Ciudad de México, 22 ago (EFE).- La activista trans Razzia Santillán y la luchadora profesional trans Estrella Fox organizaron este sábado un ring de lucha libre en el centro de la Cineteca Nacional, una de las “mecas de la blanquitud” de Ciudad de México, con el propósito de convertir este importante recinto cinematográfico en un espacio público de rechazo a la transfobia.
En el cuadrilátero de ‘Lucha Libre Trans’, proyecto creado por Estrella Fox, caben todos los cuerpos y cada uno de ellos combate, en cada movimiento, la discriminación hacia la comunidad trans, la misoginia deportiva y cualquier etiqueta de “exótico”, un rol al que suelen ser relegadas las personas trans en la lucha libre, de acuerdo a las organizadoras.
“Es nuestra tercera edición trayendo el ring y a las chicas a la Cineteca Nacional, y es que de esta manera nos hemos activado en este espacio cultural, porque realmente nosotras necesitamos ser vistas”, explicó Santillán a EFE sobre esta jornada de resistencia.
Para la defensora de derechos humanos, la urgencia radica en que el público mexicano venza su transfobia y conozca sus historias, que sepa también de la represión que ejerce el Estado mexicano contra ellas, y que sin una “ley integral trans” no podrán acceder a trabajos dignos ni a servicios públicos de salud.
Santillán también expresó su preocupación frente al incremento de los feminicidios en México, uno de los países con mayor número de casos en el mundo y el segundo con más transfeminicidios.
“Somos una población muy marginada y violentada. Ni siquiera tenemos el derecho de habitar el espacio público. Por eso es tan importante esta toma, porque nadie en el espacio público nos quiere, no es un problema exclusivo de los baños o los restaurantes”, expresó la activista.
La también presidenta del colectivo Mariposas Negras ha vivido en carne propia la exclusión, discriminación y represión del Estado mexicano, pues cuenta que en 2023 fue sacada a la fuerza del baño de mujeres de la Cineteca Nacional.
Lo anterior la llevó a realizar un plantón durante tres años en las inmediaciones de la institución cultural, una acción por la que ahora enfrenta una denuncia penal.
“Cuando caes en las manos de la Fiscalía General de la República, terminas en prisiones donde llegan los capos de la droga, y yo la verdad tengo mucho miedo (…) Además, al entrar a una cárcel (de hombres), seguramente las penas serán más largas”, relató.
Pese a ello, confía en lo que las mujeres trans pueden lograr arriba del ring, denunciando desde la “picardía, la enjundia y la furia” la marginación que todavía sufre la comunidad en el deporte y su criminalización por el simple hecho de defender su identidad.
“Esta noche son 30 personas luchando, haciendo algo bien distinto, rompiendo los moldes que las élites imponen en las ‘bellas artes’”, afirmó Santillán, para quien la lucha libre es un deporte de barrio que desafía los estigmas derivados de la división de clases sociales.
‘Lucha Libre Trans’ celebra su tercera edición en la Cineteca Nacional en la que se presentaron figuras como Reina Gintana, que tiene más de tres décadas en este deporte de estilo libre, así como Erika La Diabólica, Davisha, Amenaza Negra, entre otras.
Los nombres de algunos testimonios se han cambiado para proteger la identidad de las personas.
En el verano de 2025, Alma trabajaba como empleada de limpieza cuando una conocida le habló de la gestación subrogada, el procedimiento en el que una mujer gesta un bebé para otra persona mediante técnicas de reproducción asistida. “Me dijeron que no pasaba nada, que era rápido y que los pagos eran buenos”, recuerda
Lo que más la convenció fue la compensación: unos 300 mil pesos mexicanos (poco más de 17 mil dólares), entregados en pagos escalonados durante todo el proceso.
La agencia para hacerlo era World Center of Baby (WCOB), fundada en Ucrania en 2018, con registro en Estados Unidos y cuatro años de presencia en México. Después de una serie de evaluaciones médicas, Alma fue a una clínica de fertilidad para la transferencia embrionaria, el procedimiento en el que se colocan embriones en el útero para lograr un embarazo.
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Hasta ahí, todo bien. Pero al poco tiempo se llevó su primera sorpresa: en el primer ultrasonido descubrió que estaba embarazada de gemelos, algo que su coordinadora (la encargada de seguir su proceso de gestación desde la agencia) le dijo que “a veces solía pasar”.
El embarazo se complicó desde el inicio. Al segundo mes dejó su trabajo para dedicarse por completo al proceso y, cuando tenía cuatro meses de embarazo, los pagos dejaron de llegar. Su coordinadora le dijo que tenían problemas con la cuenta bancaria en Estados Unidos. Un mes después recibió otra llamada: “Me dijo que la agencia había desaparecido, que ella ya no trabajaba ahí”.
Alma es uno de los 90 casos de WCOB que quedaron en el limbo en México tras la desaparición de la agencia, según información proporcionada por un exempleado. En un comunicado, la compañía anunció en febrero de 2026 que había iniciado un proceso de disolución por bancarrota en Estados Unidos. La empresa no respondió a las solicitudes de comentario para esta investigación.
El estado de indefensión en el que quedan las madres que quedan abandonadas en medio del proceso es uno de los inconvenientes que deja en México la falta de regulación de la gestación subrogada. Aunque es un sector en crecimiento en el país, no existen cifras oficiales sobre el tamaño de esta industria. El negocio crece de manera visible en redes sociales, pero opera en un entorno marcado por la falta de transparencia, de mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas.
