La Cámara de Diputados y Diputadas ha aprobado este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau. El libelo impulsado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, de la extrema derecha, ha sido respaldado por 77 parlamentarios -el grueso de los oficialistas y del Partido de la Gente, de corte populista-, 68 en contra, de la izquierda, y una abstención. Ahora la iniciativa pasa al Senado para que el próximo martes se discuta sobre la acusación que busca responsabilizar al exsecretario de Estado por presuntas infracciones a la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas. De salir adelante en la Cámara alta, Grau no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.
“Iré al Senado con mi equipo para demostrar que esta acusación no tiene peso jurídico”, dijo Grau a la salida de la votación y agradeció a los diputados progresistas por su apoyo. Uno de los argumentos de la oposición que se reiteró a lo largo de toda la jornada fue que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) concluyó este lunes que no existían “inconsistencias” en las proyecciones emitidas en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), el corazón del libelo. El abogado de Grau, el constitucionalista Patricio Zapata, recordó en su defensa que el CFA fue citado al Congreso como una fuente definitiva y que su conclusión “le quita el piso a la acusación”. Zapata remarcó que el organismo, de una “independencia encomiable”, señala textualmente que no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre 2025. Por su parte, el diputado republicano Benjamín Moreno, uno de los impulsores del libelo, defendió la existencia de incumplimientos en materia de probidad y transparencia fiscal.
Hubo cinco diputados de la oposición que rompieron filas: Diego Schalper, Ximena Ossandón, Luis Pardo y Andrés Celis, todo de RN, y el Evópoli Jorge Guzmán. La diputada de Demócratas, Joanna Pérez, se abstuvo.
La acusación redactada por los libertarios, de más de 40 páginas, se basa en los antecedentes técnicos del IFP del cuarto trimestre de 2025 y su posterior corrección en 2026 y contempla cuatro capítulos acusatorios. El primero imputa a Grau la infracción del principio de probidad establecido en la Constitución. El segundo, la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado. El tercero apunta a la vulneración del principio de universalidad presupuestaria. Y el cuarto, al incumplimiento del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.
La acusación se originó luego que el actual ministro de Hacienda del Gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, presentara a fines de mayo el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026. El poderoso titular de la cartera denunció supuestas “inconsistencias” en las estimaciones heredadas de la Administración anterior: una diferencia superior a los 10.500 millones de dólares en la proyección de deuda pública para el período 2026-2030, además de un déficit estructural de cierre de 2025 de 3,7% del PIB, que excede en más de dos puntos la meta vigente de 1,6%. Quiroz anunció entonces una investigación interna de carácter administrativo para determinar “quién fue el responsable” y si hubo “un error o hay otro tipo de elementos”.
