Días antes de que Venezuela cumpliera un mes del doble terremoto que destruyó cientos de edificios en Caracas y La Guaira, el 24 de junio de 2026, circularon rumores sobre el hallazgo de nuevos sobrevivientes entre las ruinas. Aunque las autoridades desmintieron la información, en redes sociales se compartió más de 5.000 veces un video del rescate de un hombre, quien habría permanecido “28 días bajo los escombros”. Sin embargo, la operación, en realidad, sucedió al tercer día de la emergencia.
“Rescatan con vida a una persona tras 28 días bajo los escombros en Venezuela”, afirma una de las entradas difundidas en Facebook ( 1, 2), TikTok ( 1, 2) e Instagram.
En la grabación de casi un minuto se observan bomberos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias de España socorriendo a un adulto mayor que dice: “Esto es un milagro, un milagro”.
Captura de pantalla de una publicación en Facebook, tomada el 24 de julio de 2026
En la noche del 22 de julio corrieron rumores de que tres personas habrían sido localizadas con vida bajo los escombros de torres de apartamentos de interés social conocidas como OPP 26, en La Guaira, las cuales fueron arrasadas por los terremotos del 24 de junio, de magnitud 7,2 y 7,5.
Sin embargo, Protección Civil desmintió la información.
El gobierno nacional informó el 23 de julio que los equipos de socorro, apoyados por contingentes internacionales, lograron poner a salvo a 6.462 personas. No obstante, las familias todavía siguen buscando los cuerpos de sus seres queridos.
En este contexto, la secuencia que circula no corresponde a un rescate reciente.
Una búsqueda inversa con Google Lens de fragmentos del metraje condujo a una publicación del 27 de junio, publicada por uno de los rescatistas, quien se identifica en redes sociales como @sensei.frank.
En un video anterior, el socorrista precisó que el operativo se desarrollaba en el edificio Mi Club, en Playa Grande, La Guaira.
El sobreviviente fue identificado por Bolivariana de Aeropuertos, empresa administradora de las terminales aéreas del país, como José Antonio Villareal, jubilado del Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo.
Otras grabaciones corroboran que el operativo fue al tercer día de los sismos ( 1, 2).
El último rescate de un sobreviviente se produjo el 2 de julio, según indicó Protección Civil al medio venezolano El Pitazo.
AFP Factual verificó un video similar que supuestamente mostraba a una sobreviviente 24 días después de la tragedia.
Ciudad de México, 24 jul (EFE).- Después de que la Justicia estadounidense sentenciara al narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada a cadena perpetua, México sigue haciendo frente a la sangrienta guerra interna que provocó su detención en el seno del Cartel de Sinaloa, al tiempo que ha reavivado la controversia con Washington para exigir que aclare el papel que jugó en su controvertida captura.
El 25 de julio de 2024 aterrizó en Texas el histórico cofundador del Cartel de Sinaloa, quien acusó a uno de los hijos de su antiguo socio Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de llevarlo por la fuerza a EE.UU.
El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pidió un informe completo a Washington para saber si intervinieron sus agentes en el país vecino, pese a que la versión que le trasladaron fue que en la detención de El Mayo no hubo participación de EE.UU.
Eso fue siempre puesto en duda por México y ahora, dos años después, la polémica se ha acrecentado por la reciente donación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a un museo del avión en el que fue trasladado el narcotraficante a Estados Unidos.
Esta circunstancia hizo que la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, sostuviera, tras la sentencia contra Zambada, que es “obvia” la participación estadounidense en su detención, mientras que semanas atrás la Fiscalía General de la República (FGR) había enviado nuevos requerimientos de información para esclarecer los hechos.
Una detención que el Gobierno “no puede dejar pasar”
Para el analista de seguridad David Saucedo, el controvertido arresto de El Mayo de hace casi dos años es algo que “no puede dejar pasar” el Ejecutivo de Sheinbaum, al tratarse de “la captura de un mexicano en territorio mexicano por agentes de Estados Unidos”.
“Esto es algo que los distintos gobiernos de México han combatido durante décadas”, explicó a EFE Saucedo, quien no tiene dudas que el FBI intervino y negoció la captura del capo, de 76 años.
A la controversia política se suma la situación en la que quedó el estado de Sinaloa (noroeste) tras la traición dentro del homónimo cartel, que provocó una guerra interna entre facciones que deja más 3.000 asesinatos y miles de personas desplazadas.
Pese al masivo despliegue militar de la Administración de Sheinbaum para contener la situación, los episodios de violencia no se han disipado del todo, ya que ahora son más “puntuales” y se han trasladado a las zonas rurales, según un informe publicado por la organización International Crisis Group (ICG) en junio.
