Las muertes de dos migrantes latinoamericanos por disparos de agentes de ICE en menos de una semana han vuelto a poner el foco sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios en Estados Unidos, intensificados por orden del gobierno del presidente Donald Trump.
Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años, murió el 7 de julio en Houston, Texas, mientras que el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26, falleció seis días después en Biddeford, Maine.
En ambos casos, los fallecidos iban al volante cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener sus vehículos.
La respuesta de la agencia fue acusar a Durán de intentar huir y a Salgado de poner en peligro la vida de los agentes.
Sin embargo, ninguno era la persona que buscaban los agentes, según confirmaron legisladores tras recibir información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La congresista demócrata Sylvia García aseguró que el director interino de ICE le confirmó que Salgado no era el objetivo del operativo en Houston.
Según el DHS, los agentes se dirigían a una vivienda que mantenían bajo vigilancia cuando vieron una camioneta blanca similar a otras relacionadas con el lugar.
Uno de sus ocupantes también se parecía, según la agencia, a la persona que buscaban, por lo que decidieron interceptar el vehículo.
En Maine, el senador Angus King aseguró, tras conversar con el secretario de Seguridad Nacional, que los agentes tampoco buscaban a Durán.
La versión oficial, bajo la lupa
En ambos casos, ICE justificó el uso de la fuerza al señalar que los conductores representaban un peligro.
La agencia afirmó que Durán intentó huir durante una parada de tráfico y que un agente, al temer por la seguridad pública, disparó contra él.
En Houston, ICE aseguró que Salgado chocó contra un vehículo oficial, desobedeció varias órdenes e intentó arrollar a un agente con su camioneta, por lo que este abrió fuego en defensa propia.
Esa versión ha sido cuestionada por los tres hombres que viajaban con el hombre mexicano —su hermano y dos compañeros—, hasta ahora los únicos testigos directos conocidos.
Los tres, recluidos en un centro de detención migratoria, afirmaron que Salgado no intentó arrollar a ningún agente y que los disparos entraron por los costados de la camioneta, según su abogado, Hugo Balderas.
Quiénes eran los fallecidos
Salgado llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en la construcción y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria, según su familia.
Era padre de tres hijos y se dirigía al trabajo con su hermano y otros dos compañeros cuando los agentes interceptaron el vehículo.
Durán, nacido en Bucaramanga, vivía en Maine con su esposa y su hija de tres años y contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos.
Por las mañanas trabajaba en una veterinaria y por las tardes hacía entregas a domicilio, contó su padre, Omar Durán, a Blu Radio.
Dos mil detenciones diarias
Los tiroteos se produjeron en medio de una campaña del Gobierno de Donald Trump para aumentar las detenciones de migrantes.
Según reveló el diario The New York Times, ICE recibió instrucciones de destinar más agentes a realizar arrestos y considerar 2,000 detenciones diarias como el nuevo estándar.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, se han registrado 29 incidentes en los que agentes de ICE dispararon contra civiles, según el portal The Trace. Ocho personas murieron.
A estos casos se sumó esta semana otro fallecimiento vinculado a un operativo migratorio: un hombre murió atropellado en San Agustín, Florida, después de huir a pie de agentes de ICE.
Las muertes han generado pedidos de investigaciones independientes y una mayor presión sobre las autoridades migratorias.
Human Rights Watch (HRW) reclamó una investigación “oportuna, transparente y exhaustiva” sobre la muerte de Durán en Maine.
En Texas, la Fiscalía del condado de Harris abrió una pesquisa paralela a la del DHS tras los reclamos de activistas, legisladores y familiares de Salgado. La fiscalía denunció, sin embargo, la falta de cooperación del Gobierno federal y aseguró que todavía desconoce la identidad de los agentes implicados.
A estas iniciativas se sumaron las acciones anunciadas por México por las muertes de 17 ciudadanos de ese país bajo custodia o durante operativos de ICE. La Cancillería informó que la red consular comenzó a presentar denuncias ante fiscalías estatales y solicitó la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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