Para esta investigación publicada por Aristegui Noticias y CONNECTAS se identificaron al menos 30 de estas agencias —nacionales e internacionales— que operan en México. Y se entrevistó a 33 personas involucradas en el negocio: desde gestantes, padres de intención hasta trabajadores y expertos del sector.
Un mercado que crece
Para Sofía Pérez Otero, abogada especializada en derecho de reproducción asistida y de familia, México ocupa hoy un lugar central en esta industria como destino atractivo por tres razones: un marco legal relativamente progresista, que reconoce el matrimonio igualitario, la autonomía reproductiva, la diversidad familiar y el derecho a la identidad; un circuito médico de alto nivel; y costos más bajos en comparación con otros países.
En el país, la gestación subrogada no tiene una regulación nacional unificada. Su marco legal está dividido entre la Federación, que regula aspectos sanitarios y médicos, y los estados, que establecen las consecuencias civiles del proceso, como la filiación y el reconocimiento de la maternidad y la paternidad.
Eso ha creado un rompecabezas legal en el que las condiciones, derechos y vías legales disponibles pueden cambiar según el estado donde se lleve a cabo el proceso. En estados como Querétaro y San Luis Potosí, por ejemplo, la práctica está prohibida o los contratos de gestación subrogada no tienen efectos jurídicos. Tabasco y Sinaloa, por otro lado, cuentan con regulaciones específicas que permiten ciertas modalidades y establecen requisitos legales.
No existen datos de cuántos bebés nacen mediante gestación subrogada, pero una señal del crecimiento de estos procesos son los amparos de filiación que se tramitan en los juzgados del país. Mediante estos recursos, los padres de intención solicitan a un juez que ordene al Registro Civil reconocerlos como los progenitores legales del bebé por gestación subrogada. En cinco años, estos casos aumentaron 2,548 %: pasaron de 25 en 2020 a 662 en 2025, según datos del Órgano de Administración Judicial de México.
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Aunque la regulación cambia de un estado a otro y los registros oficiales son limitados, hay un actor que aparece de forma recurrente: las agencias privadas, en su mayoría extranjeras. Su participación es legal y, a través de sus “coordinadores”, suelen reclutar a las gestantes, organizar el proceso, gestionar pagos y conectar a las distintas partes.
Las agencias no son las únicas que intervienen. También participan clínicas, abogados, notarios y autoridades, cada uno con funciones distintas. Sin embargo, cuando surge un conflicto, no siempre está claro qué obligaciones corresponden a cada actor, quién debe responder por ellas o ante qué autoridad. Esa zona gris puede dificultar que las partes afectadas exijan responsabilidades.
Contratos tardíos y el modelo “Uber”
Los procesos de gestación subrogada se rigen por contratos privados. De acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos deben garantizar el consentimiento informado y establecer con claridad los derechos y obligaciones de quienes participan.
Sin embargo, en la práctica existen dos contratos distintos. Por un lado, los padres de intención firman con la agencia un contrato de prestación de servicios. Por otro, la mujer gestante firma directamente con los padres de intención el contrato de gestación. Esa diferencia es clave.
Aunque las agencias de subrogación reclutan a las gestantes, coordinan el embarazo y administran los pagos, no figuran como parte del contrato de gestación. El esquema se parece al de plataformas como Uber o Rappi: controlan el proceso, pero se presentan legalmente como intermediarias. La gestante firma directamente con los padres de intención, mientras que ellos son los únicos que mantienen una relación contractual con la agencia y, por tanto, una vía legal directa para reclamar en caso de incumplimiento.
Cuando Grey -otra de las gestantes entrevistadas– dio a luz, en abril de 2025, a una bebé para una familia homoparental estadounidense, durante los primeros meses recibió sus pagos puntualmente de la agencia New Life. Sin embargo, tras el nacimiento cuenta que sólo recibió una tercera parte de la compensación final que le habían prometido. Para entonces, ya sabía que el contrato de gestación no era con la agencia, sino directamente con los padres de intención.
Durante las semanas siguientes, Grey mantuvo contacto con ellos para completar el registro de la bebé, que finalmente quedó inscrita con su apellido, como si ella fuera la madre. Esto permitió que los padres de intención salieran del país con la menor sin tener que esperar un amparo de filiación, un proceso que puede tardar meses.
Consultamos por correo electrónico a la pareja, que aseguró haber pagado el programa completo a la agencia. Por su parte, aunque New Life solicitó una prórroga para responder a las preguntas de esta investigación, al cierre de este texto no respondió.
El abogado Raúl Valdez, especializado en contratos de gestación subrogada, explica que “la agencia es una intermediaria. Si no te pagan, puedes demandar por incumplimiento, pero a los padres de intención”. Y agrega una dificultad legal: “Para demandar se necesitan abogados en la jurisdicción donde firmó el contrato, en este caso Sinaloa”.
Si bien no hay especificaciones sobre cómo llevar a cabo un contrato, en febrero de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que debe formalizarse antes del embarazo, primero ante notario y luego ante un juez. La realidad fue otra para la mayoría de las entrevistadas: más de la mitad recibió el suyo cuando ya tenían un embarazo en curso. Algunas lo confundieron con consentimientos médicos; otras firmaron en salas de espera o el mismo día de la transferencia embrionaria.
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Padres de intención en la encrucijada
La falta de controles también puede generar conflictos para los padres de intención, aunque desde una posición distinta a la de las gestantes. En general, son quienes contratan y pagan el proceso y llegan a él con mayores recursos económicos y capacidad de decisión. Aun así, pueden quedar expuestos cuando una agencia incumple, desaparece o surge un conflicto que el marco legal no contempla.