La guerra es entre las facciones de Los Mayos, vinculados a los hijos de Zambada, y Los Chapitos, de los vástagos de El Chapo, quienes se disputan el liderazgo de una de las mayores organizaciones del narcotráfico del mundo.
El experto en seguridad aseguró que las autoridades solo tienen una presencia “disuasiva”, por lo que no cree que terminen los enfrentamientos criminales en el corto plazo.
“No hay detención de los cabecillas de la estructura criminal. Lo único que hay es un manejo, una administración del conflicto para tratar de reducir la violencia homicida”, lamentó.
Saucedo percibe que las facciones del Cartel de Sinaloa se han “fortalecido para financiar la guerra”, mientras tienen sus estructuras militares “intactas”.
Además, sus principales líderes- como Iván Archivaldo o ‘El Mayito Flaco’- siguen en libertad y buscados por el Gobierno mexicano y Washington, que ofrece hasta 15 millones de dólares como recompensa.
Esto se une a la acusación formal de EE.UU contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalaron por, presuntamente, haber trabajado para Los Chapitos a cambio de sobornos.
Venezuela tardará años en recuperarse de los terremotos, afirmó el viernes la Cruz Roja, un mes después de la catástrofe del 24 de junio que dejó más de 5.000 muertos.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) señaló que miles de personas con enfermedades crónicas siguen sin recuperar por completo sus tratamientos, lo que pone en riesgo su salud y ejerce una presión adicional sobre un sistema sanitario que ya está al límite de su capacidad.
La atención médica, el apoyo en salud mental y el acceso al agua potable son las prioridades inmediatas, dijo el portavoz de la FICR, Scott Craig, quien insistió en que “esta catástrofe está lejos de haber terminado”.
“La recuperación aquí se medirá en años, no en semanas”, afirmó a los periodistas en Ginebra.
El vocero reportó un total de 5.000 muertos y 17.000 heridos por el desastre, e indicó que unas 23.000 personas siguen viviendo en refugios temporales. Muchas familias siguen dependiendo del agua embotellada para beber, cocinar y lavarse.
“Los sobrevivientes viven con ansiedad, miedo, tristeza e insomnio, mientras lloran la pérdida de sus familiares, hogares, empleos y medios de vida”, declaró el vocero.
“Los centros de salud, las escuelas, los sistemas de agua, la electricidad y el alcantarillado quedaron destruidos o gravemente dañados”, agregó.
Los sismos de 7,5 y 7,2 de magnitud sacudieron el norte de la capital, Caracas, y devastaron cientos de edificios, especialmente en el estado costero de La Guaira, el más afectado.
Un mes después, las labores de búsqueda continúan para recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros. Sin embargo, las operaciones se han reorientado para enfocarse en la ayuda humanitaria y la reconstrucción.
Según Craig, lo principal ahora es atender a los sobrevivientes.
Para ello, la FICR busca recaudar unos 60 millones de dólares para ayudar a 300.000 personas durante dos años. Actualmente, cuenta con 25% de los fondos necesarios.
“Solicitamos financiamiento sostenido y flexible que pueda acompañar a las familias a lo largo de todo su proceso de recuperación, no solo durante las semanas en que las cámaras (de televisión) están presentes”, exhortó.
Ciudad de México, 24 jul (EFE).- La percepción de inseguridad de los mexicanos descendió al 59,8 % en el segundo trimestre de 2026, un nivel 3,4 % menor al 63,2 % que se reportó en el mismo periodo de 2025 y tras una caída del 48 % en los homicidios durante los primeros 19 meses del Gobierno de la presidencia de Claudia Sheinbaum.
Esto significa que seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“En diciembre de 2025 llegamos a 63,8 % (de percepción) en promedio. Y ahora en junio de 2026 baja a 59,8 %, es decir, 4 % menos. Y ya por lo menos son cuatro meses, seis meses de tendencia a la baja”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa matutina desde el central estado de Morelos.
El resultado de abril a junio es menor al 61,5 % de enero a marzo y también menor al 63,8 % que se registro de octubre a diciembre de 2025, al 63 % de julio a septiembre, pero supera al 59,1 % de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el instituto autónomo en su reporte.
La percepción de inseguridad ha crecido desde 2023 pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos descendió a 51,4 en marzo frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 35 homicidios menos por día.
De acuerdo con datos del Gobierno mexicano, los homicidios cayeron un 48 % en los primeros 19 meses de la presidencia de Sheinbaum, periodo en el que van más de 59.500 detenidos por delitos de alto impacto y casi 500 toneladas de droga han sido confiscadas.
La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con el 65,6 % de las mujeres que reportaron inseguridad frente al 52,6 % de los hombres.
Las ciudades más inseguras de México
La ciudad con mayor incremento de percepción de inseguridad fue San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, en el estado de Nuevo León, que pasó de 4,4 % a 10,6 %.
