Los representantes de la oposición venezolana que, respaldados por Washington, dialogan con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, llegaron a Caracas la noche del domingo para el segundo ciclo de conversaciones que estaba previsto iniciarse hoy, algo que finalmente no ocurrió, emplazándose la cita al jueves. En la agenda, según dijeron sus voceros, estaban las garantías políticas y civiles, la libertad de expresión y las inhabilitaciones de dirigentes.
Según Ramón López, uno de los negociadores de la oposición, esta segunda ronda tratará sobre las normas y las decisiones que han restringido la participación política. Entre ellas, figuran la Ley contra el Odio, la legislación que regula a las ONG, así como las inhabilitaciones que impiden a cientos de particulares presentarse a elecciones. También se plantea revisar el estatus de partidos políticos opositores intervenidos judicialmente.
Su colega, Juan Miguel Matheus, ha dicho a LA RAZÓN que se trata también de sentar las bases de garantías civiles y políticas que le aplicarían a todos, incluso al chavismo para cuando deban dejar finalmente el poder.
Ese punto pone sobre la mesa el caso de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, que insiste en que la transición no puede aplazarse y reclama un calendario con una fecha concreta para celebrar elecciones libres. Su eventual regreso a Venezuela, donde sigue inhabilitada políticamente, permanece como uno de los asuntos más sensibles.
Otro de los asuntos pendientes es la libertad de expresión. La delegación opositora ha sostenido múltiples reuniones con el gremio periodístico y con representantes de medios de comunicación que coinciden en las mismas denuncias: hay más de 100 portales informativos bloqueados en el país, al menos 7 periodistas con procesos judiciales abiertos, una restricción que se mantiene al ejercicio de la prensa, y persecución a comunicadores considerados incómodos para el gobierno.
Lentitud tras primeros acuerdos
La nueva ronda llega después de que el primer ciclo, celebrado entre el 6 y el 12 de agosto, terminó con dos acuerdos principales: renovar completamente el TSJ y promover la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra.
El avance judicial, sin embargo, ha sido más lento de lo esperado. El Parlamento de mayoría chavista aprobó el 1 de septiembre una reforma de la Ley Orgánica del TSJ para elevar de 21 a 23 los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, pero el Ejecutivo no ha dado el ejecútese para que comience el procedimiento.
El nuevo comité estaría compuesto por once diputados y doce representantes de la sociedad civil, y seleccionará a los 32 magistrados del máximo tribunal, bajo la supervisión de un comité independiente también nombrado por la mesa de diálogo.
“Las bases para lograr una democracia plena pasan por construir las condiciones para que en Venezuela, lo más pronto posible, haya elecciones”, explicó Jorge Millán, integrante de la delegación opositora. Pero aún la discusión no entra en lo electoral. La renovación del Consejo Nacional Electoral será el último punto en las conversaciones que, en principio, se ha dicho que durarán hasta diciembre.
Por su parte, este martes Reino Unido anunció que elevará el nivel de sus relaciones diplomáticas y nombrará un embajador en Caracas, lo cual es paso fundamental para el acceso del gobierno interino a las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Londres vinculó su decisión con su intención de apoyar una transición democrática, la recuperación económica y la reconstrucción tras los terremotos.
Washington, impulsor del actual proceso, también ha vinculado la futura convocatoria electoral con una reforma previa de las instituciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el 8 de septiembre que Venezuela necesita antes un nuevo Supremo, un nuevo organismo electoral, partidos políticos con garantías y una prensa “libre y abierta”. Según Rubio, la mesa ha “progresado bastante”, aunque todavía debe continuar avanzando.
Alex Saab se declara culpable
Mientras en Caracas vuelven a la mesa los políticos, en Estados Unidos, el más cercano aliado de Nicolás Maduro se declaró culpable ante un tribunal federal de Miami de un cargo de lavado de dinero relacionado con una trama de corrupción vinculada a contratos públicos venezolanos.
Saab, señalado de ser “testaferro” del depuesto Maduro de quien fue su ministro de Comercio Exterior, fue detenido en febrero en Caracas y deportado a Estados Unidos por el interinato de Delcy Rodríguez, una vez le fue retirada la nacionalidad que le habían otorgado.
Ahora Saab ha aceptado cooperar con las investigaciones federales en curso y entregar 195 millones de dólares considerados ganancias ilícitas. La cooperación podría incluir información contra cuatro coacusados todavía no identificados públicamente y permitirá a los fiscales interrogar al empresario sobre sociedades, cuentas bancarias, intermediarios, destinatarios de fondos y circuitos financieros relacionados con sus negocios en Venezuela.
A cambio de la declaración de culpabilidad, la Fiscalía aceptó recomendar una pena situada en la parte inferior del rango aplicable de hasta 20 años. Inicialmente, Saab había negado los cargos cuando fue ordenado su juicio para noviembre.
La Fiscalía sostuvo que Saab y su socio Álvaro Pulido –todavía detenido en Caracas– participaron en operaciones que involucraron unos 350 millones de dólares que salieron de Venezuela, pasaron por el sistema financiero estadounidense y terminaron en cuentas extranjeras.
Según los investigadores, Saab creó empresas ficticias para pagar sobornos a funcionarios, movió fondos procedentes de contratos para importar alimentos desde Colombia y México, y también tuvo acceso a recursos vinculados con ventas petroleras de la estatal Pdvsa.
El empresario de 54 años tiene largo historial judicial. Fue acusado en Estados Unidos en 2019 y arrestado al año siguiente durante una escala para repostar en Cabo Verde cuando viajaba desde Caracas hacia Irán. El gobierno de Maduro aseguró entonces que realizaba una misión oficial y convirtió su encarcelamiento en una causa política.
Caracas llegó a presentarlo como un diplomático venezolano víctima de un “secuestro” estadounidense. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, participó en la campaña internacional para conseguir su liberación. En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden indultó a Saab dentro de un intercambio por estadounidenses presos en Venezuela.
Tras la captura militar de Maduro el 3 de enero, Rodríguez asumió el Gobierno interino, apartó a Saab del gabinete y meses después autorizó su deportación.
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