El Banco de la República profundiza el apretón monetario y eleva la tasa de intervención al 11,25%. La Junta Directiva subió este martes el valor del dinero en 100 puntos básicos —la segunda alza consecutiva—, cuando ya había movido el marcador 100 puntos en enero, hasta el 10,25%. El Gobierno, representado por el ministro de Hacienda Germán Ávila, se opuso hasta tal punto que el economista dejó la reunión antes de que finalizara. Ávila, que llevó a cabo una rueda de prensa en solitario —cuando lo usual es que aparezca junto con el gerente del banco en la revelación oficial de la cifra—, anticipó el dato sin esperar la confirmación institucional, en una muestra de la enorme tensión entre el Ejecutivo y la junta directiva, que es autónoma desde la Constitución de 1991. El gerente del Emisor, Leonardo Villar, confirmó después el alza, que fue respaldada por el voto afirmativo de cuatro de los siete codirectores.
Daniel Castellanos, analista económico, encuadra el dilema que enfrentan los siete miembros de la Junta en términos esenciales: “El costo de controlar la inflación es reducir el crecimiento”. Pero añade que los especialistas han entendido cuándo vale la pena asumir ese costo: “Hay consenso entre la generalidad de economistas en que el crecimiento inflacionario debe ser controlado. Las señales de encarecimiento al alza sugieren que la expansión observada es insostenible”, sostiene sobre la situación actual.
Aunque en enero el mercado se vio sorprendido por el incremento del 1% en el monto que cobra el banco central al sistema financiero, y que por esa vía llega al resto de la economía, el de hoy era lo previsto por los expertos. La encuesta del centro de pensamiento ANIF, que recoge las proyecciones de 22 entidades financieras y otros observadores cualificados, mostraba que 12 de los 22 analistas anticipaban un incremento de 100 puntos básicos o más. Asobancaria, la patronal de los bancos que auguraba un incremento de dicha magnitud, ha destacado que el alza “contribuiría a frenar el incremento de la inflación en un momento de profunda incertidumbre”.
Alejandro Rojas, analista del Banco de Bogotá, explica por qué han continuado las alzas: “El equipo técnico del Banco de la República esperaba que la inflación finalizara el año en 3,6%, incorporando un incremento salarial no mayor al 7%. Pero con el incremento del salario mínimo superior al 23%, la expectativa de inflación para el cierre de 2026 pasó a 6,3%, un aumento de 270 puntos básicos, que son el hueco mínimo que el Banco debe cerrar con alzas”. Así las cosas, el Emisor ya ha cubierto 200; hay tramo por recorrer.
Y es que el problema persiste. Los analistas consultados por el Banco de la República pasaron de prever, en mediana, un IPC para el cierre de 2026 del 5,2% en diciembre pasado a un 6,2% en enero, dato que se ha mantenido. En otras palabras, los expertos no esperan que los precios cedan pronto. El mercado de deuda pública apunta en la misma dirección: el Break-Even Inflation —la diferencia entre lo que rinden los bonos de Colombia en pesos y aquellos atados a la inflación, un termómetro de lo que los inversores esperan que hagan los precios— se ubicó en 6,35% a un año en la tercera semana de marzo, según ANIF. Que ese número no haya cedido tras el alza de enero es una señal precisa: el mercado no cree que el banco central de Colombia haya hecho aún lo suficiente.
El panorama internacional añade presión y Rojas identifica una cadena de riesgos: “Con el conflicto en Oriente Próximo afrontamos alzas de los combustibles, principalmente del petróleo, que ya está afectando las cotizaciones de fertilizantes —Colombia es importador neto— y ese mayor precio internacional probablemente se traduzca en mayores presiones en alimentos”. A eso se suma el déficit de gas, que obliga a importar más a precios internacionales crecientes, y el precio de la gasolina, que vuelve a quedar entre 800 y 1.000 pesos por debajo del nivel internacional después del recorte del Gobierno. Para rematar, Rojas prevé una probabilidad del 80% de que El Niño golpee los precios en el segundo semestre.
Aún así, la Junta no votó en bloque. La encuesta de ANIF anticipaba una decisión cuatro a tres, con Germán Ávila, César Giraldo y Laura Moisá como díscolos. Esa fractura refleja la tensión de fondo entre el mandato de controlar la inflación y el temor a que el apretón lastre el crecimiento.
Lo que viene, según Rojas, es una moderación gradual: “Si el panorama internacional se despeja, las proyecciones climáticas mejoran y la indexación salarial da señales de moderación, los incrementos de abril podrían ser menores, de 50 o 75 puntos básicos”. ANIF proyecta que la tasa cerrará 2026 en una mediana de 11,88% y que el eventual ciclo de recortes solo llegaría en 2027, condicionado a que la inflación muestre convergencia sostenida hacia el rango meta del 3%, del que Colombia lleva cinco años fuera.
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