Le siguen Los Mochis (21,1 % %), en Sinaloa; y Apodaca (33,4 %), en Nuevo León.
En contraste, la ciudad con mayor reducción en la percepción de inseguridad fue Ciudad Nezahualcóyotl, en el central Estado de México, que pasó de 55,5 % a 41,3 %, le siguió Nuevo Laredo (26,5 %), en Tamaulipas y Zapopan (54,1 %) en Jalisco.
Amenazada por mensajes de extorsionadores, la panadera Roxana Quispe cuenta ansiosa los días para el próximo cambio de gobierno en Perú, pues vive en un barrio pobre llamado igual que la presidenta electa que prometió mano dura contra el crimen: Keiko Fujimori.
“Espero que venga acá y vea nuestras necesidades”, dice a la AFP Quispe, de 42 años. Reside desde hace 18 en este vecindario de lomas arenosas y algunas vías sin asfaltar en Ventanilla, en las periferias del Callao, el peligroso puerto vecino a Lima.
La derechista Fujimori, de 51 años, asumirá el mando del país andino el 28 de julio, tras derrotar por apenas 50.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez.
Tendrá como uno de sus principales desafíos resolver la peor crisis de inseguridad en décadas, atizada por la propagación de bandas criminales, locales y extranjeras, que controlan el sicariato y la extorsión.
“Le tengo mucha fe”, afirma Quispe. Ha recibido mensajes extorsivos en su celular y espera que Fujimori cumpla su palabra y frene la delincuencia, la principal preocupación de los peruanos.
Los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.
Aunque la apretada elección dividió al país, ahora nada remite a su rival Sánchez en este asentamiento informal fundado por más de un centenar de familias en 1996, durante el gobierno del presidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko.
Allí, una farmacia, una pequeña cancha de fútbol y un comedor popular también se llaman como ella. Y en los muros y postes solo quedan los restos de la publicidad electoral de Fuerza Popular, el partido que dirige desde 2010.
El barrio fue nombrado así porque el gobierno de Alberto Fujimori legitimó esa invasión de terrenos con títulos de propiedad, cuando todavía no tenían servicios básicos.
“Es una manera de agradecimiento”, dice César García, de 52 años, uno de los fundadores y ferviente fujimorista.
En esta pequeña comunidad, la mayoría expresa abiertamente su simpatía por el clan de origen japonés. Pero otros se reservan su opinión. Y también hay escépticos.
“No creo que cumpla el 100% de sus promesas, todavía hay dudas”, dice Luzmari Anaya, una vendedora de alimentos de 36 años.
– “Vivíamos en la oscuridad” –
Más de 20 kilómetros al este, sobre un cerro pedregoso del populoso distrito limeño Carabayllo, otro vecindario de casas precarias lleva el mismo nombre Keiko Fujimori y comparte orígenes similares.
“Vivíamos en rocas, en tierras abandonadas, en esteritas. Vivíamos en la oscuridad porque no había luz y comprábamos agua de cisternas. Ahora tenemos calles gracias a Alberto Fujimori”, asegura Elsa Lorena, de 48 años, que allí dirige un comedor popular.
Y 30 kilómetros al sur, en una alejada ladera de Lima, otro asentamiento precario también está registrado con el nombre de la próxima presidenta.
Para el politólogo Arturo Maldonado, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se trata de “sectores urbano-marginales que tienen necesidades y que seguramente van a reavivar el nombre” para intentar conseguir más “titulación, obras e infraestructura”.
Durante la campaña, la presidenta electa apeló al recuerdo del gobierno de su padre Alberto, fallecido en 2024, y que aún polariza a los peruanos.
Condenado por graves violaciones de derechos humanos y corrupción, el exmandatario derrotó a la sanguinaria guerrilla maoísta Sendero Luminoso y conectó con algunos sectores pobres desatendidos, con el impulso de pequeñas obras como aulas escolares, postas médicas y letrinas.
“Y es probable que (Keiko Fujimori) tenga una actitud muy parecida a la del padre, de tener gestos, no los llamemos populistas, pero sí para la ‘platea’”, dice Maldonado a la AFP.
Fujimori promete combatir el crimen con expulsiones de migrantes indocumentados, la instalación de tribunales con jueces anónimos y hacer que los presos trabajen por sus alimentos.
“Lo que están pidiendo es orden y seguridad, y eso es lo primero que vamos a hacer (atender) la próxima semana”, aseveró Fujimori ante la prensa el miércoles.
“Espero que después de tantos gobiernos que nos han decepcionado ella cumpla lo que está prometiendo”, expresa Herbert Pagan, de 63 años, un vigilante del barrio Keiko Fujimori de Ventanilla.
Así se pronunció el presidente Daniel Ortega durante el acto por el 47º aniversario de la Revolución Sandinista el pasado domingo en Managua.
