La justicia de Perú anuló la condena de 15 años de cárcel contra la exprimera dama Nadine Heredia, acusada de lavado de dinero por recibir dineros de la constructora Odebrecht, informó el Poder Judicial el jueves (13.08.2026).
La Corte Superior Nacional aplicó a Heredia un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la libertad del expresidente Ollanta Humala, quien gobernó el país entre 2011 y 2016.
Humala y su esposa fueron condenados en abril de 2025 por haber recibido contribuciones ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano en dos campañas presidenciales.
Tras su condena, la exprimera dama buscó refugio político en Brasil donde vive junto a su menor hijo. Humala quedó preso pero fue liberado el 3 de agosto cuando el TC ordenó su excarcelación.
Según la condena, la pareja recibió tres millones de dólares de la empresa brasileña para su campaña de 2011, en la que resultó vencedor, y 200.000 dólares de Caracas para la campaña de 2006.
Pero el TC exoneró al expresidente por considerar que el financiamiento que recibió de terceros para sus campañas electorales no constituía delito cuando fue candidato presidencial.
En consecuencia, la Corte Superior declaró “la nulidad” del proceso y dispuso el “archivo definitivo” de la causa. También dispuso levantar las órdenes de captura internacional en contra de Heredia que recibió asilo en Brasil.
La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero del gobierno de Hugo Chávez o de alguna empresa brasileña.
gs (afp, El Comercio)
2. Tres gobiernos salpicados – Odebrecht señaló que su empresa entregó en Perú 29 millones de dólares a candidatos presidenciales y funcionarios públicos con altos cargos entre 2005 y 2014, es decir durante las presidencias de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Mientras que en Brasil los implicados eran del izquierdista PT, en Perú eran de todas las tiendas políticas.picture-alliance/dpa/Wiegand
4. Barata y el acuerdo – La figura clave para obtener más información sobre Perú era el exjefe de la oficina de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, quien junto a otros representantes y exdirectivos de la empresa firmó finalmente el 15 de febrero de 2019 un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía peruana para la entrega de pruebas. La empresa se comprometió también a pagar 180 millones de dólares al Estado peruano.Getty Images/AFP/N. Almeida
6. El primer pez gordo – El primer expresidente peruano en ser puesto en prisión preventiva por el caso fue Ollanta Humala junto a su esposa Nadine Heredia, en julio de 2017. Ambos pasaron nueve de los 18 meses impuestos tras la anulación de la prisión preventiva por parte del Tribunal Constitucional. Odebrecht contó que entregó a los Humala tres millones de dólares para la campaña de 2011. Dicho monto no fue declarado.Picture alliance/dpa/epa/E. Arias
8. Fiscal contra fiscal – El 31 de diciembre de 2018, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, destituye a los fiscales de Lava Jato. Chávarry, investigado por presuntos vínculos con una red de corrupción y con el fujimorismo, argumentó que Vela y Domingo vulneraron el principio de jerarquía tras haber cuestionado su permanencia en el cargo. Tras presión ciudadana, los fiscales fueron restituidos y Chavarry renunció.picture-alliance/ZumaPress/H. Perez
10. Toledo, a la espera de su extradición – El expresidente Alejandro Toledo fue arrestado el 16 de julio de 2019 como parte del pedido de extradición de Perú por presunto delito de corrupción y lavado de activos. Según Barata, Toledo recibió en coimas más de 30 millones de dólares por la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica. Su amigo, el empresario israelí Josef Maiman, confirmó a la Fiscalía que actuó como testaferro.picture-alliance/AP Photo/M. Altaffer
12. Investigaciones no avanzan – Otra decena de exautoridades se han visto involucradas en la trama Lava Jato, como los dos últimos alcaldes de Lima, Susana Villarán (en la foto) y Luis Castañeda, quienes son investigados por presuntas irregularidades en los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima. Villarán está recluida en prisión preventiva. Sin embargo, hasta ahora solo hay un sentenciado y dos acusados por el caso en Perú.Getty Images/AFP/E. Benavides
La contrademanda de Odebrecht – La empresa brasileña demandó el 5 de febrero (2020) por 1.200 millones de dólares al Estado peruano ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano. La constructora anunció haber acudido al CIADI, con sede en Washington, en busca de una indemnización para “preservar sus legítimos derechos” porque Lima “violó sus obligaciones”.picture-alliance/dpa/G. Isma
El empresario costarricense Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca“, y el colombiano Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre“, fueron enviados desde el aeropuerto Internacional Juan Santa María, al noroeste de San José, para ser juzgados en un tribunal federal de Nueva York.
Bell Fernández, de 63 años, está considerado por el Departamento del Tesoro estadounidense como uno “de los mayores traficantes” de droga de Costa Rica, según la ficha policial de esta institución, que lo incluyó en su lista sancionatoria en 2023.
“La DEA (la agencia antidrogas estadounidense) los vincula con el Clan del Golfo”, señaló a periodistas el fiscal general costarricense, Carlo Díaz.
Los extraditados “desarrollaban la logística” para “facilitar el trasiego de cocaína hacia los Estados Unidos” para el cártel colombiano, considerado por Estados Unidos como una organización “terrorista”.
“Le doy gracias a los Estados Unidos porque me llevan de este país, me están salvando la vida”, afirmó Bell Fernández, quien denunció supuestos malos tratos durante su encarcelamiento.
Por su parte, Lozano Bonilla, naturalizado costarricense, también está presuntamente vinculado con el envío de cocaína líquida hacia Europa y Asia.
“Estas personas representan objetivos de persecución importantes (…) que hoy ya están en manos de la DEA”, indicó el fiscal.
Tanto Bell Fernández como Lozano Bonilla fueron trasladados hacia el aeropuerto con chalecos antibalas y cascos en medio de estrictas medidas de seguridad, según medios locales.
Aliada del presidente estadounidense Donald Trump, la mandataria derechista costarricense Laura Fernández ha prometido mano dura contra el narcotráfico, al que vincula con un aumento de la criminalidad en el país, considerado por décadas uno de los más seguros de la región.
El territorio centroamericano es utilizado como puente de la cocaína procedente sobre todo de Colombia y que es enviada a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.
Costa Rica permite la extradición tras una reforma constitucional de 2025 impulsada por el expresidente Rodrigo Chaves, antecesor de Fernández.
Desde entonces, ha extraditado a Estados Unidos, entre otros, al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, acusado de narcotráfico, y su supuesto socio, Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.