Los coordinadores entrevistados señalan que la mayoría de sus clientes son extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, que llegan a la gestación subrogada después de años de tratamientos de fertilidad, pérdidas gestacionales o intentos fallidos de adopción.
Ese fue el caso de Bárbara y su esposo, una pareja canadiense que llegó a la gestación subrogada después de casi una década buscando alternativas para formar una familia. Tras años de infertilidad y un proceso de adopción que no prosperó, el embarazo finalmente llegó sin complicaciones.
El conflicto comenzó después del nacimiento: durante seis meses, Bárbara tuvo que emprender un proceso legal para ser reconocida como madre. “Después de todo lo que pasé intentando tener un hijo, no ser reconocida fue muy difícil”, recuerda.
Para Alex y su pareja estadounidense, el problema ocurrió antes de poder registrar a su bebé. Iniciaron el proceso en 2022 con Fertility Solutions Center Cancún. El examen de ADN —requisito de la Embajada de EE.UU. para registrar a la bebé— salió negativo en dos ocasiones. “Técnicamente, habían transferido el embrión equivocado“, dice Alex.
Según su relato, la clínica negó su responsabilidad y les pidió que firmaran documentos asumiendo la paternidad legal de la bebé. Se negaron y la niña, según le dijo la agencia, fue adoptada por una familia, pero no tienen forma de comprobarlo. Hoy Alex tiene una demanda abierta en Cancún. Fertility Solutions Center no respondió a las solicitudes de comentario para esta investigación.
Las infancias y el papel del Estado
En las historias sobre gestación subrogada, los niños y las niñas que nacen de estos procesos suelen quedar en segundo plano. La conversación se concentra en las gestantes, los padres de intención, las clínicas y las agencias, pero pocas veces se mira qué ocurre con las infancias cuando el proceso se complica. La institución encargada de velar por sus derechos es la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), adscrita al DIF Nacional.
La Procuraduría debe intervenir cuando un juicio involucra a un niño nacido por gestación subrogada. Pero lo hace cuando otra autoridad lo notifica, lo que suele ser cuando el niño ya nació y un juez le avisa.
“Nosotros no tenemos ojos en todos lados”, dice Luis Peña Cruz, director general de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la dependencia. “No existe un protocolo de coordinación con las fiscalías”, dice. La ley solo establece que deben avisar cuando detectan un posible delito.
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El mismo vacío alcanza a las agencias. Como no están registradas ante ninguna autoridad ni aparecen en los contratos, cuando algo falla “no hay forma de rastrear a la agencia” ni de fincarle responsabilidad, explica Peña Cruz. En los casos de abandono que ha atendido la Procuraduría se repite el patrón: falta de regulación y contratos pactados “exclusivamente en el ámbito de lo privado”, sin seguimiento posterior. Los niños suelen entrar en un proceso de protección que, si nadie los reclama, puede terminar en adopción.
Peña Cruz considera necesario algún mecanismo de supervisión, aunque menos intenso que el de la adopción. Por ahora, la principal intervención de la Procuraduría es promover actas de nacimiento provisionales para los niños que llevan meses sin identidad legal, pero reconoce que es apenas un paliativo porque “no resuelve en definitiva la problemática”.
El panorama es complejo. El reporteo encontró también casos de éxito, tanto entre mujeres gestantes como entre padres de intención. Hada, de 34 años, llegó al proceso por recomendación de su ginecólogo y describe una experiencia positiva: conoció a los padres de intención antes de la transferencia, recibió seguro médico, evaluaciones psicológicas y acompañamiento durante el embarazo. También mantiene contacto con la familia de la bebé que gestó. “Me sentí muy cuidada durante todo el proceso”, dice. Con la compensación pudo pagar el enganche de un terreno y liquidar deudas.
Los coordinadores entrevistados también describen experiencias positivas. Omar destaca la gratitud entre padres de intención y gestantes y los vínculos que, en algunos casos, perduran después del nacimiento. Pero ninguna de estas experiencias puede considerarse representativa. En un tema del que todavía se sabe tan poco, lo que falta no son solo testimonios, sino información que permita dimensionar el fenómeno y discutirlo a la luz pública.
“Necesitamos alfabetizarnos en qué es un derecho y cuáles son los derechos reproductivos”, dice Eleane Proo, investigadora de la UNAM en violencia de género y biotecnologías reproductivas. Pero en un mercado sin regulación, que moverá 200 mil millones de dólares hacia 2034 (según datos de la consultora Precedence Research), la alfabetización individual no alcanza.
Ana lo sabe mejor que nadie: perdió su auto, su casa y años de ahorros familiares en un proceso que terminó con dos bebés a su cargo que nadie más quiso reconocer. Los padres de intención abandonaron el proceso después de que les informaron que los bebés serían prematuros y necesitarían cuidados intensivos, por lo que había que cubrir los gastos médicos del hospital.
Hoy Ana considera entrar a un nuevo proceso de subrogación. Es la única forma que ve de recuperar lo que perdió.
Si quiere conocer más historias como estas, que evidencian las dificultades tras la gestación subrogada, puede leer el especial multimedia acá.
El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con algunos de los empresarios más importantes del país, presidentes y dueños de bancos, en su nueva sede presidencial en Barranquilla. Foto: X de Abelardo de la Espriella.