El mandatario nicaragüense de 80 años aseguró que no permitirá nuevos comicios para que la oposición intente “atrapar el gobierno, atrapar el poder”, sin ofrecer más detalles.
Nicaragua debía elegir presidente en 2027, después de que una reforma constitucional aplazara las elecciones inicialmente previstas para finales de este año.
Esa misma reforma ascendió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, de vicepresidenta a “copresidenta”, amplió el mandato presidencial y reforzó aún más el control de la pareja sobre las instituciones del Estado.
El nuevo anuncio de Ortega supone, según analistas y organismos internacionales, un paso más en el desmantelamiento democrático de un país que ya desde hace años carece de elecciones libres.
El líder sandinista ganó las últimas presidenciales de 2021 tras encarcelar a los aspirantes de los partidos opositores, en una ola represiva que se extendió a políticos, empresarios, activistas y periodistas.
Carteles sandinistas de las últimas elecciones de 2021, que se celebraron con los candidatos opositores en prisión y fueron cuestionadas por organismos internacionales. [Getty Images]
En los años siguientes ilegalizó partidos y organizaciones civiles, además de expulsar del país y privar de la nacionalidad a prácticamente todas las figuras disidentes, vaciando a Nicaragua de oposición organizada y medios independientes.
Entonces, ¿por qué Ortega necesita abolir unas elecciones cuando controla el sistema electoral, acapara todos los poderes del Estado y ha eliminado a sus posibles competidores?
Y, después de años de cárcel, persecución, exilios forzados y desnacionalizaciones, ¿queda todavía oposición dentro de Nicaragua?
Las razones tras el anuncio de Ortega
BBC Mundo habló con dos de los más destacados opositores nicaragüenses en el exilio para tratar de responder a ambas preguntas.
Dora María Téllez es historiadora y dirigente histórica de la Revolución Sandinista posteriormente represaliada por Ortega; Félix Maradiaga dirige la Red Liberal de América Latina y es uno de los aspirantes presidenciales encarcelados antes de las elecciones de 2021
Ambos coinciden en que abolir las elecciones estaría lejos de ser una demostración de fortaleza.
“Ya en 2021 Ortega tuvo muchísimo miedo a ir a una elección, por lo que barrió con todo hasta que él quedó solito. Cinco años después, el miedo se ha elevado muchísimo más”, afirma Téllez.
Dora María Téllez, antigua comandante sandinista, es actualmente una de las principales voces opositoras en el exilio. [ATAHUALPA AMERISE BBC]
La abolición de las elecciones, a su juicio, indica que el mandatario nicaragüense “ya no tiene confianza ni en su propia gente, pese a que controla totalmente el sistema electoral, el sistema de justicia, el Ejército, la Policía y la totalidad de las instituciones”.
Según Maradiaga, Ortega podría temer que unos comicios —aunque sean amañados— canalicen en las urnas el rechazo acumulado hacia su gobierno.
“Ortega vio el ejemplo de Nicolás Maduro abriendo un proceso que creía controlar totalmente tras inhibir a opositores como María Corina Machado, y de repente una figura inesperada como Edmundo González Urrutia agrupa el voto de protesta”, indica.
Maradiaga considera que “Ortega sabe que no puede descartar un escenario de elecciones imperfectas, bajo sus reglas, en el que un candidato desconocido reciba el respaldo de los liderazgos más conocidos, que lamentablemente estamos en el exilio, lo que podría generarle un serio problema”.
Por otro lado, Maradiaga cree que cancelar las elecciones “es también cerrarle las puertas a una competencia electoral dentro del mismo partido sandinista”.
Argumenta que Ortega, a sus 80 años, quiere dejar establecida “una sucesión dinástica con Rosario Murillo y con Laureano Ortega”, uno de los siete hijos de la pareja al que analistas señalan como posible sucesor en el poder.
Félix Maradiaga fue uno de los aspirantes presidenciales encarcelados antes de las elecciones de 2021 y posteriormente expulsados de Nicaragua. [Getty Images]
“Rosario y Laureano no tienen ninguna legitimidad electoral, nunca han sido electos por nadie, a diferencia de Ortega, que sí tiene dentro de la base sandinista algún tipo de reconocimiento por su papel histórico”.
Dora María Téllez, por su parte, habla de “un trauma sucesorio dentro del Frente Sandinista” después de que Murillo impulsara purgas contra dirigentes nacionales y territoriales, antiguos altos funcionarios y figuras históricas como el comandante Bayardo Arce.
Maradiaga y Téllez plantean una tercera teoría: Ortega podría estar anticipándose a posibles presiones de Estados Unidos para abrir el espacio político, permitir el retorno seguro de los exiliados y aceptar alguna forma de competencia electoral.
