Washington, sin embargo, su nombre es considerado problemático por su historial y difícilmente compatible con la narrativa de una transición limpia.

Según las fuentes que sostienen la tesis del viaje, la propuesta no apuntaría a una ruptura con el sistema, sino a un ajuste interno: integrar a una figura con pasado en el aparato chavista, enfrentada a Maduro en los últimos años, pero con conocimiento profundo de los resortes de poder. No existe confirmación oficial de que esa oferta se haya formalizado ni anuncio alguno sobre cambios en el Ministerio de Defensa. Tampoco hay constancia pública de que Rodríguez Torres haya aceptado o rechazado tal posibilidad.

Legitimidad internacional

Las mismas fuentes consideran que Zapatero no sería el autor material de la propuesta, sino la figura que podría dotarla de legitimidad internacional. La presencia de un expresidente del Gobierno español serviría, según esa lectura, para presentar el movimiento como parte de un proceso de reconciliación y no como una maniobra interna del chavismo.

Para Estados Unidos, el nombre de Rodríguez Torres no es neutro. Su historial en el Sebin y el Ministerio del Interior, junto con las alegaciones recogidas en informes de inteligencia, lo convierten en un factor sensible para cualquier interlocución militar. No hay acusación formal abierta en su contra en territorio estadounidense, pero su perfil forma parte del análisis político y de seguridad en Washington. Un eventual nombramiento en Defensa obligaría a redefinir la posición estadounidense ante el nuevo poder en Caracas.

Motivaciones del viaje de Zapatero

En paralelo, en algunos sectores de la oposición venezolana se comenta —sin respaldo documental público ni confirmación independiente— que el viaje de Zapatero podría tener también implicaciones personales o profesionales. Esas valoraciones apuntan a la eventual necesidad de dejar por escrito o clarificar trabajos de consultoría o interlocución realizados en el pasado en el contexto venezolano. No existen pruebas públicas que acrediten pagos pendientes ni gestiones concretas en ese sentido, y ninguna de las partes ha confirmado tal extremo.

La amnistía avanza como símbolo de reconciliación. Desde 2015 Zapatero ha ejercido como mediador intermitente entre el chavismo y la oposición, defendiendo la vía del diálogo y la liberación progresiva de presos políticos. Sin embargo, las excarcelaciones de mayor alcance no comenzaron hasta después del 3 de enero. Solo tras la captura de Maduro se activó una amnistía amplia, impulsada según fuentes diplomáticas en coordinación con Washington como parte de una hoja de ruta para estabilizar el país.

La iniciativa política ya no nace exclusivamente del chavismo ni de la fracasada mediación española, sino de una dinámica en la que Estados Unidos marca condiciones. En ese contexto, fuentes consultadas interpretan que Zapatero busca situarse en el nuevo tablero y no quedar al margen de un proceso que ahora pilota Washington. Para sus críticos, intenta capitalizar un movimiento que no controló. Para su equipo, incluidos quienes le han acompañado en este viaje, se trata de la continuidad de una mediación sostenida durante una década que encuentra por fin un marco político diferente.

El centro de gravedad, en cualquier caso, no es la amnistía sino el control del aparato armado. Los cambios han sido selectivos y el poder militar continúa sujeto a equilibrios internos muy precarios. La eventual incorporación de Rodríguez Torres a Defensa no supondría una ruptura, sino, según las fuentes consultadas, un intento de estabilizar el sistema desde dentro, una versión ajustada de un chavismo que busca sobrevivir a la caída de su líder sin desmontar sus estructuras.

Francelys García estaba allí. Su esposo, Rosmel Méndez, es uno de los 32 militares desaparecidos del caso Gedeón. Este caso, que se remonta a 2020, surge de una operación militar fallida conocida como ‘Operación Gedeón’, un intento de golpe de Estado que fue sofocado por las fuerzas de seguridad. Los militares implicados fueron detenidos, pero lo que comenzó como una detención se convirtió en una desaparición forzada. Sus familias no tienen acceso a información sobre dónde están, en qué condiciones se encuentran, o si están vivos. Es lo que jurídicamente se conoce como una violación del derecho de ‘habeas corpus’, el principio fundamental que garantiza que toda persona detenida tiene derecho a saber dónde está siendo retenida y a comparecer ante un juez. En Venezuela, este derecho ha sido sistemáticamente violado.