A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella informó que sostuvouna reunión con algunos de los empresarios más importantes del país en la nueva sede de la Presidencia en Barranquilla.
Al encuentro asistieron Jaime y Gabriel Gilinski, dueños del Banco GNB Sudameris; Alejandro Santo Domingo, uno de los hombres más ricos de Colombia con participación en Bavaria y Valorem; Luis Carlos Sarmiento, cabeza del Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país; Fuad Char, empresario barranquillero con negocios en el sector retail y farmacéutico; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; César Caicedo, presidente de la Organización Corona; y Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, al que pertenece Davivienda.
“Les agradecí su decidido y solidario apoyo en estos momentos tan difíciles.Han aportado recursos y ayudas muy valiosas que serán fundamentales para la reconstrucción del país“, escribió el mandatario.
Según relató, en ese encuentro le pidió directamente a Sarmiento, a los hermanos Gilinski y a Cortés que redujeran al 8% efectivo anual la tasa para los créditos de vivienda de los damnificados por el terremoto, durante toda la vida del crédito. “Accedieron”, confirmó De la Espriella, quien calificó la decisión como “un alivio real para miles de familias colombianas”.
La petición ya estaba sobre la mesa. Desde el 18 de agosto, en su alocución presidencial transmitida desde Barranquilla, De la Espriella había hecho un llamado público al sector financiero para reducir de manera inmediata las tasas de interés, como parte del denominado Plan Milagro de Reconstrucción, la estrategia con la que el Gobierno busca coordinar al sector público y privado para facilitar el acceso a vivienda en más de 450 municipios afectados por la emergencia.
“Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés, para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, había dicho entonces el mandatario.
Bancolombia fue el primero en responder a ese llamado. El 20 de agosto, la entidad anunció más de 5 billones de pesos en nuevas financiaciones para las zonas afectadas: créditos de vivienda —nueva o usada, urbana o rural, VIP, VIS y No VIS— al 8% efectivo anual durante toda la vida del préstamo, con una reducción frente a la tasa vigente hasta entonces, cercana al 14%.
El banco estima que esta medida podría beneficiar a cerca de 7.000 familias, con desembolsos aplicables desde el 25 de agosto.
El paquete de Bancolombia incluyó además créditos de consumo y microcréditos al 10% efectivo anual para trabajadores independientes de las zonas afectadas —Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, el Suroeste antioqueño, Cauca y Tolima—, líneas empresariales a tasa IBR+0%, créditos con una tasa de interés igual al valor exacto del Indicador Bancario de Referencia (IBR) diario o mensual, sin ningún punto porcentual adicional de ganancia para el banco
Estos últimos tendrán plazos de hasta 36 meses para hasta 13.500 empresas, y financiación en las mismas condiciones para municipios, departamentos y entidades descentralizadas, con plazos de hasta 60 meses y periodos de gracia de hasta 24 meses.
Además de la reducción de tasas, el Gobierno anunció el programa Vivienda Milagro, que contempla subsidios de arrendamiento, alivios en el pago de servicios públicos y proyectos tanto para construir viviendas nuevas como para mejorar las que puedan ser recuperadas. La entrega de estas ayudas estará precedida por un censo y una caracterización de los casos, con el fin de determinar las necesidades de cada familia.
De la Espriella también invitó a las empresas constructoras a donar sus utilidades en los proyectos de vivienda que se desarrollen en las zonas afectadas, y llamó a los alcaldes y gobernadores a trabajar de manera conjunta, “sin distinción de colores políticos o ideologías”, para atender a las comunidades golpeadas por el sismo.
En el mismo mensaje en el que confirmó la reducción de tasas, el presidente anunció que visitará el Chocó junto a los empresarios el próximo 7 de septiembre, con el propósito de diseñar “un plan integral de recuperación y transformación del departamento” que le lleve, según sus palabras, “el progreso, la inversión y el desarrollo que durante tantos años le han sido negados”.
“La reconstrucción no consiste solamente en levantar lo que el terremoto destruyó. Tenemos la oportunidad de construir un país mejor y saldar deudas históricas con regiones olvidadas“, escribió.
Extraordinaria reunión en la sede de la Presidencia en Barranquilla con algunos de los empresarios más importantes del país: Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés.
La gestión del Gobierno frente a la emergencia ha sido objeto de críticas dentro y fuera del país. La revista británica The Economist publicó un análisis titulado, en referencia al caso colombiano, sobre cómo la desigualdad estructural del país se ha traducido también en una respuesta desigual a la crisis.
Según señaló el análisis, mientras en el Chocó —de mayoría étnica afro e indígena— la capacidad hospitalaria es insuficiente para atender a una población ya golpeada por la pobreza y la violencia, en ciudades como Cali, Manizales y Pereira ha sido posible ofrecer mejor atención, más ayuda y, según el medio, probablemente mejores datos sobre las afectaciones.
“El señor de la Espriella parece ser consciente de las desigualdades. Su gabinete ha sido enviado a las zonas más afectadas […] Sin embargo, muchas familias se preguntan dónde está esa ayuda”, señaló la publicación, que recogió testimonios en Quibdó.
Ese contraste resulta especialmente relevante frente al anuncio de las nuevas tasas hipotecarias: los créditos de vivienda, aun con una tasa preferencial del 8%,siguen siendo un mecanismo que requiere capacidad de pago y respaldo financiero, condiciones que buena parte de la población más golpeada por el sismo —concentrada en los departamentos más pobres del país— difícilmente cumple.
Mientras algunas familias podrán acceder a un crédito hipotecario para reconstruir o adquirir vivienda, otras dependerán casi por completo de los subsidios estatales y las donaciones.