“Ortega podría imaginarse que Estados Unidos lo obliga a dar concesiones, como permitir el regreso a Nicaragua de los principales líderes de oposición”, apunta Maradiaga.
En ese escenario, partir de la abolición total de los comicios permitiría al presidente ofrecer concesiones limitadas —como recuperar algún tipo de votación— sin aceptar otras exigencias más importantes como el regreso de los líderes opositores en el exilio.
“Esa es la manera de negociar de Ortega: siempre eleva la parada, siempre eleva el discurso, siempre golpea la mesa”, sentencia Téllez.
La copresidenta Rosario Murillo rechazó pronunciarse sobre el tema a raíz de una consulta de BBC Mundo.
Qué queda de la oposición en Nicaragua
Preguntamos a los dos líderes opositores en el exilio si, tras el desmantelamiento de cualquier alternativa al sandinismo en los últimos años, queda algún tipo de disidencia organizada en el país centroamericano.
“Dentro de Nicaragua no existe ningún partido político, ninguna organización de la sociedad civil, ningún movimiento social, ningún medio de comunicación independiente. Eso está totalmente borrado y fue borrado ya desde 2021”, afirma Téllez.
La opositora señala como única excepción formal al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que conserva 9 diputados en la Asamblea Nacional y al que define como un “partido parásito del Frente Sandinista” dependiente del oficialismo y sin legitimidad entre la oposición.
Los vestigios de la disidencia dentro del país, explica, son algunos dirigentes locales que “tienen que ir a firmar todos los días a la Policía, están amenazados y asediados permanentemente, y entran y salen constantemente de prisión”.
Desde las protestas de 2018 los movimientos sociales en Nicaragua han sido desactivados. [Getty Images]
Maradiaga no se muestra tan pesimista y destaca la “resistencia silenciosa” de redes comunitarias y municipales.
“Son redes, lamentablemente, pequeñas y muy perseguidas; no pueden hacer actividades muy visibles, pero demuestran que Ortega no ha logrado neutralizar completamente la resistencia ciudadana”, afirma.
El opositor evita ofrecer más detalles para no ponerlos en peligro.
“Nosotros, los opositores más visibles, hemos sido muy responsables en no exponer a los liderazgos que quizás no son conocidos internacionalmente; pero hay personas, a nivel comunitario y a nivel municipal, que hacen una resistencia silenciosa”, remarca.
Para el líder opositor, las continuas redadas, detenciones y operaciones policiales destinadas a localizar actividades clandestinas demuestran que el gobierno sigue preocupado por esos focos internos.
También destaca el hecho de que Ortega dedicara buena parte de su discurso del 19 de julio a atacar a la oposición en el exilio, pese a haber afirmado anteriormente que estaba neutralizada.
Ortega, de 80 años, considera “traidores” a todos los que se oponen a su gobierno. [Getty Images]
Aunque los opositores coordinan sus alternativas políticas, denuncian abusos y exigen presión internacional desde fuera de Nicaragua, hoy no disponen dentro del país de estructuras visibles desde las que movilizar el descontento social.
Ahora, la cancelación de las elecciones también elimina la posibilidad de articular ese rechazo alrededor de una candidatura.
Y el hostigamiento del régimen tampoco termina en las fronteras de Nicaragua: en octubre de 2025 un grupo de expertos de Naciones Unidas denunció una “maquinaria de persecución” contra los exiliados que incluye vigilancia, amenazas y represalias contra sus familiares dentro del país.
Cómo Ortega ha intensificado la represión
El anuncio de Daniel Ortega el pasado domingo culmina un proceso iniciado mucho antes.
Tras gobernar entre 1985 y 1990, año en que perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro, Daniel Ortega regresó a la presidencia mediante las urnas en 2007.
Desde entonces, según denuncian opositores y organismos internacionales, fue sometiendo progresivamente a su control el sistema electoral, los tribunales, la Asamblea Nacional y las fuerzas de seguridad.
“Nicaragua no ha tenido elecciones libres desde que Ortega regresó al poder. Luego de las elecciones de noviembre de 2006, todos los procesos electorales han sido procesos totalmente viciados y controlados por Ortega”, sostiene Félix Maradiaga.
La represión de las protestas antigubernamentales de 2018 dejó más de 300 muertos y marcó un punto de inflexión en la persecución de las voces críticas.
Muchos de los líderes de los movimientos sociales de 2018 acabaron en la cárcel o el exilio. [Getty Images]
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, esta campaña represiva se ha desplegado en cuatro fases: la represión violenta de las protestas entre 2018 y 2020; la eliminación selectiva de la oposición electoral en 2021; el desmantelamiento de la sociedad civil organizada desde 2022; y la consolidación del poder absoluto y la persecución más allá de las fronteras a partir de 2023.