Hace más de cinco años que detuvieron a Rosmel Méndez tras la fallida operación de 2020. Hace seis meses que desapareció del sistema penitenciario al ser trasladado a un fuerte militar. Seis meses sin visitas, sin llamadas, sin respuestas. Sin que el Estado reconozca oficialmente dónde está. Francelys lleva 28 días en vigilia. Casi un mes de estar en la calle, esperando, exigiendo, denunciando. «Todo el mundo sabe que están, pero no están», se queja Francleys, junto a otros familiares que viven la misma incertidumbre que corroe el alma.

Una desaparición forzada, en términos legales internacionales, es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o con su consentimiento, seguida de la negativa a reconocer la detención o de ocultar el paradero de la persona. Es considerada un crimen de lesa humanidad por organismos internacionales como la Corte Penal Internacional. Lo que distingue a una desaparición forzada de una detención común es precisamente esto: la negación oficial de que la persona está detenida, la imposibilidad de ejercer el ‘habeas corpus’, la ausencia de registros en los sistemas penitenciarios. En Venezuela, esto se ha convertido en una práctica sistemática.

Junto los carteles de presos políticos estaba Maríalis Roa. Su hermano, Hugbel Rafael Roa Carusi, exdiputado por Trujillo, permanece detenido en la cárcel del Rodeo, acusado en el escándalo de PDVSA Cripto. Este caso, que ha marcado profundamente a Venezuela, surge de un esquema de corrupción donde funcionarios petroleros desviaban fondos públicos a través de criptomonedas, aprovechando la falta de supervisión durante los años de mayor crisis económica del país. Lo que comenzó como un mecanismo para evadir sanciones internacionales se convirtió en uno de los mayores robos de recursos públicos en la historia reciente venezolana. Pero la historia de Hugbel es diferente. Es la de un hombre que ayudó a construir el sistema que ahora lo devora.

Roa no era disidente. Era parte del chavismo. Diputado de la Asamblea Nacional, ocupó incluso la cartera de Educación cuando la revolución bolivariana aún prometía transformación. Pero, cuando la corrupción dentro del propio gobierno se hizo insostenible, cuando los funcionarios petroleros comenzaron a desviar fondos públicos a través de criptomonedas, Hugbel fue atrapado en la red. No por ser opositor. Por ser parte de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos 25 años, tan vasto que era imposible de encubrir.

«Esperamos que con esta ley de amnistía se cumpla lo que bien se dice: un juicio justo en libertad», decía Maríalis, mientras su madre explicaba los detalles médicos de su hijo. Hugbel entró a prisión con una patología. Ahora tiene cuatro. Las condiciones del Rodeo, donde el sistema de justicia ha sido reemplazado por la arbitrariedad, lo han deteriorado progresivamente. Lo más irónico es que ahora vive lo que durante años la oposición denunciaba: persecución política, cárceles inhumanas, juicios sin garantías.

Sin embargo, hay un problema que oscurece cualquier esperanza. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que la ley de amnistía tendría excepciones. Entre ellas, el robo y la corrupción. Y Roa está acusado precisamente de eso. Maríalis insiste en que no hay pruebas contundentes, solo testimonios. Pero las excepciones podrían dejarlo fuera. El hombre que ayudó a construir el sistema que lo persigue podría quedar atrapado en ese mismo régimen, sin amnistía, sin salida.

Los carteles frente al Palacio de Justicia eran imposibles de ignorar. «Exigimos libertad para todos los presos políticos en Venezuela», decían las letras blancas sobre negro. Fotos de rostros desaparecidos pegadas en cartulinas. Nombres. Edades. Una mujer en púrpura levantaba la bandera de Venezuela con los brazos extendidos, como si quisiera que todo Caracas la viera. Su determinación no era desesperación. Era exigencia. Era dignidad.

