La regulación de las stablecoins en Estados Unidos entró en una nueva fase de retrasos el 21 de abril de 2026, luego de que la Asociación de Banqueros Estadounidenses solicitara una extensión de 60 días para comentar las normas de implementación de la ley GENIUS.
En paralelo, el senador Thom Tillis advirtió que el debate de la ley Clarity no avanzará en abril y podría trasladarse a mayo debido a la falta de consenso en el Congreso, especialmente en torno al tratamiento del “yield” (intereses) en stablecoins.
La solicitud del sector bancario se enmarca en la fase de desarrollo regulatorio de la ley GENIUS, donde las agencias federales continúan definiendo las reglas que determinarán su aplicación. El objetivo de la extensión es contar con más margen para evaluar el impacto del marco, especialmente en su interacción con el sistema financiero tradicional.
La ley GENIUS, aprobada en 2025, establece el primer marco federal para stablecoins en Estados Unidos, tal como reportó CriptoNoticias. La normativa exige respaldo 1:1 en activos líquidos de alta calidad, auditorías periódicas y supervisión por parte de entidades autorizadas. Aunque prohíbe el pago de intereses directos a los tenedores, permite ciertas recompensas vinculadas al uso de plataformas, lo que ha generado una zona de interpretación abierta.
La ley Clarity, por su parte, busca definir la clasificación de los tokens y establecer la distribución de competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Sin embargo, su avance continúa condicionado por la falta de acuerdo en aspectos clave del diseño regulatorio.
El debate ha intensificado la tensión entre la banca tradicional y el sector de los activos digitales. Mientras las entidades financieras presionan para limitar cualquier mecanismo que pueda asemejarse a un rendimiento sobre depósitos, la industria sostiene que las recompensas vinculadas al uso de plataformas no constituyen intereses, sino incentivos de adopción.
En este contexto, el Congreso ha optado por extender los plazos de discusión y evitar definiciones aceleradas sobre conceptos aún no consensuados. Esto ha contribuido a ralentizar el calendario legislativo de ambos proyectos.
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