En un informe de octubre de 2025, esta institución calificó las violaciones cometidas desde 2018 como “graves, sistemáticas y generalizadas” que en varios casos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
También documentó que al menos 452 nicaragüenses, desde políticos hasta empresarios, religiosos o periodistas, habían sido privados de su nacionalidad.
La reforma constitucional de 2025 incorporó a la ley el monopolio del poder de la pareja Ortega-Murillo que ya existía en la práctica y debilitó aún más los contrapesos institucionales.
En este contexto, el reciente anuncio de abolir las elecciones se interpreta como la eliminación de la última apariencia electoral que conservaba el régimen sandinista.
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SAO PAULO, 24 jul (Reuters) – El presidente argentino, Javier Milei, viajará a Brasil el viernes por la noche para respaldar la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro en una convención del partido, con la esperanza de que se extienda la ola regional de victorias electorales de derecha al país más grande de América Latina.
El inusual respaldo de un jefe de Estado extranjero en la convención de nominación le da a la campaña de Bolsonaro un nuevo impulso tras meses de escándalos y luchas internas. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha quedado rezagado frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas.
Otros partidos conservadores han evitado respaldar la candidatura de Bolsonaro mientras su padre cumple una condena de prisión bajo arresto domiciliario por un intento fallido de golpe de Estado. El atractivo de esta figura pública podría ayudar al senador a consolidar una contienda electoral fragmentada.
“La presencia de Milei en la convención ayuda a dinamizar y movilizar la base más ideológica del partido”, dijo Silvio Cascione, director de Eurasia Group en Brasil, destacando la coincidencia con las recientes victorias de la derecha en Colombia, Perú y Chile.
“EROSIÓN INTERNA”
La campaña de Bolsonaro está lista para relanzarse tras meses de dificultades. En mayo, el senador confirmó informes de que un banquero, ahora encarcelado por una importante investigación de fraude y soborno, le proporcionó fondos para producir una película sobre la carrera política de su padre.
Esta semana resurgió el escrutinio público después de que la policía federal recibiera autorización para investigar el financiamiento.
El mes pasado, una disputa pública con su madrastra puso en peligro su popularidad entre las votantes. Esta semana, los nuevos aranceles estadounidenses a los productos brasileños han vuelto a poner de relieve los resultados dispares de su familia, que busca la intervención del presidente estadounidense Donald Trump.
Las encuestas realizadas por la empresa Quaest han demostrado que Bolsonaro ahora tiene un déficit de ocho puntos porcentuales en una posible segunda vuelta contra Lula, mientras que en abril tenía una ventaja técnica.
“La campaña de Flavio se enfrenta a una erosión interna”, afirmó el analista político Rafael Favetti. El mayor de los Bolsonaro, que no ha dado señales de abandonar la política definitivamente, sigue ejerciendo influencia a través de su esposa, Michelle Bolsonaro, y otros, lo que debilita la posición de Flavio como heredero natural de la marca Bolsonaro, añadió.
Hasta última hora del jueves, un portavoz del senador no había respondido a la solicitud de comentarios.
OLA DE DERECHA
El respaldo a Milei, cuya victoria en Argentina en 2023 dio inicio a una ola de casi una docena de elecciones latinoamericanas ganadas por candidatos alineados con Trump, es un recordatorio de los vientos favorables más amplios que le dan una oportunidad a Bolsonaro.
En toda la región, la preocupación por la delincuencia y el estancamiento económico ha impulsado a los conservadores con una agenda ampliamente compartida de “primero el orden, después los mercados y una relación más estrecha con Washington”, según comunicó el JP.Morgan a sus clientes esta semana.
El líder argentino viajará próximamente a Perú para la toma de posesión de Keiko Fujimori el 28 de julio, a Ecuador para dialogar con el presidente conservador Daniel Noboa y a Colombia para la toma de posesión del derechista Abelardo de la Espriella el 7 de agosto.
Hasta el momento, la agenda de Flavio Bolsonaro tiene mucho en común con sus exitosas plataformas de ley y orden.
En materia de delincuencia, ha propuesto reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años y construir nuevas prisiones de máxima seguridad, inspirándose en el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
En materia económica, promete recortes de impuestos y privatizaciones para lograr un gobierno más austero, al tiempo que critica a Lula por la inflación de los alimentos, que ha afectado la popularidad del presidente.
“MÁS CENTRADO”
Sin embargo, la pregunta más importante que sobrevuela la campaña de Bolsonaro es cómo heredar el apoyo ferviente de su padre al tiempo que busca atraer a un público más amplio entre brasileños cansados de una década de política muy polarizada.
En diciembre, después de que su padre respaldara su candidatura, dejando de lado de facto al popular gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, el senador intentó definirse a sí mismo en términos de moderación.
“Me considero, sinceramente, un Bolsonaro más centrado”, dijo a Reuters en una entrevista en su oficina de Brasilia en diciembre.