Lo que sucedía frente al Palacio de Justicia era lo que llamaban un acto de presencia. Pero era más que eso. Era una declaración: la sociedad civil diciéndole al Estado que podían estar en espacios públicos, denunciando desapariciones forzadas, exigiendo verdad y justicia, sin desaparecer por ello. Eso era lo que había cambiado.

Los números cuentan una historia de cambio acelerado. Desde el 30 de enero de 2026, cuando la presidenta encargada anunció la ley de amnistía, Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos. Pero también revelan una realidad más oscura: al 1 de febrero, la misma organización reportaba que se desconocía el paradero de 52 personas en el país. Desaparecidos. Sin rastro. Sin explicación oficial. Sin posibilidad de ejercer habeas corpus.

Nicmer Evans, el politólogo recientemente liberado del Helicoide, tenía una visión más exigente. «La ley debe contemplar imprescindiblemente una comisión de la verdad», dice. «Y una comisión que tenga acceso a procesos de investigación en casos como estos». Evans habla de desapariciones, de años de incertidumbre, de familias que no sabían si sus seres queridos estaban vivos o muertos. La amnistía, para que sea real, tiene que incluir verdad, investigación y reparación. Tiene que garantizar que el ‘habeas corpus’, ese derecho fundamental, sea restaurado y protegido.

Las familias esperan justicia

Pero, mientras Evans hablaba de justicia, las familias frente a los tribunales seguían esperando. Algunos de estos militares habían sido sentenciados a treinta años de prisión en juicios realizados dentro del Helicoide, sin abogados defensores, sin garantías procesales. Ahora estaban desaparecidos. Y sus familias estaban aquí, bajo el sol, diciendo que no era aceptable.

Este jueves, mientras el Parlamento inicia el debate de la ley de amnistía, algo se quiebra en Caracas. No es que el miedo haya desaparecido. Sigue allí, visceral, presente. Pero algo ha cedido. La gente está en las calles. Después de años de represión, de detenciones arbitrarias, de un aparato de seguridad que ha fichado a cualquiera que se atreva a protestar, la sociedad civil ha descubierto algo que los gobiernos autoritarios temen más que cualquier arma: la posibilidad de que sus ciudadanos dejen de creer que están solos. Que descubran que pueden estar juntos, en público, sin permiso, sin miedo paralizante. Eso no es una revolución. Es algo más lento, más profundo. Es la erosión del poder que se construye sobre el silencio. Y en Venezuela, donde el silencio ha sido la única moneda de cambio durante años, eso es casi revolucionario.

La iniciativa, anunciada la semana pasada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se produce en un clima de profundo escepticismo por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian el secretismo que rodea al texto y exigen su publicación inmediata para un análisis riguroso.

La propuesta legislativa, que necesita superar dos debates parlamentarios antes de ser sancionada, abarcaría a personas detenidas por motivaciones políticas desde 1999 hasta la fecha. Sin embargo, el anuncio oficial ya adelantó exclusiones significativas, dejando fuera a procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos, un punto que genera incertidumbre sobre su verdadero alcance. El segundo debate de la ley se prevé en la próxima sesión de la Asamblea, el martes de la semana que viene. Este movimiento legislativo ocurre en un contexto de recientes liberaciones, con 383 excarcelaciones verificadas por la ONG Foro Penal desde el pasado 8 de enero.

 

El director de esta organización, Gonzalo Himiob, calificó el inicio del debate como «positivo», pero condicionó su optimismo. «El texto que se va a discutir debe hacerse público de inmediato», sentenció. Esta demanda es compartida por otras organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, que manifestó en un comunicado que «ninguna ley de amnistía puede debatirse ni aprobarse de espaldas a las víctimas».