Según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 22 de agosto, el terremoto de magnitud 7,4 —cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó— deja 329 personas fallecidas, 4.600 heridas, 247 desaparecidas y 364 rescatadas. El sismo afectó a 16 departamentos y 481 municipios, con 154.016 familias y 314.751 personas impactadas.
En materia de vivienda, el balance más reciente reporta 176.890 viviendas averiadas y 33.374 completamente destruidas, cifras que aumentaron frente al reporte preliminar del 18 de agosto —cuando se hablaba de 26.945 viviendas destruidas y 127.567 averiadas—, a medida que avanzan las labores de verificación en los territorios.
También se registran 5.755 edificios averiados, 553 colapsados, 525 centros de salud afectados, 3.546 centros educativos y 5.585 centros comunitarios con algún tipo de daño.
Las pérdidas materiales se estiman en 30 billones de pesos, según un cálculo técnico elaborado por la firma Ingeniar Risk Intelligence mediante sensores remotos y modelos de exposición aplicados a cerca de 500.000 elementos de infraestructura y vivienda en los cinco departamentos con mayores afectaciones directas: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.
Omar Darío Cardona, fundador de la firma, aclaró queesa cifra no equivale al costo real de reconstrucción, que será considerablemente mayor debido a que las nuevas edificaciones deberán cumplir con normas sismorresistentes modernas, y que tampoco incluye pérdidas económicas indirectas como la interrupción de actividades comerciales o la afectación al empleo.
Santiago de Chile, 22 ago (EFE).- Cientos de personas pertenecientes a organizaciones que integran la Asamblea Ecologista Nacional de Chile, junto con estudiantes y defensores de la protección de la naturaleza, se manifestaron este sábado en Santiago y otras ciudades del país en la ‘Marcha Nacional contra los Retrocesos Ambientales y por los Animales’.
Los activistas ambientales se pronunciaron sobre lo que consideran un “retroceso ambiental” en el Gobierno de José Antonio Kast, que aseguran “aún no reintegra la totalidad de los 43 decretos ambientales que retiró al principio de su Gobierno”.
En marzo pasado, la actual administración retiró del trámite de Contraloría para su revisión una batería de órdenes legales, impulsadas entre 2023 y 2026 durante el mandato del expresidente Gabriel Boric (2022-2026).
“Ni un paso atrás en los retrocesos ambientales implementados especialmente por este Gobierno”, dijo la abogada de Greenpeace, Roxana Nuñez, quien también se refirió a aspectos impugnados de la megarreforma económica y tributaria impulsada por Kast, que estaban relacionados con permisología en materia medioambiental.
“Vimos cómo avanzaba un proyecto de ley totalmente regresivo como es la reforma, pero eso logró ser detenido gracias a la insistencia de la gente y de las organizaciones ambientales en el Tribunal Constitucional, pero esas dos alertas son muy preocupantes”, aseguró.
En la convocatoria realizada en redes sociales, las organizaciones denuncian que se “planea cazar Lobos Marinos para beneficiar a las Salmoneras y la Pesca Industrial de Arrastre”, según escribieron.
“Vengo porque me importa el planeta Tierra y porque soy parte del movimiento Punta Fraile que defiende una zona prístina en la costa, que sería muy importante conservar y que está amenazada por las inmobiliarias como todo Algarrobo”, aseguró Carola Fredes, sobre una zona en Valparaíso, en la zona central del país.
Los manifestantes cantaron consignas, portaron representaciones de animales como los pingüinos, una de las especies protegidas en Chile, y pancartas con varias peticiones entre ellas: “No a las carreras de galgo”.
El Congreso chileno esta semana aprobó la idea de legislar sobre un proyecto de ley que prohíbe y sanciona las carreras de perros, en las que los galgos son la raza más utilizada.
“Estamos dando la cara por los animales que no pueden alzar la voz”, aseguró Valentina, una estudiante de ciencias biológicas de la Universidad Católica de Chile.
La jornada también tuvo espacio “no solo para defender la naturaleza sino para honrar a aquellos defensores ambientales caídos y también a los dirigentes mapuches”, destacó la estudiante.
La justicia de Perú renovó la orden de captura de la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a 11 años y 5 meses de cárcel por su presunta participación en el fallido golpe del expresidente Pedro Castillo en 2022, a pesar de haber recibido el asilo diplomático de México y estar ya en ese país, se supo en Lima el sábado (22.08.2026).
El juez supremo Juan Carlos Checkley decidió ejecutar una sentencia de la Corte Suprema del pasado 4 de diciembre, que ordenó la ubicación y captura de Chávez para que cumpla la condena de prisión efectiva, como coautora del delito de conspiración para una rebelión en contra del Estado peruano.
La resolución judicial publicada en medios locales fue emitida el pasado 14 de agosto, una semana después de que Chávez recibió el salvoconducto que le permitió abandonar la embajada de México en Lima y viajar a esa nación en un avión militar.
Interpol fue notificada
Checkley solicitó cumplir con la renovación periódica de las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra Chávez, y comunicar esta decisión a la Policía Nacional y a la oficina de la Interpol en Lima.
El abogado de la ex primera ministra, Raúl Noblecilla, criticó la resolución y añadió que su captura no será posible porque está bajo asilo diplomático otorgado por México, según un mensaje compartido en su cuenta de la red social X.