Bolsonaro ha realizado viajes a Europa, Oriente Medio y Washington, donde se reunió con Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, haciendo hincapié en la idea de una alianza conservadora global en auge.
Pero los tropiezos internos han dejado a potenciales aliados al margen y han envalentonado a los aspirantes conservadores, que siguen obteniendo bajos porcentajes de apoyo en las encuestas.
Los analistas aún pronostican una reñida segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro en octubre, pero por ahora la tendencia se inclina a favor del presidente en funciones.
“Estas elecciones dependen de que Lula resbale con una cáscara de banana”, dijo Favetti, residente en Brasilia.
(Reporte de Luciana Magalhaes en Sao Paulo y Ricardo Brito en Brasililia;Reporte adicional y traducción de Lucila Sigal en Buenos Aires;Editado por Jorge Otaola)
La competitividad de una agroindustria ya no se construye únicamente en los campos de cultivo, las plantas de producción o los mercados de exportación. Hoy también se define en los espacios donde se diseñan las reglas del comercio internacional, se discuten los nuevos marcos regulatorios y se construyen los consensos que marcarán el futuro de las cadenas productivas.
En ese escenario, el Tequila no puede limitarse a ser una categoría reconocida a nivel mundial; debe ser también un actor con voz propia en las conversaciones internacionales donde se debaten temas que inciden directamente en su desarrollo, como la protección de las denominaciones de origen, el comercio internacional, la sostenibilidad, el consumo responsable, la innovación y el combate al comercio ilícito.
La participación de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) en la Asamblea General y Reunión Anual de la World Spirits Alliance (WSA), celebrada en Ginebra, Suiza, representa precisamente esa visión. La WSA reúne a las principales asociaciones nacionales de bebidas espirituosas del mundo para analizar los retos comunes del sector y construir posiciones conjuntas frente a los desafíos globales.
La presencia de México en este foro responde al peso estratégico que hoy tiene el Tequila en el escenario internacional. Más que una bebida emblemática, representa una categoría con reconocimiento global, protegida por su Denominación de Origen, respaldada por un sólido sistema de certificación y trazabilidad, y presente en más de 120 países. Cada botella que cruza nuestras fronteras lleva consigo no solo un producto de calidad, sino también el trabajo de miles de personas que integran una cadena productiva profundamente vinculada al desarrollo económico, social y cultural de México.
Participar en estos espacios significa formar parte de las conversaciones donde se construyen las condiciones que darán forma al comercio internacional de los próximos años. Las decisiones que ahí se analizan impactan aspectos tan diversos como la protección de las indicaciones geográficas, los estándares regulatorios, las políticas de sostenibilidad, la innovación, el combate a la informalidad y la defensa de mercados cada vez más competitivos.
La representación internacional adquiere una relevancia aún mayor en un contexto caracterizado por nuevas tensiones comerciales, mayores exigencias regulatorias, transformación de los mercados y consumidores cada vez más informados. A ello se suma la reciente modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, que fortalece la protección jurídica del Tequila y abre una nueva etapa para consolidar su presencia en uno de los mercados más relevantes para la categoría.
Posicionar al Tequila ya no significa únicamente preservar su calidad o proteger su Denominación de Origen. Significa también participar activamente en los espacios donde se construyen las reglas que determinarán el futuro del comercio global. La voz de México debe estar presente allí donde se discuten las decisiones que impactarán el desarrollo de una de las agroindustrias con mayor prestigio internacional.
La historia del Tequila demuestra que el liderazgo se construye con trabajo, visión y unidad. Mantener ese liderazgo exige hoy algo más: una presencia activa en las estrategias que determinarán el rumbo de las bebidas espirituosas.
*Directora General de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera
Enmedio de las conversaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC, y durante la visita del representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, quien fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente Donald Trump decidió imponer aranceles a 60 países, incluidos sus dos socios comerciales: México y Estados Unidos.
Los acusa de no imponer ni hacer cumplir efectivamente una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
Este 23 de julio (2026), la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), publicó el anuncio sobre acciones finales en las investigaciones de la Sección 301 relacionadas con el trabajo forzado, de la Ley de Comercio de 1974.
Es la conclusión de investigaciones iniciadas en marzo de 2026. Incluyó audiencias públicas en abril, más de 2 mil 100 comentarios y diálogos con socios comerciales.
México está entre las 60 economías afectadas por el anuncio de la USTR, pero el impacto práctico es limitado, gracias a una exención clave.
México es una de las 6 economías (junto con Canadá, Ecuador, UE, Indonesia y Pakistán) que tienen una prohibición legal contra importaciones de bienes con trabajo forzado, pero que, según USTR, no la aplican de manera efectiva.
Esta bomba arancelaria para el conjunto de naciones que comercian con EU, tiene un doble perfil para México.