Excluidos y beneficiados

Antes de empezar la discusión acerca del borrador de la ley, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la norma busca ofrecer «suficientes garantías para todos los privados de libertad (la forma de llamar a los presos políticos), pero somos conscientes de la polarización que ha generado la ley de amnistía». Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, considera que «debe ser la síntesis de un diálogo para que no sea la violencia la que determine el destino de nuestro país. El cambio político tiene que ser por la vía electoral y pacífica».

Dejando atrás la retórica chavista que se vino abajo con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, Jorge Rodríguez hasta pidió disculpas. «Pedimos perdón y tenemos que perdonar también», dijo mostrando una foto de Hugo Chávez con un crucifijo en su mano durante la sesión parlamentaria.

El texto del proyecto de ley, al que tuvo acceso ABC, reconoce «la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación».

El documento, de quince páginas, comienza enumerando los casos que estarían excluidos de esta amnistía –la segunda del régimen tras la aplicada por Chávez en 2007–. Entre ellos están aquellas personas que hayan participado en crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos, delitos de homicidio doloso, tortura, desaparición forzada, violación y secuestro, así como haber participado en el tráfico de drogas.

Desde hace años hay una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y la cúpula chavista por crímenes de lesa humanidad, por lo que, de ser condenados, esta ley no les liberaría.

A continuación, el documento se refiere a la aplicación de la medida, que será «inmediata y preferente» para las personas encarceladas por «hechos de naturaleza política, de opinión, de manifestación pacífica o de expresión en redes sociales».

Entre los que sí serán favorecidos con esta medida legislativa se encuentran aquellos que han sido encarcelados por «instigación al odio, instigación y asociación para delinquir, rebelión, terrorismo y traición a la patria», entre otros delitos que el régimen ha utilizado para de manera sistemática perseguir y encarcelar a miembros de la oposición. Este último es del que están acusados líderes como María Corina Machado, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, Leopoldo López y el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma.

La medida también afecta a los que han sido encarcelados por participar en actos, manifestaciones y protestas en momentos históricos como el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 o en las movilizaciones de 2004, 2007, 2014, 2017 o 2024. Además se extiende a aquellas personas que hayan sido inhabilitadas para ocupar un cargo público entre 1999 y 2026, como consecuencia de una persecución política. Esta medida afectaría de manera directa a María Corina Machado, quien no pudo presentarse a las elecciones del 28 de julio 2024, y tuvo que ser sustituida por Edmundo González.

Reconciliación nacional

En el debate, el primero en tomar la palabra fue el diputado Jorge Arreaza, exyerno del difunto Hugo Chávez. Afirmó que su norte es la paz. Recordó las amnistías que había firmado su exsuegro. Dijo que el 3 de enero «nos ayudó a madurar. La única limitación de la ley de amnistía es la que establece la Constitución venezolana, como los crímenes de lesa humanidad, la corrupción y la malversación de los fondos públicos. La amnistía busca consolidar lo que nuestra Constitución establece, que es el Estado de derecho y la justicia. Su trascendencia es humana, que nadie la use para la venganza ni mezquindades, que nadie confunda esta iniciativa con impunidad y cartas blancas. Esta ley es necesaria».

El diputado Luis Augusto Romero celebró la iniciativa de presentar dicha ley como un acto de «valentía y fuerza». Según dijo, desde la bancada de la oposición «vamos a participar con nuestros aportes. Llevamos demasiados años de confrontación, este país no aguanta una revancha más. Habrá dilemas y circunstancias difíciles. Haremos énfasis a las violaciones de los derechos humanos y generar condiciones para que eso no se repitan. Vamos a buscar equilibrio para lograr una ley meritoria y extraordinaria. Soy optimista y exhorto a la comisión para que participen todos y todos opinen, sea debate honesto y sincero, el objetivo para la reconciliación, es tiempo de avanzar».

Carolina García dijo que «nos convocamos a sanar las heridas. No es para poner la otra mejilla, no es una debilidad, es una ley contribuye al respeto y la convivencia, y un voto de confianza, para que no vuelvan los extremismos, los bloqueos de calles y volver a vivir el 3 de enero, acompañamos esta ley».