Chávez permanecía desde noviembre de 2025 en la residencia de la embajada mexicana en Lima después de que México le concediera asilo diplomático, una decisión que llevó al entonces gobierno peruano a romper las relaciones diplomáticas con México.
Fadi Abed instala el pesado carrito en una calle de Ciudad de México para empezar la faena. “‘Basalé, basalé’, rica comida ‘balestina’”, dice para atraer clientes con su escaso español que denota el esfuerzo de los áraboparlantes por pronunciar la “p”.
Fadi Abed irrumpe en el paraíso gastronómico callejero de la capital mexicana, donde construye una nueva vida tras escapar de la guerra en Gaza.
La comida árabe es poco común en Ciudad de México, mucho menos en puestos callejeros. Pero Fadi Abed recibe filas de comensales ansiosos por descubrir estos sabores.
En el carrito suena la “cumbia del falafel”, que emula un pregonar de la venta ambulante de tamales en la capital desde los años 1990. “Lleve su rico y delicioso falafel palestino”, reza el pregón, popular en todo el país.
Hay falafel, shawarma, hummus, kebab, baba ganoush, tabulé…
Los comidistas, dedicados a la caza de nuevos sabores, han retomado y viralizado las publicaciones del “Hijo de Palestina”, su nombre en redes.
“Gracias a Dios, poco a poco vamos progresando haciendo comida palestina. Y al pueblo mexicano le encanta”, dice en árabe a la AFP.
“Sin nada”
“Llegamos aquí sin nada”, recuerda Fadi Abed, de 28 años, que aterrizó en mayo de 2025 como refugiado con 17 familiares, incluidos su esposa y su hijo pequeño.
México fue el destino porque su padre, Kamal, emigró a este país en 2010 tras la destrucción de su negocio de mármol durante un bombardeo.
Luego llegó Shadi, su hermano.
Con el estallido de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, el padre viajó a Egipto para agilizar la salida de sus familiares, pero la angustia minó su deteriorada salud y en marzo de 2024 murió en un hotel de El Cairo.
Shadi siguió el proceso y apoyado por una intensa campaña en redes, consiguió el refugio.
Ahora Fadi Abed -que comerciaba café y frutas secas en Gaza- intercala su venta de comida en dos zonas de Ciudad de México. Todo se acaba muy rápido, no sobra nada.
“Viene de otro contexto, a Fadi no le gusta desperdiciar comida”, explica Sergio Villegas, un escenógrafo mexicano de 48 años que lo apoya en el manejo de redes y en los puestos. “Desperdiciar comida durante un genocidio es impensable”, añade.
Fue Villegas quien adaptó la cumbia viral con ayuda de inteligencia artificial.
“El más famoso”
De una bandeja, Fadi Abed toma pasta de garbanzo molido con perejil, la base del falafel, mientras otras contienen res y pollo especiadas.
También hay ensaladas y salsas de acompañamiento. Para beber, agua de sandia y de limón con hierbabuena. Y tentadores dulces árabes de postre.
Matile Enríquez, una asesora comercial de 63 años, llegó atraída por los videos en Instagram. “Comer comida árabe (en México) es muy complicado”, explica. “Los restaurantes árabes son pocos y caros. Esta es una súper opción (…) económica, accesible”.
“Me gustó mucho el condimento y que fuera vegana”, celebra Lidia Flores, de 33 años, tras probar el falafel .
El sueño de Fadi Abed es establecerse definitivamente en México y abrir un restaurante. Cuenta orgulloso que en junio nació su segundo hijo y que es mexicano. “Voy a ser el más famoso entre los palestinos”, dice sonriendo.
Una jueza federal de Nueva York dejó sin efecto este viernes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de suspender la tramitación de visados para ciudadanos de 75 países, entre ellos de Colombia, Uruguay y Cuba.
A principios de este año, el gobierno de EE.UU. había dicho que buscaba poner fin al “abuso” del sistema “por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense”, con relación al uso de programas de asistencia social y beneficios públicos.
Sin embargo, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dictaminó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar esta política.
La medida del gobierno de Trump es “manifiestamente ilegal”, según el tribunal. [Getty Images]
La lista de países afectados incluía a varios de América Latina, entre ellos Colombia, Cuba, Brasil, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También la integraban países como Somalia, Rusia, Afganistán, Irán e Irak, entre otros.
De acuerdo a la reciente decisión del tribunal de Nueva York, la medida es “manifiestamente ilegal”, es contraria a la ley federal de inmigración y excede la autoridad del secretario de Estado conferida por la ley.
“La política, que prohíbe categóricamente la emisión de visas de inmigrante en función de la nacionalidad del solicitante, constituye una vulneración directa de este marco legal”, escribió la jueza, según informó la agencia de noticias Reuters.
Además, Vargas sostuvo que la medida socava el papel que el Congreso asignó a los funcionarios consulares como responsables principales de decidir sobre la concesión de visados.
“El Congreso otorgó a estos funcionarios autoridad exclusiva y discrecionalidad para determinar si un inmigrante cumple los requisitos para obtener un visado, tras evaluar los criterios específicos y detallados establecidos por la ley”, escribió la jueza.
Trump ha impuesto una lista cada vez más amplia de restricciones a las personas procedentes de países de América Latina, entre otras regiones. La reciente decisión judicial es el más reciente revés para su agenda migratoria.
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La catástrofe de Venezuela continúa cuando se cumplen dos meses del doble terremoto que sacudió al norte del país caribeño el pasado 24 de junio. La información oficial estremece: más de 6.400 muertos y 86.000 personas aún atendidas en hospitales.