Por el lado negativo se confirma un arancel que previamente se había impuesto de manera temporal, con la sección 122; ahora, el mismo arancel se impone bajo la sección 301 que no tiene un límite fijo de tiempo.
Hasta febrero de este año 2026 cuando entró en vigor la sección 122, EU nunca le había impuesto un arancel a México, por este concepto.
De hecho, México y EU incluyeron compromisos contra trabajo forzado en el T-MEC (2018-2020), pero esto no generó aranceles entre ambos países.
En consecuencia, aunque es menor el porcentaje del arancel que se aplicará y en su caso se hará sobre el 15% de los productos que no cumplen con el T-MEC, la realidad es que se trata de un arancel nuevo.
Por el lado positivo, es cierto que México, en medio de esta enmienda que refuerza la política arancelaria trumpista, continúa teniendo un trato preferencial bajo el paraguas del T-MEC.
Lo destacó en el comentario que subió a la red social X, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
No hay nada nuevo, es el mismo arancel, con el mismo porcentaje a productos que se exportan sin cumplir las reglas del T-MEC, pero bajo una norma distinta de la ley de EU.
El funcionario se congratuló de que se haya respetado esa condición en el contexto de la andanada arancelaria entra de otros 59 países, además de México.
Dentro de lo malo que implica que México resienta un arancel nuevo, lo bueno es que se le aplica un arancel adicional del 10%, a diferencia del 12.5% que corresponde a la mayoría de los otros países, sobre las importaciones a EU que provengan de México.
Los bienes que cumplan con las reglas de origen del USMCA (T-MEC) están exentos de este arancel adicional de la Sección 301.
Esto significa que la gran mayoría de las exportaciones mexicanas a EU (especialmente en sectores integrados como automotriz, electrónicos, agroindustria y manufacturas) no se verán afectadas directamente por este nuevo arancel, siempre que califiquen como originarios de México bajo el tratado.
¿Qué otros efectos posibles podría tener sobre México este anuncio?
En las cadenas de suministro, por ejemplo, los productos fabricados en México con componentes de terceros países (que no califiquen plenamente bajo T-MEC) podrían enfrentar el arancel del 10 por ciento.
Las empresas deberán verificar cuidadosamente el origen y certificación.
En el caso de los sectores no cubiertos por T-MEC algunos productos específicos podrían verse impactados si no cumplen los requisitos de origen.
Además, es una presión regulatoria adicional. El anuncio refuerza la exigencia a México para fortalecer su enforcement contra trabajo forzado (similar a lo que ya aplica EU con la Uyghur Forced Labor Prevention Act y otras medidas).
Esto podría llevar a más escrutinio, auditorías o requisitos de cumplimiento para exportadores mexicanos.
En términos generales lo que ocurrió es que se confirma la aplicación de este arancel, para México del 10% bajo una nueva norma.
Lo que no debe minimizarse es que la integración de México vía el T-MEC, lo protege en gran medida.
Atisbos
Luego de la reunión bilateral y la visita de Greer a Palacio Nacional, el propio funcionario de EU y Ebrard emitieron un comunicado conjunto. El representante comercial agradeció a la presidenta Sheinbaum su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre México y Estados Unidos. La Jefa del Ejecutivo mexicano y Greer coincidieron en la importancia de la cooperación bilateral y la urgencia de un mayor crecimiento de la manufactura norteamericana, el fortalecimiento de las cadenas de proveeduría. Greer y Ebrard destacaron el compromiso de los equipos de ambos países para convenir una cuarta ronda de negociaciones.
El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela ha comunicado a los socios de la petrolera estatal PDVSA que planea mantener el plazo del 28 de julio, establecido para migrar los contratos de petróleo y gas a un nuevo marco legal aprobado en enero, instando a los ejecutivos a finalizar la negociación de los términos, según tres fuentes cercanas a las conversaciones.
El proceso de migración involucra a cerca de dos docenas de empresas extranjeras y locales, incluidas la estadounidense Chevron, la española Repsol y la italiana Eni; la mayoría de ellas tiene más de un proyecto en asociación o bajo contrato con Pdvsa.
Las negociaciones se han acelerado en los últimos días con la llegada de ejecutivos extranjeros a Caracas para discutir la extensa lista de documentos requeridos para la firma, tras los sismos gemelos del mes pasado que causaron retrasos y dejaron fuera de servicio el principal aeropuerto del país, señalaron las fuentes.
Dado que no tienen que migrar contratos preexistentes, las empresas que buscan iniciar operaciones en Venezuela por primera vez, principalmente exploradoras extranjeras y poco conocidas, no tienen un plazo para negociar y acordar los términos tras acuerdos preliminares firmados a inicios de 2026. El Ministerio de Hidrocarburos no respondió a una solicitud de comentarios.