El diputado opositor Tomas Guanipa defendió la necesidad de «reformar todo el sistema judicial y liberar a todos los presos políticos, garantizar los derechos a todos», así como acelerar la ley de amnistía como se hizo con la de hidrocarburos para abrir la economía venezolana.

La estatua es una reconstrucción de una obra inaugurada en Baltimore por Ronald Reagan y arrojada al puerto por manifestantes en julio de aquel año, en pleno auge de las movilizaciones contra el racismo y los símbolos asociados a la colonización. Las imágenes del derribo dieron la vuelta al mundo. Empresarios y políticos italoestadounidenses recuperaron los restos y financiaron su restauración con apoyo de donaciones, organizaciones locales y fondos federales. Trump ha ordenado que la pieza sea limpiada y preparada para su traslado, y permanece en estos momentos completamente cubierta mientras se ultiman los trabajos previos a su instalación.

Según contó ABC en 2022, esa estatua fue restaurada tras haber sido destruida. El artista Will Hemsley rescató los fragmentos hundidos y dedicó cerca de mil horas de trabajo gratuito a reconstruirla, con técnicas de escaneado en tres dimensiones y un molde rellenado con mármol recuperado y resina. La escultura original, inaugurada en 1984 por Reagan como homenaje a la comunidad italoamericana, renació gracias a donaciones privadas y una aportación del Fondo Nacional para las Humanidades. Su futuro quedó entonces pendiente de encontrar un nuevo emplazamiento.

La Casa Blanca no confirmó oficialmente el plan, pero un portavoz fue tajante en un correo enviado a varios medios: «En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe». Trump ha defendido reiteradamente su figura como símbolo de la identidad italoestadounidense y como bandera cultural frente a lo que describe como ataques de la izquierda. En octubre firmó una proclamación para celebrar el Día de Colón, al que calificó como «el héroe americano original», y pidió a los votantes que lo recuerden en las urnas. En 2025 volvió a celebrarlo de forma explícita, tras años en que Joe Biden había dado protagonismo al Día de los Pueblos Indígenas y marcado la jornada con un enfoque distinto sobre el legado histórico.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia del presidente para reordenar el relato nacional desde el poder federal. Trump ya incluyó a Colón en una orden ejecutiva de 2021 con una lista de figuras para su proyecto del National Garden of American Heroes, un ambicioso «jardín de héroes» con estatuas de personajes célebres. El plan, reactivado tras su regreso al Despacho Oval y con el 250 aniversario del país en el horizonte, prevé encargar hasta 250 esculturas financiadas con fondos públicos.

El programa ha generado críticas en el ámbito académico y cultural. Historiadores han advertido de que responde a una visión jerárquica de la historia, centrada en grandes figuras, mientras se recortan recursos destinados a archivos comunitarios, digitalización de periódicos locales o recopilación de testimonios de minorías. Parte del dinero, según ha señalado The New York Times, procede de partidas antes asignadas a la National Endowment for the Humanities y la National Endowment for the Arts, cuyos presupuestos han sufrido recortes drásticos.

La instalación de Colón llega además en un contexto de tensión creciente en torno a los monumentos públicos. En Washington, un manifestante fue condenado en 2025 por vandalizar una estatua de Colón cerca de Union Station, un episodio que reavivó el debate sobre la carga política de estos símbolos. Trump ha impulsado también otras restauraciones de estatuas atacadas durante las protestas de 2020, mientras su administración acomete reformas físicas en el complejo presidencial que han provocado críticas de conservacionistas.

La estatua de Colón en Union Station, hoy cubierta y en proceso de limpieza por orden directa del presidente, se perfila como un nuevo gesto de la batalla cultural que Trump ha convertido en uno de los ejes de su mandato: decidir qué memoria se exhibe en los jardines de la Casa Blanca y quién ocupa, de nuevo, el pedestal de la historia oficial de Estados Unidos.