La población venezolana llora a sus seres queridos e implora por la recuperación de los restos de los desaparecidos. La otra tragedia individual y colectiva es más profunda. De las 60.000 viviendas afectadas por los temblores, más de 24.000 están inhabitables, incluidos los 190 edificios desplomados.
La vida de quienes logran sobrevivir transcurre en alojamientos temporales. En muchos casos, las condiciones en estos campamentos son precarias, mientras que el clima empeora aún más la situación con lluvias torrenciales que destruyen varias de las carpas ocupadas y nuevos sismos, como el del martes pasado, de magnitud 4, que sacudió a la ya devastada localidad de La Guaira. El Sistema de Protección, activado para realizar labores de monitoreo y seguimiento, sin embargo, no reporta afectaciones.
La evolución de la ayuda humanitaria
Consultado por France 24 en Español, el equipo de la ONG Ayuda en Acción considera que trabajar con criterios de programación segura permite que la ayuda llegue de verdad a quien más la necesita y en condiciones dignas, más allá de que no sea un requisito formal.
Rescuers are still looking for victims under the rubble after the double quakes that struck Venezuela in June
En ese contexto, desde la emergencia, la organización de ayuda humanitaria acompaña a 782 familias, es decir, a casi 3.400 personas, con kits de alimentos, higiene y artículos de abrigo. Al mismo tiempo, sostienen abiertos espacios seguros donde más de un centenar de niñas y niños logran volver a jugar, mientras sus familias resuelven lo urgente.
Pasados dos meses de los terremotos, consideran que “la emergencia ya no se responde solo con entregas” y que “las comunidades necesitan fortalecerse para recibir la asistencia”. Sobre todo, “para plantearse qué viene después: cómo se recupera la vida cotidiana, el ingreso, la vivienda”.
En el transcurso de estos dos meses, se estableció la creación de mesas de reconstrucción y estabilización, integradas por el Gobierno, las agencias de Naciones Unidas y organismos multilaterales. El primer paso ya está en marcha: un relevamiento preliminar de la evaluación de necesidades posdesastre que permita establecer un panorama completo. Una prioridad es el agua, tanto en el restablecimiento de los sistemas como en garantizar que sea segura y potable. También se perfilan como desafíos el saneamiento, la vivienda y los servicios básicos para las comunidades afectadas.
Queda claro que el agua es la prioridad: no solo restablecer los sistemas, sino garantizar que sea segura y potable. A eso se suman saneamiento, vivienda y los servicios básicos.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación tras los terremotos del 24 de junio que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, el 2 de julio de 2026.
El Gobierno encargado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE. UU., en enero pasado, promete la construcción de 4.000 nuevas viviendas para los afectados. Según el informe semanal brindado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, la gestión de su hermana ya suma 335 hogares entregados.
Al mismo tiempo, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el 21 de agosto una reforma de ley para impulsar la construcción de viviendas y proteger a los constructores y compradores. La nueva normativa incluye 40 artículos que establecen los parámetros de los contratos, ventas y responsabilidades, así como las fiscalizaciones que debe hacer el Ministerio de Vivienda y Hábitat.
El ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Nelson Rodríguez, afirma que los 2,1 millones de toneladas de escombros en el estado costero de La Guaira serán transformados en insumos para el plan de reconstrucción
La estimación se basa en un cálculo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según el cual, a diario se recolectan entre 280 y 300 toneladas de desechos domiciliarios.
Los escombros están siendo llevados a 14 Centros de Disposición Temporal (CDT), “de los cuales tres están destinados al tratamiento y trituración de materiales como concreto, aceros, plásticos y madera”, indica el funcionario.
El desescombro y el desafío de la reubicación de las familias
En palabras de Ayuda en Acción, el desafío más grande que va a marcar los próximos meses es la reubicación de las familias y el acceso a la vivienda. “Es lo que más angustia genera porque una familia no puede reconstruir su vida sin un lugar donde vivir”, manifiestan.
Personas esperan junto a los escombros de un edificio en La Guaira (Venezuela).
Las labores de demolición y desescombro controladas en la mayoría de las zonas afectadas continúan cada semana. Se trata de “un factor determinante para la movilidad de las personas”, estima la organización. Esto es lo que le permite a muchas familias recuperar sus pertenencias y volver con sus comunidades. El objetivo es evitar que queden en una situación de espera que se prolongue.
Aún permanecen muchas personas entre lo que quedó de sus edificios o casas con el objetivo de recuperar todo lo que se encuentra en el interior de sus hogares o los cuerpos de sus familiares. De hecho, no todos aceptan moverse a refugios y, en múltiples ocasiones, prefieren estar cerca de sus casas o en espacios de acogida, con familiares y vecinos.
Según la organización consultada, esto implica una población afectada dispersa y no concentrada, “lo que hace mucho más difícil identificarla y llegar con la ayuda”. El trabajo para contrarrestar esta situación implica jornadas de contacto, casa por casa, de la mano de líderes comunitarios, antes de cada entrega, para no dejar fuera a quienes están más invisibilizados.
Desde la perspectiva de la ONG, las necesidades se concentran en dos frentes: agua segura y potable y protección. Es en la estrategia de potabilización con apoyo técnico directo donde se concentran en esta etapa.
El proceso de identificación de cuerpos y el duelo
El Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no brinda datos oficiales de la cantidad de personas sin localizar luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. Además, los cuerpos no recuperados aún figuran como desaparecidos.
Mientras el Estado establece sus propios procesos de identificación, las organizaciones de ayuda humanitaria no han logrado adoptar evaluaciones de los procedimientos y se concentran en el acompañamiento psicosocial a las familias que atraviesan esa espera. También brindan espacios seguros para la niñez y atención a las necesidades básicas.
Two people stand atop the debris of a building destroyed by the June 24 earthquakes in Caraballeda, Venezuela, on July 17, 2026
La labor de voluntarios y familiares para buscar e identificar cuerpos entre los escombros sigue adelante bajo el mando de las autoridades. “Lo que nosotros vemos en terreno es el impacto humano de esa espera, familias que a dos meses todavía no pueden cerrar un duelo”, remarcan desde la ONG.
Sostener la protección, el apoyo psicosocial y recuperar los medios de vida que se perdieron se impone como una necesidad clave a trabajar en los procesos de duelo que viven las familias en cuanto a las pérdidas humanas y materiales. Sin este acompañamiento, estas dinámicas se pueden convertir en un obstáculo “para adquirir herramientas positivas de afrontamiento que les permita fortalecer su resiliencia ante tan difícil situación”, resaltan.
Una de las preocupaciones centrales de Ayuda en Acción al cumplirse un mes de los terremotos es la caída de la cobertura mediática. 30 días después: “Ha seguido bajando, y eso era esperable, pero es justamente lo que más nos preocupa: la atención cae mucho más rápido que las necesidades. Hoy hay familias que siguen sin vivienda, sin agua segura y sin ingresos, y ese es el momento en que suele empezar a escasear el financiamiento”, destacan y agregan: “Hay un desafío, que no es de las comunidades, sino nuestro: que la respuesta no se apague cuando se apaguen las cámaras. La reconstrucción tomará años y necesita financiamiento sostenido”.
Guayaquil (Ecuador), 22 ago (EFE).- La inflación energética en América Latina y el Caribe alcanzó en junio el 8,03 % interanual, su nivel más alto en 2026, impulsada principalmente por el alza de los precios de los combustibles y la guerra en Oriente Medio, informó este sábado la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).
Esta cifra también supera la inflación total del 4,49 %, lo que para Olacde indica que los costos de la energía “están subiendo a un ritmo mucho más acelerado que el resto de los componentes de la canasta del índice de precios al consumidor (IPC)”.
La organización, con sede en Quito, explicó que el aumento está “vinculado principalmente a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio” y a los “riesgos asociados con el suministro petrolero, lo cual ha incrementado los costos relacionados con importación, refinación y transporte”.
“Este efecto se ha trasladado a los mercados internos, especialmente en lo que respecta a los combustibles: en junio, el precio promedio regional de la gasolina alcanzó su nivel más elevado del primer semestre”, añadió la organización en un comunicado.
Sin embargo, la Olacde señaló que el impacto no se ha transmitido de manera inmediata ni simétrica a los consumidores, ya que durante las primeras semanas del conflicto de EE.UU e Irán, el precio del petróleo llegó a aumentar alrededor de un 60 %, mientras los combustibles subieron casi un 20 %.
Pese a que -posteriormente- el valor del crudo retrocedió desde sus valores máximos, el incremento de los combustibles persistió en la región, “evidenciando un desfase entre la evolución de los precios internacionales y los valores pagados en los mercados internos”, añade la nota informativa.
El organismo también destacó variaciones entre países, ya que se han puesto en marcha subsidios, controles y mecanismos de estabilización que permiten que algunos mercados mantengan precios relativamente bajos.
Igualmente, agregó que otras naciones enfrentan valores superiores, debido a sus estructuras de formación de precios y mayores costos logísticos y operativos.
La Olacde afirmó que la persistencia elevada de los precios de los combustibles extiende su impacto más allá del sector energético, ya que incrementa costos asociados con movilidad y transporte de mercancías; afecta gastos familiares e influye sobre costos productivos.
El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Lima, 22 ago (EFE).- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó extender, a partir de diciembre próximo, el alcance del encaje adicional en función del crédito en moneda extranjera para los créditos vehicular e hipotecario, un instrumento utilizado para incentivar la reducción de la dolarización de los créditos en el país, según informó este sábado el banco emisor.
A partir de diciembre de 2026, el encaje adicional se activará cuando el saldo promedio diario de los créditos hipotecarios y de consumo, entre los que no estarán las tarjetas de crédito, excedan el 95 % del saldo promedio diario, de los créditos en mención, correspondiente al mes de mayo.
Igualmente, la medida se aplicará cuando la obligación supere el 7 % del patrimonio efectivo de la entidad financiera, indicó el BCRP en una nota de prensa.
El porcentaje aplicado al saldo promedio diario de créditos hipotecarios y de consumo, sin incluir tarjetas de crédito, correspondiente a mayo de 2026, se reducirá al 80 % en diciembre de 2027 y al 60 % en diciembre de 2028, precisó el Banco Central.
A partir de diciembre de 2029, el requerimiento quedará determinado únicamente en función del patrimonio efectivo de las entidades financieras.
Así mismo, el porcentaje aplicable al patrimonio efectivo se reducirá gradualmente en un punto porcentual por año, desde el 7 % hasta alcanzar un nivel del 5 %.
Hasta noviembre de 2026, se mantendrá vigente el régimen actual.
El BCRP busca fortalecer el encaje adicional en moneda extranjera como instrumento para reducir la dolarización del crédito en Perú, especialmente en aquellos segmentos que generan mayores descalces de moneda, como una medida para contribuir a reforzar la resiliencia del sistema financiero en el país.
